Fuente: Rebelion.org/Brecha
En un clima crispado y violento, en ciudades paralizadas por las protestas, se realiza el próximo domingo un referendo que definirá si Evo Morales puede presentarse a una nueva reelección. Aunque los medios denuncian corrupción en el gobierno y éste los acusa de imperialistas, queda pendiente un debate de fondo sobre los problemas del modelo extractivo.
“Aquí la gente no tiene miedo”, sonríe el taxista mientras se abre paso, con lentitud exasperante, por las imposibles calles de El Alto, rumbo al centro de La Paz. “No tienen miedo”, repite encogiendo los hombros. Casi un mantra con el que parece explicarlo todo, desde el caos del tránsito hasta la increíble fuerza interior de las mujeres –omnipresentes en la ciudad aymara– trabajando como hormigas, cargando bultos, haciéndose cargo de la vida.
La ciudad luce cambiada, sobre todo por el asfalto impecable de sus calles y los edificios de cuatro y cinco pisos, los “cholets”, estilo arquitectónico mestizo nacido en El Alto de la mano de una pujante burguesía comercial aymara. Nadie parece alarmarse por el confuso episodio de la ocupación y quema del municipio alteño por padres de familia que se saldó con seis muertos, en el mismo momento en que el taxista repetía su mantra.
La alcaldesa Soledad Chapetón, que venció en las elecciones municipales con el 55 por ciento de los votos en un bastión oficialista, acusa a ex ediles del Movimiento al Socialismo (Mas), liderado por Morales, por el asalto e incendio de la alcaldía. El gobierno, por su parte, asegura que se trató de un “autoatentado” de la alcaldía alineada con la oposición. Los hechos de El Alto cobran especial relevancia en la recta final de la campaña electoral para el referendo del domingo, en el que los bolivianos deben decidir si se reforma la Constitución para permitir una segunda reelección de Evo Morales.
La avenida principal de La Paz, en el centro de la hoyada, medio quilómetro debajo de El Alto, lleva varios días cortada por manifestantes. Hileras de cholas con sus polleras y sombreros, sentadas serenamente, cortan las calles, mientras los varones disparan cohetes. La mayoría pertenecen a asociaciones de jubilados, pero detrás de ellos llegan los mineros, los petroleros y diversos sectores que aprovechan la coyuntura electoral para arrancar una demanda adicional al gobierno.
“Reclamamos por el segundo aguinaldo”, explica una mujer cuando se le pregunta el motivo de la protesta. La semana previa al referendo es testigo de la multiplicación de manifestaciones populares, una confluencia espontánea de los más diversos sectores que creen que es el momento oportuno para exigir.
Resultados inciertos
“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?” Esta es la pregunta que deberán responder 6 millones de bolivianos este domingo.
La iniciativa partió de la presidencia y muchos creen ver la mano del vicepresidente Álvaro García Linera, el cerebro del gobierno. Morales llegó a la presidencia en 2006 con el 54 por ciento de los votos. Fue reelegido en 2010 con un abrumador 64 por ciento y en 2015 con 61 por ciento obtuvo un tercer mandato que concluirá en 2020. Ahora pugna por presentarse nuevamente, lo que podría llevarlo a ejercer el poder hasta 2025, o sea 20 años consecutivos.
La pregunta que se hacen muchos bolivianos es por qué se promueve un referendo con tanta anticipación, ya que las elecciones nacionales se realizarán dentro de cuatro años. Lo cierto es que el referendo partió al país en dos mitades. Con el Sí están alineados el Mas y los movimientos sociales que apoyan al gobierno, entre ellos la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la más importante organización social del país. Pero también algunas figuras locales de relieve, como los ex futbolistas Marco Etcheverry y Erwin Sánchez.
El No a la reelección es mucho más heterogéneo. Entre sus filas destacan el ex presidente Carlos Mesa, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ambos de la derecha, pero también el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, que pueden ser considerados de izquierda.
Las encuestas son una lotería. Las difundidas en febrero apuntan a un empate en torno al 40 por ciento para cada opción, correspondiendo la definición a los indecisos. En el cierre de la campaña oficialista, el miércoles 17, miles de personas aclamaron a Morales en la avenida Costanera de la zona sur de la capital.
