Carlos Chen, un hombre Maya Achi al que conozco desde 1994, me escribió el 27 de agosto de 2014:
“El día lunes, 25 de agosto de 2014, asesinaron a dos mujeres de Pacux. Una de las víctimas era Francisca Chen Uscap (40 años), una tortillera que deja huérfanos a 3 niños. Francisca tenía 8 años cuando a su padre – Pablo Chen Sanchez— lo asesinaron soldados y patrullas de defensa civil en la primera de las masacres en el contexto de la Represa de Chixoy/Rio Negro. La otra mujer era Brenda Griselda Sic Morente de 19 años que trabajaba como empleada doméstica en la ciudad. Sus dos abuelas habían muerto durante la segunda masacre de la Represa Chixoy/Rio Negro en un lugar conocido como Pacoxom, en la zona más arriba del pueblo de Rio Negro, el día 13 de marzo de 1982.
“Las mataron en San José Pinula, en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Encontraron sus cuerpos en la zona 14, ciudad de Guatemala, con señas de tortura. Las dos tenían cortes por toda la cabeza, los dientes extraídos, el vientre cortado, y una estaba desnuda. Se cree que las mataron alguna pandilla pero nadie sabe por qué.”
El 29 de Agosto, Carlos escribió con información actualizada:
“Enterraron los cuerpos de las dos mujeres en el campo santo No. 2 de Rabinal, cerca del monumento que conmemora a la masacre de Panacal. Se realizó un velatorio durante toda la noche en la casa de Alejandra Uscap Chen. Un segundo velorio se realizó en la casa de Mariano Sic. Después enterraron sus cuerpos.
“Estos son algunos de los problemas que continúan para nosotros en Pacux.”
Un Proyecto Criminal Por Todos Lados
Francisca fue testigo presencial y sobreviviente de las masacres de la represa Chixoy/Rio Negro, y Brenda era hija de sobrevivientes. Los militares guatemaltecos masacraron a más de 440 miembros de la comunidad Maya Achí de Rio Negro en 1982.
Treinta y dos años después, se produce el brutal asesinato de dos mujeres Maya-Achi de Rio Negro, por causas indirectas, pero de hecho, por el proyecto de la represa de Chixoy, que se impuso con violencia.
Durante 20 años, Rights Action (Derechos en Acción) viene publicando información en relación a las masacres, los desalojos forzosos ilícitos y la pobreza generalizada causada por la Represa de Chixoy, un importante proyecto de inversiones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en asociación con los regímenes militares de los Generales Fernando Romeo Lucas García y Efraín Rios Montt, entre 1975 y 1983.
A lo largo del Rio Chixoy, 32 pueblos mayas sufrieron desplazamiento forzoso total o parcial por causa de esta hidroeléctrica. No sólo quemaron al pueblo de Rio Negro para después desaparecerlo debajo de la cuenca de inundación, sino que Rio Negro también fue una de las comunidades más afectadas por la represión.
Desde hace tiempo Rights Action viene informando sobre los esfuerzos valientes, y hasta ahora sin éxito, por parte de las comunidades afectadas por la represa de Chixoy, unidos en COCAHICH (Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy) para obtener reparaciones por parte del gobierno de Guatemala, el BID y el Banco Mundial. En el año 2010, el gobierno (con el Banco Mundial y el BID como testigos formales) se comprometió a pagar $154 millones en un plan de reparaciones para compensar a los daños y violaciones causados por la represa de Chixoy. Hasta la fecha, este acuerdo de carácter vinculante viene siendo ignorado por el gobierno de Guatemala, el Banco Mundial y el BID. Treinta y dos años después, ambos bancos siguen insistiendo que: primero, el proyecto de la represa de Chixoy se realizó con éxito; y segundo, que no tienen responsabilidades pendientes con las comunidades afectadas por la represa.
Carlos Chen es uno de las víctimas de las masacres de la represa de Chixoy/Rio Negro. El 13 de marzo de 1982, la fecha de la segunda de las masacres a gran escala cometidas por soldados, policías y agentes de seguridad privada contratados por el proyecto, la primera esposa de Carlos (en ese entonces embarazada) y dos niños pequeños estaban entre las 177 mujeres y niños Maya-Achi que asesinaron aquel día.
Al igual que sucedió con Francisca y Brenda, a las 177 mujeres y niños los asesinaron con gran salvajismo. Las mujeres y niñas fueron violadas antes de ser asesinadas. A los bebés y niños pequeños los agarraban de sus piernitas y chancaron sus cabezas contra las rocas grandes. Las mujeres y niños fueron golpeados con palos y piedras hasta morir. Muchos fueron estrangulados. Tiraron todos los cuerpos en una quebrada en un lugar que se conoce como Pacoxom, en la parte alta del pueblo destruido de Río Negro, y los dejaron a la intemperie para que los coman los animales y los buitres. En los días siguientes, Carlos y otros familiares sobrevivientes salieron de sus escondites en las montañas para ir a cubrir los restos de sus seres queridos en lo que podían. Colocaron una cruz pequeña que sigue allí, hasta hoy.
