La UNASUR apaga su primer incendio en Bolivia: Brasil hace la diferencia

Más allá de la retórica y las declaraciones, la intervención activa de Brasil para desescalar el conflicto boliviano, mostró el estilo de su diplomacia y los objetivos de una gran potencia que consigue, en una sola jugada, mantener a raya las ambiciones imperiales en su "patio trasero" y aislar los intentos de incrementar la tensión en la región.

La Declaración de la Moneda, documento aprobado por unanimidad por los doce países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), puede ser considerado como un triunfo de la diplomacia de Itamaraty. Los nueve puntos de la resolución, combinan un sólido e irrestricto respaldo al gobierno de Evo Morales con duras advertencias a la oposición, que se plasman en la iniciativa de crear una comisión para "realizar una investigación imparcial" sobre la masacre de Pando, para impedir que quede en la impunidad.

En resumidas cuentas, la oposición queda aislada internacionalmente, y debe tomar en cuenta que los países de la región no están dispuestos a permitir que prosigan las acciones violentas destinadas a desestabilizar y, eventualmente, voltear al gobierno de Morales o dividir el país.

Los tres últimos puntos de la Declaración exhiben un delicado pero firme matiz respecto a los anteriores. Inducen al gobierno legítimo de Morales a dialogar con la oposición, con el objetivo de "concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al Estado de Derecho y al orden legal vigente". Va más lejos: decide la creación de una comisión para "acompañar los trabajos de esa mesa de diálogo" y una comisión "de apoyo y asistencia" al gobierno boliviano.

Una consecuencia inmediata de la declaración de Unasur y de las gestiones de Brasil, fue el acuerdo alcanzado el martes 16 de septiembre entre el gobierno y la oposición. En tres aspectos, por lo menos, supone una evidente marcha atrás del gobierno del MAS: acepta que los departamentos deben recuperar una parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que el gobierno había decidido que financiara la Renta Dignidad a los jubilados y es una de las principales demandas de la oposición; invita como "facilitadores y testigos" a Unasur, la Iglesia Católica, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas; y suspende por un mínimo de un mes la convocatoria del Referéndum Constitucional. A cambio, espera obtener "paz social".

Una victoria o una derrota, según se mire. Si se parte del día después del referendo de agosto, en el que el presidente Morales fue ratificado con el 67% del voto, es un evidente paso atrás. Si se creen las versiones, nada infundadas, de que estaba en marcha un golpe de Estado, el gobierno de Morales consigue superar una de las instancias más difíciles en 30 meses, aunque el futuro sigue siendo incierto. En todo caso, la oposición consiguió convertir en polvo la contundente victoria de agosto, que debería haber comenzado a resolver el "empate estratégico".

La cuenta del gas

Si se enhebran cuidadosamente los pasos que se dieron para llegar a la Declaración de la Moneda, puede concluirse que se trata de un apoyo irrestricto a Morales pero condicionado, y que las condiciones—fuera de toda duda—las puso el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El jueves 11, luego de la masacre de Pando y ante la reticencia del ejército a aceptar el estado de sitio, el gobierno boliviano pidió a sus pares de la región, en particular a Venezuela, Argentina y Brasil, pronunciamientos de apoyo a la democracia boliviana. Argentina y Venezuela lo hicieron el mismo jueves, con tonos totalmente diferentes, mientras Brasil recién lo hizo el viernes 12.

Como se sabe, Hugo Chávez se mostró dispuesto a enviar militares para defender al gobierno de Morales, lo que le valió una inmediata respuesta del Comandante en Jefe boliviano, general Luis Trigo, mucho más veloz en responder las airadas declaraciones del venezolano que en impedir la masacre de Pando. La declaración de la cancillería argentina expresó su apoyo "pleno e incondicional" a Morales, ante lo que calificó como "graves hechos de violencia y sabotaje terrorista" de la oposición.

