13 de abril de 2006
El 21 de enero, en una colina cerca de La Paz, una ceremonia tradicional significó un importante viraje de la política boliviana y un hito para la Nueva Izquierda en crecimiento en Latinoamérica. En Tiwanaku, un sitio de ruinas pre-incaicas, de gran significación para las poblaciones indígenas del país, un Evo Morales descalzo, vestido con una túnica roja, recibió un bastón de oro y plata de manos de los líderes del pueblo aymara. Fue la primera vez en 500 años que esta transferencia ritual de liderazgo se celebraba en Bolivia, y sucedió un día antes de que Morales, ex presidente del sindicato de cultivadores de coca y líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS), prestara juramento oficial del cargo de presidente de su país.
En diciembre Morales, cuya campaña electoral se basó en la defensa de los derechos indígenas y denunciaba el neoliberalismo económico, ganó de manera aplastante en las urnas. Superó a rivales que incluían a Jorge Quiroga, un favorito de Washington que fue presidente de Bolivia de 2001 a 2002 cuando completó el período del antiguo dictador Hugo Bánzer. Con un sorprendente 54% del voto en unas elecciones multirraciales, Morales no solo obtuvo el margen necesario para evitar una segunda vuelta, sino que alcanzó la mayor autorización que haya obtenido un presidente en la historia de Bolivia.
Sin embargo, puede que la tarea más difícil de Morales apenas haya comenzado. Asciende al poder como el primer presidente indígena en un país donde las dos terceras partes de la población se identifican con los aymaras, quechuas u otro grupo indígena. La misma fracción del país vive en la pobreza, y la división entre ricos y pobres es muy similar a la división racial. Morales ha anunciado planes para nacionalizar las reservas de gas del país, reescribir la constitución en una asamblea popular, redistribuir tierra a agricultores pobres y cambiar las reglas de la lucha contra las drogas que dirige EEUU en Bolivia. Si él ayuda a hacer avanzar el cambio radical que su movimiento social exige, se enfrentará a la presión de los inversionistas corporativos y de la Casa Blanca. Si se decide por un camino más moderado, los movimientos sociales han prometido organizar el mismo tipo de huelgas y protestas que han derrocado a dos presidentes anteriores durante los últimos dos años.
Aunque Morales se enfrenta a estas pruebas en los meses venideros, lo hará en el contexto de una América del Sur que se ha desplazado cada vez más a la izquierda. Su administración se une a gobiernos de centro izquierda en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Estos países ofrecen distintas sugerencias de lo que los gobiernos progresistas pueden lograr, y de qué manera pudieran responder los movimientos sociales y las élites financieras.
El momento boliviano
Morales comienza su presidencia después de varios años de conmociones sociales en Bolivia, alimentadas por un rechazo a la globalización corporativa que incrementó la pobreza y exacerbó la desigualdad en el país. En abril de 2000 los residentes de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, organizaron grandes protestas callejeras y barricadas contra la privatización del agua exigida por el Banco Mundial y que benefició a la Corporación Bechtel. En febrero de 2003 treinta y cuatro bolivianos murieron durante protestas contra un aumento de los impuestos aprobado a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y, en parte en lo que llegó a conocerse como la "guerra del gas" de Bolivia, más de 60 personas murieron en las protestas en octubre de 2003 contra la ampliación de las privatizaciones del gas natural del país y de un plan para exportarlo hasta Chile.
En ese tiempo la mayoría indígena de Bolivia se refería al presidente en el poder, el multimillonario Gonzalo Sánchez de Lozada, como "el gringo", porque se crió en Estados Unidos y habla español con acento. Como presidente Sánchez de Lozada, líder de uno de los partidos derechistas de Bolivia–el Movimiento Nacionalista Revolucionario–defendió siempre la liberalización del comercio y el ajuste estructural recomendado por el FMI.
Después de la muerte de los manifestantes por el asunto del gas, los activistas comenzaron a pedir la renuncia de Sánchez de Lozada. Finalmente fue derrocado el 19 de octubre de 2003. El Vicepresidente Carlos Mesa ocupó su lugar, como estipula la constitución del país. Bajo Mesa se celebró en julio de 2004 un referendo acerca de los recursos de gas boliviano. La medida no incluía la opción de la nacionalización de las reservas de gas natural del país. En marzo de 2005, en medio de manifestaciones masivas adicionales, Mesa abandonó el cargo tras argumentar que era incapaz de gobernar un país tan tumultuoso. Por esa época, el MAS de Morales tenía la esperanza de que Mesa se mantuviera hasta las elecciones de 2007, de manera de poder construir una base de apoyo más fuerte con vistas a un futuro gobierno.
