El 24 de febrero de 2013 los ciudadanos del municipio de Tecalpatepec, corazón de la región Tierra Caliente del estado mexicano de Michoacán, se levantaron en armas contra el cártel de los Caballeros Templarios. Hartos de la violencia, de los abusos y de la indiferencia y complicidad de las autoridades con los narcotraficantes, los ciudadanos decidieron solucionar solos los problemas que ninguno de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, se había hasta la fecha atrevido a enfrentar. Habían nacido las Autodefensas Michoacanas.
Foto: Apatzingá, Marzo, 2014.
La noticia corrió rápida, y en menos de tres meses se levantaron también los municipios de Buenavista Tomatlán, Coalcomán de Vásquez Pallares y Apatzingán de la Constitución, pertenecientes a las regiones de la Tierra Caliente y Sierra-Costa. El 2013 fue, del lado de los ciudadanos, un año de enfrentamientos contra los delincuentes; del lado del gobierno, en cambio, fueron meses de reflexión sobre las posibles soluciones a esta crisis de legitimidad, que ponía en duda nada menos que el monopolio del Estado sobre la violencia.
En enero 2014, después de un periodo de relativa calma, los grupos de autodefensa se volvieron a levantar. El problema que, en 2013, el presidente Enrique Peña Nieto había intentado ignorar se repropuso de una manera aún más urgente: la fiebre de la lucha armada se había difundido en toda la entidad y se estaban levantando también los municipios de la Meseta Purépecha, de la Sierra y de la Costa. Conciente de qué el movimiento armado no se podía parar de ninguna manera, el gobierno federal emprendió entonces una serie de medidas para desarticularlo desde el interior: se creó un registro para los ciudadanos intencionados a seguir combatiendo los Templarios y se detuvieron todos los que no quisieron registrase en esta lista; se nombró un Comisionado especial para la pacificación del Estado, Alfredo Castillo, un oscuro funcionario que nunca se había ocupado de “asuntos michoacanos”; se fundó un nuevo cuerpo policíaco, la Fuerza Rural, con el objetivo de cooptar los ciudadanos armados, darles un uniforme y someterlos al mando del Estado.
A la mitad de diciembre de 2014, por tercera vez, un amplio número de autodefensas “legítimos” se volvió a levantar y, con más de 30 bloqueos carreteros, manifestó su inconformidad con la gestión gubernamental de la crisis, pidiendo la liberación de las más de 400 autodefensas que aún se encuentran presos, la salida del Comisionado Castillo y la extinción de la Fuerza Rural, que en seguida se había revelado un cobijo perfecto para aquellos ex-Templarios intencionados a seguir cometiendo crímenes y abusos, con uniforme y permiso de portar armas. Poco más de un mes después, el gobierno federal satisfizo dos de estas tres peticiones. Sin embargo, lo hizo de una manera que, por enésima vez, confirmó a los ciudadanos de esta tierra la inutilidad de dirigirse a las autoridades para solucionar sus problemas.
Si para finales de diciembre efectivamente la Fuerza Rural había desaparecido, no fue porque se puso termine a los asesinatos, masacres y desapariciones: según datos de la Secretaría de Gobernación, Michoacán en 2014 siguió ocupando el segundo lugar de incidencia de homicidios con 2 mil 634 y se confirmó uno de los 10 estados con los mayores registros de secuestro (121) y extorsión (275). Al contrario, la Fuerza Rural fue suprimida para permitir la realización del “mando único”, pilar de una reforma policial pendiente desde la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón y heredada por Enrique Peña Nieto. La reforma pretende acabar con los 1.800 departamentos de policía municipal del país, poniéndolos bajo el directo control de la policía estatal de cada entidad. El descrédito de muchos cuerpos policiales estatales, como la comprobada participación de los mismos en varios delitos, hacen que la población vea la desintegración de los Rurales y la activación del mando único sólo como un ulterior reacomodo de intereses y fuerzas en campo.
El 23 de enero de 2015 la segunda petición de los inconformes fue satisfecha, y el Comisionado Castillo renunció a su mandato. Sin embargo, la seguridad del Estado pasó en cargo al General Felipe Gurrola Ramírez, paracaidista entrenado por los “rangers” de Fort Benning, la antigua Escuela de las Americas. Por cierto, cuando los michoacanos pedían la remoción de Castillo, no pensaban en sustituirlo con un general egresado de una institución famosa por la formación de una amplia variedad de militares de muy mala fama en toda América Latina. Además, cabe destacar que Gurrola Ramírez es hombre de confianza del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda que, según las acusaciones formuladas por nada menos que el ahora ex-Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, habría dificultado la investigación sobre el involucramiento del ejército en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Con respecto a la tercera demanda, la liberación de las autodefensas presas, no se obtuvo ningún avance, y no es casualidad. Para entender la abigarrada situación de Michoacán, o por lo menos intentarlo, es fundamental de hecho regresar al mayo 2014 y explicar porque algunos integrantes del movimiento de autodefensa se definen ahora “legítimos”, y entre ellos estos detenidos.
Fuerza Rural y Autodefensas “legítimos”
La primera medida tomada por el gobierno federal a finales de enero de 2014, fue la firma de los acuerdos de Tecalpatepec, que preveían una institucionalización de los grupos armados a través del ingreso de sus integrantes en la Fuerza Rural, una especie de policía ciudadana con equipo proporcionado por el mismo gobierno.
Nunca hubo claridad en la formación de este cuerpo, ni uniformidad. Resultó que había un cupo limitado, diferente de un municipio a otro: en algunos lugares se registraron los que llegaron primeros, en otros el registro fue por nomina. Si por un lado todos los líderes de los varios grupos pactaron con el gobierno, involucrándose en un juego de alianzas con rumbo desconocido, la mayoría de los ciudadanos que por desesperación y enojo habían agarrado las armas rechazaron la institucionalización y se dijeron intencionados a seguir en su trabajo de “limpia” del Estado aunque sin cobijo legal.
Foto: Reunión en Ostula, Febrero, 2015.
Cuando en mayo el nuevo cuerpo policial fue oficializado, la desproporción entre el número y los recursos facilitados a las patrullas de las diferentes regiones era remarcable y evidentemente dependiente del grado de colaboración con el gobierno. En lugares como la costa, región indígena nahua donde las autodefensas se sumaron a la tradicional policía comunitaria y nunca quisieron uniformarse a los dictámenes federales, los Rurales reconocidos fueron una veintena; en la Tierra Caliente, donde la estrategia gubernamental tuvo más éxito, se reconocieron más de cien operativos. Así, en municipios como Apatzingán o Buenavista Tomatlán, centro de la fértil valle limonera y aguacatera, y también de la producción de droga sintética, los autodefensas legalizados resultaron ser muchos, y casi todos ex-integrantes del crimen organizado. La lucha en contra de los Templarios no tardó en transformarse en una enésima disputa por el control del territorio y, consecuentemente, los ciudadanos que se habían levantado en armas con buenas intenciones tomaron las distancias y empezaron a definirse “legítimos”, marcando una clara división entre quien quería seguir operando por el bien de las comunidades y quien sólo buscaba un interés personal, además coludido con la delincuencia. El movimiento se había dividido, la unidad de las Autodefensas michoacanas rota.
Por el otro lado, la intervención del gobierno se reveló, mes tras otro, finalizada a la eliminación de aquellos líderes capaces de despertar la conciencia del pueblo, más que a una efectiva pacificación del Estado. El doctor José Manuel Mireles Valverde, vocero carismático del municipio de Tecalpatepec, fue detenido a finales de junio de 2014, con la acusación de portación de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de droga, y sigue preso en una cárcel de máxima seguridad en el norte del país; Enrique Hernández Salcedo, líder de Yurécuaro, fue detenido y torturado con la acusación de haber participado en el asesinato de un presidente municipal y liberado sólo varios meses después; Felipe Díaz, uno de los jefes de Coalcomán, fue emboscado el 17 de octubre por mano de sus propios compañeros de la Fuerza Rural y murió el día siguiente; Hipólito Mora y Luis Antonio Torres Morales, alias el Americano, fueron involucrados en una balacera que tuvo lugar a finales del año pasado en la tenencia La Ruana, municipio de Buenavista, cuya dinámica todavía no se aclara y que causó la muerte de 11 personas y la detención de ambos. El día 19 de febrero de 2015, otro líder del municipio de Yurécuaro, Javier Bustos Hernández, fue “levantado”, torturado y ejecutado por sicarios tras haber sido desarmado por elementos del Ejército mexicano. De todos los carismáticos personajes fundadores del movimiento, sólo queda Semeí Verdía, comandante nahua del municipio de Aquila, en la costa michoacana, que por pura casualidad sobrevivió a un atentado en el diciembre pasado, y Misael González, de Coalcomán, actualmente candidato a la presidencia de dicho municipio por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En el berenjenal michoacano, de hecho, se suman en este 2015 las elecciones, que se llevarán a cabo en el mes de junio para renovar el Congreso del Estado y elegir un nuevo gobernador. Los intereses en juego así se multiplican y la instrumentalización de lo que queda del movimiento de las autodefensas ya no es un riesgo sino un hecho.
