Fuente: Viento Sur
La “revolución ciudadana” en Ecuador es uno de los símbolos de las experiencias “post-neoliberales” sudamericanas y el gobierno de Rafael Correa es considerado frecuentemente una referencia por numerosas izquierdas europeas. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en ese país el 17 de febrero de 2013, en una coyuntura política en la que la oposición conservadora ha sido incapaz de presentar una candidatura única y el gobierno conserva una muy fuerte ventaja en los sondeos, aunque con un leve descenso después de seis años en el poder. Hace dos años, hicimos un primer balance crítico de la experiencia ecuatoriana en el curso de una conversación con el intelectual y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta /1. Acosta es ahora candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, coalición que agrupa a una decena de organizaciones que van desde el centro-izquierda a la izquierda radical, entre ellas Pachakutik (partido indígena considerado el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE) y el Movimiento Popular Democrático, de origen maoísta, que cuenta con una implantación sindical notable (sobre todo en la enseñanza). Ahora hemos podido continuar esa conversación y el debate fraternal que habíamos iniciado para comprender los procesos en curso en el campo político de las izquierdas ecuatorianas.
F. Gaudichaud: Alberto, estamos en pleno proceso político electoral nacional en Ecuador, pues los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de febrero 2013. Tú has sido una figura destacada de Alianza País, ministro asambleísta, presidente de la asamblea constituyente, y ahora apareces como cabeza de una candidatura de oposición de izquierda /2 al gobierno del Presidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo explicar esta situación y tu propio recorrido político personal?
A. Acosta: En la actualidad, el gobierno de Rafael Correa se asemeja a un mal conductor de bus… de esos que pone direccionales a la izquierda cuando en realidad gira a la derecha.
El gobierno de Correa ya no es un gobierno de izquierdas, mucho menos revolucionario y menos aun de “los ciudadanos”. Este es un gobierno que perdió su brújula en el camino y que como máxima expresión de su contradicción, ahora pretende destrozar uno de los mayores logros de este proceso: la Constitución de Montecristi, aprobada por amplia mayoría del pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. En este sentido cabe señalar que las violaciones a la Constitución del Ecuador por parte del gobierno del presidente Correa son múltiples y podría pasarme horas enteras narrándolas.
El propio presidente de la República, que defendió hace cuatro años la Constitución calificándola como “la mejor del mundo” y que duraría según él “trescientos años”, señala ahora que esta Constitución tiene demasiados derechos, que es “hipergarantista” y que por lo tanto hay que modificarla. ¿No te suena esta retahíla al discurso que los gobiernos llamados liberales o neoliberales han expresado en otras ocasiones, respecto a leyes que les condicionaban porque garantizaban los derechos de ciudadanos o de los consumidores? Correa se convirtió en un personaje que ya no quiere respaldar una Constitución que él mismo ayudó a elaborar y aprobar. Ese es el signo de la evolución del gobierno ecuatoriano.
Pero en el plano internacional y en las filas de gran parte de las izquierdas mundiales se le describe como un gobierno progresista consecuente, en acción, reformador. El gobierno de la “revolución ciudadana” aparece como un gobierno de cambio social, que podríamos calificar de tipo “posneoliberal”, y es cierto –según lo que he podido comprobar aquí en Quito y en el resto del país– que hubo avances concretos en varias temáticas: cambios fiscales progresivos, reformas sociales reales, planes públicos destinados hacia los sectores más pobres, grandes planes de construcción de infraestructuras, en particular en las regiones postergadas hasta el momento (como parte de la costa o de la Amazonia)…
Las reformas a las que haces alusión son ciertas. Y si comparásemos el gobierno de Correa con los gobiernos anteriores, llegaremos a la conclusión de que éste es un gobierno mejor que los que hemos tenido antes, los cuales por cierto fueron tan malos que dicha comparación es, en sí mismo, casi un insulto. Si me preguntas si el gobierno de Correa es mejor que el de Gustavo Noboa, el de Lucio Gutiérrez u otros del estilo, te diré que así es, pero también te preguntaré: ¿cuál es el mérito que eso tiene? Las personas que nos comprometimos con la propuesta de cambio que originalmente proponía el proyecto de Alianza País, no queríamos solo un mejor gobierno, queríamos un gobierno que transformara las estructuras del país, que haga una verdadera revolución democrática basada en la participación ciudadana. La Unidad Plurinacional de las Izquierdas en la actualidad plantea un gobierno en el que se tomen decisiones de manera democrática, participativa, consensuada, y no un gobierno con un estilo personalista, autoritario o caudillesco, que eso es lo que tenemos ahora.
