Hay una característica de los treinta y seis años (1960-1996) de campaña genocida de contrainsurgencia llevada a cabo por el gobierno y el ejército de Guatemala contra la población maya que suele pasarse por alto: la de dirigir la violencia contra las mujeres.
Violaciones, mutilaciones, esclavitud sexual, abortos forzados y esterilizaciones son algunos de los métodos sádicos utilizados como parte de una práctica sistemática de terror auspiciada por el Estado, con el fin de someter a la población sobreviviente mediante el miedo y la vergüenza, utilizando el sufrimiento de sus madres, hermanas e hijas.
En 1999, la comisión de la verdad apoyada por la ONU, Comisión Para el Esclarecimiento Histórico (CEH), declaró que durante la guerra, “la violación de mujeres, durante la tortura o antes del asesinato, era una práctica común que tenía por objetivo destruir uno de los aspectos más íntimos y vulnerables de la dignidad del individuo… [y] fueron asesinadas, torturadas y violadas, a veces, a causa de sus ideales y su participación política o social”.
Glen Kuecker, profesor de Historia de América Latina en la DePauw University, dijo que la violencia de género fue y continúa siendo parte del programa de contrainsurgencia del Gobierno, destinado a destruir el tejido social fundamental de las comunidades mayas.
“El objetivo de la contrainsurgencia es socavar la cohesión de una comunidad, necesaria para la resistencia”, afirmó Kuecker. Y agregó: “La violencia de género no solo aterroriza a las mujeres de la comunidad, sino que además perturba las relaciones de género patriarcales tradicionales, pues se envía a los hombres el mensaje de que no son capaces de proteger a las mujeres”.
Como escribió Emily Willard, Investigadora Adjunta en el Evidence Project del National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) en la revista Peace and Conflict Monitor, en abril del corriente: “Las estrategias de ataque a la mujer llevadas a cabo por el ejército alcanzaron a una porción tan grande de la población masculina, que se ha normalizado la violación y la violencia contra la mujer. El efecto residual de estas políticas y estrategias genocidas puede verse en los índices y el tipo de violencia que existen hoy en Guatemala”.
En 2010, se asesinó en Guatemala a 685 mujeres, en comparación con las 213 del año 2000. Si bien se presentaron ante el Ministerio Público de Guatemala más de 40 000 denuncias de violencia contra la mujer, solo han recibido sentencia el 1 % de los casos registrados por el Departamento de Justicia, según el informe publicado el 1 de junio por Asociadas por lo Justo (JASS, por su sigla en inglés) y la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de la Paz: “De sobrevivientes a Defensoras, Mujeres que confrontan la violencia en México, Honduras y Guatemala”.
El informe, escrito por las galardonadas con el Premio Nobel Rigoberta Menchú Tum y Jody Williams, fue el resultado de una misión investigadora que dirigieron en enero de 2012 para estudiar los hechos de violencia contra la mujer en esos tres países.
En el caso de Guatemala, el informe destaca el legado de violencia e impunidad que ha dejado la Guerra Civil; la creciente militarización causada por la guerra contra el narcotráfico; los conflictos por la tierra y los recursos; y la influencia de gobiernos y empresas extranjeras –particularmente de los Estados Unidos y Canadá– como factores importantes que han contribuido a la violencia continua y el ataque contra la mujer como instrumentos tácticos e intencionados de represión política. El informe afirma que el fenómeno del feminicidio ha “tomado carácter de crisis”.
La Guerra Civil de Guatemala: ni justicia, ni paz
Grahame Russell, codirector de Rights Action, desarrollo comunitario y organización solidaria antiminera, declaró a Toward Freedom: “Las crisis en Guatemala no son crisis internas”. Y agregó: “Son luchas globales”.
La Guerra Civil de Guatemala es un ejemplo perfecto. En un gesto atípico de honestidad histórica, allá por 1998, el expresidente Bill Clinton se disculpó con el pueblo guatemalteco por la participación de los Estados Unidos en el derrocamiento de la democracia de ese país y el apoyo político, militar y económico brindado a los programas genocidas de contrainsurgencia que se han implementado contra la población maya.
“Es importante que yo deje en claro que el apoyo a las fuerzas militares o unidades de inteligencia que cometieron actos de violencia y represión generalizada… fue un error”, dijo Clinton.
La guerra dejó un saldo de más de 200 000 muertos, en su mayoría civiles indígenas, mientras que decenas de miles de víctimas fueron violadas, torturadas, desaparecidas y desplazadas. Pero, según se estima, tras el fin de la guerra nada menos que el 98 por ciento de los responsables por crímenes de guerra y genocidio (tanto guatemaltecos como estadounidenses) permanecen en libertad.
