Un par de semanas después de que los estados ecuatoriano y venezolano llamaron a que el gobierno colombiano respetara la necesidad de paz y negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) apoyó un asalto armado extensivo por tierra y aire contra el movimiento insurgente – no dentro de las fronteras de Colombia sino en el territorio soberano del suelo ecuatoriano.
El 1 Marzo, 2008 el estado colombiano, bajo el mandato de Uribe y el vice-presidente Francisco Santos Calderón (y su primo el ministro de defensa Juan Manuel Santos), ejecutaron ilegalmente una campaña dentro de Ecuador, que resultó en las muertes de Raúl Reyes, Julian Conrado, y quince otros combatientes asociados con las FARC-EP. Tales acciones son una muestra clara de la negación abierta del estado colombiano (apoyado por EEUU) de los códigos internacionales de conducta, ley, y justicia social.
Las acciones del Sábado 1 Marzo tuvieron lugar días antes de una gran demostración internacional programada para el 6 de Marzo, 2008. Promovida por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Confederación Sindical Internacional (CSI), y numerosas organizaciones sociales de justicia, el 6 de Marzo ha sido postulado como un día internacional de protesta contra las torturas, asesinatos y desapariciones perpetrados por el estado colombiano, sus aliados dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Águilas Negras recientemente reformadas. Recientemente, el consejero político principal del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, proclamó que la protesta y los protestantes deberían ser criminalizados. Además, los paramilitares en el suroeste del departamento del Nariño (no lejos de donde las incursiones ilegales se llevaron a cabo en Ecuador), han amenazado con atacar cualquier organización o persona asociada con las actividades programadas para el Jueves.
La administración de Uribe y Santos está utilizando el asesinato del comandante Raúl Reyes y otros como método para disuadir activistas y gentes socialmente concientes dentro y fuera de Colombia de participar en los eventos del 6 de Marzo. Muchos medios de comunicación controlados por o conectados con el estado, como El Tiempo (que tiene nexos antiguos con la familia Santos), han estado exhibiendo las fotografías del cuerpo abaleado y mutilado de Raúl Reyes por todos los medios de comunicaciones del país. Tal propaganda es claramente una herramienta para intimidar sicológicamente a los que se preparan para hacer demostraciones en contra de las atrocidades perpetradas por el estado a lo largo de los últimos siete años.
Durante los dos meses pasados, varios investigadores, estudiosos y abogados han apoyado el llamado a declarar a las FARC-EP una fuerza legítima luchando en contra del estado corrupto colombiano. En Enero de 2008, la ministra de relaciones extranjeras de Ecuador, Maria Isabel Salvador argumentó que las FARC-EP no deberían ser caracterizadas como una organización terrorista. El presidente venezolano Hugo Chávez también anunció que las FARC-EP, lejos de ser una fuerza terrorista, son un ejército real, que ocupa territorio colombiano y comparte la visión bolivariana de una nueva América Latina. El diputado mexicano Ricardo Cantu Garza también ha promovido el reconocimiento de las FARC-EP como una fuerza beligerante luchando legítimamente contra un sistema sociopolítico corrupto y desigual. Como el prominente abogado estadounidense Paul Wolf ha argumentado,
las FARC-EP son un ejército beligerante de liberación nacional, como lo evidencia su campaña y soberanía militar sostenida a lo largo de gran parte del territorio colombiano, y su conducción de hostilidades por medio de tropas organizadas mantenidas bajo disciplina militar y en cumplimiento de las leyes y costumbres de la guerra, al menos en la misma medida en que ocurre en otras partes del conflicto. Los miembros de las FARC-EP tienen por tanto los derechos de beligerantes bajo la ley internacional… no hay reglas de ley internacional que prohíban la revolución, y, si ocurre una revolución exitosa, no hay nada en la ley internacional que prohíba el resultado, aunque haya sido obtenido por la fuerza.
De Copenhague a Caracas, muchos oficiales estatales han denunciado la descripción de las FARC-EP como una organización terrorista. Los oficiales y las administraciones progresistas en México, Ecuador y Venezuela más bien han optado por el estatus de beligerancia o de fuerzas irregulares para describir con mayor precisión el punto de vista doméstico y geo-político de las FARC-EP. En vista de esta evidencia y de la promoción consistente de las FARC-EP por un intercambio humanitario de prisioneros y negociaciones de paz con el estado en una zona desmilitarizada en el suroeste de Colombia, es inquietante que la administración de Uribe y Santos se haya alejado aún más de apoyar una finalización a la guerra civil dentro de Colombia, al optar por la violencia sistémica.