Desde 1993, Carlos y otros sobrevivientes de la masacre de la represa de Chixoy /Rio Negro, han liderado un trabajo valiente y abnegado de diseminar la verdad sobre lo que sucedió y buscar justicia y reparaciones por parte del gobierno de Guatemala, El Banco Mundial y el BID, por las muertes, la pérdida de propiedad y de sustento, y el sufrimiento causados por este proyecto de “desarrollo”.
Comunidad de Refugiados de Pacux
La vida hoy en la comunidad de refugiados de Pacux, el hogar de Francisca y Brenda, es una mezcla tóxica del legado de las masacres y el desplazamiento forzoso, además de los 32 años de pobreza, desesperación, violencia e impunidad.
De las 32 comunidades afectadas, Río Negro fue la que más sufrió. Los sobrevivientes de las masacres de Rio Negro, que mataron a más de 440 miembros de la comunidad, vinieron a Pacux, en el extremo del pueblo de Rabinal. Bajo el control militar directo hasta los primeros años del siglo XXI, Pacux era un pueblo de reasentamiento para los pobladores desplazados de Río Negro, construido con fondos del BM y BID.
Desde 1982, los sobrevivientes, incluso Francisca y Brenda – han vivido aquí en condiciones de pobreza crónica, sin tierra, sin empleo, sin agua, sin justicia, sin reparaciones o indemnización. Sin esperanza. En este contexto, las personas huyen si logran encontrar trabajo en otro lugar (como es el caso de Francisca y Brenda). Muchos jóvenes se meten con las pandillas, y la violencia. Aunque esta situación existe en otras partes de Guatemala también, el legado de las masacres y la represión, además de la falta de perspectivas de vida, hacen que las condiciones en Pacux sean aún más difíciles.
¿Por qué son responsables el Banco Mundial y el BID?
Mientras que los regímenes militares respaldados por EEUU realizaron masacres y genocidio contra su propio pueblo en los anos 1970 y 1980, el Banco Mundial y el BID tomaron la decisión calculada (y beneficiosa en lo financiero) de invertir cientos de millones de dólares directamente en los fondos públicos de estos regímenes, en el nombre del “desarrollo, y se asociaron directamente con estos regímenes a fin de imponer este proyecto de manera ilegal y violenta.
En asociación con las dictaduras de Lucas García y Ríos Montt, el Banco Mundial y el BID nunca realizaron las consultas previas respectivas con las 32 comunidades Mayas que sufrirían los impactos de la represa. Asimismo, hicieron una serie de promesas falsas a las comunidades en cuanto a cómo las reubicarían adecuadamente y las compensaría por las pérdidas en cuanto a propiedades, tierras, medios de sustento, etc.
Los militares y policías viajaron en vehículos del Proyecto de la Represa de Chixoy para llevar a cabo los actos de represión, a veces también con la participación de agentes de seguridad privada contratados por el proyecto. El proyecto brindó alimento y hospedaje a los militares y policías que vinieron a la región para reprimir a las 32 comunidades en el proceso de “reubicarlos” para la realización del proyecto.
Cuando las comunidades, cuyas raíces ancestrales tienen hasta más de 1,000 años en la Cuenca del Rio Chixoy, se negaron a reubicarse, el Banco Mundial y la BID hicieron la vista gorda cuando empezó la represión a fines de la década de los 1970, que llegó a su punto más álgido en 1982.
Para colmo de males, tanto el Banco Mundial como el BID se beneficiaron de sus inversiones, años después, cuando ya se habían pagado los préstamos del proyecto y los intereses. Cierren estos expedientes, y bien gracias.
No hubo investigación sobre las muertes salvajes de Francisca y Brenda. Probablemente no la habrá nunca. La vida en Pacux continúa siendo una mezcla desesperante de pobreza, desempleo, con sus habitantes desposeídas de tierra y de agua, y viviendo en la desesperación, la violencia y la impunidad.
Tenemos que seguir preguntando, ¿hasta cuándo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Guatemala seguirán sin entregar reparaciones a las víctimas perpetuas de su proyecto de desarrollo beneficioso? Reparaciones que podrían, aunque sea, darles a las víctimas una manera de rehacer sus vidas destrozadas.
Grahame Russell es abogado de profesión (no ejerce), autor, docente adjunto en la University of Northern British Columbia y, director de Rights Action: info@rightsaction.org, www.rightsaction.org.