Representantes del gobierno nacional del Estado mexicano de Puebla tienen sus oficinas en la Avenida de Chapultepec, un boulevard de cuatro carriles en un área de moda en la Ciudad de México, bien conocido por los vecinos como el Distrito Federal, o DF. Normalmente, los transeúntes pueden reconocer este edificio por las letras grandes de latón en la fachada que da a la calle, y que dice "Representación del Gobierno del Estado de Puebla." Desde el once de abril de este año, las letras han estado ocultadas por carpas, tendederos, y letreros con lemas como "Gobierno golpe a mujeres" que ahora cubren la acera y se extienden en la calle en frente del edificio.
El campamento en frente del edificio del Gobierno está poblado por aproximadamente 150 personas del municipio de Huaxcaleca, cuya mayoría es indígena, en la región montañosa de la Sierra Madre Oriental en Puebla. Los residentes de Huaxcaleca, de quienes la mayoría pertenecen al grupo indígena Nahua, han establecido su plantón para demandar autonomía sobre el sistema de agua potable, ganado con el enorme esfuerzo de su comunidad; y para pedir el fin represión de actividad política indígena por parte del gobierno de Puebla. Todos los residentes del plantón pertenecen a la Unión Nacional Anahuac, una organización comunitaria cuya meta establecida es una autonomía incrementada y mejores condiciones de vida para la gente indígena de Puebla.
Los plantones políticos no son nuevos en el DF.: el otoño pasado, partidarios del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aparecieron en las noticias internacionales cuando cerraron el Zócalo de la capital durante unas semanas cuando resultados controversiales de la elección dieron la presidencia a Felipe Calderón, el oponente de Obrador. De los miles de manifestantes que inundaron el Zócalo, para el mes de junio de este año, ninguno vivía ahí todavía. En contraste, los Poblanos acampados afuera de las oficinas de sus representantes son un grupo pequeño, pero aun así parece que no van a salir pronto.
Escena en la calle
El campamento en la Ciudad de México consiste en unas carpas grandes que se extienden en un carril de la Avenida de Chapultepec, y también tendederos desplegados para cubrir una parrilla portátil y agua potable en garrafones. En un viernes reciente durante la tarde, mujeres Huaxcalecas cocían y hacían quehaceres mientras un grupo de hombres distribuían folletos que explicaban su situación a transeúntes y pidieron donativos para ayudar a proveer al grupo de comida y otras necesidades básicas. Unos niños pequeños caminaban por las carpas, incluso uno bastante joven que gateaba a pesar de la capa de suciedad que cubría la acera. La ropa de los residentes secaba en tendederos encordados entre las carpas y el edificio de las oficinas del gobierno, cuyas paredes han estado cubiertas de caricaturas poco favorecedoras de políticos Poblanos. No obstante, lo que el peatón nota primeramente es la colección de fotografías ampliadas de mujeres y niños enseñando heridas sangrantes causadas por la policía del estado en Huaxcaleca en octubre pasado.
El grupo de UNA tiene planes a mantener su plantón hasta que oficiales del gobierno aseguren creíblemente que cumplirán con las demandas. En particular, UNA está demandando que el control del sistema de agua potable de Huaxcaleca regrese a los residentes que lo establecieron; que el gobierno provea apoyo financiero para que el agua potable sea asequible a los residentes pobres de Huaxcaleca; y que la violencia por el gobierno contra miembros francos de la comunidad termine inmediatamente.
Los representantes de UNA dicen que están confrontando al gobierno en el Distrito Federal en lugar de Puebla por la seguridad proporcionada por una mejor visibilidad pública. Después de sufrir represión violenta en su propio estado, los manifestantes están convencidos de que su plantón aquí en la capital es la única manera segura de continuar presentando sus demandas.
Los orígenes de UNA
Un panfleto distribuido por miembros de UNA en el DF en los primeros días de junio presenta una narrativa completa de los orígenes del grupo y su razón de llevar el plantón a la capital. Aunque los miembros estaban ansiosos por describir su situación, pidieron mantener sus nombres en reserva por miedo a las represalia por parte del gobierno.
Los eventos que llevaron a UNA al DF empezaron en 1997, cuando miembros de varias comunidades indígenas en Huaxcaleca se juntaron como UNA para dirigirse a la pobreza local y promover sus derechos humanos. UNA esperaba particularmente introducir nuevos proyectos de obra pública autónoma en Huaxcaleca.
Manifestantes de UNA en el DF atribuyen muchos de los problemas que afligen Huaxcaleca a lo que se dice es una tradición histórica en Puebla de complicidad entre caciques locales y gobierno municipal y estatal controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI fue vencido en elecciones nacionales de 2000, después de ocho decenios de gobernar México como un estado con nada más un partido. Sin embargo, el partido sigue con un papel muy poderoso en el gobierno local y estatal en todo el país, incluso en el estado políticamente turbulento de Oaxaca.
La primera gran iniciativa grande de UNA, la introducción de agua potable a Huaxcaleca, ha sido una lucha continua. Según una historia extensa escrita y distribuida por organizadores en el plantón, ambos: el gobierno municipal del presidente municipal Gumersindo Montiel Hernández y el gobierno estatal del gobernador de Puebla Melquíades Morales Flores han mostrado resistencia persistente al proyecto.
Empieza el conflicto
Según el panfleto de UNA, en vista de la falta de apoyo del gobierno local, la organización comunitaria se encargó de la mayoría del trabajo. Esfuerzos a nivel local para recaudar dinero para los ajustamientos topográficos necesarios para instalar nuevos tubos de agua tuvieron éxito; igualmente los esfuerzos de presión para asegurar la aprobación ante la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua.
En 2000, el nuevo sistema de agua fue completado y aprobado por el estado, a pesar de la oposición continua por parte de oficiales locales. A regañadientes, el gobierno municipal acordó reconocer la autoridad de los comités de UNA para dirigir la operación y administración del sistema.
Por un corto tiempo, la solución pacífica al problema del agua en Huaxcaleca pareció funcionar. En 2001, UNA ganó otra victoria importante cuando Gobernador Morales acordó proveer al comité de operación y administración del grupo con una aportación mensual de cinco pesos por cada usuario del sistema de agua, según el panfleto de UNA, "para la ejecución de obras de beneficio social en estas Comunidades." UNA empezó a recaudar cinco pesos adicionales por cada usuario para contribuir al mantenimiento del sistema.
Desafortunadamente, dice UNA, los subsidios prometidos del gobierno nunca llegaban en su totalidad,, y se empezó a sospechar que el Estado estaba socavando a propósito al sistema de agua potable como excusa para tomar la infraestructura y dar su operación a las autoridades del PRI. Las demandas para subsidios aumentaron, pero éstas quedaron sin respuesta. Mientras tanto, UNA continuaba operando el sistema de agua e inició una panadería comunitaria y otros proyectos para "abaratar el costo de ese alimento y crear más autoempleos."
La falta de fondos para el sistema de agua siguió siendo un problema grave. En 2002, residentes de la zona acordaron pagar 25 pesos bimestrales para el agua potable. Sin embargo, este significativo aumento todavía resultó insuficiente y la frustración de UNA con la ausencia de apoyo del gobierno siguió creciendo.
Represión se intensifica
Durante este periodo, dice UNA, "los Gobiernos en mención junto con los cacique priístas siguen ejerciendo la represión, la violencia y la criminalización como formas de terror e intimidación hacia la gente de las comunidades y de la Organización Social." Como respuesta al hostigamiento y falta de cumplimiento del gobierno en el tema de subsidios del agua, UNA organizó un plantón en uno de los caminos principales de la Sierra Madre Oriental. Su manifestación pacifica intentó encontrar una "solución a sus demandas de justicia y denunciar públicamente" la situación de vida de la gente de Huaxcaleca. Los oponentes de la organización "respondieron con más represión y criminalizando a los dirigentes del movimiento", según el mismo panfleto, "acusándolos de delitos prefabricados."
