“La guerra contra las drogas es un pretexto para la militarización de zonas ricas en recursos naturales en México y en Centroamérica, como sucedió durante el Plan Colombia en Colombia”, dice Dawn Paley, autora del libro venidero, “Drug War Capitalism”, (El capitalismo de la guerra contra las drogas).
Fuente: teleSUR English
Publicado a principios de este mes por unos ex-jefes del estado y otros políticos del mundo, un informe encabezó muchos periódicos por el mundo entero no solamente por su declaración que la guerra contra las drogas fue un fracaso, sino también por su aprobación de la descriminalización de las drogas, incluso la heroína y la cocaína.
Sin embargo, los medios ignoraron en gran parte una de las más importantes críticas del informe, esa es, la crítica de la militarización de la guerra contra las drogas.
“Las respuestas implementadas con máximas fuerzas militarizadas han llegado, de manera nada lógica, a perjudicar la seguridad en lugares tales como Afganistán, Colombia y México”, declara la Comisión Global de Políticas de Drogas en su informe titulado, “Tomando Control: Pistas Hacia las Políticas de Drogas Que Funcionen”.
La Comisión, que publicó su informe el día 9 septiembre, incluye a ex-presidentes tales como Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México, tanto como al ex-Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Kofi Anan y George P. Schultz, quien era el Secretario del Estado estadounidense durante el gobierno de Reagan.
En el informe, se declara también que, “Las respuestas militarizadas han llegado a veces en la infiltración y la corrupción por parte de los carteles en los gobiernos, las fuerzas armadas y la policía, además que en una cultura de impunidad por violaciones de derechos humanos, sobre todo los asesinatos y las desapariciones extra-judiciales”.
Estas críticas son significativamente relevantes en Latinoamérica, adonde las políticas lideradas por los EEUU, tales como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, los dos principales teatros en la guerra contra las drogas en la región, han tenido un impacto terrible sobre los derechos humanos en ambos países mientras que no hayan logrado casi ninguna disminución sobre la incidencia del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Sirve como un ejemplo perfecto en apoyo a las reivindicaciones por parte de la Comisión, de corrupción, de violaciones de derechos humanos y de la impunidad, la discusión de la semana pasada en el Senado de Colombia acerca del ex-Presidente Álvaro Uribe, quien lideró la guerra contra las drogas en su país entre los años 2002 y 2010, y su presunta vinculación a paramilitares y al narcotráfico.
Durante el mandato de Uribes, el país se vio afectado por un escándalo parapolítico, en lo cual se vincularon el presidente, los miembros de su partido, y los integrantes de las fuerza armadas, con los paramilitares de derecha.
Diego Murillo Bejarano, también conocido como Don Berna, un ex-líder de las Autos-Defensas Unidas de Colombia (AUC), grupo colombiano paramilitário de derecha, testificó en 2009 que apoyó el financiamiento de la campaña electoral del Presidente Uribe en 2002. Aún más perturbador es el hecho que unos miembros del grupo paramilitário testificaron que encendieron al horno a las víctimas de la masacre, en coordinación con oficiales del gobierno.
Además, en el año 2008, Uribe se vio involucrado en un escándalo posteriormente denominada el falso positivo, durante el cual, se reveló, unos militares del país habían asesinado a pobres campesinos colombianos y luego los habían revestidos en ropa de los guerrillas. Se estimó en muchos sectores que los hechos habían sido instigados por una política, bajo la cual se les otorgaban primas, ascensos y días de vacaciones adicionales a los soldados, en relación con el número de matanzas realizadas. Según lo que afirma un cable del año 2009 de la embajada EEUU en Bogotá, difundido por el Wikileaks, Uribe se medía el éxito de la guerra contra las drogas por la cifra de muertos.
Sin embargo, no debe ignorarse el papel de los EEUU. Según un informe del mes de júlio de este año, acerca del escándalo falso positivo, publicado por el Fellowship of Reconciliation (Movimiento por la Reconciliación), se afirma que, “Basado en los datos sobre 5.763 asesinatos denunciados en Colombia y además una documentación extensiva del apoyo por parte de los EEUU a las fuerzas armadas de Colombia, hemos encontrado una correlación positiva entre las unidades y oficiales que recibieron ayuda y capacitación americanas, con la comisión de asesinatos extrajudiciales”.
Por ejemplo, según el informe de la dicha organización interconfesional dedicada a la paz y la justícia, se nota que casi el 50 por ciento de los oficiales colombianos que han sido capacitados entre los años 2001 y 2003 al Western Hemisphere Institute for Security Cooperación, (el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) mejor conocido por su antiguo nombre, la Escuela de las Americas, “habían sido acusados de un delito grave o habían sido comandantes de unidades integrados por miembros que aparentemente habían cometido asesinatos extrajudiciales”. Además, los Estados Unidos han ignorado o han cerrado los ojos frente a las denuncias de escándalos de derechos humanos en el país.
Sanho Tree, becario al Institute for Policy Studies (Instituto para Estudios sobre Políticas) y director de su proyecto sobre la política en materia de drogas (el Drug Policy Project), informa al teleSUR English que dicho escándalo nunca ha generado mucho interés en Washington porque “va en contra del dominante discurso preferido”, según lo cual se dice que la guerra contra las drogas, y particularmente el Plan Colombia, han sido exitosos.
“Watergate no fue nada respecto a este escándalo”, dice Tree. “Imagínese Nixon con unos esquadrones de la muerte domésticos”.
A pesar de los escándalos, los asesinatos, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos cometidos regularmente bajo el Plan Colombia, este modelo de una guerra contra las drogas fue exportado al norte hacia México bajo el nombre de la Iniciativa Mérida en el año 2008. Este “Plan México”, junto con el empleo, por parte del ex-presidente de México Felipe Calderon, de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha de la llamada guerra contra las drogas, ha llevado resultados semejantes.