En el informe se afirma que “En Guatemala, el aumento de feminicidios demuestra que la paz no es únicamente el fin de la guerra… La falta de justicia por los crímenes de los años 80 ha dejado a las víctimas sin reparación, y a los culpables, en el poder”. Amnistía Internacional señaló que en los últimos diez años han sido asesinadas nada menos que 5 700 mujeres.
El presidente electo recientemente, Otto Pérez Molina, negó que haya habido un genocidio en su país, una postura que ilustra a la perfección la continua impunidad. Sin embargo, Pérez Molina, exgeneral y agente de la CIA entrenado en la infame Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, está asumiendo una postura que no es solamente racista y revisionista, sino que además sirve a sus propios intereses. El presidente estuvo al frente de un batallón militar a principios de la década de 1980 en la altiplanicie del noroeste guatemalteco, donde ocurrieron algunas de las masacres más sangrientas. Además, como señaló Annie Bird, periodista y codirectora de Rights Action en un perfil del presidente publicado este año, Pérez Molina dirigió un “centro de tortura secreto” para prisioneros políticos mientras era jefe de inteligencia militar en 1994. Uno de los antiguos jefes de Pérez Molina, el ex dictador Efraín Ríos Montt, desató una campaña de “tierra arrasada” contra la población maya entre 1982 y 1983, en la que se exterminaron aldeas enteras. Treinta años después, Ríos Montt, quien fuera aliado cercano del expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, está siendo juzgado, y se lo acusa de “1 771 muertes, 1 400 violaciones de derechos humanos y del desplazamiento de 29 000 indígenas guatemaltecos”.
Sandra Moran, feminista, lesbiana, artista y activista guatemalteca que trabaja por los derechos de la mujer y los derechos humanos en la ciudad de Guatemala, es miembro y cofundadora del Colectivo Artesana y la Alianza Política Sector de Mujeres. Vivió exiliada en Canadá durante 14 años, tras participar en el movimiento estudiantil guatemalteco de principios de la década de 1980. Después de trabajar en el extranjero incansablemente para promover la solidaridad transnacional, Moran volvió a Guatemala para participar del Proceso de Paz y ayudar a reconstruir un país más pacífico, justo y humano.
Moran contó a Toward Freedom: “Durante la guerra era política de Estado atacar el cuerpo de la mujer como parte del ‘Plan de contrainsurgencia’ del Gobierno. Aunque la guerra terminó, esta violencia contra la mujer ha continuado”. Su oficina ha sido objeto de ataques, ingresaron a ella por la fuerza y dejaron rastros de sangre. Además, Moran ha recibió amenazas de muerte como resultado de su trabajo; agregó: “Algunos cuerpos han aparecido muertos y mutilados [en años recientes] del mismo modo que aparecían durante la guerra”.
En marzo del corriente, Amnistía Internacional envió un informe sobre Guatemala al Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que expresa su preocupación sobre el hecho de que “las víctimas mujeres a menudo son objeto de una excepcional brutalidad antes de ser asesinadas, dándose violaciones, mutilaciones y descuartizamientos”.
Moran agregó que estas formas misóginas de violencia y tortura son problemas sociales, y se han enseñado en los niveles tanto institucionales como individuales. Muchos de los maestros de este tipo de violencia trabajan con el Gobierno, el ejército y la policía, y a menudo son los mismos que han cometido estos delitos durante la guerra. Moran señaló también a los jefes de la industria de la seguridad privada, una industria que, según el informe JASS, ha llegado a los 28 000 agentes de seguridad privada legales y 50 000 agentes no registrados en todo el país.
En 2007, Amnistía Internacional publicó un informe que señalaba la presencia de “grupos clandestinos” en el país, conformados por el “sector empresarial, empresas de seguridad privada, delincuentes comunes, miembros de bandas y, posiblemente, miembros de las fuerzas armadas tanto en activo como retirados” que entonces como ahora, continúan atacando a activistas de derechos humanos con el fin de mantener su impunidad y un orden social injusto y patriarcal.
En el informe se afirma: “El proceso de paz nunca avanzó hacia un proceso necesario de construcción de la paz, que pudiera garantizar instituciones y prácticas sólidas… Por lo general, el Gobierno no lleva a cabo investigaciones ni procesa a quienes perpetran crímenes contra las mujeres.”
La acogida por parte del Gobierno guatemalteco de ex criminales de guerra y criminales actuales, junto con el apoyo que brinda a actores internacionales políticos y empresariales, sostiene lo que Russell, de Rights Action, llama “un orden social injusto, racista y violento”, y “se mantienen los negocios y la política como siempre”.
