(Santiago de Chile / Especial) Desde hace un mes, Chile ha observado las manifestaciones de los estudiantes secundarios, que exigen como punto central de sus demandas la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Este legado de la dictadura que se publicó justo el día antes del comienzo de la transición a la democracia, desestima absolutamente el rol del Estado y deja al mercado como el gran instrumento de administración de la educación chilena.
En Chile, la disparidad entre los colegios municipales y privados es abismante. Por ejemplo, en la prueba SIMCE, que mide la calidad de la educación, esta brecha entre la enseñanza estatal y la privada se manifiesta grotescamente. En el 2004, por ejemplo, el 70% de los colegios que reciben a alumnos de estratos bajos mantuvo los malos resultados expresados en todas las pruebas anteriores. Incluso, un 12% empeoró el rendimiento. En términos de inversión, la desigualdad es evidente, dado que, el país gasta en un alumno de colegios privados para su educación -en promedio-140 mil pesos mensuales, en cambio, la inversión en un estudiante de escuela municipal apenas alcanza los 30 mil pesos. Téngase presente que en los colegio privados sólo se educa el 8,5% de los estudiantes, por lo que resulta evidente que una enorme mayoría de estudiantes (más del 90%) recibe una pésima educación. De allí es que no nos puede sorprender la fuerza y consistencia de la movilización estudiantil.
Pero, no sólo está el problema de la desigualdad, sino también de la calidad. Según la prueba internacional TIMSS del 2003, aplicada a octavos básicos, Chile está a la altura de países como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica. Todos países extremadamente pobres.
En pocas palabras, la estructura educacional en Chile está en crisis, y esto se explica por la subordinación del derecho a la educación ante la búsqueda del lucro. Teniendo presente que una parte del problema es de financiamiento, se debería aumentar la inversión a 90 mil pesos mensuales por estudiante del sistema público y subvencionado, a fin de establecer los requerimientos básicos para desarrollar estándares mínimos de calidad en la enseñanza pública. Para esta verdadera revolución se requiere una inversión anual de 3.529 millones de dólares adicionales. Este mayor gasto es perfectamente posible si se aplicara un royalty del 30% a la minería, a la salmonicultura y a los sectores forestal y pesquero. Solo con esta medida se alcanzaría una recaudación cercana a los 4.618 millones de dólares. Cifra suficiente para costear los gastos en educación de los hijos de un país que aspira a ser desarrollado. Es más, si se estableciera un impuesto a la renta del 31% a las utilidades del 1% de las empresas exportadores que hacen el 96% de las exportaciones chilenas, habría disponibles 3.620 millones de dólares adicionales.
Los secundarios han remecido el opaco escenario político que reina en Chile desde hace 16 años. Tres lustros de desesperanza contenida, han brotado de la mano de los estudiantes, jóvenes de 15 a 17 años, marchando en las calles, resistiendo la dura represión policial y elevando una protesta que -como de costumbre- las autoridades desestiman y desautorizan. Hoy, esas autoridades observan a 850 mil escolares movilizados. Pero los estudiantes comenzaron el diálogo y las peticiones hace un año. Obviamente, los compromisos asumidos por las autoridades educacionales del gobierno del ex Presidente Lagos fueron desestimados. Hoy, ya surgen voces que apuntan al ex mandatario como el responsable de la actual crisis educacional.
Lamentablemente, ministros y tecnócratas de los números se han prestado para enmascarar una situación indignante y aberrante, esta es, que el Estado de Chile prefiere que las grandes empresas ganen mucho dinero a que los jóvenes tengan la formación adecuada para el futuro no sólo de ellos sino también del país. Para el Estado de Chile, es preferible que Luksic, Matte y Angelini sean conspicuos representantes de Chile en el ranking de los más ricos del mundo a que los jóvenes chilenos se eduquen como personas y ciudadanos.
Es por ello que, presidentes, tecnócratas y ministros que se prestan para enmascarar a estos grupos económicos y financieros, tales como el ex presidente Ricardo Lagos, quien calificó a Luksic y Angelini como los nuevos forjadores de la Patria, son quienes siembran de desesperanza y violencia el futuro. Estos tecnócratas como el ministro de Hacienda, Andrés Velasco y el ex presidente Lagos son los responsables de mucha de la violencia, la drogadicción, el suicidio y la mala vida que muchos jóvenes sufrirán como resultado de una mala formación que los condenará al "pateando piedras" que Los Prisioneros ya denunciaban en los ochenta.
Este nota fue originalmente publicado en RodolfoWalsh.org