Molly Molloy, investigadora sobre la frontera y Latinoamérica a la Biblioteca de la Universidad del Estado de Nuevo México, empezó a enfocar sus estudios en la violencia de la guerra contra las drogas en el año 2008, después de haber visto estallar una situación, según ella, de “hiper-violencia” en Ciudad Juárez, México. Se incluyen los estudios de Molloy en el libro”Ciudad de Homicidio: Ciudad Juárez y los nuevos campos de muerte de la economía mundial”, escrito por el recientemente fallecido Charles Bowden.
Ella estima que el índice de personas asesinadas en el país desde el año 2007, es mucho más alto que lo que pretende el gobierno mexicano. Empleando las estadísticas de varios organismos del gobierno mexicano, ella calcula la cifra de muertes a al menos 155.000, la que contrasta con los 80.000 hasta 100.000 a menudo citados en reportajes mediáticos. Agrega, sin embargo, que sus cifras no toman en cuenta las decenas de miles de mexicanos que han sido desaparecidos de forma forzada.
“Los fundos de la Iniciativa Mérida prestados a México y al Plan Colombia están destinados, en gran parte, al financiamiento de una lucha violenta contra las organizaciones del narcotráfico”, dice Molloy. “En mi opinión, esta violencia genera aún más violencia mientras no haciendo nada para eliminar las organizaciones del narcotráfico”.
En 2012, según el InSight Crime, un sitio web dedicado a los estudios y análisis, se descubrieron, en el estado mexicano de Michoacán, unos hornos provisorios y los restos de cuerpos incinerados, así demostrando el trayecto al norte de los tácticos del gobierno paramilitário de Colombia. Y con respecto a la sugerencia de Molloy, acerca de la generación de más violencia, la organización Amnestía Internacional publicó un informe este mes, en lo cual se declara que aumentaron por 600 por ciento, entre los años 2010 y 2013, el número de casos de tortura y violaciones de derechos humanos cometidos por la policía mexicana.
Además, a pesar de los antecedentes que comprueban un aumento de violencia bajo una política de procuración de justicia militarizada, los presidentes de Guatemala y Honduras están pidiendo que los Estados Unidos proporcionen financiamiento por una versión centroamericana del Plan Colombia .
Aunque la eliminación y la reducción del narcotráfico desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos sean el supuesto objetivo de la Guerra contra las drogas, sus fracasos han sugerido la potencialidad de motivos ulteriores. Según Dawn Paley, periodista y autora del libro venidero, Drug War Capitalism (El capitalismo de la Guerra contra las drogas), puede ser que hay motivos económicos por la militarización de esta región rica en recursos naturales.
“Debemos usar una nueva métrica para medir el éxito del Plan Colombia, una que estudia sus beneficios en términos del capital transnaciónal”, Paley dice al teleSUR English. “Si estudiáramos los resultados del Plan Colombia basado en como éste reforzó el néoliberalismo en Colombia, tendríamos que reconocer que fue exitoso. Eso fue exactamente lo que inspiró la creación de la Iniciativa Mérida en México u otras políticas semejantes relacionadas a la guerra contra las drogas en otros países”.
Paley dice que en Colombia, existen casos documentados en los cuales se tratan de la asistencia por parte de paramilitares de derecha a las corporaciones transnacionales que tienen operaciones en el país. Por ejemplo, la grande empresa de bananas Chiquita Brands Internacional proporcionó más que US$1 millón a las AUC. Otras empresas, acusadas de haber usado a paramilitares por fines de lucro, incluyen la compañía de carbón estadounidense Drummond, la Occidental y la BP.
“Los paramilitares colombianos estaban implicados en la violencia anti-síndaco y en el desplazamiento de comunidades indígenas que viven en zonas ricas en recursos naturales”, agrega Paley.
Según un informe del año 2001 por el Consorcio Internaciónal de Periodistas Investigativos, las petroleras estadounidenses presionaron al gobierno de su país por un aumento de asistencia militar a Colombia por medio del Plan Colombia.
“La protección de los intereses de las petroleras y otras empresas estadounidenses es un factor clave del plan, y también, en las vinculaciones tradicionales de las guerrillas narcotraficantes de derecha con sus aliados en los EEUU, es implícito un compromiso exclusivo a la extirpación del narcotráfico”, agrega Paley, quien califica el informe de la Comisión mundial en materia de las drogas como “un paso adelante en la buena dirección” aunque, afirma ella, no sea suficiente.
“Ojalá si hubiera incluido un análisis económico más profundo que trataba de cómo, a ciertos sectores de la economía, la guerra contra las drogas habían proporcionado beneficios”, agrega Paley. “Es un elemento crucial del porque el modelo militarizado de la guerra contra las drogas sigue siendo promovido por los EEUU en Latinoamérica y en otros países”.
En lugar protagónico de las recomendaciones de la Comisión, están los derechos humanos.
“Es primordial una mayor rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos perpetrados durante la procuración de justicia relacionada a la guerra contra las drogas”, se declara en el informe. Sin embargo, no se explicó cómo lograr este objetivo, sobre todo ante las dificultades que enfrentan los países tales como Colombia y México, los cuales son afligidos con problemas surgiendo de la corrupción generalizada y la impunidad institucionalizada.
“Los objetivos de la Comisión son muy ambiciosos, pero no son muy estratégicos en este momento”, dice Tree, del Instituto para Estudios sobre Políticas. “La clave está en los detalles. ¿Cómo se implementan estas cosas?”