(IPS) – “La gente desconoce qué es la técnica del ‘fracking (fractura hidráulica)’ y el tema preocupa poco porque aún no es visible”, razona Gabino Vicente, delegado de uno de los municipios del sur de México donde se avanza en la exploración de hidrocarburos no convencionales.
Vicente es representante edilicio de la comunidad de Santa Úrsula dentro del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, a unos 450 kilómetros al sur de la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, donde “el fracking se maneja como un tema oculto, falta mucha información”, según aseguró a IPS.
Tuxtepec, con unos 155.000 habitantes, y el también oaxaquense municipio de Loma Bonita forman parte del proyecto Papaloapan B, con otros siete municipios del vecino estado de Veracruz, impulsado por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2011 para explotar depósitos de gas y también de petróleo.
El proyecto, apoyado por la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se extiende por 12.805 kilómetros cuadrados y busca aprovechar reservas que se estiman entre 166.000 y 379.000 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo equivalente de gas de esquisto.
El programa contempla la perforación exploratoria de 120 pozos y la realización de 24 estudios geológicos, con una inversión total de unos 680 millones de dólares.
Pero en Tuxtepec lo desconocen. “No sabemos de él. Normalmente, las empresas no dotan de información a las comunidades, hacen los arreglos a oscuras o con algunos dueños de terrenos con engaños, aprovechándose de la falta de dinero en la zona”, denunció Vicente, cuya comunidad rural tiene unos 1.000 habitantes.
Estos trabajos para determinar si hay gas de esquisto (de pizarra), también conocido por el vocablo inglés “shale” requieren la técnica de la hidrofractura, en inglés “fracking”.
Consiste en perforaciones para obtener hidrocarburos incrustados en rocas subterráneas muy profundas, mediante la inyección masiva de agua y una mezcla de productos químicos para su liberación a gran escala.
Los residuos líquidos pueden contener sustancias que requieren tratamiento antes de ser desechados, según especialistas y organizaciones como la ambientalista Greepeace.
La estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de esquisto técnicamente recuperables, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, en un análisis sobre 137 depósitos en 41 países. En petróleo ocupa el séptimo puesto.
En silencio, la fractura hidráulica avanza por el subsuelo mexicano, envuelto en la opacidad y sin regulaciones, según datos de la no gubernamental Cartocrítica que indican que se perforaron al menos 924 pozos en seis de los 32 estados del país, de ellos 349 en Veracruz.
En 2010 el estudio “Proyecto Aceite (petróleo) Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones”, de la Secretaría (ministerio) de Energía y la CNH, situó en1.323 los pozos perforados mediante con esa técnica tan solo en Veracruz y el contiguo estado de Puebla.
En el nororiental territorio de Tamaulipas, donde se han perforado 100 pozos, Ruth Roux, directora del Centro de Investigaciones Sociales en la pública Universidad Autónoma de Tamaulipas, se encontró con el desconocimiento y la incertidumbre entre agricultores que han arrendado tierras para ese desarrollo.
“La primera dificultad es que no hay información de dónde hay pozos. Los agricultores están inconformes, porque no estaban informados de qué va a suceder con su tierra. Empiezan a ver que su entorno se transforma. Además, no saben qué es gas shale o el fracking”, refirió a IPS.
Dentro del estudio “Diagnóstico y análisis del impacto social de la exploración y explotación del gas/oil (petróleo) shale relacionado con la cultura, la legalidad, los servicios públicos y la participación de los actores sociales en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, Roux y su equipo entrevistaron a cinco productores de sorgo y dos dirigentes edilicios de cuatro municipios de Tamaulipas.
Sus hallazgos preliminares se remiten a sentimiento de abandono, falta de respeto, desconocimiento e incertidumbre, detalló la investigadora. En esas localidades se han perforado 42 pozos, en cuya proximidad se yerguen 443 viviendas.
La industria considera como estratégico el desarrollo del gas de esquisto para sostener su producción, que en abril se situó en 6.257 millones diarios de pies cúbicos.
Pero sus reservas probadas de gas convencional, según datos de Pemex de enero de 2014, estaban solo en algo más de 16.000 billones (millones de millones) de pies cúbicos, mientras que son mucho más auspiciosas las reservas estimadas de gas de esquisto, proyectadas en 141.000 billones de pies cúbicos.
Para 2026, según la proyección de Pemex, el país produciría 11.000 millones de pies cúbicos de gas, 45 por ciento provistos por yacimientos no convencionales.
La empresa identificado cinco cuencas ricas en gas de esquisto diseminadas en 11 estados.
Para el segundo semestre del año, la CNH prepara la licitación de los recursos no convencionales, dentro de la ejecución de la reforma energética cuyo marco legal quedó definido en agosto de 2014 y que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.
La transformación se compone de nueve nuevas leyes y la reforma de otras 12, que materializan la histórica reforma energética de diciembre de 2013.
La nueva Ley de Hidrocarburos estipula que los dueños de la tierra y las empresas, sean Pemex u otras operadoras, deben llegar a un acuerdo sobre la exploración y explotación de los recursos, pues de lo contrario un juez definirá los términos del arreglo.
Vicente aseguró que la ley dificulta cualquier negativa de la comunidad. “Tememos que el fracking afecte el agua, por la cantidad que requiere y por la contaminación de los (productos) químicos que usan. Cuando nos demos cuenta del proyecto, va a ser un poco tarde”, sostuvo.
Los pobladores de Tuxtepec, donde proliferan los cultivos de caña de azúcar, caucho y maíz, así como la ganadería, la pesca y el comercio, ya conocen lo que es luchar contra obras energéticas. Desde 2011 lograron la suspensión de la construcción de la pequeña hidroeléctrica Cerro de Oro, de 14,5 megavatios de capacidad y de capital privado.
La receta: la organización comunitaria. “Nos estamos organizando de nuevo. Lo que ha ocurrido en otros estados puede repetirse acá”, destacó el delegado edilicio.
Papaloapan B integra el Proyecto Integral Cuenca de Veracruz, trazado sobre 51 municipios de ese estado, para aprovechar sus reservas de esquisto.
En los linderos de Tuxtepec, Pemex ha perforado ya algunos pozos, sin que haya datos disponibles al respecto.
Los productores de Tamaulipas “se quejan de sus parcelas se llenan de agua”, después de las obras, y que “ya no producen igual”, señaló Roux, para quien las exploraciones generan “violencia” y son “fuente de conflicto”.
La especialista y su equipo extienden su investigación a los norteños estados de Nuevo León y Coahuila, donde se han perforado 182 y 47 pozos, respectivamente.
Cada perforación demanda entre nueve millones y 29 millones de litros de agua. Además, los fluidos de fracturación contienen unos 750 componentes químicos, entre ellos varios dañinos para la salud humana y el ambiente, según coinciden organizaciones ambientales y académicos estadounidenses.
Editado por Estrella Gutiérrez