Baja Verapaz, Miércoles 28 de Mayo, 2008—Tras tres anos de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 anos de prisión por cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por el hecho ocurrido el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salame debido a que falto pruebas en su contra. Los cinco condenados servirán solamente 30 anos en prisión, pues es la pena máxima por el delito de asesinato; los 780 anos suman 30 anos por cada una de las 26 victimas identificadas.
El vocal de la corte nombro cada de las 26 victimas identificadas de 177 mujeres y niños asesinados ese día antes de sentenciar a cada acusado, hallando los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable con voluntad de asesinato. El tribunal resumió declaraciones de los testigos, citando la planificación e intención del ejército con la participación de los patrulleros de matar la gente de Río Negro y declaro el testimonio de los sobrevivientes “mas que creíble.”
Además, los culpables tendrán que pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas. Sin embargo, el juez presidente reconoció que debido a la pobreza evidente de los condenados, eso va a ser difícil de cumplir.
Refiriéndose a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indico la importancia histórica de este caso dentro de la historia trágica del llamado “conflicto armado interno.” Durante la temporada mas violenta entre 1980 y 1983, el ejercito designo a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de ese análisis, la población civil estuvo definida como un enemigo interno, por eso el ejército organizo las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.
Desde allí, el ejercito realizo la estrategia de tierra arrasada usando los PACs para cometer varias masacres de la población civil en el área. La masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los patrulleros representan los autores materiales de los hechos, los que ejecutaron los órdenes que venían de la jerarquía militar. Por eso el tribunal ordeno la captura inmediata del prófugo capitán José Antonio Solares González, en cuyo contra hay una orden de captura vigente, quien fue el militar encargado de la región en ese entonces. Además se ordeno la captura de dos más ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.
En ese sentido la sentencia de los cinco ex-PAC es agridulce para los sobrevivientes de Río Negro. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala un testigo dijo durante la audiencia, “Justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Pues, ninguno de los autores intelectuales de la violencia, los altos mandos militares que planificaron y ordenaron las masacres, ha llegado al debate. Aunque los testigos hicieron un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para que puedan armar un caso en contra de los altos mandos, hasta ahora los ex-PAC han mantenido silencio.
El juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; llamo por tranquilidad, que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado, y que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.
La sentencia puede ser apelada, como fue emitida por el tribunal de la primera instancia.
Kimberly Kohler y Josh MacLeod son acompañantes internacionales de derechos humanos en Guatemala. Trabajan con el comité la Red de Solidaridad con la Gente de Guatemala (Network in Solidarity with the People of Guatemala—NISGUA) de los Estados Unidos. Han estado acompañando el caso de Río Negro desde diciembre de 2007.