En su última iniciativa pro bono de relaciones públicas en nombre de los regímenes derechistas de América Latina, Mary Anastasia O’Grady del Wall Street Journal entrevistó un ex comandante del 5º Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – Daniel Martínez Sierra, alias "Samir" – que abandonó la organización en 2008 y ahora está sirviendo de principal cómplice del gobierno colombiano en sus esfuerzos de demostrar que los campesinos son terroristas. En su artículo del 13 de diciembre titulado “Las FARC y ‘la Comunidad de Paz“, O’Grady anuncia que “La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que [“Samir”] se sentara conmigo y me hablara sobre su experiencia como guerrillero,” un acuerdo que presumiblemente las autoridades no lo pensaron dos veces.
La ‘Comunidad de Paz’ en cuestión es la de San José de Apartadó, que fue fundada en 1997 en el noroccidente del departamento colombiano de Antioquia, cerca de la frontera con Panamá. San José de Apartadó es una red de pueblos geográficamente cercanos que han renunciado a colaborar con los militares, paramilitares, o guerrilleros. El rechazo unilateral de los conflictos armados no ha impedido que en la comunidad de solo 1,500 personas se hayan perpetrado 184 asesinatos desde su fundación 12 años atrás. Esta clase de muertes son naturales, ya que filosofías de vida basada en la no-violencia no parecen ser compatibles con los esfuerzos inescrupulosos de obtener territorio para explotar las minas de carbón y otros recursos locales.
El subtítulo del artículo que autoría O’Grady – el cual parece originalmente titulado “Las ONG Amigas de las FARC” – explica que las comunidades de paz en Colombia son “controladas por ONGs” y que la comunidad era “una herramienta importante de las FARC en su esfuerzo por desacreditar al ejército”. Tal vez en un esfuerzo por enfatizar su rechazo a la paz más aplicable mundialmente, O’Grady comienza su artículo:
“En momentos en que Estados Unidos se prepara para enviar a 30.000 soldados
adicionales a Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narco-economía, la experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.”
El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que opera en la región bananera de Urabá,
también un centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.”
La capacidad de los Estados Unidos (EE.UU) para defender a civiles que habitan narco-economías es primero que todo una hipocresía cuando la historia de EE.UU está plagada de episodios donde defiende narco-economías a expensas de la población civil – como ha sucedido con el Plan Colombia, el cual no ha reducido la producción de cocaína colombiana, pero dio lugar a la fumigación de numerosos campesinos, sus hijos, su ganado, y sus suministros de agua. En cuanto a qué es exactamente lo que “la primera lección” significa, no está claro si O’Grady tiene la intención de advertir a la población Afgana de no renunciar a la violencia, o como una advertencia al Gobierno Afgano de no permitir ONGs en el país.
El peligro que tienen las ONGs fue pormenorizado en un discurso del 2003 por el presidente colombiano, Álvaro Uribe. O’Grady explica que Uribe, “expresó su temor ante la posibilidad de que algunos grupos de ‘derechos humanos’ fueran fachadas para los terroristas. La izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que representa al estado de Connecticut, atacó al presidente colombiano por hacer esas declaraciones.” Miembros más recientes de la izquierda internacional fueron identificados en agosto de 2009 por O’Grady en un artículo titulado “Los amigos de las FARC en Honduras,” en la que demuestra los vínculos terroristas del partido político Unificación Democrática (UD), que estaba en contra el golpe de estado en Honduras, a través de una carta que “había llegado a su escritorio.” La carta supuestamente había sido encontrada en uno de los computadores de Raúl Reyes, el comandante de las FARC abatido en Ecuador en Marzo del 2008 por el ejército Colombiano, y que un año y medio después del incidente sigue sirviendo para incriminar a quien sea necesario de vínculos con las FARC.
En cuanto a “Defensores de derechos humanos amigos de las FARC,” el cual fue el título de un artículo de julio del 2008 en donde O’Grady sugiere que el éxito del reciente rescate de la política colombiana Ingrid Betancourt y compañeros cautivos por las FARC tenían mucho que ver con el hecho de que “convencieron [el ejército] a los rebeldes de las FARC a poner a los rehenes a bordo de un helicóptero; las fuerzas especiales encubiertas simplemente dijeron a los comandantes de las FARC que la aeronave estaba siendo prestada por una ONG ficticia.” En cuanto a la asistencia prestada por ONGs a las FARC en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, esta no se materializó en Marzo pasado mientras yo estuve en San Josesito – el pueblo principal de la comunidad. Solo encontré dos Italianos pertenecientes a una ONG meciéndose en hamacas al lado del horno donde cocinaban pasta. Ellos explicaron que no se les permitía participar en actividad alguna que pudiera interpretarse de carácter político y que la presencia de los organismos internacionales no era más que necesaria a fin de evitar la obliteración de la comunidad.