Entre los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones de diciembre de 2005, Morales tiene los más amplios vínculos con los movimientos sociales del país por haber convertido al sindicato de cultivadores de coca en uno de los movimientos sociales más prominentes del país y haber liderado el MAS. Pero a pesar de su historial como organizador, Morales desempeñó un papel limitado en los levantamientos populares de los últimos años. Por ejemplo, en el momento más álgido de la guerra del gas en 2003, cuando las movilizaciones tomaron las calles para exigir la nacionalización de las reservas de gas del país, Morales se encontraba en Ginebra realizando reuniones de política parlamentaria. Las acciones de Morales estuvieron dirigidas a generar amplio apoyo entre sectores diversos de la sociedad, incluyendo la clase media y aquellos que no apoyaban totalmente la táctica de los grupos de protesta. Esta estrategia, combinada con el direccionamiento del impulso de los movimientos sociales hacia el plano electoral, contribuyó a su victoria el (pasado) 18 de diciembre.
Por su parte, los movimientos sociales apoyaron a Morales como la mejor opción de la contienda electoral. Sin embargo, el compromiso de esos movimientos con el estado sigue siendo limitado. Muchos líderes aseguran que están dispuestos a eliminar a otro gobierno si este entorpece el camino de la reorganización social centrada en la sociedad civil participatoria. Como explicó Oscar Olivera, un importante líder de la revuelta contra la privatización del agua de Cochabamba en 2000, en una reciente entrevista con el politólogo uruguayo Raúl Zibechi: "Estamos creando un movimiento, un frente socio-político no partidista que se enfrentará a las necesidades más vitales del pueblo por medio de un cambio profundo en las relaciones de poder, las relaciones sociales y la administración del agua, la electricidad y la basura".
"El (54%) no es un cheque en blanco, sino un préstamo", dijo la analista política Helena Argirakis a Los Tiempos, el periódico diario de Cochabamba. Su colega Fernando García agregó: "El apoyo de los movimientos sociales a Morales siempre será condicional".
Al mismo tiempo Morales enfrenta una grave presión exterior si antagoniza a los acreedores extranjeros. Los conservadores en Estados Unidos se han horrorizado con el triunfo de Morales, a quien calumnian constantemente llamándolo narco-terrorista debido a su apoyo a los cultivadores de coca. (Aunque la coca puede usarse para producir cocaína, las hojas naturales de la planta se utilizan para hacer una infusión, tiene importancia tradicional para el pueblo indígena del país, y es casi imposible abusar de ella en su estado natural.) Bolivia debe grandes sumas a las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto da a EEUU un veto eficaz sobre futuros préstamos al país y, por lo tanto, la capacidad de hundir la débil economía boliviana en una profunda crisis. Las facciones derechistas locales, centradas en la rica provincia de Santa Cruz–el corazón de la industria energética de Bolivia–están amenazando con una secesión si se nacionaliza la extracción de recursos. Estos conservadores están listos para aliarse con EEUU y el BID en contra de Morales si sucede un enfrentamiento internacional.
¿Qué ha logrado la "Nueva Izquierda" Latinoamericana?
Al buscar un modelo para manejar estas tensiones, Morales puede examinar el historial de otras administraciones progresistas que han alcanzado el poder en Latinoamérica. En años recientes, a la Casa Blanca le ha disgustado ver la propagación de gobiernos progresistas en Suramérica. Mientras tanto, los oponentes de la globalización corporativa han invertido una esperanza considerable en estas administraciones y han saludado la llegada al poder de Morales.
En sentido general, los gobiernos progresistas de Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile han aumentado el gasto social y dedicado mayor atención a las necesidades de los pobres. Sin embargo, raras veces han cumplido las expectativas de los movimientos sociales que ayudaron a llevarlos al poder. Estos movimientos han mantenido un papel de confrontación con el gobierno.
Igualmente, el triunfo electoral en Suramérica ha señalado una reacción a dos décadas de neoliberalismo económico desencadenado. Pero la magnitud con que cada país ha rechazado las políticas del "Consenso de Washington" varía grandemente.
