La Paz, Bolivia – En este preciso momento, el Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de Evo Morales) timonea un Gobierno que a contrarruta tiene la vocación de cumplir un plan prometido.
El debate de fondo son las visiones entre una Bolivia con más posibilidades de un retorno al estatismo -distinto al de la primera mitad de siglo veinte- o un país con una traumática línea privatista y en exceso liberal.
Por esto es que son tan importantes los virajes de la política doméstica "masista", en torno a la Nacionalización de Hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y la Segunda Reforma Agraria. Medidas que en la lectura de los líderes de sectores radicales de izquierda llegarán a ser "tibias", mientras los políticos y empresarios conservadores las tilden de potencialmente "radicales".
Mientras estos sectores discuten sobre el Estado boliviano que quieren, los bloques indígenas suspiran ante la posibilidad de culminar un doloroso proceso histórico que pasó sobre ellos y los condenó a vivir en una especie de apartheid en el seno mismo de su patria.
En resumen, las encrucijadas que vive el MAS y Bolivia, para el vicepresidente Álvaro García Linera, tienen como "problema de fondo": "una lucha de bloques que pugnan por distintas visiones de organizar la economía, el Estado y la política. Es una lucha descarnada, es una lucha por la capacidad de toma de decisiones en el ámbito estatal". ¿Será que el MAS y su política doméstica podrán terminar con el carácter colonial, monocultural y centralista del Estado republicano y liberal boliviano?. Ya hay algunas señales.
¿La Nacionalización esperada?
La noticia se esparció como reguero de pólvora, cuando el Gobierno boliviano volvió a recuperar la propiedad de los hidrocarburos[1] el simbólico Primero de Mayo, mediante un Decreto Supremo y la toma militar de todas las refinerías, campos petroleros y gasolineras. El Decreto 28701 considera que las históricas jornadas de lucha el pueblo boliviano han conquistado el derecho para que las riquezas naturales vuelvan a manos de la nación y sean utilizadas en beneficio del país.
Para el periodista Mirko Orgaz, autor del libro "La Guerra del Gas", el Decreto 28701 "no es ninguna novedad". En este contexto, para el periodista es importante considerar que con este Decreto el MAS "considera como legales los contratos que no eran legales". Es así que las empresas petroleras se convierten en prestadoras de servicios que mantendrán la propiedad de sus instalaciones y maquinarias.
Este es, según Orgáz, el otro problema que presenta la nacionalización: "Sí, el derecho de propiedad queda para el país y cambia el nombre, pero las empresas también se quedan en el mismo lugar", dice aludiendo a la falta de una expropiación real.
Precisamente expropiación es una palabra que el Gobierno no quiere poner en su boca. Roberto Ruiz Baswerner, integrante del Comité Cívico Pro Intereses de Tarija[2], aclara que "no es posible una nacionalización sin indemnización". Pese a todo, el Gobierno quiere sonar rudo y ha añadido al plazo fatal de 180 días, para que las empresas se ajusten a la norma, la sentencia de: "acatan o se van".
En la lógica del MAS, una de las claves de la nacionalización es la modificación de la fórmula de distribución de los ingresos: el Estado se queda con el 82 por ciento y las petroleras con el 18 por ciento. Con este cambio, sólo este año las once petroleras que trabajan en Bolivia tendrán una afectación de 300 millones de dólares, mientras el Estado boliviano recibirá al rededor de 750 millones de dólares.
Millones más, millones menos, el Comité Cívico de Tarija ha querido mostrarse cauto y celoso con los dineros le corresponden. A la fecha, ha sostenido que mientras no se reduzcan los más de 220 millones de dólares que le corresponden por las regalías, el departamento no se opondrá al proceso nacionalizador.
¿Más posiciones encontradas? No es novedad que para la Central Obrera Boliviana (COB) la medida sea "insuficiente" respecto a sus efectos y alcances. En tanto que el Comité Cívico de Camiri, una de las regiones sureñas de Santa Cruz que impulsa su independencia como parte del "décimo departamento" de Bolivia, se muestra "complacido" con la nueva norma.
¿Mantener nueve departamentos?
