(IPS) En los sistemas penitenciarios de América Latina las personas presas conviven con la inseguridad, el hacinamiento extremo e incluso la muerte, lo que contradice en los hechos un gran logro de la región: la abolición de la pena de muerte en prácticamente todos sus países.
“La pena de privación de libertad puede transformarse en muchos países latinoamericanos, en la práctica, en una pena de muerte”, sentenció Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La abolición legal de la pena capital es de larga tradición en la región y, de hecho, Venezuela fue el primer país del mundo en hacerlo, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882. Actualmente, solo dos países, la mantienen en su legislación: Cuba y Guatemala, y su última aplicación se produjo en 2003 en la isla caribeña.
Sin embargo, este avance contrasta con la realidad al interior de las cárceles latinoamericanas, donde la situación actual es muy grave según expertos y organizaciones de derechos humanos.
Altos niveles de violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los presidios, y gravísimas violaciones a derechos humanos, son algunos de los componentes con los que se enfrentan día a día las personas privadas de libertad en la región, denuncian.
“En América Latina existen problemas crónicos que afectan a los sistemas carcelarios y que no han sido adecuadamente enfrentados ni mucho menos resueltos por los estados”, añadió el italiano Incalcaterra en entrevista con IPS.
Coincidió en ello la peruana Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, para quien los sistemas penitenciarios latinoamericanos se encuentran en crisis.
“El último informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo entrega datos muy concretos sobre la situación de sobrepoblación, de hacinamiento, de sobre representación de presos preventivos, de frágil institucionalidad en muchos países y dificultades en la implementación efectiva de programas de reinserción social”, precisó Espinoza a IPS.
Entre los casos de mayor gravedad está Venezuela, donde la violencia al interior de las prisiones es generalizada, con enfrentamientos con uso de armas de fuego, explosivos y otras armas, destacaron los especialistas.
Con una población penitenciaria de 53.000 personas, las autoridades venezolanas han reconocido a Acnudh la muerte de 402 reclusos en los 11 primeros meses de 2014. El organismo sitúa la sobrepoblación carcelaria del país en 231 por ciento, aunque el gobierno local defiende que en 87 por ciento de los centros del país no hay hacinamiento.
En el caso de Brasil, organizaciones humanitarias denunciaron condiciones crueles, inhumanas y degradantes habituales al interior de sus recintos penales, además de numerosos informes de tortura, con prácticas como semiasfixia con bolsas de plástico, palizas y descargas eléctricas.
Añadieron en la mayoría de los casos están implicados miembros de la policía militar del Estado.
Pese a su gravedad “los casos de Venezuela y Brasil no son aislados, sino que se insertan en la situación generalizada de la región”, aseguró Incalcaterra.
“Ciertamente, ambos países enfrentan importantes retos de violencia intracarcelaria y de falta de control del Estado en determinados casos, según lo manifestado por varios mecanismos independientes de las Naciones Unidas”, dijo.
“Pero ningún país de la región está libre de los problemas de hacinamiento, condiciones de detención precarias, falta de acceso a servicios básicos, y casos de malos tratos y torturas”, precisó.
Los altos niveles de sobrepoblación propiciados por el recurso sistemático a las penas privativas de libertad en detrimento de medidas alternativas, y la falta de infraestructura adecuada, son algunos de los problemas crónicos que afectan a los sistemas penitenciarios de la región.
A ello se suma “la falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación adecuada, sanidad, y las condiciones generales de detención no acordes con los estándares mínimos aceptados internacionalmente”, dijo el representante de Acnudh.
“Esta situación alimenta la violencia carcelaria, incluidos casos de tortura, y constituye una afectación directa a la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad”, enfatizó.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 había en la región 943.000 personas privadas de libertad, de las que 354.000 estaban en prisión preventiva, en espera de juicio o sentencia.
Los casos más críticos eran los de Bolivia, con 84 por ciento de la población reclusa sin sentencia, seguido por Paraguay (73,1 por ciento), Panamá y Uruguay (65 por ciento), Perú (58,8 por ciento), Venezuela (50,3 por ciento) y Guatemala (50,3 por ciento).
Grandes tragedias
Como resultado suceden tragedias como la que sucedió el 8 de diciembre de 2010 en Chile, la mayor de la historia en las cárceles del país. En un incendio murieron 81 internos, la mayoría por su primer delito, variados de tipo menor.
Entonces el penal de San Miguel tenía una población de 1.875 reclusos, cuando su capacidad era para 632, lo que equivalía a 197 por ciento de sobrepoblación.
Chile es el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, con 318 internos por cada 100.000 habitantes, frente a la latinoamericana de entre 100 y 150 presos promedio y la europea de entre 60 y 100.
En 2012 el gobierno creó la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de Gendarmería, la institución penitenciaria chilena, para aminorar los malos tratos y torturas registradas en las prisiones locales.
Pese a esto, los avances en materia penitenciaria aún distan de ordenarse en un diseño de política pública integral, capaz de traducirse en una satisfacción de las necesidades de las personas privadas de libertad y, con ello, en un mayor ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos, concluyó el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Para Incalterra, estas situaciones obedecen a que “la crisis carcelaria no es una prioridad en las agendas y programas de gobierno en la región”.
El representante de Acnudh señaló que existe falta de transparencia y fiscalización regular e independiente de los centros penitenciarios, como herramienta fundamental para la prevención de la tortura y malos tratos y la mejora estructural de los sistemas carcelarios.
Y si bien las personas privadas de libertad son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, “también son uno de los más impopulares”, añadió.
Espinoza matizó que en los últimos cinco años se han generado ciertas reformas en países de la región que apuntan mayoritariamente a dotar de una mayor institucionalidad al sistema penitenciario.
Sin embargo, la crisis obliga a pensar en una serie de medidas que deben confluir para avanzar hacia una solución definitiva a mediano y/o largo plazo. Por ejemplo, el diseño de una política pública en materia de seguridad que contenga componentes de reinserción social como clave para garantizar el éxito de su puesta en marcha, afirmó Espinoza.
Para Incalcaterra, además, “es imperativo que los estados y la sociedad en general tomen conciencia de que la crisis carcelaria que se vive en sus países no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que se extiende a sus familias y a toda sociedad en su conjunto”.
“Las cárceles son el reflejo de una sociedad”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez