Fuente: IPS
En San Bernardino Chalchihuapan, un pueblo del central estado de Puebla, en México, supieron de mala manera las consecuencias de protestar, ahora que una ley permite el uso de armas para disipar concentraciones públicas. Sus habitantes fueron duramente reprimidos cuando se manifestaban contra otra norma que, aducen, atenta contra su autonomía.
Un estudiante de secundaria muerto, otro sin tres dedos, un tercero con la mandíbula fracturada y los dientes perdidos, un conductor que se quedó sin un ojo y 37 heridos por golpes y gases lacrimógenos, son la factura que este pueblo nahua de 3.900 habitantes pagó por bloquear una autopista, en reclamo de una ley estadal que quitó el manejo del registro civil a las comunidades de los municipios.
“No es justo que ataquen así al pueblo, solo por exigir que se respete nuestra vida comunitaria, nuestras autoridades”, dijo a IPS el estudiante de primer año de educación secundaria Vianey Varela.
El 9 de este mes, cuando los pobladores bloquearon la autopista Puebla-Atlixco, a unos 150 kilómetros de Ciudad de México, la policía estadal estrenó las facultades de la “Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por los elementos de las instituciones policiales del estado”, que el Congreso legislativo regional aprobó en mayo.
La “Ley Bala”, como la bautizaron los periodistas, permite a la policía de Puebla hacer uso de armas de fuego y otras no letales en manifestaciones violentas, emergencias y desastres naturales.
El bloqueo fue en protesta por otra ley aprobada en mayo, que quitó a los presidentes auxiliares la función de jueces del registro civil y traspasó esas atribuciones a los municipios.
Como resultado, desde mayo en al menos 190 pueblos del estado nadie ha nacido, ni se ha muerto, ni se ha casado. Al menos, oficialmente, porque no hay actas.
“Yo entré en funciones ese mes, y no he firmado nada. El archivo está bajo nuestro resguardo, pero no tenemos sellos, ni papelería. Y en la presidencia municipal tampoco saben qué hacer, así que mientras no hay actas de nada”, explicó a IPS el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes.
“Mandamos cartas a todas las autoridades. Nunca nos respondieron. Cuando se agotó la tinta, el papel y los dedos de estar tecleando, salimos a manifestarnos y esto es lo que pasó”, dijo Montes, quien ha recibido amenazas anónimas por reclamar.
El pueblo pertenece al municipio de Ocoyucan y sus habitantes son nahuas. Según las últimas estimaciones de la gubernamental Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena de Puebla alcanza el millón de personas, una cuarta parte de la población del estado.
En los municipios mexicanos además del presidente (alcalde), existen los presidentes auxiliares, máxima autoridad en las comunidades, muchas lejanas a la cabecera municipal. Nombran al jefe de la policía y administran el pueblo. Hasta mayo también fungían de jueces del registro civil.
Como particularidad, son electos por un sistema directo, sin participación de los partidos políticos, y suelen ser figuras muy cercanas y respetadas entre sus vecinos.
La arremetida policial para disolver el bloqueo del día 9 provocó la muerte a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien recibió el impacto de una bala de goma en la cabeza y permaneció 10 días en muerte cerebral.
Al principio, el gobierno de Puebla negó que se hubieran usado balas de goma, pero la presión popular que provocó la muerte del estudiante forzó al gobernador, Rafael Moreno Valle, a anunciar que abrogará la ley.
Puebla no es el único lugar en donde se ha pretendido regular las protestas de la población. En el último año, los parlamentos de cinco estados han discutido iniciativas de ley parecidas.
El primero fue, paradójicamente, el Distrito Federal, asiento de Ciudad de México y gobernado por la izquierda desde 1997. En la capital las protestas callejeras son cotidianas, pero desde el mismo día que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, el 1de diciembre de 2012, las marchas degeneran frecuentemente en violencia.
El proyecto de Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, promovida por legisladores del opositor Partido Acción Nacional en diciembre de 2013, no prosperó.
En abril, en cambio, el suroriental estado de Quintana Roo, administrado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se convirtió en la primera entidad que regula las protestas.
La Ley de Ordenamiento Cívico de ese estado, conocida como “ley antimarchas”, es una versión matizada de otra iniciativa que pretendía que los manifestantes solicitasen permiso con 48 horas de anticipación. Pero mantiene la prohibición de realizar bloqueos en la vía pública y faculta a los cuerpos policiales a “aplicar medidas pertinentes” contra manifestaciones.
A Quintana Roo siguieron otras en los estados de San Luis Potosí, Puebla y Chiapas, en las que se regula el uso legítimo de la fuerza del Estado.
Organizaciones internacionales como Artículo 19 y Amnistía Internacional se han pronunciado enérgicamente en contra de estos ordenamientos que buscan regular las manifestaciones, y han señalado que hay una preocupante tendencia hacia la criminalización de la protesta social en México desde 2012.
En cambio, la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho uso de facultades legales para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las iniciativas anti protestas ciudadanas.
Por el contrario, en octubre de 2013 recomendó al Senado replantear el artículo 9 de la Constitución en lo referente a la libre manifestación pública y el uso de la fuerza pública.
En Puebla, no es la primera vez que se usan las balas de goma. Horas antes de que se confirmara la muerte de Tehuatlie Tamayo, el secretario de Seguridad Pública en Puebla, Facundo Rosas Rosas mostró un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que confirmaba que el gobierno no ha adquirido balas de goma en la actual administración.
Sin embargo, en diciembre de 2011 la Comisión Estadal de Derechos Humanos reclamó al entonces jefe de la policía de Puebla por usar estas armas para desalojar a pobladores de la comunidad de Ciénega Larga y herir a Artemia León Moreno, de 70 años, según reveló el portal Eje Central.
En San Bernardino Chalchihuapan, la gente está muy enojada, según comprobó IPS al dialogar con sus pobladores. Decenas de personas que asistieron al funeral del estudiante, el 22 de julio, pedían la renuncia e incluso la muerte del gobernador.
“Que cale (pruebe) las balas de goma con sus hijos”, dijo un hombre durante la larga procesión de testimonios después de los funerales por el joven muerto, a los que asistieron unos 40 presidentes auxiliares de otras comunidades.
Pero hasta el momento no hay responsables ni sanciones por lo ocurrido.