Esta semana, Jorge Velazquez hizo un esfuerzo por ver el noticiario.
En Guatemala, que tiene uno de los índices de asesinatos más elevados del mundo, con frecuencia solo los titulares bastan para causar malestar a cualquiera.
Y cuando hace poco Jorge supo por las noticias que en una calle de la Ciudad de Guatemala se había encontrado a dos niñas de unos 6 y 12 años muertas por estrangulamiento, le inundó un repentino torrente de recuerdos.
Hará ahora unos 10 años, la hija de Jorge, Claudina, que entonces tenía 19, también fue hallada muerta. Había sido brutalmente asesinada en la Ciudad de Guatemala y su cuerpo lo arrojaron a un callejón.
Desde entonces ha trabajado incesantemente para encontrar a los responsables del asesinato.
Visitó innumerables veces la sede del Ministerio Público, sugirió líneas de investigación y presionó para que se resolviera el caso de su hija.
Pese a todo, no se ha habido ningún avance tangible.
Amnistía Internacional, además de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, han encontrado graves deficiencias en la efectividad de la investigación, como por ejemplo que no se hubieran realizado las pruebas pertinentes a los principales sospechosos para determinar si habían disparado un arma, o que las autoridades pretendieran devolver las ropas de Claudina a su familia en vez de realizar con ellas las oportunas pruebas forenses…
Los asesinos de Claudina no fueron nunca encontardos.
“Yo sigo pensando que la situación ha llegado a esos extremos por causa de la indiferencia de la sociedad, que no reacciona ante nada. La indignación no es suficiente: la indignación se tiene que expresar”, afirma Jorge.
Y desgraciadamente, la historia de Claudina no es excepcional en Guatemala.
Pese a las promesas realizadas por sucesivos presidentes del país de que se combatirían el crimen y la violencia contra las mujeres, y a pesar de la aprobación en 2008 en el Congreso de una ley por la que se establecían tribunales especiales y directrices para la imposición de condenas, las cifras siguen contando una historia bien distinta.
Solo en 2012, y según datos oficiales, unas 560 mujeres fueron asesinadas en este país centroamericano, muchas de ellas después de haber sido agredidas sexualmente.
La mayoría de los casos no son objeto de una investigación efectiva, y menos del cuatro por ciento de todos los homicidios en Guatemala terminan en la condena de los autores.
Rosa Franco sabe muy bien lo que Jorge está sufriendo.
A su hija María Isabel, de 15 años, la encontraron muerta en diciembre de 2001.
Rosa la vio por última vez la mañana del 16 de diciembre, cuando María salía hacia su primer día de trabajo en un centro comercial local.
Al no regresar María a casa, Rosa empezó la búsqueda. Tres días después, encendió el televisor y vio una imagen de su hija en el noticiario. Habían encontrado su cadáver tirado en una calle de la Ciudad de Guatemala.
“Me costó reconocerla”, recuerda ahora.
Desde entonces, Rosa no ha dejado de intentar que se lleve a cabo una investigación adecuada sobre lo que le sucedió a María Isabel, a causa de lo cual personas sin identificar la han amenazado de muerte y la han acosado.
La investigación se aplazó tantas veces que Rosa llevó su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la más alta instancia en materia de derechos humanos en la región), la cual resolvió en octubre de 2006 que el Estado de Guatemala había demorado sus investigaciones sin ningún motivo justificado.
La causa se ha elevado ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades guatemaltecas para que actúen.
“De haber sido la hija de un diputado o de un ministro ya habrían agarrado a los autores. Pero no les importa. Es que era una marera, es que era una prostituta. Eso es lo que me dijo a la cara la persona que llevaba el caso”, asegura Rosa.
Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades guatemaltecas que adopten medidas para proteger a las mujeres contra la violencia, y que garanticen que tanto las investigaciones como los enjuiciamientos de homicidios de mujeres se llevan a cabo de forma efectiva, oportuna y exhaustiva.
“Yo diría al gobierno que reaccione, que deje de mentir, deje de decirnos que la situación está mejor: no se puede decir que está mejor si siguen ocurriendo crímenes tan espantosos como estos. Yo diría al gobierno que cumpla con sus deberes de protegernos, que es la función básica de un gobierno”, concluye Jorge.