“Mi hijo se llamaba Edison y tenía 29 años. Fue muerto en la calle, fue a casa a buscar medicinas y a cargar gasolina en su moto. Vivimos en la Baixada Santista, un barrio de trabajadores en Sao Paulo. Fue el 15 de mayo. Los policías lo siguieron y lo mataron a 500 metros de la gasolinera. Aunque hay contradicciones en las declaraciones, el Ministerio Público no hizo nada y archivó el caso”, dice Débora María da Silva, una mujer mestiza de 50 años, madre de otras dos hijas.
Edison llevaba siete años trabajando en una empresa de limpieza, tenía un hijo, y estaba lejos del perfil del delincuente, pero su piel era oscura y vivía en un barrio pobre de la Baixada Santista, en el litoral del estado de Sao Paulo. El mismo día que murió Edison, el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de narcotraficantes, atacaba comisarías de policía y quemaba autobuses. “La ciudad estaba paralizada, parecía que había habido un terremoto”, dice Débora.
La ola de violencia en la mayor ciudad de Sudamérica, con 20 millones de habitantes, comenzó el 12 de mayo después que el gobierno del estado de Sao Paulo trasladó a 765 presos a una cárcel de máxima seguridad ubicada a 620 kilómetros de la capital. Uno de los prisioneros trasladados era el líder del PCC, Marcos Williams Herba Camacho, alias Marcola, que dirigía la organización delictiva desde la cárcel. En tres días se produjeron 180 ataques a las fuerzas policiales y guardias penitenciarios, en los que murieron 39 agentes y 38 pandilleros, según estimaciones iniciales oficiales, y fueron incendiados más de cien autobuses y automóviles y una decena de sucursales bancarias.
Simultáneamente se registraron motines en 73 cárceles, que fueron declaradas en situación de rebeldía, de las 144 prisiones que hay en todo el estado. El diario conservador Folha de Sao Paulo alertó que en la morgue metropolitana habían ingresado muchos más cadáveres que los muertos que informaba el gobierno estatal: 272 cuerpos frente a 172 muertos oficiales. Eso hizo suponer que hubo decenas de asesinatos ilegales, que el diario atribuyó a encapuchados que seguramente serían policías. El 24 de mayo, cuando aún no había finalizado la represión, las autoridades admitían que de las 300 víctimas reconocidas sólo 79 tenían relación con el crimen organizado1.
Ese mismo día Amnistía Internacional aseguraba que estaban operando escuadrones de la muerte integrados por policías, cuyas víctimas “se sumarán a los cerca de 9 mil asesinatos perpetrados por la policía brasileña, en su mayoría categorizados como casos de ‘resistencia seguida de muerte’, sin investigación judicial, registrados entre 1999 y 2004”2. Muchos acusaron al gobernador Claudio Lembo. La revista financiera Exame, se quejaba de que la violencia genera gastos equivalentes al 10% del producto bruto interno. El presidente Lula fue uno de los primeros en poner el dedo donde duele: “El problema es la sociedad brasileña. Estamos recogiendo lo que fue sembrado en este país”3.
Ni justicia ni ley
“Algunas madres que teníamos hijos muertos por la policía, y que sabíamos que no tenían ninguna relación con el crimen, decidimos enfrentar al Estado porque es quien tiene el control de la seguridad. Como estábamos en período de elecciones, no querían mostrar debilidad y decidieron enfrentar la rabia de la población por las quemas de autobuses matando a los jóvenes pobres”, dice Débora. “Cuando pude ver que las muertes de los jóvenes se producían todas de la misma forma y que eran todos trabajadores, empecé a buscar a las otras madres. Ellos banalizaron las muertes porque desde arriba les exigían números. Hice un trabajo de hormiga visitando las casas de las madres, muchas tenían miedo y no querían hablar”.
En julio de ese mismo año se empezaron a reunir tres madres para visitar las delegaciones policiales, conocer motivos de las muertes y entrevistarse con las autoridades. Al cumplirse el primer año de las muertes, realizaron una manifestación y una misa con mil personas con pancartas que decían: “Bandidos son aquellos que matan inocentes”. La mayor parte de los muertos vivían en la Baixada Santista. “El Estado archivó todos los casos y no procesó a ningún policía”. Los números son muy claros: el estado admite que hubo 493 muertos por armas de fuego entre el 12 y el 20 de mayo, de los cuales el PCC mató a 47. “Por lo tanto la policía mató a 446 personas”, concluye Débora.
