Mientras decenas de miles de cuerpos siguen apilándose a causa de la “Guerra contra el narcotráfico” encabezada por los Estados Unidos en América Latina, los contratistas privados se ven beneficiados por lucrativos contratos federales antidrogas que ascienden a miles de millones de dólares, sin preocuparse por la supervisión ni la rendición de cuentas.
Los contratistas estadounidenses en América Latina reciben dinero de los departamentos de Defensa y Estado para proveer servicios de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, entrenamiento y suministrar equipamiento.
“Cada vez es más claro que nuestros esfuerzos por frenar el comercio de estupefacientes en América Latina, en especial en lo relativo al uso de contratistas por parte del Gobierno, han fracasado en gran medida”, dijo la senadora estadounidense Claire McCaskill, presidenta del Subcomité del Senado sobre la Supervisión de Contratación. Este mes, el Subcomité emitió un informe sobre contratos antidrogas en América Latina. McCaskill agregó: “Sin la supervisión y gestión adecuadas, estamos derrochando nuestros impuestos y destinando dinero para resolver un problema sin si quiera saber qué obtenemos a cambio”.
Washington repartió 3 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, con lo que el gasto aumentó 32% durante ese quinquenio. DynCorp International fue la gran ganadora, pues acumuló 1.100 millones de dólares: el 36% del total del gasto en contratos antidrogas de la región efectuado por los departamentos de Defensa y Estado. Entre otros contratistas que se benefician del gasto figuran: Lockheed Martin, Raytheon, ITT y ARINC.
En el informe se afirma que “El Gobierno Federal no tiene en funcionamiento ningún sistema uniforme que controle o evalúe si los contratos antidrogas están cumpliendo con sus objetivos”.
El informe del Senado del 7 de junio se emitió menos de una semana después de que una comisión internacional de políticas sobre drogas declarara que la “Guerra contra el narcotráfico” es un fracaso. De la comisión participaron, entre otros, el ex secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan, el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex presidente colombiano Cesar Gaviria.
La falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas por parte de los departamentos de Defensa y Estado respecto de los contratos antidrogas que efectúan salió a la luz el año pasado en una audiencia de mayo de 2010 celebrada por McCaskill, en la que el Departamento de Defensa ofreció una explicación insuficiente sobre cómo se gasta en contratistas privados el dinero destinado a la “Guerra contra el narcotráfico”. Significativamente, se supo que, para la audiencia, el Departamento de Defensa tercerizó su auditoría a un contratista privado. En respuesta, la frustrada senadora dijo en ese momento: “no dudaré en emitir citaciones judiciales” con el fin de obtener información precisa.
Este enfoque liberal adoptado por Washington con los contratistas privados suele derivar en delitos y violaciones a los derechos humanos en países extranjeros. Por ejemplo, DynCorp, la compañía a la que Washington confió la mayor parte del dinero de los contribuyentes destinado a la guerra antidrogas, ha estado envuelta en distintos escándalos a lo largo de estos años, que incluyen: presuntos casos de relaciones sexuales entre los empleados y mujeres adolescentes en Bosnia, que luego eran vendidas como esclavas sexuales; reclutamiento de “jóvenes bailarines” en Afganistán; rociado de químicos tóxicos en Colombia, que afectaron a Ecuador, y, según se cree, causaron “problemas de salud en gran escala, numerosas muertes y daños ambientales generalizados”.
Como respuesta a las críticas, un vocero del Pentágono declaró al L. A. Times que los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico “se ubican entre los programas más exitosos y de mejor relación costo-beneficio” en décadas, y que “los Estados Unidos han recibido amplios beneficios estratégicos en materia de seguridad nacional, a cambio de sus inversiones en esta área”. Entre algunos de esos “beneficios” podrían mencionarse las bases militares norteamericanas en Colombia; una academia para el cumplimiento de la ley ubicada en El Salvador y administrada por “entrenadores” estadounidenses, que los críticos temen podría convertirse en otra “Escuela de las Américas”; y la garantía del acceso comercial al petróleo. Sin embargo, esos beneficios definitivamente no incluyen una reducción significativa de la cantidad de drogas que ingresa a los Estados Unidos, como señaló recientemente Peter Chalk, de la Rand Corporation, en su informe sobre el comercio de drogas en América Latina, un análisis auspiciado por la Fuerza Aérea estadounidense.
Queda claro que la guerra contra las drogas encabezada por los Estados Unidos está fracasando como política para detener la producción y el tráfico de drogas. Y no es que no existan numerosas soluciones viables planteadas por distintas personas a lo largo del hemisferio. Javier Sicilia, poeta mexicano y principal activista contra la violencia causada por la guerra antidrogas en su país, le dijo a Laura Carlsen del Programa de las Américas: “Los Estados Unidos deben volver a empezar, escuchar los reclamos de los ciudadanos, y los Estados Unidos deben recordar, como país democrático, que la soberanía reside en los ciudadanos, no en los funcionarios del gobierno”.
Cyril Mychalejko es editor de
www.UpsideDownWorld.org.