“Nos hemos liberado e impulsamos desde los movimientos sociales un instrumento político de liberación y en diez años hemos cambiado la imagen de Bolivia”, aseguró Morales, quien destacó que su proclamación fue producto del “pedido de los movimientos sociales y del pueblo organizado”.
A la misma hora estudiantes de la Universidad Pública de El Alto protestaron cerca de la plaza Murillo, aludiendo al último escándalo que vincula a Morales con la empresaria Gabriela Zapata Montaño, quien se habría beneficiado de su relación privilegiada con el presidente. “Evo, Zapata, devuelvan la plata”, coreaban los estudiantes que junto a organizaciones de jubilados colapsaron el centro de la ciudad.
Según la prensa opositora, las personas que participan en los actos oficialistas son funcionarios que asisten de modo obligatorio. Apenas finalizó el discurso del presidente, “funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales se afanaban en estampar su nombre y firma en las listas de asistencia del cierre de campaña del Sí que organizó el Mas en la ciudad de La Paz” (Página Siete de ayer jueves).
Una de las movilizaciones más concurridas fue la realizada también en la noche del miércoles 17 en la céntrica plaza San Francisco por los partidarios del No, en la que participaron organizaciones sociales importantes (como Conamaq) que antes estaban a favor del gobierno y que le dieron la espalda en 2011 cuando la marcha en defensa de un territorio indígena y parque natural que iba a ser atravesada por una carretera fue reprimida por las autoridades. “Fue la manifestación más numerosa y ruidosa realizada por la oposición boliviana en una década en La Paz” (Agencia de Noticias Fides, jueves 18).
Un golpe demoledor
Una semana antes del referendo estallaron dos bombas que afectan la credibilidad del gobierno. La de menor potencia se relaciona con el vicepresidente, en cuya libreta militar figura como “licenciado en matemáticas” si bien nunca finalizó sus estudios. En sus numerosos libros también aparece como titulado. En la solapa de Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, García Linera dice que es matemático y sociólogo, lo mismo que en otras de sus publicaciones. El sábado 13 se presentó ante los medios y declaró, con una soberbia que le ha granjeado numerosas antipatías: “Álvaro García Linera estudió matemáticas en México, no concluyó su licenciatura porque se vino a Bolivia a organizar una guerrilla para luchar contra los neoliberales, lo dije hace dos años, hace tiempo atrás”.
La agencia Fides informó que una biografía que estaba publicada en la página web de la Vicepresidencia había sido retirada. En ella se señalaba que García Linera “obtuvo su pregrado y posgrado” en la Unam. Ahora figura otro texto, que señala solamente que “estudió matemáticas” (Página Siete, lunes 15).
Pero el petardo mayor estalló en las narices de Morales. El periodista Carlos Valverde denunció que el presidente realizó tráfico de influencias para beneficiar a Gabriela Zapata Montaño, representante de una empresa china en Bolivia. El presidente reconoció que mantuvo una relación con la joven empresaria y que en 2007 tuvieron un hijo que falleció, aunque no dio detalles, pero negó que su empresa se hubiera visto beneficiada por la relación sentimental.
Según la denuncia, Morales conoció a Zapata en 2005 cuando ésta tenía 19 años y el presidente 45. Ella es una asidua en las páginas sociales de la ciudad de Santa Cruz, trabaja para la empresa China Camc Engineering, que mantiene millonarios contratos con el Estado boliviano. La acusación sostiene que el gobierno la favoreció en contratos que superan 500 millones de dólares. Fue el primer golpe directo al mentón de Evo.
El gobierno contraatacó con fuerza, señalando que el periodista fue jefe de la inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, en pleno período neoliberal, y que actualmente tiene relaciones estrechas con la embajada de Estados Unidos. Según el argumento oficialista, Washington está intentando frenar el avance chino en la región sudamericana, lo que explicaría el hecho de que los contratos con la empresa que representa Zapata estén en el ojo del escándalo.
Ambas cosas pueden ser ciertas: que el periodista trabaje en función de los intereses estadounidenses y que la empresa china se haya visto favorecida por la especial relación entre el presidente y la empresaria.