Se lee a menudo en revistas académicas y bajo la pluma de algunos autores de la izquierda crítica a Correa, que este gobierno tendría “rasgos autoritarios”. ¿En qué sentido es realmente justificado afirmar eso, si la “revolución ciudadana” parece ser antes de todo un proceso democrático, que incluso ha abierto algunas instancias de consulta de la población?
Cierto es que han existido muchos procesos electorales y referendos en este período, pero las elecciones no garantizan la democracia. Recordemos que muchas veces los tiranos y los dictadores recurrieron a las elecciones y a los plebiscitos y recurrieron a este tipo de legitimación institucional. Por lo tanto, y lejos de cuestionar los procesos de voto protagonizados por la ciudadanía en Ecuador, digo que la democracia así entendida tendría que evaluar también si las disidencias tienen el mismo acceso a informar a la ciudadanía sobre sus posiciones que las que tiene el gobierno, si la utilización del aparato del Estado para campañas electorales por parte del partido de gobierno no es una deslegitimación del proceso, etc.
Nuestra apuesta va más allá de la democracia representativa y de plebiscitos, donde se utiliza de forma desproporcionada las herramientas del Estado para intoxicar la información destinada a los ciudadanos y las ciudadanas. Para serte sincero: en ninguna parte de este gobierno hay ya espacios reales de toma de decisiones junto con la ciudadanía. Por eso nos pronunciamos por una democracia radical. Me llamarás utópico quizás, pero si vivieses aquí todo el año, verías que la propaganda gubernamental es una farsa y, como teorizaron ya hace muchos años, pensadores antifascistas de la escuela de Frankfort como Adorno o Horkheimer, “la propaganda manipula a los hombres; al gritar ‘libertad’ se contradice a sí misma”. En resumen, la falsedad es inseparable de la propaganda. Es precisamente esta situación la que permite que no se respeten muchos de los derechos constitucionales, incluso los más básicos. Sea el derecho al trabajo o el derecho a la resistencia, ambos reconocidos en nuestra Constitución.
Para poner un par de ejemplos respecto a la violación del derecho al trabajo, puedo referenciarte como desde la emisión del decreto presidencial 813, que establece “la compra de renuncias obligatorias” en la función pública, se habilitó una lógica perversa de despidos que ha dejado ya a miles de funcionarios fuera del servicio público y que continuará sirviendo de herramienta para despedir más trabajadores. Ni los neoliberales se atrevieron a proceder con despidos intempestivos a funcionarios públicos de esta manera. De igual manera, el presidente Correa hace algo más de un año, vetó la ley del comerciante minorista, que garantizaba a todos los comerciantes minoristas –que son la mayoría en el país– seguridad social y otros beneficios; mientras tanto el gobierno como los gobiernos municipales siguen persiguiendo a los trabajadores informales en las calles e incautando los productos que venden, en contra de lo que manda la Constitución. En lo que respecta al ámbito de las disidencias, hoy hay más de doscientos líderes populares en los bancos de los tribunales, acusados incluso por “sabotaje” y “terrorismo”, utilizando leyes de la época de los gobiernos oligárquicos, en un país en donde no hay terrorismo. El derecho a la resistencia ha quedado proscrito y en las cárceles ecuatorianas hay más de una decena de jóvenes detenidos sin justificación legal. Elementos como los que he señalado demuestran que no hablamos ya de un gobierno revolucionario, me atrevería a decir que ni siquiera de izquierdas.
¿De qué revolución estamos hablando? Se violan también de forma sistemática derechos vinculados a la autonomía de los gobiernos locales y a la descentralización. Estamos absolutamente de acuerdo con el “retorno del Estado” después de que éste quedase reducido a su mínima expresión tras casi tres décadas de neoliberalismo, pero somos opuestos a que dicho Estado minimice el trabajo de las prefecturas y de los municipios, que están siendo a este rato aplastados por el gobierno central por un nuevo proceso de centralismo. El gobierno correísta está plasmando una suerte de Estado hobbesiano que está atentando en contra los derechos de la ciudadanía. Un modelo de Estado que dictamina entre otras barbaridades que la ciudadanía tenga prohibido tomarse una cerveza o una botella de vino los días domingo. ¿A ti te parece que hechos de esta naturaleza definen a un Estado como revolucionario? A mí, más bien me da la sensación de que son propios de un gobierno, en esencia, bastante conservador.
