(IPS) – La soja avanza sobre el campo argentino, desalojando pequeños productores y sustituyendo ganado y otros cultivos. Una encrucijada para un país cuya alimentación depende en 70 por ciento de la agricultura familiar, pero que igualmente requiere las divisas procedentes del llamado “oro verde”.
En el 2013, las exportaciones de granos, aceites y harinas de soja generaron 23.208 millones de dólares, equivalentes a 26 por ciento de las ventas al exterior, según la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales.
Eso convierte a la soja, de variedad transgénica, en la principal fuente de divisas, al mismo tiempo que la cadena productiva de la oleaginosa aporta 5,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 10 por ciento de la recaudación fiscal.
“Más allá de términos fiscales o del valor agregado, sin duda la soja es el mayor aporte en la cadena de oleaginosas, en las exportaciones y en el superávit de dólares que le da a la economía”, dijo a IPS el economista Luciano Cohan.
Actualmente, “sin los dólares que provienen de la soja, la economía del país tendría que hacer ajuste tremendo”, añadió el autor del libro “El aporte de la cadena de soja a la economía argentina”.
Con 31 millones de hectáreas sembradas, 20,2 de semillas genéticamente modificadas, la soja es el principal cultivo argentino, frente a los 4,8 millones que cubría en 1990, según la Asociación de la Cadena de la Soja.
Cohan explicó que su expansión comenzó en 1996, cuando se implantó la semilla transgénica, y se aceleró a partir del 2008, cuando los productores se abocaron a este cultivo en detrimento de otros como trigo, tras una crisis en el área rural por un conflicto entre empresarios del sector y el gobierno.
“Por varias razones la soja (genéticamente modificada) puede ser vista como un cultivo menos riesgoso que otras actividades…Por ejemplo, es mucho más barato producir soja, que maíz, carne o leche, y es un cultivo que tiene muchos menos riesgos regulatorios”, detalló.
“La ‘sojización’ entendida como monocultivo no es positiva. Pero si el productor no ve mejores condiciones para sembrar otros cultivos, y por parte del Estado, la soja es la que mejor le permite recaudar, nos encontramos en un círculo vicioso altamente peligroso para la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos”, alertó a IPS el académico e ingeniero agrónomo Carlos Toledo.
Impacto agropecuario
“El crecimiento de la superficie de soja y en general de ‘commodities (mercancías transables)’ transgénicos significa el desplazamiento de producciones locales y el incremento de la cría de ganado en ‘feedlots (corrales de engorde, en inglés)’”, subrayó a IPS un integrante de la organización campesina internacional Grain, Carlos Vicente.
Como ejemplo del impacto, citó el cierre de miles de tambos, como se llaman en el Cono Sur americano a los pequeños establecimientos de ganadería de ordeño. “Solamente en la (oriental) provincia de Buenos Aires se cerraron 300”, enumeró.
“Esto implica el estancamiento de la producción y la concentración en grandes productores”, que pasan a actuar como un oligopolio, advirtió.
Un estudio de Miguel Teubal, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, expone otros datos. Mientras entre 1997 y 2005, la producción de soja aumentó casi 20 millones de toneladas, la de girasol cayó dos millones y la de arroz 0,5 millones.
Solo en la central provincia de Córdoba, el auge de la soja significó la pérdida del 17 por ciento de cabezas de ganado. Y también disminuyó la producción de frutas y hortalizas alrededor de las grandes ciudades, “incidiendo en el alza de los precios de productos básicos de consumo popular, como el tomate y la papa”, ejemplifica.
A su vez concentró y encareció la tierra, según Grain. En 2010, más de 50 por ciento del cultivo sojero estaba controlado por tres por ciento de los productores, con más de 5.000 hectáreas.
Eso generó “un éxodo rural sin precedentes, que para 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias”, sostuvo Vicente.
“La soja es importante en términos de ingresos para planes sociales. Pero la gran paradoja es que esos planes deberán ir a cubrir necesidades básicas de los expulsados del campo por ese modelo”, reflexionó.
“He visto el éxodo de muchos productores de la cuenca lechera y ganadera que no necesariamente pasaron por el ‘modelo sojero’. Se fueron a la ciudad porque sus actividades productivas eran fuertemente deficitarias y no veían futuro para sus familias”, rebatió Toledo.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Argentina tiene todavía disponible para cultivar 14,4 por ciento de su territorio, casi una hectárea por habitante.
Por eso, para Toledo la seguridad alimentaria y la soja “van por carriles separados”.
La cuestión es si “están brindando a los productores, básicamente pequeños y medianos, mejores condiciones para que diversifiquen su producción”, subrayó.
Seguridad alimentaria
Para fortalecer el sector, el gobierno de Cristina Fernández, creó en 2008 la ahora llamada Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural.
El 20 de enero se promulgó además una ley, cuyo título es una declaración de intenciones: “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina”, y que la califica de “interés público” por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.
Cifras del gubernamental Registro Nacional de Agricultura Familiar indican que el sector representa 20 por ciento del PIB agropecuario y de las tierras cultivadas, 65 por ciento de los productores y 53 por ciento del empleo rural. Además, aporta más de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país.
Pero 66 por ciento de estos productores viven en pobreza, puntualiza la FAO.
Entre los objetivos de la Secretaría está el revertir la migración a las ciudades, creando un millón de unidades agropecuarias, que englobarían a cinco millones de personas.
“Necesitamos 50 años de un proceso de inversión en el sector agropecuario para recuperar todo lo que se destruyó”, ha declarado su titular, Emilio Pérsico.
Pero Pérsico considera que “el tema no es la soja, es el agronegocio”.
“Los conflictos más importantes que tenemos no son con la soja. En Santiago (del Estero) tenemos problemas con ganaderos, en Río Negro con los productores de alfalfa, en Misiones con los exportadores de pinos, en Mendoza con los productores de vino”, ejemplificó el funcionario, citando diversas provincias.
Miguel Fernández, presidente del Foro Nacional de Agricultura Familiar, menciona otras causas del éxodo como la deforestación (parcialmente impulsada por la soja), el cambio climático (que con inundaciones y sequías extremas castiga a los campesinos pobres), y los meganegocios inmobiliarios, turísticos y agropecuarios.
“Nos están achicando las posibilidades de producir más o de ser dueños de la tierra. … nos fueron corriendo a los pequeños, los que tienen plata (dinero), como si fuéramos perros, arrinconándonos”, se lamentó con IPS.
Para revertir el proceso, aseguró Vicente, habrá que combatir otras cuestiones esenciales como el monopolio de las empresas transnacionales de las semillas de los cultivos transgénicos o como estos “desplazan y contaminan a otros cultivos”.
“Estos agroquímicos y semillas, van dejando los suelos devastados. Nos preocupa que tengamos el suelo pero que después no podamos producir”, concluyó Fernández.
Editado por Estrella Gutiérrez