La victoria electoral más reciente de la izquierda en Latinoamérica tuvo lugar en Chile. Allí una coalición de democristianos y socialistas, conocida como la Concertación, ha gobernado desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990. El 15 de enero los chilenos eligieron a la socialista Michelle Bachelet como su nueva presidenta. Bachelet es la primera mujer que gobierna el país y la tercera mujer elegida como jefa de estado en la historia latinoamericana. Su familia estuvo en la cárcel y su padre murió a manos del régimen de Pinochet en la década de 1970. Aunque la victoria de Bachelet marca un excitante viraje cultural, la presidenta electa ha jurado "andar por el mismo camino" que el actual presidente socialista, Ricardo Lagos. Lagos apoyó iniciativas neoliberales como el área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), mantuvo estrechos lazos con Washington y se distanció de gobiernos más radicales en la región. Aunque observadores optimistas internacionales esperan que Bachelet pueda abandonar la moderación de la administración Lagos y enfrentar más agresivamente las duras desigualdades del país, su declaración hasta ahora subraya la continuidad.
Más relacionadas con la situación boliviana son los ejemplos de Argentina, Brasil y Venezuela. Cada uno representa una economía dominante en la región y cada uno ha actuado de manera diferente desde que los progresistas llagaron al poder, ofreciendo lecciones únicas a los líderes del MAS.
— Enfrentándose al FMI en Argentina
En 2003 el izquierdizante Néstor Kirchner tomó posesión en Argentina–después del colapso en 2001 de la economía del país y los levantamientos populares que expulsaron del poder a sucesivos gobiernos. Las políticas neoliberales apoyadas por el FMI e implementadas por el Presidente Carlos Menem en la década del 90 fueron consideradas responsables del colapso. Desde entonces Argentina ha sentado un precedente al romper con el FMI y jugar al duro con los acreedores internacionales.
En 2003 el país hizo la creíble amenaza de suspender sus pagos al FMI–algo nunca visto en países de ingresos medios. En respuesta, el Fondo retiró sus exigencias de austeridad y tasas más altas de intereses. Lo hizo por temor de que otros países siguieran el ejemplo de Argentina y suspendieran pagos. El intercambio sacudió el prestigio internacional del FMI y permitió a Argentina terminar una renegociación de más de mil millones de dólares en deuda externa en 2005. La renegociación redujo drásticamente el valor de las obligaciones existentes del país con los acreedores privados. Además, la posición de Argentina en contra del FMI le ha permitido al país basar su recuperación económica en políticas que, aunque no se desvían muy a la izquierda de las reglas keynesianas, son contrarias a las preferidas por Washington. Más allá de la política económica, Kirchner ha apoyado el rechazo a las leyes de amnistía que protegen a los militares. Esta acción ha ayudado a abrir un gran número de casos legales en contra de abusos a los derechos humanos por parte de gobiernos militares argentinos anteriores.
Sin embargo, aún quedan tensiones entre el gobierno de Kirchner y fuerzas como los "piqueteros", o movimiento de trabajadores desempleados. Tales movimientos acusan al presidente de usar posiciones radicales o nacionalistas para encubrir decisiones políticas más conservadoras. Una muestra de este conflicto surgió con el anuncio de Kirchner en diciembre de que el gobierno (después de una medida similar por parte de Brasil), "desendeudaría" a Argentina mediante el pago de $9,8 mil millones al FMI. Citando el dolor que la institución financiera ha causado al pueblo, Kirchner presentó la medida como una decisión para zafarse definitivamente del FMI y sus odiosas recomendaciones. Sin embargo, como señaló el Frente Popular Darío Santillán, una organización de piqueteros, la medida equivale a un pago total de la deuda, en vez de su renuncia. "A pesar de la retórica progresista, la deuda se paga con el hambre del pueblo", dijo el grupo en una declaración citada por Inter-Press Service. Finalmente, la relevancia de la decisión como un modelo para otros gobiernos progresistas dependerá de la capacidad del gobierno de Kirchner de usar su nueva libertad del FMI para trazar un camino económico cada vez más independiente.
