(IPS) – Indígenas del pueblo amazónico mundurukú hicieron oír en la capital de Brasil su reclamo de demarcación de tierras y derecho a consulta previa para frenar el complejo hidroeléctrico del Tapajós, que podría inundar varias de sus aldeas.
“Hasta hoy nadie del gobierno vino a hablarnos. La tierra para nosotros es nuestra madre. Allí vivimos y criamos a nuestros hijos y nietos. Si el gobierno nos saca, no tenemos a dónde ir”, dijo a IPS por teléfono desde Brasilia el mundurukú Juarez Saw, de 45 años, cacique de Sawre Muybu, una de las aldeas afectadas.
Tras la senda de la central de Belo Monte en el río Xingú, el gobierno de Brasil pretende erigir un gran complejo de represas hidroeléctricas sobre el río Tapajós, en el mismo estado amazónico de Pará, noreste de este país.
Situado en plena Amazonia y en un área de importantes reservas auríferas, el proyecto implica la construcción de cinco centrales en la cuenca del Tapajós, que tendrán una potencia estimada de 10.700 megavatios.
Una mancha verde de siete unidades de conservación acompañan el cauce del río entre las tres ciudades más importantes de sus orillas: Santarém, en el bajo Tapajós y con unos 300.000 habitantes, Itaituba, en el curso medio y con 130.000 personas, y Jacareacanga, en el curso alto y con 40.000 habitantes.
La central hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós, con una potencia de 6.133 megavatios, será la principal, pero no va a estar sola. Se prevén también Jatobá, sobre el mismo río, y Jamanxin, Cachoeira do Caí y Cachoeira dos Patos, sobre el río Jamanxin.
El cronograma de la estatal Empresa de Investigación Energética establece que el complejo esté operativo entre 2017 y 2020.
A lo largo del Tapajós, se verían afectados unos 13.000 indígenas mundurukú, y el proyecto impactará también en los pueblos kayabi y apiaká, lo que eleva a 20.000 la cantidad de población nativa damnificada.
Diez caciques y 30 guerreros mundurukú llegaron el martes 10 y este miércoles 11 a Brasilia reclamando al gobierno que apure la demarcación de los territorios de sus aldeas en el medio Tapajós.
El martes, los indígenas protestaron contra las centrales del Tapajós y de otro río cercano, el Teles Pires, en la Cámara de Diputados y frente a la sede de la Procuraduría General de la Unión, a la que también demandan que revoque el decreto 303.
Ese decreto, que la Procuraduría profirió el 16 de julio de 2012, reglamenta la actuación de defensores públicos y fiscales en procesos judiciales sobre demarcación de tierras indígenas en todo el país, con el fin declarado de asegurar la estabilidad jurídica.
Pero el decreto permite también al Estado instalar, dentro de las reservas, equipamiento, redes de comunicación, calles y otras vías de transporte, además de las construcciones necesarias para la prestación de servicios públicos, como salud y educación.
Este aspecto del decreto limita la potestad de los pueblos indígenas al acceso y usufructo de sus territorios y vulnera su derecho a la consulta previa sobre actividades o proyectos que se desarrollen en sus tierras, sostiene el católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
“Traemos una vez más el grito contrario a las hidroeléctricas en la región. Es una situación difícil, percibimos que hay una decisión política del gobierno de no demarcar cualquier tierra indígena”, dijo a IPS desde Brasilia el secretario ejecutivo del CIMI, Cleber César Buzatto.
En su opinión, la situación conflictiva se agravó por “la inercia del Poder Ejecutivo, que no avanza en los procedimientos administrativos” determinados por la Constitución, como la demarcación y la consulta previa a los pueblos indígenas.
“Confiamos en el poder de resistencia de los pueblos para la defensa y obtención de sus derechos. La cuestión central es que el gobierno reconozca esos derechos y demarque la tierra indígena de los mundurukús en la región del medio Tapajós, área de incidencia de la central de São Luiz”, explicó Buzatto.
Para llegar a Brasilia desde Itaituba, los mundurukús recorrieron unos 2.000 kilómetros en autobús durante tres días.
Los delegados proceden de diferentes aldeas: Sai Cinza, Missão Cururu, Trairão, Boca do Rio das Tropas, Buritituba, Aldeia Nova y Restinga, en el alto Tapajós, donde ya hay un territorio demarcado, y Praia do Mangue y Sawre Muybu, del curso medio, que aún no cuentan con títulos sobre sus tierras.
Sin demarcación definitiva, las aldeas del medio Tapajós corren riesgo de ser desplazadas y que las represas inunden sus territorios.
“Nuestra lucha principal es la demarcación. No vinimos a amenazar. No nos prestan atención, solo cuando venimos a Brasilia”, dijo el cacique Saw a IPS por teléfono. “Es muy cansador venir para volvernos sin respuesta”, añadió.
Sawre Muybu, fundada en 2008, se compone de 20 familias con 150 personas y está a 50 kilómetros de Itaituba por la carretera transamazónica BR-230 o a más de una hora de navegación fluvial.
Según el cacique, antes de que se fundaran las aldeas del medio Tapajós, los mundurukús vivían en comunidades ribereñas donde acababan perdiendo sus costumbres, además de que no recibían atención especial de salud por parte del gobierno.
“Estamos en Brasilia para saber por qué la presidenta de la (gubernamental) Fundación Nacional del Indio (Funai) no quiere firmar el informe antropológico. Va a tener que justificar por qué o va a pasar hambre”, amenazó.
En diálogo telefónico, Juarez Saw sostuvo que el primer informe antropológico que documenta las raíces históricas de los mundurukús en esas tierras del medio Tapajós se hizo en 2007, pero nunca fue entregado.
Se debió hacer un nuevo estudio, que está listo desde mediados de año y a la espera de que lo firme la presidenta de la Funai, Maria Augusta Assirati, para dar continuidad al trámite de demarcación.
Saw relató que su aldea se enteró de que podía quedar bajo el agua en 2010, por activistas del Movimiento Tapajós Vivo.
Los indígenas movilizados se hospedaron en una finca del CIMI, a 40 kilómetros de Brasilia.
“Ellos nos buscaron pidiendo apoyo para hacer estas exigencias al gobierno que, lamentablemente, no reconoce que está pasando por encima de los derechos del pueblo de aquella región”, dijo Buzatto, el secretario ejecutivo del CIMI.
En respuesta a IPS, el Funai informó que su presidenta no tenía en su agenda una audiencia con los caciques y guerreros mundurukú, pero ante sus clamores, decidió recibirlos este miércoles.
El pueblo mundurukú es combativo y acepta solo a regañadientes enviar representantes.
En mayo, los mundurukús invadieron y ocuparon durante dos semanas una planta de los constructores de Belo Monte, a una distancia de 830 kilómetros por carretera desde sus territorios, en solidaridad con los afectados del río Xingú y para reclamar la suspensión de los proyectos hidroeléctricos en su propia cuenca.
En junio llegaron a Brasilia para negociar con el gobierno. Como no aceptaban enviar delegados, las autoridades debieron disponer de dos aviones para trasladar a 144 indígenas.
Poco después, ese mismo mes, tomaron de rehenes a tres biólogos que analizaban la flora y la fauna local para los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas, con lo que frenaron el proceso hasta agosto. Para retomarlo, el gobierno y la Funai debieron avisar previamente a los indígenas.