El asesor para asuntos internacionales de Lula, Marco Aurelio García, dijo que su país "no tolerará una ruptura del ordenamiento democrático", pero el presidente fue más ambiguo pese a su respaldo a Morales: "La oposición tiene derecho a hacer oposición, pero todo tiene un límite, porque si extrapolan los límites todo el mundo pierde, y creo que Bolivia lo que necesita es que todo el mundo gane. Lo que hago es un llamado al pueblo boliviano, a los trabajadores, al gobierno y a la oposición para que permitan que Bolivia encuentre su propio destino, fortaleciendo su democracia".

El viernes 12, el vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Brasil, José Augusto de Castro, reaccionó ante la disminución del suministro de gas durante siete horas, el día anterior por un atentado de la oposición al gasoducto binacional: "Mientras los bolivianos se limiten a agitaciones en la frontera, todo está bien. Lo que no pueden hacer es meterse con el gasoducto". Bolivia bombea a Brasil 31 millones de metros cúbicos de gas todos los días, que suponen el 70% del consumo de la industria paulista y el 100% por ciento de la industria de Porto Alegre.

Planalto no podía dejar de actuar una vez que el suministro de gas estaba en peligro. La oposición autonomista—de modo espontáneo o "aconsejada"—había dado en el blanco al petardear un gasoducto más que vulnerable. Según varias fuentes, hacia el jueves 11 Brasil se disponía a enviar a García y al secretario general de Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimaraes, a La Paz, donde también debía llegar Jorge Taiana, canciller argentino, para, iniciar una gestión de mediación. Cuando los brasileños ya estaban dentro del avión, la gestión abortó porque Morales no dio el visto bueno a la intermediación brasileña, con el apoyo—o la presión—de las fuerzas armadas.

En este punto existen, por lo menos, dos versiones. Una de ellas indica que Morales habría dado prioridad al despliegue de tropas militares y policiales para garantizar el suministro de gas y establecer el estado de sitio en Pando y en Santa Cruz, con lo que apostaba a una solución estrictamente interna del conflicto. La estatal Agencia Brasil difundió una versión según la cual Morales se habría mostrado pesimista acerca de llegar a un acuerdo con la oposición y habría apostado, por el contrario, a la movilización social para destrabar la situación.

La segunda versión, apunta a una molestia del Ejecutivo boliviano por la suave pero persistente presión de Lula para que Evo llamara a la oposición a negociar, y muy en particular por los contactos de la cancillería brasileña con los autonomistas de la Media Luna. Consultado sobre si había mantenido contactos personales, García reconoció que "la idea es que la Embajada de Brasil (en Bolivia) esté haciendo esos contactos".

Sea como fuere, lo cierto es que el desarrollo de la reunión en La Moneda confirmó la existencia de "matices" entre los diversos países de UNASUR, y entre Planalto y el Palacio Quemado. En la reunión de presidentes, luego de una larga exposición de Evo, Lula le habría preguntado si pensaba hacer prevalecer el diálogo o la fuerza, y le aconsejó "priorizar el diálogo sin abandonar la fuerza". Al parecer, Lula tenía dudas sobre las intenciones del presidente boliviano, similares en todo caso a las expresadas por la oposición que mencionaba un "autogolpe" de Evo.

Más adelante, según la misma versión, cuando Chávez pretendió incluir en la Declaración un párrafo crítico del papel de Estados Unidos, recibió una rápida y negativa respuesta de Rafael Correa y de Lula. Más tarde, la anfitriona, Michelle Bachelet, propuso darle participación a la OEA en el documento, lo que fue rechazado por Lula, esta vez con el apoyo de Chávez.

Brasil potencia

Todo indica que Brasil salió fortalecido de la crisis boliviana. Como lo señaló días atrás el ministro de Defensa, Nelson Jobim, en referencia al flamante Plan Estratégico Nacional de Defensa, apuesta a la hegemonía regional: "Estamos viviendo hoy un objetivo claro, que es la afirmación de Brasil como gran potencia. Y eso significa la capacitación clara del poder efectivo de disuasión".