— La Inocencia Perdida en Brasil
El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) se ha mantenido en un camino más conservador desde que alcanzó la presidencia, para desencanto de muchos que se entusiasmaron al ver ganar las elecciones en 2003 a Luis Inacio "Lula" da Silva. Desde el principio Lula, un ex obrero metalúrgico y líder sindical, ha seguido una política económica "pragmática". Sus cautelosas decisiones están diseñadas para tranquilizar a los inversionistas extranjeros y evitar una precipitada fuga de capitales–una preocupación genuina para cualquier país que desee evitar el colapso económico que Argentina ya había experimentado. Con el tiempo el camino de Lula casi no se distingue de las políticas que el PT criticó duramente en otra época. Lula ha optado por seguir las recetas del FMI y por continuar haciendo pagos por la enorme deuda exterior de Brasil, la cual el Banco Mundial valoró en 2002 como del 49,6 por ciento del PIB de Brasil (o unos $230 mil millones). Durante veinte años el PT había denunciado el pago de la deuda, argumentando que desviaba demasiado dinero de los programas sociales y de la inversión económica productiva. La actual posición del presidente dista mucho incluso de las antiguas denuncias más moderadas de su partido.
La administración de Lula ha sido más agresiva en implantar medidas neoliberales que las que ha exigido el FMI. Los dictados del Fondo piden a Brasil mantener un superávit primario del presupuesto de 3,75 por ciento del PBI. Mientras tanto, Lula voluntariamente ha decidido mantener un superávit aún mayor de 4,25 por ciento, lo que deja dinero sólo para modestos incrementos del gasto en programas sociales. Varios de estos programas–tal como Fome Zero, la iniciativa gubernamental en contra del hambre–han sido lastrados por una pobre implementación y manejo.
Además, mientras el fuerte crecimiento económico fue utilizado en el pasado para justificar el enfoque cauteloso del gobierno, las cifras del crecimiento este año se mantienen en un pobre 2,5 por ciento. Esto ha provocado que incluso economistas de centro critiquen la preocupación del gobierno por controlar la inflación con altas tasas de interés, lo que provoca un alto desempleo.
Las acciones de Lula en la escena internacional también muestran una trayectoria decepcionante. En 2003 la dirigencia del PT en la mayor economía de Suramérica prometió abrir un espacio de posibilidades en las negociaciones internacionales. Lula hablo a menudo de construir una "nueva geografía" de comercio y política, donde los países pobres serían considerados como iguales. Brasil emergió como uno de los países más vehementes en su crítica a la invasión norteamericana de Irak. Y Lula fue una fuerza decisiva en la formación del G20+, un grupo de países en desarrollo que se enfrentó a las exigencias de EE.UU. y Europa en la Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2003 en Cancún. La postura del grupo provocó el colapso de las conversaciones de Cancún.
Sin embargo, el compromiso de solidaridad de Brasil con el resto del mundo en desarrollo recientemente ha sido puesto en duda. En el verano de 2004, negociadores de Brasil forzaron a países más pobres a firmar el "marco de julio" para la agricultura en las negociaciones de la OMC en Ginebra–probablemente porque Lula pensó que el acuerdo podría beneficiar a las compañías agrícolas brasileñas. Esto dio nueva vida a la moribunda institución. Junto con India, Brasil prosiguió su camino de objetivos nacionalistas por sobre la solidaridad del G20+ en las conversaciones de la OMC de Hong Kong en diciembre de 2005. Allí utilizó su influencia para garantizar que el mundo en desarrollo no bloqueara un acuerdo acerca de la continuación de las negociaciones de la "Ronda Doha". El interés en las crecientes exportaciones agrícolas de Brasil también ha causado fricciones entre el gobierno de Lula y el antiguamente amistoso Movimiento de los Sin Tierra (MST), el cual ha criticado el lento ritmo de la reforma agraria bajo el PT.
En un último hecho descorazonador, varios importantes funcionarios del PT han sido implicados en un escándalo de corrupción el año pasado. Esto ha manchado la reputación del partido de mantener normas éticas más estrictas que las de sus competidores; ha posicionado de manera desfavorable al PT en un contexto habitual de la política, cundido de patronazgo y sobornos.
Entre la corrupción y los fracasos de políticas, algunos observadores han llamado con acierto al 2005 el "Año de la Inocencia Perdida en Brasil". En el Foro Social Mundial de 2005, el presidente venezolano Hugo Chávez aconsejó a los críticos de Lula que tuvieran paciencia y dieran más tiempo al gobierno del PT para que pudiera hacer valer su independencia del Consenso de Washington. Un año después, con la popularidad de Lula en descenso y la cercanía de elecciones en el otoño, el tiempo pudiera estar acabándose.