Negocios como siempre
En 1954, la CIA, a instancias de la United Fruit Company, coordinó el golpe que derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz Guzmán. Las razones detrás de este acto incluyen la rescritura del Código de Trabajo y las reformas agrarias realizadas por Arbenz, y consideradas inaceptables por la United Fruit Company y Washington. La idea de que Guatemala es únicamente una fuente de obra de mano barata y un lugar del que extraer recursos a bajo costo y con un nivel de supervisión aun más bajo ha sido una constante en la historia del país. Pareciera que la falta de justicia y una gobernanza débil se consideran una ventaja competitiva para el país. Por ejemplo, Amnistía Internacional, en el informe presentado ante la ONU el pasado mes de marzo, también señaló que: “las compañías siguen aplicando las deficientes disposiciones del Estado, en especial las mineras, y prefieren un estándar nacional de derechos humanos por debajo del internacional”.
Un ejemplo ofrecido por el informe JASS es el de la negativa de Pérez Molina a respetar el resultado de las 55 consultas comunitarias realizadas en las comunidades indígenas de todo el país, que expresaron un rechazo abrumador a los denominados proyectos de desarrollo: minería, petróleo y represas hidroeléctricas. Según el Convenio 169 de la OIT, instrumento jurídico internacional del cual Guatemala es signatario, las comunidades indígenas deben brindar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier proyecto que pudiera impactar sus territorios y comunidades. Otras “deficiencias del Estado” incluyen la negativa a investigar y procesar a los responsables de la violencia contra activistas que desafían el statu quo exigiendo que se reconozcan y honren sus derechos humanos, como los que se consagran en el Convenio 169.
La delegación de JASS encabezada por Menchú y Williams escuchó los testimonios de mujeres que compartieron historias de violencia durante la guerra, y violencia asociada a lo que hoy podría describirse como conflictos de baja intensidad relativos a tierra y recursos. Según el informe: “Ellas describieron que el intento actual es más sutil: forzar a las comunidades a que abandonen las áreas en las que los recursos, como los minerales, son muy codiciados. Pero los métodos son similares: violación, asesinato, prisión, división y hostigamiento… Las mujeres proporcionaron testimonios y pruebas de muchos casos en los que el ejército y la presencia de seguridad privada están asociados al sofocamiento de las protestas locales contra la minería y otros proyectos de desarrollo que desplazan y perturban a las comunidades para explotar recursos naturales”.
Menos de dos semanas después de la publicación del informe, unos asesinos le dispararon a Yolanda Oqueli Veliz, líder comunitaria de las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que trabaja contra el impopular proyecto minero de oro de la canadiense Radius Gold, y se encuentra ahora en el hospital en estado crítico.
Si bien la crítica hacia el Estado guatemalteco es necesaria y justificada, el Gobierno canadiense merece el mismo trato. Los legisladores de Ottawa han ayudado y alentado ese tipo de comportamiento por parte de su industria debido a lo que, en el mejor de los casos, podría ser indiferencia, pero probablemente sea un desprecio deliberado por los derechos humanos y ambientales de las comunidades afectadas por las compañías mineras canadienses.
Un ejemplo perfecto de esta situación fue el intento fallido de aprobar el proyecto de ley C-300, un instrumento legislativo modesto, por no decir defectuoso, que hubiera otorgado al Gobierno canadiense el poder de investigar denuncias por violaciones a los derechos humanos y quitar a las compañías infractoras los subsidios que provienen del dinero de los contribuyentes, y que se otorgan a través del Plan de Pensiones de Canadá y la Export Development Canada. Pareciera que los asesinatos y las violaciones en grupo con los que se ha relacionado a los proyectos mineros canadienses en Guatemala (por no mencionar hechos similares en el hemisferio y en otras partes del mundo) no son un incentivo suficiente para que los legisladores canadienses aprueben leyes que podrían responsabilizar a las compañías de su país por estos delitos y violaciones a los derechos humanos.
Si bien las mujeres son blanco de agresiones por haber liderado la lucha por la justicia social en estos conflictos, lo que les ha permitido asumir ese papel es un modesto avance en el ámbito de los derechos y el empoderamiento de la mujer.
“Desde el fin de la guerra, ha aumentado el liderazgo de las mujeres en sus comunidades y en las luchas comunitarias. Más y más mujeres se han dado cuenta de que tienen derechos y deben defenderlos. Y esto es, en parte, el motivo por el que ha aumentado la violencia contra la mujer”, dijo Morán, y agregó: “Un acto de violencia contra una mujer no es solo un acto contra el individuo sino contra todas las mujeres. Es un mensaje de que si sales de tu casa, si continúas organizándote o levantas la voz, esto es lo que puede sucederte”.