En la crisis boliviana, ese papel de potencia pasa por mantener cierta equidistancia en el conflicto gobierno-oposición. El asesor internacional de Lula lo expresa de forma clara en un frase que, atribuida o real, sintetiza la posición de Brasil: "El problema es que el país está viviendo un proceso de reformas, sin salirse del marco democrático, pero tanto la oposición como el gobierno actúan como si estuvieran frente a una revolución".

Esa posición de Brasil puede llevar a buena parte de las izquierdas del continente a considerar que ha capitulado frente al imperio o, en una variante de la misma posición, a creer que el gobierno de Lula está haciendo el juego al de George W. Bush. Ciertamente, Brasil no se ha mostrado entusiasmado con algunos proyectos de integración como el Banco del Sur y el Gasoducto del Sur, por lo que ambos se encuentran paralizados. Sin embargo, las cosas no pueden reducirse a opciones ideológicas.

El mismo día que gobierno y oposición firmaban un acuerdo para pacificar el país, Washington tomaba la decisión de incluir a Bolivia en la "lista negra" de los países que no combaten decididamente el narcotráfico, junto a Venezuela y Birmania. David Johnson, director de Asuntos de Narcotráfico del Departamento de Estado, sostuvo que el gobierno de Morales "sigue apoyando la expansión de la producción lícita de hojas de coca, pese al hecho de que el actual nivel de cultivo legal excede de lejos la demanda para consumo tradicional".

Mientras el gobierno de Bush echa más leña al fuego, con la esperanza de que la hoguera no deje de arder, Planalto toma el camino opuesto, como ya sucedió luego del ataque de Colombia al campamento de Raúl Reyes, el 1 de marzo pasado. La diplomacia brasileña tiene una partitura diseñada tiempo atrás para la región, y se limita a ejecutar los acordes con la mayor precisión posible. Samuel Pinheiro Guimaraes, actual secretario general de la cancillería y destacado intelectual, analiza en su último libro la política de su país hacia Estados Unidos y hacia los socios de la región. Sostiene que el eje de la política exterior brasileña debe consistir en una alianza estratégica con Argentina y en "la construcción paciente, persistente y gradual de la unión política de América del Sur y el firme y sereno rechazo de políticas que sometan a la región a los intereses estratégicos de los Estados Unidos".

En la presente crisis, Brasil no se apartó un ápice de esa estrategia. Por otro lado, y este es un aspecto que a menudo se olvida, Brasil tiene intereses propios en Bolivia, que no siempre coinciden con el gobierno del MAS. La semiestatal Petrobras sigue jugando un papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos bolivianos, siendo el principal inversor en el país andino.

Además, la participación de brasileños en el agronegocio es muy importante. En Santa Cruz, unas 200 familias de agricultores brasileños cultivan 350 mil hectáreas de soja que representan el 35% de la producción sojera boliviana. Estos agricultores tienen peso político, ya que representan un tercio de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Bolivia-Brasil y están presentes en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo que agrupa a 12,000 agricultores de Santa Cruz.

De diversas maneras, Brasil controla alrededor del 20% del PIB de Bolivia, porcentaje que en los próximos años se deberá incrementar a través de inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería, a menudo financiadas por el poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Pero esas inversiones y esos intereses están concentrados en la Media Luna, en particular en Tarija y Santa Cruz. Por duro que sea reconocerlo, y más allá de la intención de los actuales gobernantes, el "Brasil potencia" contribuye a desequilibrar la balanza entre el oriente agroexportador y el occidente quechua-aymara. Más complejo aún: sus intereses nacionales "objetivos" se sitúan más cerca de Santa Cruz que de La Paz. Eso puede explicar—aunque no justificar—una cierta equidistancia del gobierno Lula, que no puede menos que hacer equilibrios en un país donde, una vez más, el subcontinente se juega buena parte de su futuro.