¿Entonces para ti y la alianza que representas en estas elecciones, este gobierno habría dejado de ser un gobierno de “izquierdas”?
Los ecuatorianos ya nos hemos acostumbrado a ver a un presidente cantar junto a sus ministros todos los sábados el “Hasta siempre Comandante Che Guevara”, pero también vemos que mientras tanto no se hace la reforma agraria, a pesar de que nuestra Constitución prohíbe los latifundios, el acaparamiento y la privatización del agua. El propio presidente de la República ha repetido en innumerables ocasiones que él no cree en la reforma agraria, señalando –como lo podría hacer cualquier patrón de hacienda ecuatoriano– que repartir la tierra es “repartir miseria”. Cabe indicar que el índice de GINI de concentración de tierra en Ecuador es del 0.81. La concentración del agua es aún mucho más pronunciada (los campesinos representan al 86% de los usuarios del agua de riego, y controlan el 13% del agua de riego, los terratenientes representan menos del 1% de las unidades productivas agrícolas, y controlan el 64% del agua riego). Es decir, estamos hablando de un país donde la tierra y el agua se concentran en muy pocas manos, mientras la miseria indígena –mayoritariamente campesinos– es superior al 50%.
Todo lo que expreso con anterioridad no pretende negar la existencia de mejoras en determinados aspectos. Pero hay que tener en cuenta que este gobierno es el que mayor número de ingresos fiscales ha tenido en toda la historia del Ecuador; por cierto se ha beneficiado en el ámbito petrolero en gran parte debido a los incrementos del precio del crudo en el mercado internacional. Esta situación ha permitido sostener una política de subsidios –que no de transformación– que hace que determinados sectores sociales caigan en las redes clientelares del gobierno. Sin embargo, las contradicciones son enormes y la concentración de la riqueza en pocas manos es algo difícil de justificar en un gobierno que lleva seis años de mandato y que se autodefine a sí mismo como “revolucionario”; gobierno que, además, es el que con mayores ingresos ha contado de toda la historia de la República.
La concentración de las ventas en mi país es tal que el decil de empresas más grandes controla el 96% de ventas. Las principales actividades económicas están concentradas en pocas empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así podríamos seguir enumerando, uno por uno, otros sectores productivos y comerciales. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron en un 12% entre 2010 y 2011, y se acercan a la astronómica cifra de 36.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2007-2011 crecieron en un 50% más que en los cinco años anteriores, es decir durante el período neoliberal…
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento de beneficios de la banca privada fue sostenido. En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa, incluyendo el año crítico del 2009, el promedio anual de dichas utilidades bordea los 300 millones. Curiosamente, más del 40% de los depósitos a la vista y a plazo fijo de COFIEC, una entidad financiera del Estado, han sido colocados en el Banco de Guayaquil, de propiedad del candidato-banquero Guillermo Lasso… banco que además se beneficia por ser uno de los que entrega el bono de desarrollo humano.
Fíjate hasta donde llega el poder de los grandes grupos del capital ecuatoriano: la Constitución de Montecristi prohíbe el cultivo de transgénicos en el país, sin embargo ahora Correa quiere permitir dichos cultivos a través de una reforma constitucional. ¿A quién interesa esto? Hay una empresa nacional que tiene la representación de Monsanto en el Ecuador y que domina el 62% del mercado de la carne, que podría ser la gran beneficiada.
Los datos que manejo son datos oficiales provenientes de instituciones públicas. Si determinados analistas políticos –dentro y fuera del país– que se autodefinen progresistas, pretenden seguir definiendo a este gobierno como un gobierno de “izquierdas”, desde mi parecer tal situación no demuestra más que la lamentable situación en la que se encuentra la izquierda a nivel internacional.