— Venezuela como Protagonista
Gran parte del liderazgo progresista que se esperaba de Lula cuando fue elegido ha sido asumido por Hugo Chávez de Venezuela, quien se ha establecido como el principal adversario de la Casa Blanca en la región. A diferencia de otros países en los que los levantamientos populares y las organizaciones establecidas del movimiento social han ayudado a llevar al poder a nuevos gobiernos, Chávez ha usado al estado en gran medida como punto de partida para dirigir una "Revolución Bolivariana", la cual subsiguientemente ha desarrollado dimensiones populares. En los últimos dos años la conformación de esta revolución ha entrado en su camino a medida que Venezuela se recuperó de varias rondas de huelgas petroleras y la inestabilidad de un golpe en 2002, apoyado por EE.UU.
Aunque Chávez a menudo es presentado como una copia de Fidel Castro, varios observadores han señalado que los programas de redistribución que son el cuño de su política social le deben más al Nuevo Trato que al socialismo estatal cubano. Entre los muchos programas gubernamentales que han sido financiados en años recientes por los ingresos provenientes de las ventas de petróleo, se incluyen un ambicioso programa de alfabetización, educación publica gratuita hasta el nivel universitario, y un amplio sistema de clínicas de salud pública. La política económica de Chávez, decididamente anti-neoliberal, ha creado el crecimiento más robusto en el hemisferio, con un aumento del PNB del país de 18 por ciento en 2004 y aproximadamente 9 por ciento en 2005.
En la escena internacional, Chávez ha sido el más destacado de los líderes latinoamericanos al proponer un frente unido de la Nueva Izquierda. Ha presentado la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) como modelo de cooperación regional en contraposición al ALCA. Prestó a Argentina casi mil millones de dólares y ha vendido petróleo a precio reducido a muchos países a fin de beneficiar a poblaciones empobrecidas (incluyendo a residentes de viviendas de bajos ingresos en el Bronx y Boston). En otro acuerdo petrolero de ese tipo, Cuba envió 20 000 médicos para apoyar el sistema de cuidado de salud pública en Venezuela, a cambio de petróleo. En las conversaciones de la OMC en Hong Kong en diciembre, Venezuela presentó una fuerte y coherente voz. En una dramática actitud, la Viceministra de Asuntos Exteriores Mari Pili Hernández insistió en la ceremonia de clausura en denunciar el acuerdo de la OMC, y que constara en acta, de que fuera aprobada formalmente por la asamblea.
El hecho de que Venezuela sea el principal exportador de petróleo en el hemisferio es básico para la reciente transformación del país. Los altos precios del petróleo–que produjeron $25 mil millones de dólares en ganancias para el gobierno venezolano en 2004, e incluso más en 2005–han dado a Chávez fondos en abundancia y ventaja política para realizar sus planes. Por supuesto, los altos precios de exportación no se traducen necesariamente en desarrollo humano. Las bonanzas petroleras anteriores no hicieron nada por aumentar los ingresos de los pobres o para disminuir la desigualdad. Igualmente Chávez merece elogios por sus esfuerzos por construir la solidaridad entre las naciones latinoamericanas, algo que otros países relativamente ricos a menudo han olvidado hacer.
Sin embargo, el modelo venezolano no carece de problemas. La buena fortuna de la riqueza de recursos naturales del país plantea preguntas acerca de si la revolución bolivariana es exportable. Los países endeudados, con menos libertad para enfrentarse a la comunidad financiera internacional, no pueden darse el lujo de replicar los programas sociales de Chávez y sus protestas públicas. Además, un número de iniciativas estatales han atraído las críticas de los ambientalistas. En un ejemplo, PDVSA–la compañía energética estatal de Venezuela–se unió a Chevron y a Phillips Petroleum para el multimillonario proyecto de Hamaca, que desarrollará un campo petrolero en la cuenca del río Orinoco. Los activistas argumentan que el proyecto tendrá un impacto devastador en el ecosistema circundante.
La centralidad del presidente venezolano como un líder de esfuerzos de reformas también plantea preocupaciones de si la "revolución" puede sobrevivir más allá de Chávez. Con un alto concepto de sí mismo, Chávez se presenta regularmente como un actor histórico clave y a menudo ha trabajado por consolidar su propio poder. Falta por ver de qué manera grupos locales como los "círculos bolivarianos", que actúan como foros de participación democrática en nuevas iniciativas sociales, pueden llegar a madurar a fin de sobrevivir más allá de la permanencia de Chávez en la presidencia y garantizar un modelo diferente al del poder estatal centralizado que tiene Castro en Cuba.