Consiguió demostrar que la policía había mentido en el caso de su hijo Edison y puso en evidencia las contradicciones en el expediente policial. “Ellos decían que la radio policial estaba apagada pero yo
demostré que eso no era cierto”. Lo más doloroso, explica, fue que se le cerraron todas las puertas porque el Estado archivó todas las causas. Sólo le quedaba juntarse con otras madres, esforzarse por comprender una situación que la desbordaba y trabajar para que eso no volviera a suceder.
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| Los pobres son las victimas principales de esta campaña. |
Primero decidieron llamarse Madres de Mayo y organizaron la asociación Madres y Familiares de Víctimas de Violencia de la Baixada Santista. Con el tiempo se les acercaron incluso personas afectadas por la dictadura militar, que no habían tenido fuerza para reclamar por sus familiares y cuando ellas aparecieron se animaron a denunciar lo sucedido décadas atrás. “Ahora somos 17 madres sólo en la Baixada y cuatro más en Sao Paulo. Ya tenemos grupos en trece estados que son familiares de afectados por la Policía Militar”, dice con orgullo. Trabajan con la Red Contra la Violencia de Rio y con madres de Espiritu Santo, Minas Gerais, Belem, Pará, Acre y Pernambuco, entre los estados más importantes.
Cuando habla, aún cuando se agita, Débora encuentra cierta calma: “Nuestras reuniones son muy dolorosas, lloramos, tenemos mucha angustia porque la impunidad es lo que más duele, la gente crió un niño y se lo mata el Estado. Una madre no es muerte es vida. En las reuniones la gente no acepta lo sucedido, llora cuando ve una foto del hijo. Yo hago tratamiento para la depresión. Soy viuda porque mi marido murió de forma parecida a la de mi hijo…. Y tengo un hermano desaparecido”. Por la forma como la escuchan en el Foro Social de Bahia, la de Débora parece ser la realidad de muchas familias brasileñas.
Gente que sobra
“El Estado extermina a los pobres, negros favelados porque es más fácil matarlos que darles educación y salud, porque para ellos los pobres sobran. Los chicos negros son los más vulnerables. La política de seguridad de este país es una política de exterminio, ellos prefieren cárceles a escuelas. A los jóvenes se les aplica una figura que es la resistencia seguida de muerte, o auto de resistencia, que no existe en el código penal”, dice una Débora politizada por su experiencia de vida.
Sin embargo, no son sólo opiniones de una madre dolida. El libro “Crímenes de mayo” publicado seis meses después de los hechos por el Condepe (Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, de Sao Paulo), una comisión independiente integrada por representantes del Ministerio Público Federal, el Consejo Regional de Medicina, la Defensoría Pública (Cremesp) y varias entidades defensoras de derechos humanos, llega a conclusiones similares a las de Débora.
Desiré Carlos Callegari,
presidente del Cremesp, asegura que entre los muertos de mayo hubo mayoría de varones (96,3%) y de jóvenes (45% tenían entre 21 a 31 años; 16,5% entre 31 a 41 años). Cada muerto recibió un promedio de 5,8 disparos el día 15 de mayo. De los 493 muertos, 43 fueron víctimas de delincuentes (23 policías militares, 7 policías civiles, 3 guardias municipales, 9 agentes de cárceles y 4 ciudadanos comunes). Dicecisiete fueron presos rebelados y 109 murieron en enfrentamientos. Pero 87 fueron muertos por asesinos no identificados “con indicios de ejecución con participación policial”4.
El perito criminal Ricardo Molina de Figueiredo, miembro de la comisión independiente, analizó los casos rotulados como “resistencia seguida de muerte”, o sea 124 muertos en la semana del 12 al 20 de mayo. El estudio de todos los casos revela: que la mayoría de los disparos afectó a las víctimas en regiones de alta letalidad; que los disparos fueron hechos a poca distancia; y que hubo una gran cantidad de “de arriba hacia abajo”.