Aparentemente, el tema del décimo departamento es una discusión pendiente que el MAS no quiere iniciar. Orgaz sostiene que la demanda de creación del Décimo Departamento del Chaco busca "evitar la desintegración del país y terminar con los centralismos secantes de Tarija y Santa Cruz que han emprobecido al Chaco [3]".
Además de terminar con los "centralismos", el décimo departamento ha provocado un efecto político inmediato en los Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija, que han visto la posibilidad de perder los territorios en los que se encuentran las reservas de hidrocarburos. Se calcula que la región del Chaco alberga a más del 80 por ciento de las reservas del gas boliviano.
No deja de crear susceptibilidades a la Administración de Evo Morales que el impulso a la determinación del nuevo departamento esté impulsada por el diputado y representante del partido conservador de la oposición, Poder Democrático Social (Podemos), Wilman Cardozo. "(La creación del décimo departamento) es una bandera para generar conflictos al Estado y al gobierno", sostuvo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, que marcó la línea "imparcial" respecto a esta demanda y derivó su discusión a la Asamblea Constituyente (AC).
¿Es posible el armisticio social?
La pregunta está en el aire: ¿el MAS apuesta por una Asamblea Constituyente revolucionaria o reformista?. Evo Morales juró ante el pueblo y prometió una Constituyente "fundacional", contra el deseo de las oligarquías y sectores conservadores de derecha que no quieren cambiar absolutamente nada en la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano que no sea el régimen de autonomías para preservar sus privilegios. Empero, para confrontar más el panorama, García Linera lanzó la modesta cifra del "20 por ciento" como el porcentaje de cambios que tendría la nueva CPE.
Esto definitivamente no condice con el deseo del común de los bolivianos que ven en la Constituyente la fórmula mágica que dará más y mejor trabajo, educación, salud e incluso agua y que logrará desterrar definitivamente la discriminación y la pobreza. ¿Qué tipo de Constituyente podrá satisfacer a ambos sectores?.
Gran parte de los analistas coinciden – tomando la filosofía política de John Locke- en que la AC sentará las bases para un nuevo "pacto social". Entonces, por una parte se tiene un espíritu "pactante" y por otra parte la esperanza de cambios profundos, casi revolucionarios.
Nuevamente los sectores de los movimientos sociales de izquierda como la COB y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) denunciaron su marginación de la AC. El trotskismo imperante en el Magisterio Nacional de Educadores indicó que la salida autonómica y la Constituyente son "reformas" y no cambios estructurales.
Tal vez por esto, García Linera muestre una honestidad pesimista y diga que "nada garantiza que la Constituyente tenga éxito", pues para el Dignatario de Estado una AC se evalúa por tener que resolver el problema por el que se originó, si no lo hace fracasa. Dentro de esto, el mismo García Linera vaticinaba que el discurso de "recuperación de los Recursos Naturales (RRNN), Autonomías y la misma Agenda de Octubre, quizá tampoco funcionen".
Entonces ¿por qué creer en la Asamblea Constituyente? En la lógica de García Linera, porque es la "manera reflexiva y pactada" de resolver la crisis boliviana: "otra forma (además de la AC) es la guerra civil (como en 1952)". Esta posibilidad es entendida por el Vicepresidente como un "armisticio social", que según García Linera, es "el acuerdo del reconocimiento del otro y del reconocimiento del uno".
Lo cierto es que en los hechos los masistas de base no se siente muy "reconocidos". Un ejemplo claro fueron las listas del MAS para sus candidatos a la Constituyente, que no convencieron al componente indígena, por el aislamiento de importantes organizaciones indígenas de Oriente [4] y Occidente.
El mismo García Linera reconoce el quiebre ideológico que existe con "las otras izquierdas" y sostiene que "una parte de los movimientos sociales radicales (…) quieren entender al MAS como un movimiento plenamente reformista y no revolucionario". ¿Pero cuán revolucionario puede resultar el Movimiento Al Socialismo?
Esto definitivamente se demostrará en la agenda que lleve el MAS a la Constituyente. Dice García Linera que los temas que deben discutirse en la Asamblea son: el régimen de propiedad, que tiene que ver con los RRNN, el agua y la tierra; la nueva línea económica que podría ser mixta (entre liberal y estatal) o comunitaria; la división administrativa de Bolivia, donde se discutirá el carácter del Estado como federal, autonómico o centralizado, además de reescribirse los derechos sociales fundamentales.
La "guerra por la tierra"
Por último ¿podrá el MAS mantener una posición de cambio real en la Reforma Agraria de 1952, cuando ha quedado demostrado que este modelo de repartición no ha funcionado?, prueba de ello es que la propiedad de la tierra es casi idéntica a la de 1953: 87 por ciento de las tierras están en manos del 7 por ciento de grandes propietarios conocidos como latifundista. La mayoría de estos terratenientes, que no trabajan la tierra, con el "boom" hidrocarburífero han dado origen a la articulación de una nueva élite de poder denominada "petrolatifundista".
Estas élites, que manejan las tierras y el petróleo, están empeñadas en la ejecución de un referéndum autonómico que les permita escapar de un resultado adverso en la Constituyente en el tema tierras. Hace poco menos de una semana, el Gobierno tímidamente demostró su intención de redistribuir las tierras "sin uso" que actualmente están en manos de propietarios privados.
Dice el proyecto que aproximadamente 11 a 14 millones de hectáreas de tierras podrían pasarían a manos de unos 2,5 millones de campesinos, indígenas y colonos. La medida podría incluir la confiscación de tierras a dueños extranjeros, como brasileños que han ingresado a territorio boliviano. Pero la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que agrupa a los grandes empresarios terratenientes de Santa Cruz, disimuladamente ha insinuado que no cederá ni un milímetro de tierra y que defenderán sus terrenos "como se pueda".
Marielle Cauthin es una periodista de www.UpsideDownWorld.org en La Paz, Bolivia.
——————————————
[1] Con esto, Bolivia se enfrenta a la tercera nacionalización de hidrocarburos, luego de la confiscación en 1937 cuando se estatizó la pretrolera Standard Oil Company, hecho que se repitió en 1969 cuando el líder y político de izquierda, Marcelo Quiroga Santa Cruz, nacionalizó la Gulf Oil Company. En 2006, la forma en la que se recuperarán los hidrocarburos es mediante la entrega de propiedad de los eslabones de comercialización, explotación y exploración del recurso natural. Todo esto pasa a manos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
[2]El Comité ha demostrado ser el ente que precautela los intereses de los potentados empresarios y familias tradicionales del departamento de Tarija, ciudad ubicada al sur de Bolivia. La opinión del Comité es una voz importante, siendo Tarija el departamento que cuenta con el 89,9 por ciento de las reservas de gas natural de todo el país. A su vez, Bolivia cuenta con la segunda reserva gasífera del continente con 48,6 Trillones de Pies Cúbicos (TCF).
[3] La iniciativa del Décimo Departamento del Chaco es una reivindicación que tiene una antigüedad de más de veinte años, presente en el Pacto del Quebracho, firmando en la región de Villamontes en 1983 por las provincias Cordillera (Santa Cruz), Luis Calvo y Hernando Siles (Chuquisaca) y O’Connor y el Gran Chaco (Tarija). El Chaco es una región que convive con el 75 por ciento de pobreza, ahí viven tres pueblos indígenas: 100 mil guaraníes, 2.525 Weenhayek y 200 Tapiete, organizados en torno a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
[4] La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en un Manifiesto público reclamaba "las autonomías de los pueblos indígenas en nuestras TCOs (Tierras Comunitarias de Origen), el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales y el respeto a nuestra dignidad de seres humanos", pero la Ley de Convocatoria a la AC no reivindica su pedido de 34 constituyentes indígenas de Oriente, Chaco y Amazonía. Lo mismo pasó con los requerimientos del Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), que no pudieron poner ni un solo representante en las listas del MAS. Otros gremios como la Central Obrera Regional de El Alto (COR) que presentaron listas de candidatos al MAS tampoco fueron incluidos. Las delegaciones de Pando y Beni, departamentos orientales de Bolivia, no pudieron concensuar representantes.