La misión del Banco Mundial es erradicar la pobreza. Sin embargo, los críticos afirman que su historia en América Latina está manchada por conflictos de tierras, violaciones de derechos humanos y destrucción ambiental.
Fuente: teleSUR
El auditor interno del Banco Mundial criticó a la institución el lunes 11 de agosto por no brindar garantías ambientales y sociales adecuadas antes de conceder un préstamo al banco más importante de Honduras.
Es la segunda vez en lo que va del año que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), brazo privado del Banco Mundial, es objeto de duras críticas por sus prácticas irresponsables de financiamiento en el país centroamericano.
La Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO, por su sigla en inglés) señaló en su auditoría que el préstamo de la IFC del año 2011 por USD 70 millones al Banco Fichosa no ha evaluado adecuadamente a los clientes de alto riesgo del banco hondureño.
Según consta en el informe: “La ausencia de un proceso de examen ambiental y social que se correspondiera con el nivel de riesgo implicó que a los principales responsables de la toma de decisiones […] no se les presentó una evaluación adecuada de los riesgos que conllevaba la inversión”.
Uno de los clientes de Fichosa, y exprestatario de la IFC, es la empresa hondureña Dinant, que produce aceite de palma. Las operaciones de Dinant en la región del Valle del Bajo Aguán han ocasionado durante décadas disputas con los campesinos del lugar por la tenencia de tierras, a lo que se suman denuncias contra la empresa por violaciones de derechos humanos.
Grupos de derechos humanos afirman que la seguridad privada de la compañía, en estrecha colaboración con las fuerzas militares hondureñas, son responsables del asesinato de al menos decenas de campesinos de la zona, un hecho que la CAO citó en una auditoría anterior dada a conocer en enero, en la que criticaba el préstamo otorgado por la IFC a Dinant en el año 2009.
En su informe del día lunes 11, la CAO indica que al descubrir que Dinant era cliente de Fichosa, “empresa acerca de la cual IFC tenía conocimiento de que estaba afectada por un violento conflicto sobre tierras”, la agencia de auditorías inició su investigación.
David Pred, director general de Inclusive Development International, comentó a Telesur English: “Seamos claros, no se trata solamente de no tener en consideración los riesgos sociales y ambientales. Se trata de que el Banco Mundial está lucrando con empresas implicadas en asesinatos, desapariciones y robo de tierras”.
Carla García Zendejas, directora de programa del Center for International Environmental Law (Centro de Derecho Internacional Ambiental) con sede en Washington, dijo que si bien es posible concluir que los intereses financieros pueden superar las preocupaciones por los derechos humanos en el Banco Mundial, la estructura burocrática de la organización también tendría parte de la culpa.
En una entrevista con Telesur English, agregó: “Parte de la información se recibe pero no se utiliza para detener inversiones en este tipo de situaciones peligrosas en las que existen violaciones de derechos humanos, y el estado de derecho en el lugar ya se encuentra en riesgo”.
La IFC, en su contestación escrita al informe de la CAO, respondió que ya se habían efectuado cambios para resolver cualquier deficiencia de procedimiento.
En la respuesta presentada el día lunes se afirma: “Conforme a esta nueva estructura, se dará el mismo peso y la misma atención al riesgo [ambiental y social] que al riesgo financiero y reputacional”.
Tanya Kerssen, coordinadora de investigación en Food First/Institute for Food and Development Policy (Instituto para la Política de Alimentación y Desarrollo) dijo a Telesur English que los críticos no deberían considerar que los casos de Dinant y Fichosa son fallas institucionales por parte del Banco Mundial; antes bien, estos casos deben analizarse a la luz del objetivo más amplio del Banco Mundial de impulsar el capitalismo y las reformas neoliberales en el mundo en vías de desarrollo.
También opinó que la respuesta de la IFC según la cual darían prioridad a los riesgos ambientales y sociales no es más que retórica vacía.
Kerssen afirmó: “Lamentablemente, ya sea en agricultura o industrias extractivas, el Banco tiene una larga historia de utilización de evaluaciones sociales y ambientales como medio para lograr que se aprueben proyectos, y legitimarlos, y no como herramienta para examinar las consecuencias reales de una posible inversión”.