Eso le permite asegurar que “la combinación de estos factores apunta hacia una situación compatible con la ejecución y no con el enfrentamiento a tiros con movimientos de quienes disparan. En una situación de confrontación sería muy improbable que se dieran los tres casos señalados, lo que nos permite decir que hubo ejecuciones en el 60 a 70% de los casos analizados”5.
La Defensoría Pública de Sao Paulo dice más o menos lo mismo. Pedro Giberti, Subdefensor Público General, denuncia que hubo desviación de conducta y abuso de autoridad. Lo peor es que esos elementos “no se transformaron hasta el presente en denuncias, siendo sepultados en la fosa común del archivo, donde yace la impunidad”6.
Gracias a esta comisión y al trabajo de las Madres de Mayo, quedó en la opinión pública la convicción de que hubo muchas ejecuciones sumarias. La segunda conclusión, aportó el propio Estado: una vez más, ganó la impunidad. La cuestión es grave porque en Sao Paulo los asesinatos volvieron a subir luego de diez años de descensos. En 2009, mientras en la capital del estado el delito violento siguió descendiendo, en las periferias y en ciudades del interior y litoral la violencia sigue creciendo. En Baixada Santista en un solo año los asesinatos subieron un 37%7.
Un Estado genocida
Comprender cómo puede estar sucediendo todo esto en un país que aspira a ser un referente mundial, donde impera una democracia desde hace veinte años, que cuenta con un gobierno progresista como el de Lula y va a organizara los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, demanda sondear en diversas direcciones.
Rafael Dias, de la ONG Justiça Global, cree que en Brasil existe un Estado genocida porque “nunca hubo una ruptura entre el Estado de la esclavitud y el Estado moderno, y tenemos ahora un Estado elitista que funciona a través de la violencia para apartar a los indios, los negros, los pobres, que son considerados como amenazas, como clases peligrosas”8. En su opinión, “es una cuestión de Estado, no de gobierno”. Por eso no ha cambiado mayormente con el gobierno de izquierda instalado en 2003. “Ahora tenemos el modelo de militarización de las favelas, porque se sigue considerando al pobre como un enemigo permanente y ésa es la lógica de la seguridad pública”.
La izquierda sigue tratando a los favelados como lumpen, personas que están fuera de la sociedad, dice Rafael Dias. “La izquierda no comprende la situación de los más pobres, porque como no están organizados en sindicatos ni en partidos, no forman parte del proyecto político de la izquierda y creen resolver el problema aplicando políticas compensatorias como Bolsa Familia. Estamos repitiendo los tres ejes que había durante la esclavitud, la triple P: pao, pau y pano“9.
Mauricio Campos es ingeniero y trabaja en la Red Contra la Violencia de Rio de Janeiro, que nació en 2003 durante una serie de movilizaciones de las favelas contra la violencia policial. “Nuestro trabajo consiste en acompañamiento jurídico a la gente que sufre violencia. La principal dificultad para trabajar en la favela es la violencia del Estado, el miedo, las masacres, ya que la gente que hace trabajo permanente está expuesta a las mismas amenazas que atemorizan a la población pobre”10. Cree que la masacre de Acari, en 1990 en Rio, donde mataron a once jóvenes, provocó un cambio en la sociedad ya que “fue la primera vez que hubo una gran reacción colectiva de los familiares de las víctimas”.
Campos sostiene que no se puede eludir el problema de la “relación económica entre el crimen organizado y la policía, ya que los delincuentes no quieren que se haga ninguna denuncia contra porque ellos lo arreglan con propinas. Para los activistas sociales la policía es el primer problema, porque ellos siempre atacan a las organizaciones sociales”. Y agrega que “la violencia contra los favelados viene creciendo porque la elite brasileña ha sido pionera en el mundo para atacar a los pobres antes de que se organicen. En otros países la violencia de las elites es reactiva, pero aquí es preventiva, porque tenemos una burguesía muy capaz, la más lúcida de América Latina que cuenta con un aparato de dominación como la Red Globo que usted no lo ve en otros países”.