¿Cómo se Compara Bolivia?
Las circunstancias internas, las presiones extranjeras y la propia inclinación política de Morales determinarán si Bolivia andará por uno de los caminos iniciados en Argentina, Brasil o Venezuela, o si trazará un curso totalmente diferente. En términos de condiciones políticas, Bolivia es una amalgama de sus vecinos suramericanos. Al igual que Argentina, Bolivia ha experimentado una crisis de gobernabilidad con rápidos cambios de presidentes. Una presión fuerte por parte de los movimientos sociales ha creado un mandato para enfrentarse a las instituciones financieras internacionales. Pero al igual que Brasil, Bolivia debe preocuparse también por la fuga de capitales y los acreedores extranjeros, los cuales pueden paralizar su economía y limitar la capacidad de acción del gobierno. (Irónicamente Petrobrás, una compañía energética parcialmente propiedad del estado brasileño, es uno de los mayores intereses extranjeros en la industria de gas de Bolivia.) Dicho lo anterior, los grandes recursos naturales de Bolivia podrían traducirse potencialmente en palanca para Morales, al igual que el petróleo ha sido una bendición para Chávez. Bolivia posee una de las más grandes reservas de gas natural en el hemisferio, así como grandes depósitos de petróleo. Sin embargo, al menos en el futuro cercano, el país depende de la inversión extranjera para desarrollar estos recursos.
La independencia de la sociedad civil marca una diferencia crítica entre Bolivia y Venezuela. Líderes en el nuevo gobierno de Morales y en los movimientos sociales en el país se han apresurado en declarar que el panorama política boliviano bajo la administración del MAS será muy diferente al visto en Caracas. En una entrevista con la agencia noticiosa española EFE, el Vicepresidente electo álvaro García Linera aseguró que aunque en Cuba y Venezuela "la sociedad civil ha sido construida por el estado", la sociedad civil boliviana surge casi enteramente de la base. Linera describió la reciente experiencia política del país como una "construcción de múltiples movimientos sociales con una trayectoria de largo alcance y una capacidad organizativa y autónoma que poco a poco ha ido presionando al estado y finalmente ha llegado a ocuparlo".
Cuando hablamos con Oscar Olivera, líder de un movimiento social en Cochabamba, acerca de la nueva administración, explicó: "No estamos luchando para gobernar, estamos luchando para que desaparezca el gobierno y nos gobernemos nosotros mismos". Cuando se le preguntó si está interesado en ayudar a transformar a Bolivia en otra Venezuela dijo: "No creo en líderes militares o líderes ex militares (como Chávez). Cada país es diferente y tiene su propia cultura e historia. Mucha gente en los medios trata a Chávez como si fuera lo mejor que hay. Pero el líder es una cosa y el pueblo otra".
La nacionalización del petróleo y el gas
Dos temas preocuparán a la administración de Evo Morales en los meses venideros y puede que decidan el destino del gobierno: el reclamo de las ganancias y la propiedad de los recursos de gas y petróleo de Bolivia, y la reforma de la constitución en una asamblea popular. Aunque estos mismos dos asuntos potenciaron el proceso político en Venezuela en los años en que Chávez ascendió al poder, Morales se enfrentará a un serio reto en cada tema.
Independientemente de lo que los líderes del MAS hagan con las reservas bolivianas de gas y petróleo, es probable que molesten a los inversionistas corporativos, a los movimientos sociales o a ambos. Los movimientos sociales están exigiendo la nacionalización total. Como explica Olivera, "No aceptaremos la nacionalización parcial. Todos los contratos son con compañías neoliberales. Lo único que quieren es llevarse nuestro gas. No murió gente (en las recientes luchas sociales) para que se entregue el gas a las compañías. El pueblo debe decir lo que tenemos que hacer con el gas. Pachamama (la Madre Tierra) es para el pueblo, no para las compañías transnacionales".
Aunque también utiliza la palabra "nacionalización", Morales ha dado señales de un enfoque más moderado al hacer una distinción entre los recursos naturales bajo tierra y los activos de la industria extractiva. Es probable que el MAS discuta de manera diferente con cada compañía individual tratando de negociar concesiones con cada cual. "Nacionalizaremos los recursos naturales, gas e hidrocarburos", dijo Morales a principios de enero. "No vamos a nacionalizar los valores de las multinacionales. Cualquier estado tiene el derecho de usar sus recursos naturales. Debemos de establecer nuevos contratos con las compañías petroleras basados en el equilibrio. Vamos a garantizar la recuperación de sus inversiones y sus ganancias, pero no por medio del saqueo y del robo".