O’Grady perdió la oportunidad de agregar a los bolivianos a la lista de los “amigos de las FARC” cuando el 22 de noviembre escogió el título “El fin de la democracia boliviana” para su artículo sobre la inminente reelección presidencial de Evo Morales. Sus quejas con respecto a la perpetuación de “narco-dictaduras” en Bolivia y no en Colombia indican que solo reconoce este término cuando se aplica a situaciones en las que el presidente se opone a la penalización de la hoja de coca, y no en situaciones en las que el mandatario presidencial es descrito en un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU (DIA, por sus siglas en ingles) como “dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno.” Este informe en particular fue compilado en 1991 durante el mandato de Uribe como senador y, además, lo describe como un amigo personal del abatido capo de la cocaína Pablo Escobar.
Otro individuo con antecedentes en el comercio de cocaína es su interlocutor, el ex-integrante de las FARC, Samir, quien según ella "le molestó la decisión de las FARC de entrar en el tráfico de drogas y de trabajar junto a los paramilitares en este lucrativo negocio. Se opuso también a la explotación de campesinos.” El que Samir haya esperado 23 años para oponerse a las actividades guerrilleras no interfiere con la aparente convicción de O’Grady de que el ex-comandante de repente debe ser considerado como un difusor justo de verdad, y explica que “a cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo que hizo durante las dos décadas que perteneció a las FARC.” Samir fue salvado de pagar cualquier tipo de pena y el gobierno colombiano lo nombró “gestor de paz,” en junio de 2009 – una posición ofrecida a los guerrilleros reformados que se comprometieran a promover la reconciliación nacional, de conformidad con las estrategias dictadas por el gobierno; el gobierno no explicó por qué Pablo Escobar nunca fue ofrecido un puesto en la consejería sobre las drogas en los colegios de la ciudad de Medellín, Colombia.
El ofrecimiento de oportunidades lucrativas por parte de Uribe a los paramilitares Colombianos que formaba parte de la ley de Justicia y Paz de 2005, y así fue que logró disfrazar la reagrupación de nuevas bandas paramilitares con diferentes nombres para argumentar la desmovilización total – y por lo tanto durante mi reciente visita al departamento Colombiano del Putumayo los residentes de varias ciudades informaron haber recibido volantes, ahora no firmados por el “Las Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC – la organización paramilitar que firmo los acuerdos de paz) sino por las “Águilas Negras,” amenazando con matar a ciertos sectores de la sociedad, como personas que abandonaran sus hogares después de las 10 de la noche. O’Grady, sin embargo, opta por no referirse a la Ley de Justicia y Paz, sino más bien a las ONG Colombiana llamada Justicia y Paz como partidaria de los terroristas.
Según O’Grady, Justicia y Paz es una de las ONGs "que controlan" la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y sus dirigentes, de acuerdo con Samir, "tenían una relación cercana" con los líderes de las FARC “desde sus inicios.” Otros detalles relevantes suministrados por Samir incluyen que “la Comunidad de Paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las FARC y para almacenar suministros médicos,” – una afirmación que es contradicha por el hecho de que yo dormí en la enfermería de la aldea de San Josesito durante mi visita en marzo y la cual no hospedaba ni rebeldes, ni los suministros médicos; y la estrecha relación entre la comunidad y las FARC, no se explica pues miembros de la comunidad atribuyen 24 de los 184 asesinatos desde 1997 a la guerrilla. Arón David, miembro del Consejo Interno de San José, admitió, sin embargo, que las FARC reembolsaban a los ciudadanos si devoraban o destruían cosechas y ganado más a menudo que los otros grupos armados.