Modelo
Lejos del ruido mediático, el debate más de fondo coloca en el centro la cuestión del modelo productivo impulsado por el Mas, centrado en la explotación y exportación de hidrocarburos, minería y monocultivos de soja. En suma, el mismo modelo que caracterizó al país a lo largo de toda su historia, desde la colonización española.
El Movimiento al Socialismo había prometido un “salto industrial”, que no sólo no se produjo sino que se asiste a la profundización del extractivismo. Ahora el vicepresidente habla de un “extractivismo temporal”, que permitiría la acumulación de recursos para invertir en la industrialización. Sin embargo, fuera de una reactivación de la industria textil en manos de pequeños y medianos productores, los cambios no llegan.
El investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sostiene que la caída de los precios de los commodities en el mundo está provocando una aguda crisis en el país. “Esta crisis tiene dos aspectos –dijo a Brecha–. Por un lado tenemos un endeudamiento externo creciente y un importante aumento de impuestos, y por otro una incapacidad institucional para afrontar la crisis. De ese modo vamos a tener un gobierno con recursos en un país sin recursos y con una población estrangulada por altos impuestos.”
Meses atrás el Cedib, cuya sede está en Cochabamba, fue una de las Ong amenazadas de expulsión por sus permanentes críticas al oficialismo. Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se han caracterizado por no aceptar críticas cuando provienen de las izquierdas. Villegas no es optimista respecto al futuro inmediato, y sospecha que de agravarse la crisis el gobierno puede optar por una salida represiva contra los movimientos sociales y las inevitables movilizaciones callejeras que forman parte de la cultura política del pueblo boliviano.
“Todo su plan es mantenerse en el poder”, sostiene Villegas con respecto al Mas y a Evo Morales. “La alternativa es recuperar la democracia”, dice, y considera que una característica común de los progresismos es “la corrupción, como lo muestran los gobiernos de Brasil, Chile y Bolivia”.
El sociólogo Luis Tapia, por su parte, asegura que “el excedente de las exportaciones de commodities no se ha utilizado en la transformación productiva, sino en lubricar redes clientelares para aumentar el control político de las sociedades y facilitar el ascenso de una nueva burguesía”.
Tapia fue miembro del grupo de intelectuales Comuna, y trabajó años junto a García Linera, del que está distanciado tanto personal como intelectualmente. Reflexiona sobre lo que denomina “presidencialismo colonial”, que consiste en “procesos electorales permanentes para legitimar decisiones tomadas fuera de los ámbitos institucionales e incluso fuera del país, usando los procesos plebiscitarios como fachada para evitar cambios de gobierno”.
Pero la crítica más demoledora la realiza la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, un mito tanto para los intelectuales como para los movimientos. Rivera es autora del más importante libro sobre la historia social boliviana, Oprimidos pero no vencidos, que relata y analiza la historia del campesinado aymara y quechua desde 1900. Es tanto intelectual como activista, y es la pensadora boliviana más reconocida dentro y fuera del país.
En una carta difundida el martes 16, en que defiende el voto contra la reelección, acusa a García Linera de haber pergeñado una alianza con los terratenientes de Santa Cruz a quienes habría ofrecido “cambiar cualquier ley o decreto para favorecerlos”. Va más lejos al destacar que “reconozco en él a uno más de los arribistas que han llenado nuestro trayecto de oprobios, indignidades y derrotas”. Convoca a las “energías de nuestra conciencia rebelde y la luz de las enseñanzas indias y plebeyas de nuestra historia” para evitar que gane la reelección.
Llama la atención la mutua desconfianza, y hasta el odio, que se prodigan mutuamente los miembros del gobierno y quienes fueron parte del mismo proyecto hasta que comenzaron a transitar caminos opuestos. Hasta 2005 unos y otros pelearon juntos en las guerras del agua (2000) y del gas (2003 y 2005), participaron en decenas de marchas y acciones colectivas a lo largo y ancho del país. Para los oficialistas, los críticos “hacen el juego al imperialismo”. Para los opositores de izquierda, los nuevos gobernantes “han traicionado la agenda de octubre”, una lista de demandas que se rubricó con sangre en las jornadas de octubre de 2003, donde murieron 67 manifestantes y 500 fueron gravemente heridos.
Un diálogo imposible que muestra los límites de los procesos de cambio y de las propias alternativas por izquierda.