Tales garantías son populares con grupos tales como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un grupo de presión a favor de la privatización en la región de Santa Cruz, con el cual Morales se reunió después de su victoria electoral. Morales también viajó a Brasil para encontrarse con Lula el 13 de enero. Allí prometió que no expropiaría a las compañías energéticas, y garantizó la seguridad de las inversiones brasileñas. En su lugar, esbozó un plan para organizar una comisión multinacional entre los inversionistas del gas boliviano para revisar contratos y acuerdos entre diferentes países.
La discusión con compañías individuales puede ser una manera eficaz de obtener concesiones de la industria energética sin arriesgarse a reclamaciones judiciales por parte de las corporaciones y presión de EE.UU. Sin embargo, Morales podría ser acusado de venderse a las corporaciones si las concesiones que obtiene son inadecuadas. El dilema agrega importancia al segundo asunto principal que el gobierno confronta: la necesidad de una asamblea popular para reformar la constitución. Una asamblea de ese tipo crearía una oportunidad para distintos partidos políticos, líderes de negocios y movimientos sociales para ponerse de acuerdo acerca de los términos de la exportación de gas.
Asamblea Constituyente
La promesa de campaña de Morales de convocar a una asamblea constituyente entre distintos sectores sociales, a fin de reformar la constitución contribuyó, significativamente a su abrumadora victoria. La redacción de una nueva constitución de Venezuela en el 2000 fue el lanzamiento del nuevo proceso político de ese país. Allí se celebraron un referendo y asambleas en todo el país para crear y aprobar la nueva constitución. El nuevo documento determinó que las ganancias provenientes de la industria petrolera fueran reinvertidas por el estado para programas sociales en educación, cuidado de salud e iniciativas de medios de comunicación comunitarios. Actualmente se dice en Venezuela que la nueva constitución es el arma más fuerte del país contra la globalización corporativa y el imperialismo.
La reforma de la constitución boliviana puede llegar a ser igualmente poderosa. La elección de delegados a una asamblea constituyente está programada para realizarse en junio de 2006, y la asamblea en sí se constituirá en agosto. Cada municipalidad del país elegirá a tres delegados, y las delegaciones deben incluir un mínimo de una mujer y un indígena. Actualmente los movimientos sociales están presentando propuestas de lo que quieren que se incluya en la nueva constitución. Algunos de los temas sobre la mesa incluyen la nacionalización del gas, reforma agraria, acuerdos de libre comercio con EE.UU. y un referendo para la autonomía de la región de Santa Cruz. Como es probable que la mayoría de los delegados representen a los movimientos sociales, se espera que la nueva constitución favorezca a las fuerzas populares por encima de las corporaciones y los intereses extranjeros.
La asamblea constituyente puede que redefina el mapa electoral de Bolivia a fin de permitir una representación adecuada de los pueblos indígenas. Esto podría provocar nuevas elecciones, lo cual pudiera ser un reto para el poder de Morales. Sin embargo, su enorme victoria electoral indica que cualquier elección que resultara de cambios a la constitución favorecería a Morales. No obstante, cabilderos ampliamente financiados de Santa Cruz puede que tengan éxito en obtener la autonomía de su región rica en gas. Además, no está claro cómo se pondrían en práctica los cambios de una nueva constitución. En Venezuela, la constitución del país declara que todas las amas de casa tienen derecho a una pensión por su trabajo. Sin embargo, esto no se ha convertido en ley ni se ha puesto en vigor.
Algunos movimientos sociales, como la Federación de Trabajadores y Campesinos de La Paz, han dado a Morales un plazo de dos meses para realizar cambios inmensos en el país. Tales radicales son minoría. La mayor parte de las organizaciones de movimiento social se han comprometido a esperar los resultados de la asamblea constituyente antes de presionar seriamente a la administración. Si la asamblea no cumple sus demandas, se espera que ocurran protestas y bloqueo de carreteras.
Tales campañas de protestas pudieran paralizar al país y exacerbar las divisiones políticas. Sin embargo, también pudieran dar apoyo a Morales para cumplir algunas de sus promesas de campaña más radicales, si las élites deciden que prefieren mantener al gobierno que arriesgar un levantamiento. Probablemente ningún país en Latinoamérica tenga movimientos sociales tan bien organizados ni tengan tal capacidad de amenaza a la presidencia. Este balance de poder político entre la calle y el estado hace improbable que Morales pueda replicar las concesiones "pragmáticas" que Lula hizo al neoliberalismo, aun cuando quisiera hacerlas.
