Fuente: Milenio Semanal
María Elizabeth Macías Castro tenía un fuerte apego a internet. Era su desahogo y su esperanza, elemento imprescindible para su trabajo como moderadora de un portal donde se realizan denuncias contra la delincuencia organizada. Esa herramienta, básica en su vida, también fue la causa de su muerte.
El 24 de septiembre de 2011 el cuerpo decapitado de la periodista fue encontrado en el monumento a Colón. La cabeza fue dejada sobre una bola de concreto como la cereza de un pastel. A su lado estaban el cuerpo, varios discos, dos teclados de computadora y cables en una escenografía macabra montada por sus ejecutores: Los Zetas.
Macías Castro, de 39 años y madre de dos adolescentes, escribía como NenaDLaredo en el portal de noticias www.nuevolaredoenvivo.es.tl, utilizado por la ciudadanía para enviar reportes al Ejército, la Marina y la Policía Federal sobre personas, vehículos y actividades sospechosas, así como para alertar sobre balaceras y situaciones de riesgo. También trabajaba en el diario Primera Hora, propiedad del actual presidente municipal de Nuevo Laredo, el priista Benjamín Galván Gómez; la respuesta de esa casa editora al crimen fue un silencio ominoso.
La mujer, de largos cabellos rubios y prótesis en una pierna, se convirtió en la víctima más reciente del férreo control que ejerce el crimen organizado sobre los medios de comunicación de Tamaulipas. En esta entidad del noreste de México, cuna de los cárteles del Golfo y de Los Zetas, son los capos del narcotráfico quienes deciden cuáles noticias se publican, cuándo deben aparecer y el tratamiento que se les debe dar. Más allá de llamadas misteriosas o mensajes cifrados, la delincuencia organizada utiliza allí a periodistas que fungen como sus coordinadores de prensa, enlaces para transmitir las órdenes precisas sobre el manejo de la información y responsables de monitorear lo que escriben sus colegas.
Este fenómeno se presenta en ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico, donde, bajo amenazas, los comunicadores no tienen otra opción que volverse cómplices. Aún está fresco el recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2010, cuando dos periodistas de MILENIO Televisión circulaban por la carretera Ribereña que conecta a Reynosa con Nuevo Laredo. Un grupo de hombres armados los detuvo y los trasladó a una casa de seguridad; después de golpearlos y amenazarlos, fueron puestos en libertad con una sola advertencia: “Váyanse y no regresen, porque calientan la plaza”.
Por eso, ahora hay una nueva orden: no ayudar a ningún periodista que llegue de fuera para escribir sobre el tema de la violencia o el narcotráfico en la entidad. La consigna es mantener la apariencia de que la región está tranquila. Así, no queda otra que entablar encuentros furtivos, esporádicos, de voces bajas y con una dosis de paranoia que sólo se entiende en la frontera. Pocos se animan a hablar, y quienes acceden piden al reportero viajar sin cámara, sin acreditaciones de prensa y sin grabadora. Apenas una libreta y la condición, más bien exigencia, de un estricto y absoluto anonimato.
LA OMERTÁ TAMAULIPECA Y LOS 13 MUERTOS
En un acto público, mientras el primer tráiler mexicano se prepara para cruzar a Estados Unidos como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, un periodista de Nuevo Laredo toma con discreción fotografías de sus colegas de Tamaulipas y Nuevo León que acudieron a cubrir el evento al puente internacional. Es el enlace de los delincuentes, y está completando su archivo de fichas de comunicadores. Guarda el micrófono de la empresa donde trabaja en una bolsa de su chaleco para maniobrar con mayor soltura. Los periodistas que están de visita no se dan cuenta del hecho, y los locales ya están acostumbrados. “Todos sabemos quién es el compañero encargado de darnos las órdenes de los ‘mañosos’, porque ellos mismos nos lo hicieron saber. A principios del año pasado (2010) convocaron a una fiesta con todo pagado, y nos dijeron que la asistencia era obligatoria; nos dijeron que fulano y zutano se encargarían de hacernos llegar las órdenes y que no quedaba de otra”, cuenta un editor de reconocida trayectoria en el norte de la entidad.
Al estilo de la mafia italiana, cual omertá, este pacto de silencio alcanza a propietarios, directivos, socios y empleados en general de los medios de comunicación, y se extiende a otros ámbitos sociales. El entrevistado agrega que “los compañeros son obligados a jugar ese papel y uno entiende la posición en la que están. No queremos perjudicarlos ni que a uno le pase algo, por eso no queda más que obedecer”.
También acepta que los delincuentes no sólo reparten amenazas, sino también billetes. “Y suena a justificación, pero simplemente te expongo los hechos: rechazarlos es una mala opción porque los delincuentes se ofenden, y son 100 ó 200 dólares a la semana que reciben algunos periodistas en un estado donde los sueldos andan en los 600 dólares mensuales”.