En realidad, en vista de que este gobierno quiere ampliar la frontera petrolera y forzar la megaminería, más que hablar de “socialismo del siglo XXI”, de lo que deberíamos estar hablando es del “extractivismo del siglo XXI”. Es decir, que este gobierno en lugar de reconvertir su economía nacional en un sistema productivo dinámico, que genere puestos de empleo y que exporte productos con valor añadido, disminuyendo la dependencia del capital transnacional, continúa siendo un gobierno dependiente de las transnacionales y suministrador de sus recursos naturales para paliar las necesidades del mercado mundial capitalistas. ¿De verdad crees que se puede pensar que se construye el socialismo, alimentando al sistema capitalista global con materias primas como el petróleo y los minerales que sirven incluso para sus necesidades especulativas?
Exacto, pero al mismo tiempo sabemos que un pequeño país dependiente y empobrecido como Ecuador, necesita utilizar sus recursos para respondera la inmensa urgencia social y a la pobreza que dejó la “larga noche neoliberal” ¿Cuáles son tus propuestas respecto al extractivismo y cómo construiralternativas populares y democráticas a este modelo de desarrollo efectivamente predador e insustentable?
Desde las izquierdas que nos hemos ido encontrando al margen del gobierno de Rafael Correa, creemos que es fundamental tener claridad en la necesidad de superar el extractivismo, y esto ha de hacerse con políticas claras. En primer lugar, hay que poner la casa en orden. El Ecuador extrae petróleo con un costo social y ambiental altísimo, exportamos petróleo e importamos derivados de petróleo. El año 2011, importamos por cuatro mil millones de dólares: esto es mucha plata, demasiada plata me atrevería a afirmar. Entonces, llegamos a la conclusión de que un país que extrae petróleo pero tiene que importar derivados vive un absurdo. Hay que impulsar la modernización de la infraestructura de refinación, lo que implica la rehabilitación y repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Seguramente se necesitará otra refinería, por eso es necesario revisar lo que se ha hecho para la construcción de la Refinería del Pacífico, procurando, en caso de que convenga a los intereses nacionales su continuación, que no se provoquen graves afectaciones ambientales por el lugar equivocadamente elegido. Este gobierno lleva seis años de gestión, ¿dónde está la nueva refinería?, ¿ya repararon la refinería existente en el país –la de Esmeraldas? La respuesta es no.
Aquí hay un problema aún más grave, pues quemamos los derivados del petróleo, incluyendo los importados, para generar electricidad. En seis años de gobierno han avanzado muy lentamente las obras de construcción de plantas hidroeléctricas, sigue sin aprovecharse adecuadamente la energía solar, tampoco la geotermia; algo se ha hecho en el ámbito de la eólica. No hay una política de uso eficiente de la energía.
Este gobierno ha introducido algunas reformas tributarias importantes, pero a todas luces insuficientes. Más allá de que la tasa de presión fiscal en Ecuador (14%) dista mucho de la más alta de la región (22%), aun se mantiene un 40% de evasión fiscal. En nuestro gobierno los que más tienen deberán ser los que más tributen, sobre todo ante los niveles de concentración económica que citamos con anterioridad. Si elevas la presión fiscal a los niveles que tiene en la actualidad por ejemplo Bolivia, habría suficientes recursos para financiar la inversión y gasto públicos, sin apostar por proyectos extractivistas como los de la megaminería, que constituyen una tremenda irresponsabilidad ambiental para las generaciones futuras, a más de que no cumplen con las perspectivas económicas con que son presentados. Cabe recordar en este sentido que la presión tributaria en Europa es de más del 40%, en EE UU del 36%, en un país como Suecia está en torno al cincuenta y pico.
Si bien en el Ecuador se ha recaudado notablemente más en este gobierno que en anteriores, vuelvo a preguntar: ¿te parece que estemos ante un gobierno revolucionario?
Recordemos que entendemos por “reformas” el corregir errores el sistema vigente, mientras que cuando hablamos de “revolución” nos referimos a traspasar el poder de unos actores a otros.
Frente a esta situación, ¿qué programa político defienden colectivamente? ¿Puedes presentarnos un poco que es la Unidad Plurinacional y cuáles son las perspectivas por la cuales se movilizan?
La Unidad Plurinacional de las Izquierdas surge como respuesta a un gobierno que se distancia de sus principios básicos y que comienza a violentar sistemáticamente la Constitución. Desde la Unidad Plurinacional se comienza a aglutinar distintas fuerzas progresistas y movimientos sociales con el fin de enfrentar las agresiones de este gobierno.