La guerra contra el narcotráfico: militarización y criminalización de la protesta
La ganadora del Premio Nobel de la Paz Jody Williams sugirió en el informe JASS que en Guatemala “la guerra contra el narcotráfico y la creciente militarización… se están convirtiendo en una guerra contra las mujeres”.
En el informe se insinúa que existe una correlación directa entre el aumento en la ayuda militar estadounidense y las estrategias de seguridad regionales que buscan exportar el modelo del “Plan Colombia” a México y América Central mediante políticas como la Iniciativa Merida, y el impacto creciente y desproporcionado de esta política sobre las mujeres.
“Ahora el tráfico de drogas lo realiza en Guatemala el crimen organizado. Sin embargo, muchas de las personas involucradas en el crimen organizado también son ex y actuales políticos, miembros de la élite económica, funcionarios de alto rango pertenecientes al Ejército y la Policía, miembros del sistema judicial, etc.”, sostuvo Russell. Y agregó: “Algunas de estas personas y sectores son los mismos que planearon y llevaron a cabo campañas de terrorismo de Estado y represión contra su propio pueblo en las décadas de 1970, 1980 y a principios de los años 90, en nombre de la ‘lucha contra el comunismo’ durante la Guerra Fría”.
Pero del mismo modo que la Guerra Fría no fue solamente una la lucha contra el comunismo, la guerra contra el narcotráfico también tiene otras razones: sirve como estrategia contrainsurgente para aplastar cualquier protesta que cuestione los intereses geopolíticos y económicos del Norte.
Mario Godínez, profesor universitario, miembro del MNR (Movimiento Nueva República) y de la organización ambiental Ceiba, dedicada a la antiminería en Guatemala, dijo al analista uruguayo Raúl Zibechi el año pasado, que el creciente “militarismo [está] al servicio de grandes firmas multinacionales”.
Por ejemplo, en mayo, Pérez Molina envió al ejército y la policía a la ciudad de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, al tiempo que declaró el “estado de sitio” después de que las protestas que se habían desatado por el asesinato de un líder comunitario local en el contexto de la resistencia contra una represa hidroeléctrica terminaran de manera violenta. Peréz Molina acusó a los manifestantes de ser narcotraficantes, y, más recientemente, a las comunidades que resisten los proyectos de minería y represas de ser parte de una conspiración que involucra a organizaciones internacionales y a la mafia. Pérez Molina repite como un loro la estrategia de su ex superior Ríos Montt, que durante su presidencia desestimaba las críticas a su salvaje “contrainsurgencia” considerándolas parte de una “conspiración comunista internacional” con organizaciones como Amnistía Internacional, a la cual señalaba puntualmente.
El aumento en la cantidad de mujeres que son blanco de ataques es tanto un brutal legado del pasado como una reacción ante el avance sutil en materia de los derechos de la mujer y su papel en la sociedad.
Walda Barrios-Klee, ex guerrillera y actual profesora de ciencias sociales e investigadora social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Guatemala, dijo a Toward Freedom: “En Guatemala se ha comprobado que cuantas más mujeres participan política y socialmente, hay más represión. Un ejemplo es el reciente atentado contra la vida de [la antes mencionada] Yolanda Oquelí”.
El informe JASS brinda recomendaciones concretas sobre cómo pueden trabajar los gobiernos y países para afrontar y resolver esta crisis. Barrios-Klee, que también participó del equipo de investigación de JASS, agregó: “Debemos tratar de tener un efecto en los lugares donde se toman las decisiones para tener, por lo menos, un modo más humanitario y responsable de tratar al medioambiente y las personas”.
Pero si la historia nos dice algo, puede ser cosa de tontos esperar que se institucionalice algún cambio en Guatemala, así como en los Estados Unidos y Canadá. DePauw’s Kuecker afirmó que este es el legado del coqueteo truncado que ha tenido Guatemala con la democracia y la construcción de la sociedad civil entre 1944 y 1954.
“El golpe de 1954 significó que los guatemaltecos nunca tendrían la oportunidad de construir las instituciones y la cultura política necesaria para evitar que hoy sucedan tales atrocidades, y aseguró una dominación continua ejercida por intereses económicos extranjeros”, comentó Kuecker, y agregó: “El genocidio de la guerra civil seguido por la paz sin justicia deja a Guatemala con poca capacidad para abandonar esta crisis social contemporánea, y la vuelve sumamente vulnerable a una mayor dominación, manipulación y expropiación por parte de las corporaciones y élites transnacionales”.
Se trata de una tarea colosal para los movimientos sociales de Guatemala, liderados cada vez más por mujeres. Sin embargo, la lucha por la justicia social y la paz es necesaria para construir en Guatemala un orden social democrático y humanitario.
Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org, una publicación online sobre activismo y política en América Latina.