La paz que se vive en la Comunidad de Paz se debe a un sistema de grupos colectivos de trabajo que cultivan cacao, maíz, yuca, y plátanos miniatura enviados a los EE.UU. en bolsas de plástico con la etiqueta “Baby.” David lamenta los vínculos paramilitares con los intermediarios en la cadena comercial del banano y la imposibilidad de que puedan vivir en total aislamiento de los conflictos armados en Colombia. O’Grady, por supuesto, no ha sugerido el más remoto deseo en las comunidades de aislarse totalmente del conflicto armado, y afirma que, “según Samir, la Comunidad de Paz ayudó a las FARC en su esfuerzo por tildar al ejército colombiano como un violador de los derechos humanos.”
Y aunque aparentemente O’Grady comenzó su artículo como un esfuerzo para demostrar el afecto por las FARC albergado por las ONG, aquí acababa de formular cargos infundados de que “la Comunidad de Paz ayudó a las FARC”, que es exactamente el tipo de vínculos que la comunidad ha tratado de rechazar con su regla de no apoyar a ninguno de los actores armados. María Brígida González, una mujer con dos trenzas de color gris que fue una de las fundadoras de la Comunidad de Paz, que además perdió a su hija Eliseña de 15 años de edad en una masacre en diciembre de 2005 perpetrada por la Brigada XVII del ejército colombiano, me explicó que el ejército había justificado la acción alegando que Eliseña y las otras 5 víctimas, asesinadas cuando dormían, eran combatientes de las FARC. En cuanto al objetivo final de las matanzas cometidas por grupos armados colombianos, González confirmó que era “para sembrar el terror y desplazar a todo el mundo, y así explotar los recursos de la tierra.”
O’Grady sigue relatando como la Comunidad de Paz ayudó a las “FARC en su esfuerzo por tildar al ejército colombiano como un violador de los derechos humanos:”
“Cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los "testigos" ordenando a miembros de las FARC que posaban de civiles para que dieran su testimonio.”
Cómo es que los guerrilleros tuvieron tiempo de vestirse de civil y denunciar abusos de derechos humanos, además de continuar con sus funciones normales de tráfico de drogas y la explotación de los campesinos no está claro, aunque el implícito talento de actuación de las FARC revelan la naturaleza del encuentro entre O’Grady y Samir. Otras formas vestir a personas era practicada por el Ejército colombiano la cual fue descrita en el informe sobre Colombia de Human Rights Watch (HRW) en el 2008, que establece que “los miembros del ejército toman a civiles de sus hogares o lugares de trabajo, los matan, y luego los visten para afirmar que fueron combatientes muertos en acción.”
Y como si las FARC no tuvieran ya suficientes colaboradores en su campaña de difamación contra al ejército, se suma el teniente retirado del ejército, Jorge Humberto Milanés Vega, el protagonista de un artículo publicado el 14 de diciembre en el diario colombiano El Espectador titulado "Militar admite la responsabilidad de Brigada XVII en masacre de San José de Apartadó.” O’Grady, hasta ahora, se ha abstenido de entregar una réplica en la línea de “Ejercito Colombiano amigo de las FARC,” posiblemente porque prefiere hacer caso omiso de ciertas partes de la historia de la Comunidad de Paz, tales como la masacre del 21 de febrero del 2005, que no debe confundirse con la masacre del 2005, que cobró la vida de Eliseña.
El primer caso, resultó en la muerte y desmembramiento de 8 miembros de la comunidad, incluyendo el líder comunitario Luis Eduardo Guerra, una niña de 5 años de edad, y un bebé de 18 meses. Prominentes medios de prensa colombianos, obedientemente, denunciaron el incidente como el trabajo de las FARC y tildaron a Guerra de ser un guerrillero intentando desertar. Pero las afirmaciones perdieron credibilidad con las confesiones de militares y paramilitares, confesiones que fueron disminuyendo con la extradición de un ex-paramilitar desmovilizado, involucrado en la masacre, a los EE.UU. con conformidad a la Ley de Justicia y Paz. El extraditado ahora enfrenta cargos de narcotráfico en lugar de cargos relacionados con la violación de derechos humanos en Colombia. Los datos facilitados por el teniente Milanés confirmaban que los miembros de la Brigada XVII del Ejército habían facilitado el acceso de los paramilitares pertenecientes al frente “Héroes de Tolová” de las AUC en la zona de la Comunidad de Paz.