Nuestra primera acción colectiva se da en el marco de la consulta popular que el presidente convocó en mayo del año 2011. Las organizaciones que hoy conforman la Unidad Plurinacional nos juntamos en la iniciativa “Esta vez No señor Presidente”, emitiendo un mensaje muy claro a la ciudadanía del país: no siga con sus prácticas autoritarias señor presidente, estamos en contra de que tome la justicia atentando contra la independencia de los poderes del Estado.
Meses después, en agosto del 2011, la Unidad Plurinacional se consolidaría entorno a un documento de 12 puntos básicos que luego sirvieron de base para la movilización popular denominada “Marcha por la Vida, el Agua, y la Dignidad de los pueblos” del mes de marzo 2012. La movilización fue un importante triunfo de los movimientos sociales, los cuales resistieron provocaciones, represión y contramarchas que, al igual que hacía Lucio Gutiérrez, realizó el gobierno de Correa.
En agosto 2012, la Unidad Plurinacional decide emprender un proceso insólito en el Ecuador: nombrar a su candidato presidencial a través de un proceso de primarias y recorriendo todo el país con sus seis precandidatos, entre los cuales me encontraba.
Ya elegido como candidato de la Unidad Plurinacional para las elecciones presidenciales de febrero 2013, el Consejo Nacional Electoral, organismo al que se le debería presuponer autonomía respecto del Estado, cuestionó las firmas que legalizaban a las dos más importantes organizaciones políticas al interior de la Unidad Plurinacional, el Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático. Basta decir que el presidente y los vocales del CNE están todos vinculados al partido oficialista, siendo su presidente un ex ministro de Correa y su segundo, un operador político del actual canciller de la República. Todos tuvimos que salir a las calles a recoger firmas de la ciudadanía demostrando nuevamente al gobierno que no nos iban a atemorizar ni a amordazar. Superado este escollo, inscribimos nuestras candidaturas el día 13 de octubre 2012. La unidad se concretó en 34 de las 36 listas posibles de asambleístas –nacionales, provinciales y de la migración–, a más del binomio presidencial, por cierto.
En la actualidad seguimos elaborando conjuntamente con la ciudadanía y el tejido social organizado el programa de gobierno, mientras recorremos el país platicando con los ciudadanos y ciudadanas y tejiendo un sinfín de solidaridades con nuestra propuesta política, la cual no se distancia mucho de las propuestas básicas que tuvo en sus orígenes la revolución ciudadana. ¿Curiosa paradoja verdad?
No obstante, si analizamos los sondeos y encuestas de opinión independientes, podemos constatar que Rafael Correa sigue teniendo una popularidad muy alta, incluso después de estos años de gobierno. ¿No hubiese sido más efectivo políticamente intentar construir una izquierda radical dentro de Alianza País (AP), y así intentar disputarle la hegemonía a Correa sobre la mayoría de las clases populares, con propuestas alternativas que partan del ala izquierdo de AP?
Esa es una pregunta que podría incorporarla en un libro que voy a escribir algún día y que se llamará “Reflexiones para después de muerto”… Como todos los mortales, querido amigo, he cometido muchos errores en mi vida y posiblemente seguiré cometiéndolos. Pensar ahora si Alberto Acosta debería haberse quedado al interior de Alianza País para dar la pelea con un régimen que se convierte cada vez más en autoritario o con un líder que lejos de la participación democrática interna se convierte en un caudillo, es una cosa que no sirve para nada. Hoy estamos aquí, dinamizando junto a otros y otras, una perspectiva de oposición de izquierda al gobierno que presume de ser lo que no es.
Para lograr construir alternativas democráticas de gobierno y poder “desde abajo”, todos sabemos que se necesita forjar espacios políticos desde y con los sectores populares movilizados y organizados: ¿cuál es su relación con los movimientos sociales?
Nosotros tenemos una muy buena relación con los movimientos sociales, los cuales están siendo fuertemente agredidos en este momento por el gobierno. Se les persigue, se les ataca, se les intenta dividir o controlar, este uno de los mayores errores históricos de este gobierno. Si en febrero ganara las elecciones uno de los candidatos de la derecha, cosa que espero realmente que no suceda, el debilitamiento de las resistencias protagonizadas históricamente por los movimientos sociales va a ser la herencia más triste que dejará este gobierno. ¿Te parece explicable que se autodefina como revolucionario un gobierno que en lugar de fortalecer a las organizaciones sociales y empoderar a la ciudadanía, la debilita?