A lo largo de los últimos años, diferentes aspectos de las actividades reales sociales, políticas y culturales de las FARC-EP por un cambio social progresivo han sido censurados o marginalizados por la prensa privada o por gobiernos que apoyan el estado colombiano. Sin embargo, tras investigar a las FARC-EP y al país colombiano por años, Garry Leech argumentó que "mientras que son pocas las dudas que hay acerca del alcance global de organizaciones terroristas tales como al-Qaeda, no hay evidencia de que las FARC sean nada más que uno de los actores armados en el largo y trágico conflicto doméstico colombiano".
En realidad, las FARC-EP son actores dentro de los confines estratégicos de la sociedad colombiana que esgrimen sus directivos hacia el cambio social doméstico. A la luz de estas realidades, ¿cómo puede esta insurgencia ser una amenaza terrorista para estados-nación externos? Coletta A. Youngers responde a esta pregunta al describir la manera en que
… el gobierno de EEUU ve ahora a la región latinoamericana casi exclusivamente a través del lente antiterrorista, aunque la región no representa ninguna amenaza de seguridad nacional para EEUU… es poca la evidencia que se ha presentado para sustanciar estas afirmaciones, y cualquiera que sea la actividad que esté ocurriendo allí, parece ser mínima.
Mientras que Youngers no trivializa sus tácticas revolucionarias, ella argumenta claramente que las FARC-EP no pueden enmarcarse correctamente dentro del concepto y la retórica del terrorismo global. Youngers argumenta que la insurgencia no es una amenaza política directa para administraciones dentro de los EEUU, Canadá, la Unión Europea y otros estados-nación extranjeros en el hecho de que las actividades de las FARC-EP "están dirigidas hacia adentro, no hacia afuera", y por lo tanto, "aplicar el concepto de terrorismo a estos grupos les niega sus proyectos políticos".
Caracterizar a las FARC-EP como una organización terrorista extranjera altera dramáticamente la dinámica del proceso de paz a favor de un estado asesino. Estipular que las FARC-EP son terroristas dificulta las negociaciones de paz legal entre las FARC-EP y cualquier gobierno que se suscriba a esa categorización. Promover a las FARC-EP (y sus seguidores) como terroristas "los pone en la lista de blancos a ser asaltados por la máquina militar de EEUU" y "de esta manera los expone a una guerra total", de acuerdo con James Petras y Henry Veltmeyer. La terminología del terrorismo es perfecta para la ideología y el expansionismo imperialistas. Es una referencia muy vaga que "permite un máximo de intervención en todas las regiones en contra de cualquier oposición" y "cualquier grupo involucrado en oposición al militarismo, al imperialismo (también llamado "globalización") o a regímenes locales autoritarios puede etiquetarse como "terrorista" y atacado", legitimando así la invasión o el ataque externos.
La condena interna y externa del estado colombiano ha caído en los oídos sordos de la administración de Uribe y Santos. Tras años de aumento en las violaciones a los derechos humanos civiles, la supresión continua del sindicalismo, asesinatos de activistas y políticos de centro-izquierda, y una realidad política que ha sido testiga de 75 gobernadores, alcaldes y congresistas acusados o condenados por tener nexos directos con los paramilitares – incluyendo al vice-presidente Francisco Santos Calderón y su primo el ministro de defensa Juan Manuel Santos, y al hermano del presidente Uribe, Santiago y su primo el senador Mario Uribe – ahora el estado colombiano ha considerado necesaria la incursión ilegal en aquellas naciones que se desvían de su modelo ideológico de centralización política y económica. La administración del presidente Uribe no solo ha criticado a sus vecinos sino que después de las acciones realizadas el 1 de Marzo, 2008 es claro que el estado colombiano, con el respaldo de los EEUU, impondrá sus propios propósitos y valores, a través de la fuerza, sin consideración por los derechos y privilegios democráticos de la ley y del procedimiento electorales convencionales.
Mientras que los estados vecinos de Ecuador y Venezuela luchan por la paz y tratan de ayudar a la gente de Colombia en la búsqueda de un fin a la guerra civil, la administración de Uribe y Santos ha pasado por alto realidades judiciales para imponer sus propios objetivos. Los analistas prudentes de la situación colombiana continúan debatiendo sobre si el estado colombiano es pre-fascista o realmente fascista. Con certeza no es ni humanitario ni realmente democrático. El estado colombiano actual debe ser transformado, más pronto que tarde. Quienes pelean por la paz deben condenar la acción de éste gobierno. En solidaridad, debemos protestar las políticas del estado colombiano y elevar nuestras voces en apoyo a una Nueva Colombia que represente la Paz y la Justicia Social.
James J. Brittain (Profesor Asistente) y Jim Sacouman (Profesor) son sociólogos canadienses en la Universidad de Acadia en Nueva Escocia que han estado investigando la guerra civil y economía política colombianas a lo largo de la última década.
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