Según el artículo de El Espectador, el acceso a los paramilitares también fue facilitado por que los combatientes se disfrazaron de campesinos. Lo que sugiere que las FARC no fueron los únicos capaces de vestirse como civiles. El talento de los paramilitares para actuar de civil fue detectado por HRW en su informe del 2008 sobre Colombia:
Mientras que más de 30.000 [paramilitares], supuestamente se desmovilizaron, los fiscales colombianos han encontrado pruebas de que muchos de ellos no eran
paramilitares, sino más bien, civiles contratados para hacerse pasar por paramilitares. Las autoridades nunca investigaron la mayoría de estos casos.”
El miembro de la Comunidad de Paz, Arley Tuberquia, encargado de la estación de radio comunitaria me informó en marzo que la única razón por la que la masacre del 21 de febrero fue investigada fue porque los EE.UU. habían suspendido una parte de la ayuda militar a Colombia, pero que tal preocupación no se había extendido a las aproximadamente 750 otras acusaciones de violaciones de derechos humanos que la comunidad había denunciado contra la Brigada XVII del Ejército – incluyendo violaciones, desplazamientos forzados, bloqueos económicos. El miembro del Consejo Interno, Jesús Emilio Tuberquia, mientras tanto, argumentó que el gobierno investigaba las masacres según presidentes de EE.UU visitaban Colombia. Informes de testigos presenciales señalaban que el ejército había desempeñado un papel más directo en los asesinatos en vez de solo limitarse a facilitar el acceso de paramilitares a la zona, Tuberquia afirmó que no había gran diferencia entre los soldados y los paramilitares de todas formas, ambos trabajaban en nombre del Estado, algo mencionado por Ingrid Betancourt en una entrevista con la BBC después del rescate del 2008, en el que destacó el apoyo abrumador de los paramilitares a Uribe.
Tras la masacre del 21 de febrero, el gobierno colombiano determinó que la respuesta más adecuada al incidente sería la instalación de una estación de policía en el pueblo de San José de Apartadó, donde se encontraba el núcleo del pueblo. Como la presencia de policías naturalmente violaba el compromiso de la comunidad de vivir segregada de cualquier actor armado, la mayoría de los habitantes del pueblo se desplazaron a un kilometro, en donde se fundó San Josesito para servir como el nuevo núcleo de la aldea. Durante la conmemoración del 12º aniversario de la Comunidad de Paz en marzo pasado, los campesinos que llegaban a San Josesito de las zonas más remotas explicaron que varios de sus colegas habían quedado atrás con el fin de proteger sus casas contra el ejército, pero esto no impide que O’Grady concluya su reciente artículo de la siguiente manera:
“Pero lo que no puede negarse es que mientras las FARC han sido desacreditadas por el grueso de la población rural, es el ejército de Colombia, no la así llamada Comunidad de Paz, la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.”
La razón por la cual O’Grady, de repente haya llegado a esta conclusión no está clara, pues se ha abstenido de citar un solo ejemplo de pacificación o una nueva vida en la región de Urabá, pero el ejército colombiano, sin embargo, ha decido muy cordialmente publicar el artículo en su sitio web. En cuanto a la nueva vida de Samir, O’Grady declara que “Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el gobierno.” Pero no aborda el hecho de que la desmovilización de Samir en 2008 consistió en su traslado a la Brigada XVII del Ejército, la cual se abstuvo de entregarlo a la oficina del Fiscal General como lo requiere la ley – un detalle que el Padre Javier Giraldo, de la ONG Justicia y Paz, menciona en su respuesta al artículo de O’Grady.
Ideas para sus futuros artículos, como "las FARC son amigas de Uribe" han sido sugeridos por Ingrid Betancourt, quien en un mensaje dijo que "sin las FARC, Uribe no existiría"- mediante el cual ella explicaba porque los Colombianos han votado por Uribe, pero la frase también puede ser interpretada como un indicio de porque Uribe necesita la guerrilla a su alrededor. Al involucrar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con las FARC, O’Grady esta tácitamente llamando a la violencia contra la comunidad, así como también contra ONGs colombianas e internacionales. Aunque no se establece cuál es su propuesta de “la primera lección” para Afganistán, se puede inferir que Afganistán ya la ha aprendido: y es que los conflictos armados pueden perpetuarse a través de la aplicación liberal del término "terrorista."
Belén Fernández ha estado reportando de Honduras desde julio. Su libro Café con Hezbolá, una bitácora basado en un viaje a través del Líbano poco después de la guerra de 2006, será publicado pronto. Ella puede ser contactada en belengarciabernal(arroba)gmail.com.