Si comparamos el movimiento social –y en particular indígena– actual con lo que han sido las grandes luchas antineoliberales de los 1990-2000, es imposible no subrayar una cierta desmovilización y hasta cierta apatía y fragmentación. Varios sociólogos e intelectuales más próximos a Correa dicen que no es el que el gobierno haya debilitado al movimiento social, si no que más bien las luchas llegaron al fin de un ciclo ascendiente, y que además el gobierno con su orientación posneoliebral ha respondido a varias de la reivindicaciones de las movilizaciones colectivas del periodo anterior, lo que es bien diferente.
¿Te parece que tiene que ver con un fin de ciclo que los dirigentes más cuestionados del movimiento indígena, como es el caso de Antonio Vargas en la Amazonía o Miguel Lluco en la Sierra Central, sean los baluartes del oficialismo al interior del movimiento indígena? ¿Te parece que es fruto del fin de un ciclo que los funcionarios del gobierno estén intentando comprar las voluntades de las comunidades indígenas, extendiendo cheques provenientes del excedente petrolero? ¿Te parece que es el fin de un ciclo que haya más de doscientos líderes sociales con expedientes abiertos por sabotaje y terrorismo en un país donde todos sabemos que no existe desde hace años ningún grupo armado?
A mi más bien me da la sensación de que es una estrategia gubernamental para atemorizar, dividir y debilitar a los movimientos sociales.
Ahora, desde una perspectiva estratégica más amplia, digamos de mediano y largo plazo: ¿es posible construir o profundizar una perspectiva realmente posneoliberal, con claros objetivos anticapitalistas y ecosocialistas actualmente en Ecuador?
No solo pienso que es posible, pienso también que es indispensable. De lo contrario no habrá futuro para el país, no habrá futuro para la democracia, para la vida con dignidad y no habrá “Buen Vivir”. Digo que es indispensable porque tenemos que avanzar en una forma alternativa de organizar la sociedad. En Ecuador, y otros países de la región, estamos en un momento que podríamos denominar como una fase posneoliberal, pero no poscapitalista. Eso debe de quedarles muy claro a nuestros amigos en el exterior. Nosotros estamos viendo como muy positivo que el gobierno no esté atado al Consenso de Washington, pero ahora se han impuesto otras condicionalidades provenientes de China, sobre todo en lo que tiene que ver con los créditos. La envergadura de este problema tendría que ver entonces con cuanto suman los créditos chinos y cuál es su importancia para el país. Este es un tema interesantísimo de averiguar. Es por ello que desde la Unidad Plurinacional nos propusimos completar y actualizar la auditoría de la deuda externa y nos comprometemos con la auditoria de los créditos chinos y de todos los créditos que vendrán en el futuro. Tampoco está de más hablar de las condiciones de eso créditos, los cuales tienen que ver con yacimientos petroleros, yacimientos mineros, grandes obras de infraestructura, tasas de interés elevadísimas (alguno de más del 9% como es el caso del financiamiento del megaproyecto Sopladora).
Si bien hemos de reconocer avances con respecto a gobierno anteriores, ¿cuáles son los cambios estructurales reales que se han dado en el Ecuador durante los últimos seis años?
Si revisamos la estructura de importaciones y exportaciones, estos cambios no existen, es más, se permitió que crezca aceleradamente el déficit comercial no petrolero, el cual se aproxima a ocho mil millones de dólares. El gobierno trata ahora de tomar algunas medidas, con las cuales estoy de acuerdo, pero son insuficientes, pues no transforman la estructura del sistema económico, ni del modelo de acumulación, algo que reconoce el propio presidente de la República. Por otro lado, señalaría algunos aspectos en los que el fracaso del gobierno correísta es rotundo, por ejemplo en el ámbito de la producción. No solamente no hay cambios en la estructura de la producción, sino que el país sigue siendo dependiente de los productos primarios, la lógica dependentista se mantiene, y seguimos manteniendo una economía rentista y holgazana en la cual apenas se invierte para producir. Seguimos atados a las condicionalidades del capital extranjero y del mercado mundial. No hay ningún esfuerzo real, en términos de política exterior y comercio, como tampoco hay una propuesta real y seria en el ámbito de la producción. El fracaso es generalizado.
Otro ámbito donde ha fracasado el gobierno es en el tema de la seguridad ciudadana, violencia y criminalidad. Los índices en esta materia han subido de una manera vertiginosa. Si bien es cierto de que el incremento de la inseguridad y la violencia no es culpa íntegramente de este gobierno –estamos hablando del crimen mundial organizado–, lo que es indiscutible es la carencia de respuestas en este aspecto por parte del Ejecutivo.
¿Cuáles serían las condiciones mínimas para emprender un proceso democrático, desde la dinámica actual que es de carácter postneoliberal a una dinámica anticapitalista y postextractivista?
Para encontrar la hoja de ruta apropiada para el cambio real del sistema en momentos como este, nos sirve mucho la Constitución de Montecristi. Este tiene varios puntos claves: por un lado, una serie de derechos que configuran el país que debemos construir –nuestro proyecto de vida en común y el modelo de sociedad del futuro–; a su vez y para hacer realidad esto, están las instituciones que se deben construir, todas ellas han sido violentadas por el control gubernamental durante estos años, pero serían estas en las que deberíamos encontrar garantías para las y los ciudadanos. Por ejemplo, la Constitución dice que está prohibido el latifundio y el acaparamiento del agua. Dicha situación debería obligar a un gobierno coherente con el mandato constitucional a proceder con la redistribución del agua y de la tierra. De igual manera, nuestra Constitución tiene mandados específicos en lo concerniente a la soberanía alimentaria. No estamos hablando de cualquier cosa, dado que cualquier modelo de reproducción agrícola aplicable en el país debería estar pensada en el contexto de soberanía alimentaria, cosa que choca con la actual propuesta vinculada a los biocombustibles y las semillas transgénicas que el gobierno hoy pretende implementar.
Al contrario de esto, lo que requerimos en realidad es una verdadera reforma agraria, una respuesta que atienda a las pequeñas y medianas empresas del campo y de la ciudad, a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades y a todos esos proyectos comunitarios y asociativos que están marginados en la actualidad. Lo mínimo que podía haber hecho este gobierno es poner toda esa economía popular y solidaria dentro de las responsabilidades concernientes al Ministerio de Economía, y no en el Ministerio de Inclusión Social como se encuentra al momento. Las pequeñas y medianas empresas generan más del 76% del empleo en Ecuador: las pequeñas empresas que representan un 95% de los establecimientos, apenas participan con un 16% de las ventas a nivel nacional. Esa es la realidad del país, lo que evidencia que los cambios reales no se han dado.
¿Y el llamado a construir el “buen vivir” y el “sumak kawsay”, reivindicado tanto por dirigentes importantes del gobierno como por la oposición de izquierdas, entran en esta perspectiva?
Con este proyecto de gobierno no es posible alcanzar el buen vivir, se camina en dirección contraria, se está profundizando el “mal vivir”. Si a esto le sumas que el gobierno ha generado un ambiente de mucho recelo y temor entre los ciudadanos, derivaremos entonces en que el Ecuador insiste en el mal vivir acompañado de un proceso que deja mucho que desear desde el punto de vista democrático.
Después de febrero 2013, imaginemos (y es lo más probable) que gane de nuevo la presidencia, el candidato Rafael Correa: ¿cómo ven desde la alianza que representas el futuro ciclo político ecuatoriano?
Primero, esperemos que Correa gane las elecciones frente a la derecha… Si bien es cierto que Rafael Correa tiene una alta popularidad según dicen las encuestas, también lo es que el presidente de la República llegó a la consulta popular de mayo del año 2011 con una popularidad que bordeaba el 80%, y obtuvo tan solo el 47% de los votos. De todas formas, el futuro para la izquierda política y social ecuatoriana será seguir luchando.
Somos conscientes de que nuestra lucha no se acaba en un proceso electoral, por eso hemos dicho que el problema no es solo derrotar al presidente Correa, ganar las elecciones es importante pero no suficiente, porque nuestro objetivo es transformar al Ecuador.
Notas:
1/ Ver: F Gaudichaud, «Pensando alternativas, entre la crisis europea y el Yasuní. Entrevista con Alberto Acosta », ContreTemps, N°8, 2010, pp. 65-74 ; y « Ecuador. ¿De la «revolución ciudadana» a la transformación social radical? », Inprecor, n°541-542 septembre-octobre 2008 .
2/ Ver: http://albertoacosta.ec.