El caso de la decapitación de Macías Castro es el homicidio más reciente, pero no el único. Dos meses antes que ella, una pareja fue colgada de un puente de la colonia La Voluntad 2, en Nuevo Laredo. “No eran precisamente periodistas, eran tuiteros y blogueros. Él fue suspendido de los pies y ella de las cuatro extremidades, como los chivitos”, cuenta un periodista que fue testigo obligado del hecho, pues los agresores le ordenaron difundirlo. A ambos les cortaron los dedos para señalarlos como delatores y, para que no cupiera duda, pusieron una manta donde los acusaron de realizar denuncias contra Los Zetas en los blogs del Narco y del Terror.
La lista de periodistas asesinados en Tamaulipas es amplia. Del 2000 a la fecha se han registrado al menos 11 homicidios contra comunicadores (13, si se cuenta la pareja de blogueros) y los desaparecidos son por lo menos cinco, mientras que las privaciones ilegales de la libertad, las golpizas y amenazas se cuentan por docenas. Los comunicadores que han perdido la vida con métodos de la delincuencia organizada o en condiciones sospechosas son Luis Roberto Cruz Miranda (2000), reportero de la revista Multicosas, en Reynosa; Pablo Pineda Gaucín (2000), del diario La Opinión, de Matamoros; Saúl Antonio Martínez Gutiérrez (2001), del diario El Imparcial, de Matamoros; Félix Alfonso Fernández García (2002), de la revista Nueva Opción, en Ciudad Miguel Alemán, población ubicada entre Reynosa y Nuevo Laredo, en la llamada “frontera chica”, y Roberto Javier Mora García (2004), director editorial del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo.
También han sido asesinados Francisco Arriatia Saldierna (2004), reportero de los periódicos El Imparcial y El Regional, de Matamoros; Guadalupe Escamilla (2005), de la estación de radio Estéreo 91, en Nuevo Laredo; Julio César Pérez Martínez (2005), de la revista México, de Matamoros; Ramiro Téllez Contreras (2006), de la radiodifusora EXA 95.7, de Nuevo Laredo; Jorge Rábago (2010), reportero de Radio Rey, en Reynosa, y María Elizabeth Macías Castro (2011), del periódico Primera Hora y moderadora del portal Nuevo Laredo en vivo.
Entre el 18 de febrero y el tres de marzo de 2010 se registró el secuestro de ocho periodistas en Reynosa, una ciudad de un millón de habitantes. Ningún medio local publicó una sola línea, a pesar de que la noticia corrió de un lado a otro de la ciudad durante esa semana. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) tiene solamente registro de cuatro desapariciones forzadas, de las que sólo una de ellas corresponde a un periodista. Ninguna de ellas, ni siquiera estando oficialmente registradas, ha tenido un espacio en la prensa.
GOLFO Y ZETAS CONTRA LA PRENSA
La causa de los levantones (como se le llama a estas privaciones de la libertad en el argot policíaco y periodístico) fue la entrada del cártel del Golfo a Reynosa, desplazando a Los Zetas y tomando represalias contra sus aliados, entre ellos algunos periodistas, sin importar si los apoyaban por convicción o bajo amenazas. Entre los plagiados había un empleado del periódico El Mañana, otro de la publicación de la misma editorial denominada La Tarde, un tercero perteneciente al sitio de noticias en línea MetroNoticias y un cuarto del diario La Prensa. Cuando medios de Nuevo León, Coahuila o la Ciudad de México quisieron denunciar el hecho, se estrellaron contra el muro del miedo y del silencio: nadie quería hablar para evitar comprometerse y para no poner en riesgo a los desaparecidos. Porque siempre, tras la agresión, llega la amenaza: si se hace escándalo puede ser peor. “Es una desesperación que no te imaginas. No saber cómo está tu familiar y no poder pedir ayuda porque estas gentes (los delincuentes) se enteran de todo. Tienen comprados a muchos policías, jueces, periodistas… si yo denunciaba la desaparición se iban a dar cuenta y entonces sería peor para la familia”, explicó la sobrina de uno de los desaparecidos, quien optó por crear una página en Facebook para buscar a su familiar.
Tuvo que ser el periódico estadunidense Dallas Morning News, de Texas, el que difundiera la información, usando como fuentes a periodistas mexicanos que viven en Estados Unidos. Incluso el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), a través de Carlos Lauría, coordinador del Comité para América, alzó la voz desde su sede en Nueva York, pero nada cambió. Finalmente, dos reporteros recuperaron la libertad y uno, Jorge Rábago Valdez, colaborador de las radiodifusoras Radio-Rey y Reporteros en la Red, apareció muerto en la calle con evidentes signos de tortura. Le golpearon las nalgas y las piernas con una tabla plana y le causaron quemaduras y fracturas que finalmente le provocaron un paro cardiaco.
Los dos liberados no quisieron denunciar, y se fueron de la ciudad y del gremio. Los familiares de los cinco que aún están desaparecidos tampoco quieren hacer declaraciones públicas, y para las autoridades solamente existe un caso: el de Miguel Ángel Domínguez Zamora, del diario El Mañana, de Reynosa, el único denunciado oficialmente. “La situación en Tamaulipas ha llegado a tal punto que la gente tiene que recurrir a los blogs y las páginas de internet para enterarse de lo que sucede y para denunciar lo que ven, porque los medios de información tradicionales, la prensa constituida, ya no presta ese servicio. Solamente informamos de choques, robos o asaltos, y eso cuando no involucra los intereses de alguno de los cárteles de la droga, porque si nos llega la orden de no publicar un choque, pues no lo publicamos”, cuenta un fotógrafo con 15 años de oficio.