El gran problema del tráfico de drogas, en su opinión, es que “es un articulador de todas las actividades criminales, es un gran paraguas de toda la actividad ilegal”. Por otro lado, el ascenso de luchas de los años 70 y 80, “fue zanjado con la represión bajo la dictadura, pero cuando retorna la democracia la represión directa se frena y se comienza con la criminalización de los pobres. Es un proceso incontrolable, porque el aparato policial tiene una autonomía increíble, al punto que ningún gobierno se atreve a enfrentarlo”.
Este es uno de los puntos clave: el cambio social está vetado para la mayoría pobre, negra y joven. “Si hubiera un movimiento social potente, muchos de esos jóvenes dejarían de referenciarse en el crimen y se relacionarían con la lucha social. Los jóvenes son tragados por un proceso, ellos no eligen el crimen, simplemente está, y a veces quieren vengarse de la policía, porque no hay justicia, ni hay organización social, ni guerrilla, y la única salida es entrar al tráfico”, concluye Campos.
No sólo los activistas sociales tienen este tipo de análisis. Vale la pena escuchar una de las voces más importantes del lado conservador, por boca de uno de los más altos cargos que debió enfrentar al crimen organizado en Sao Paulo, el gobernador Claudio Lembo.
El día que Lembo se despedía de su cargo, el 31 de diciembre de 2006, concedió una entrevista a Folha de Sao Paulo en la que habló sobre los agitados días de mayo. “En la crisis del PCC, figuras de la minoría blanca querían la ley del talión. Querían que se matase a
todos, para preservarlos a ellos, los de la minoría blanca. Eso fue lo que más me irritó. Estábamos en un momento extremadamente difícil y teníamos que mostrar que el Estado puede vencer dentro de la ley. Me telefoneaban, y unos pocos vinieron a verme”11.
Lembo es un conservador que ahora pertenece al partido Demócratas (DEM) y que tuvo cargos ministeriales en Sao Paulo durante la dictadura militar. Consultado por la periodista sobre qué pedía la minoría blanca, fue claro: “Que la policía saliera a las calles, de noche, a realizar ejecuciones”. Nunca dijo quiénes son esas personas que querían venganza, aunque nunca fueron directamente afectados por la violencia. Pero es claro que pertenecen a esa minoría de ricos que utilizan el Estado para su exclusivo beneficio.
En pleno conflicto, Lembo dijo que la violencia sólo terminará cuando la minoría blanca cambie su mentalidad. “Tenemos una burguesía muy mala, una minoría blanca muy perversa. La bolsa de esa burguesía va a tener que ser abierta para poder sustentar la miseria social brasileña en el sentido de crear empleos, de que haya más educación, más solidaridad, más diálogo y reciprocidad de situaciones”. “¿En qué sentido son responsables?”, pregunta la periodista. “En la formación histórica de Brasil. Cuando los esclavos fueron liberados, quien recibió la indemnización fue el amo, no los liberados como sucedió en Estados Unidos. Es un país cínico”12.
Si esto es lo que piensa y siente un hombre conservador, abogado y profesor universitario de casi 80 años, gobernador encargado de reprimir la delincuencia y de alguna manera miembro de esa elite que critica, ¿qué pueden sentir los jóvenes de 15 y 18 años, pobres, negros, desocupados, siempre perseguidos?
Débora lo explica a su modo: “El pobre no tiene derecho a llegar al poder. Eso es para los hijos de papá”.
Notas
- “Investigan actuación de grupos de exterminio en Sao Paulo”, AFP y DPA, 24 de mayo, Sao Paulo.
- Idem.
- Agencia Reuters, Sao Paulo, 19 de mayo de 2006.
- Agencia Carta Maior, Sao Paulo 17 de febrero de 2007.
- Idem.
- Idem.
- Maes de Maio, http://maesdemaio.blogspot.com/.
- Entrevista a Rafael Dias.
- En portugués: pan, palo y paño (tela).
- Entrevista a Mauricio Campos.
- Folha de Sao Paulo, 31 de diciembre de 2006, entrevista de Mónica Bergamo.
- Folha de Sao Paulo, 18 de mayo de 2006, entrevista de Mónica Bergamo.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.