Además de su papel en presionar al gobierno, las redes de base establecidas podrían brindar un apoyo para la reorganización del poder político y la representación. Poco antes de las elecciones de diciembre, se celebró una reunión llamada Congreso del Frente Nacional para la Defensa del Agua y Servicios Humanos Básicos, convocado para forjar alianzas entre los movimientos sociales del país. En el Congreso participaron el Comité Coordinador del Agua de Cochabamba, la Federación de Consejos Vecinales de El Alto, las Cooperativas de Agua y Alcantarillado de Santa Cruz, así como otras organizaciones vecinales, cooperativas, granjeros de riego y comités de electricidad y otros servicios. En muchos casos grupos autónomos han organizado métodos para proveer a los ciudadanos de servicios básicos si el estado no lo hace. Tal coalición de fuerzas de base servirán como poderoso instrumento de presión a la asamblea constituyente. Y en dependencia de los resultados de la asamblea, pudieran brindar una infraestructura para la participación en nuevos programas estatales o representar una estructura alternativa de gobernabilidad.
Al igual que muchos otros bolivianos que votaron por Morales, Anselmo Martínez Tola, un organizador de grupos indígenas de Potosí, Bolivia, consideró que el candidato del MAS era el que más intenciones tenía de convocar a una asamblea constituyente. "Somos mayoría y por medio de la asamblea esperamos rescatar lo que nos pertenece", dijo refiriéndose a la nacionalización del gas y a la redistribución de la tierra. Su organización ha estado seleccionando a candidatos por su municipalidad y desarrollando propuestas para la asamblea. Entre ellas hay una de que el gobierno sea reestructurado a semejanza de los ayllus tradicionales, que son pequeños grupos de familias que durante mucho tiempo han guiado la toma de decisiones en las comunidades indígenas de todo el país. "Debemos tener una nueva constitución que se remita a nuestra cultura, a nuestra historia, y no a otros países o a compañías extranjeras. Tiene que reflejar los distintos movimientos de grupos indígenas en Bolivia", explicó Tola.
Conclusión
Críticos como James Petras, analista durante mucho tiempo de Latinoamérica y antiguo profesor de Sociología en SUNY-Binghamton, han criticado al "ejército de acríticos porristas de izquierda" que han celebrado la victoria de Evo Morales y expresado esperanza de un cambio significativo en Bolivia. Igualmente decepcionado de Lula y Kirchner, Petras predice que la administración de Morales realizará solo "gestos simbólicos de naturaleza puramente retórica, desprovistos de sustancia nacionalista", en lugar de iniciativas redistributivas.
Hay razones para pensar de manera diferente. Morales puede que se haya presentado como un moderado durante la campaña presidencial, a fin de obtener un apoyo más amplio. Sin embargo, su decisiva victoria ha creado un espacio para acciones más atrevidas. A los ojos de muchos seguidores del MAS, las política relacionadas con la nacionalización del gas, reforma agraria y derechos indígenas no están en manos de Morales, sino en manos de la asamblea constituyente. Una nueva constitución trae con ella la promesa de cambio significativo. Consciente de la voluntad de la asamblea y estrechamente vigilada por uno de los movimientos sociales más poderosos de Latinoamérica, la administración de Morales poseerá el mandato y la motivación para negociar firmemente con los acreedores internacionales y crear su propio modelo de gobernabilidad progresista.
Hasta entonces, Bolivia permanecerá al borde de un nuevo período poscolonial, gobernado por primera vez por un líder indígena que se parece a la mayoría de su pueblo, y situada en un continente que se ha alejado un paso más del neoliberalismo. Si la victoria que se mostró en las ruinas de Tiwanaku ha sido hasta ahora un símbolo, no hay duda de que es un símbolo muy poderoso.
— Mark Engler, escritor que vive en la ciudad de Nueva York, puede ser contactado por medio del sitio web www.DemocracyUprising.com. Benjamin Dangl es el editor de UpsideDownWorld.org y autor del libro El precio del fuego: guerras de recursos y movimientos sociales en Bolivia y más allá, de próxima aparición. Kate Griffiths colaboró en la investigación para este artículo.
Traducido por Progreso Semanal.