LA SEGURIDAD VALE MÁS QUE LA VERDAD
El desamparo se vuelve doble cuando la empresa es pequeña y los periodistas lo saben. No es lo mismo que Televisa denuncie el acoso, desaparición o asesinato de uno de sus periodistas, a que lo haga un medio local. La conductora de un noticiero de radio lo explica: “Aquí los mismos jefes nos dicen que nos hagamos a un lado, que no debemos meternos en broncas. La orden es no molestar a la gente de los cárteles, no ponernos en peligro nosotros, nuestras familias o compañeros. La verdad y la ética por ahora están guardados en un cajón, porque todos apreciamos esos valores del periodismo, pero nadie quiere arriesgar su integridad física”.
El productor del mismo noticiario complementa lo que dice su colega: “La situación es muy difícil: nadie ejerce el periodismo policíaco, los reporteros se abocan a notas de choques e incidentes que no tengan que ver con el tema del crimen organizado, aunque a veces tienen que consultar, pues hasta en los choques se tienen que cuidar de que no esté involucrado alguien de ellos. Algunos compañeros han sido amenazados, otros con menos suerte son golpeados o levantados por acudir o tomar fotos en incidentes que aparentemente nada tienen que ver con el narco”, dijo el productor.
En Ciudad Victoria y la región cañera con sede en Ciudad Mante, así como la zona petrolera de Tampico-Madero-Altamira, polos de desarrollo en la entidad, la situación es idéntica: los periodistas, acotados, hacen lo que pueden para trabajar sin molestar a los señores de las armas. “En agosto de 2011 murieron 20 reos en el penal de Matamoros en una lucha campal. En octubre del mismo año se registraron balaceras y persecuciones en Nuevo Laredo y Reynosa que desataron la psicosis ciudadana. No publicamos una sola línea por miedo, porque así lo piden los narcotraficantes a través de sus voceros”, cuenta un reportero de Matamoros.
Otro ejemplo claro de esa mordaza recuerda el célebre video de Ciudad Mier, grabado por una residente de ese municipio ubicado entre Reynosa y Nuevo Laredo, en la carretera Ribereña, donde se muestran los estragos de una balacera ocurrida en 2010: las fachadas de negocios y casas tapizadas de orificios de balazos, vehículos abandonados con rastros de sangre y balas en su interior, casquillos de rifles de asalto regados por calles y avenidas. “Esa vez todos nos enteramos que hubo balacera fuerte en Mier; pero nadie fue, porque los reporteros tuvimos la orden de no sacar nada de eso. Esta mujer que grabó el video lo subió a YouTube y de ahí lo tomaron las televisoras nacionales, por eso se pudo ver”, explica un comunicador de Reynosa.
Otro colega, de Tampico, explica que en el periódico donde labora varios de sus compañeros han desertado de la sección policiaca o política. Incluso, uno de los directivos solicitó su cambio a su ciudad de origen. “Aquí se ha llegado al extremo de que una de estas personas (delincuente) te cita, te da un montón de fotos de una fiesta y una hoja con los nombres de los invitados para que se publiquen en la sección de sociales”, dice el residente del puerto. Otro comunicador de Nuevo Laredo explica que “debido a la presión ejercida, los periodistas no hacen coberturas ni siquiera de balaceras. Esta situación de autocensura es verdaderamente difícil. Luego viene el problema de que hay noticias que sí deben publicarse, como los colgados del puente peatonal o la decapitación de Mary (María Elizabeth Macías Castro)”.
La situación no es nueva. Desde 2006 los criminales mostraron su músculo cuando en febrero de ese año ingresaron a la redacción del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, detonando una granada y soltando una ráfaga de metralleta que lesionó a un reportero policiaco y lo dejó inválido, lo que provocó la renuncia de seis reporteros y el exilio del director a la vecina ciudad de Laredo, Texas.
En Tamaulipas, las bases del oficio periodístico han sido modificadas radicalmente por el poder de facto que ejercen los narcotraficantes. Nadie busca la primicia, y mucho menos la exclusiva, porque eso significa destacar, volverse visible, y la mejor forma de evitar problemas es mantener un bajo perfil. Así lo intentó María Elizabeth Macías Castro, al usar el seudónimo “NenaDLaredo”, pero de poco le sirvió: Los Zetas la localizaron y ejecutaron. El portal estaba dando demasiada información a los militares. Si quedara alguna duda de que la muerte de Macías Castro es una prueba rotunda de la “ley del silencio” que impera en Tamaulipas, la manta que fungió como epitafio de los delincuentes lo aclara todo: “Ok Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA… Gracias por su atención Atte: La ‘Nena’ de Laredo… ZZZZ”.