En mayo de 2005, las tensiones aumentaron aun más. Cuando el PRI ganó las elecciones locales, miembros de la comunidad denunciaron las elecciones como fraude (una queja perenne contra el PRI) e instalaron otro plantón en frente del Palacio Municipal de Huaxcaleca. El nuevo plantón permaneció en el sitio hasta septiembre de 2005, cuando un acuerdo fue firmado gracias al apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y la Red Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos para Todos. La paz temporánea no duró mucho tiempo. Representantes de la comunidad declaraban que el PRI y sus partidarios no estaban cumpliendo con los acuerdos. Según UNA, hasta ahora su oponente nunca han llevado a cabo los múltiples acuerdos.
Las tensiones estallaron el 13 de octubre de 2006, cuando la policía municipal atacó a la gente de varios pueblos de Huaxcaleca. Según un panfleto de UNA, la policía "Llegaron a las comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos golpeándolos y causándoles heridas graves." Fotos de las personas heridas son mostradas en el panfleto del plantón en el plantón actual.
Miembros de la comunidad respondieron inmediatamente pidiendo una investigación completa del evento, pero ningún tipo de investigación ha iniciado. Los informes de UNA reportan que la policía municipal ha continuado intimidando desde octubre con varios métodos como lanzar balazos al aire y amenazas a las personas que salen de sus casas.
Los casos más graves de represión reciente involucran tres hombres de Huaxcaleca: Miguel Lazcano Sedas, Germán Galindo Pedraza, y Ángel González Pinillos. Todos tenían posiciones destacadas en la comunidad y han sido muy críticos con las acciones del PRI. Lazcano fue detenido por las fuerzas locales el 18 de enero de 2007, siendo acusado por delitos de motín y daño a propiedad ajena, los cuales, según UNA, dichos delitos no son ciertos. Ocho días después, Gonzalez y Galindo fueron detenidos y acusados de motín, después de una reunión a la que el presidente municipal de Huaxcaleca los invitó. UNA llama el hecho una trampa para detener líderes de la comunidad sin orden de aprehensión.
Los tres detenidos han protestado ante los motivos y las condiciones de su detención y han contado a sus familias que son golpeados con frecuencia en un esfuerzo de la policía por obtener confesiones a los delitos de que están acusados. El panfleto mencionado condena su encarcelamiento como parte de métodos "represivos, violentos e ilegales" y lo caracterizan como parte de la campaña del gobierno local y del estado "para continuar sojuzgando a las comunidades indígenas con objeto de impedir que salgan de la pobreza extrema y rompan el control político de los caciques priístas de la región."
Seguridad en el DF
UNA dice que el plantón en el DF no ha sufrido hostigamiento por parte la policía en la capital y no ha llegado ninguna demanda de que la manifestación cambie de lugar. Los organizadores respondieron con sorpresa cuando alguien preguntó si la policía del DF les había ordenado a no obstruir la acera o mudarse afuera de la calle. Como explicación, mencionaron el artículo 6 de la Constitución Mexicana, que garantiza que la libre expresión solo puede ser abreviada si provoca "algún delito o perturbe el orden público" y el artículo 39 que certifica que "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo." El a rtículo 39 estaba escrito en letras grandes en una gran pancarta colgada en la Avenida Chapultepec.
Con fecha de la última semana de mayo, los residentes del plantón no habían recibido ninguna respuesta de sus representantes de Puebla. Los organizadores parecían prudentemente optimistas ante la idea de que habían tomado una decisión correcta al establecer su plantón en el DF, donde creían que el gobierno estaría reacio a usar la violencia y se vería forzado a negociar en buena fe. "Cuando el Gobierno hace acuerdos en Puebla," dijo Jose Luís, un manifestante que pidió que su apellido no fuera publicado, "nos meten a la cárcel después."
Escrito y traducido por Owen Thompson y Ariana Jostad-Laswell
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