Redes políticas, elecciones y reacomodo “estilo Michoacán”
A la mitad de enero del 2015 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció a su precandidato único al gobierno de Michoacán: el senador José Ascención Orihuela Bárcenas, conocido como “Chon” Orihuela. Unas semanas antes, se había registrado por el Partido de Acción Nacional (PAN) Luisa María Calderón, hermana del ex presidente Felipe Calderón y senadora por ese partido, y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en cambio, desde mayo del 2014 había adelantado que su candidata será María de la Luz Núñez Ramos. La lucha para el poder en una de las entidades federativas más ricas y estratégicas del país queda así configurada, por un lado con nombres conocidos en el panorama político michoacano (Calderón y Aureolos competirán por segunda ocasión, tras perder en noviembre 2011 frente a Fausto Vallejo) y, por el otro, con la grande incógnita del movimiento de las Autodefensas.
Si algunos de los líderes se sumaron al proceso electoral, como el ya mencionado Misael González, otros siguen con la intención de renovar y limpiar el Estado, no sólo de los Caballeros Templarios, sino también de aquellos políticos que nunca hicieron nada para resolver los problemas del Estado sino, al contrario, aprovecharon la situación para hacer negocios con el crimen organizado.
La postura de los autodefensas “legítimos”, encabezados por el vocero Jorge Vázquez Valencia, es cercana a las posiciones de quienes, desde varios puntos del país, hicieron en diciembre de 2014 un llamado a la sociedad civil para formar una Constituyente Ciudadana, con el objeto de construir una nueva Constitución y refundar México. Muchas de estas personas estuvieron presentes también en la fundación del Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República (MNAR), un movimiento no armado apoyado por representantes de la sociedad civil y una parte de la izquierda política, que surgió en el mayo del año pasado impulsado por algunos líderes de las autodefensas como el doctor Mireles e Hipólito Mora y personajes claves de la defensa de los derechos humanos en México, como el padre Alejandro Solalinde y el obispo Raúl Vera, ahora impulsor de la propuesta de la Constituyente.
Foto: Reunión en Ostula, Febrero, 2015.
La detención de los principales “comandantes” michoacanos, y los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa, hicieron a finales del año pasado que el estado de Guerrero substituyera Michoacán en las primeras páginas de los periódicos y que también el atención de los defensores de los derechos humanos cambiara de enfoque. Sin embargo, el MNAR sigue vivo, y a principio de este febrero se vinculó con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa para llevar a cabo actividades conjuntas para la “transformación pacífica del país”. Además, el domingo 22 de febrero de 2015, en el marco de la entrega del Premio “Carlos Montemayor”, que fue otorgado al doctor Mireles y a las autodefensas michoacanas por su trabajo de lucha social en 2014, el MNAR organizó en la comunidad nahua de Ostula, en la costa michoacana, la primera Jornada por la Paz con Justicia y Dignidad para el Estado de Michoacán y México. De todos las “personalidades” invitadas, sin embargo, la única que acudió al evento fue la candidata panista Luisa María Calderón Hijonosa, dejando aún más confundida la colocación en el panorama político mexicano del MNAR que, aunque se declare apartidista y se haya deslindado de haber invitado la ex-senadora, cuenta entre sus fundadores con personajes como Ernesto Ruffo, Gobernador del Estado de Baja California por el PAN o como militantes que se declaran inconformes con la actual gestión del partido, como los del Partido Comunista.
Como si este panorama no fuera suficientemente complejo, el pasado 27 de febrero, después de vivir meses escondido entre cerros y cuevas de todo el Estado, Servando Gómez Martínez, último líder de los Caballeros Templarios, se dejó sorprender por la Policía Federal en una casa privada de la capital michoacana Morelia. Esta detención se dio, según los autodefensas “legítimos”, en el marco de una redistribución del territorio michoacano para aparentar la paz en el Estado. El vocero Jorge Vázquez Valencia de Aguililla y el líder de Yurécuaro Enrique Hernández Salcedo, declararon que el ahora ex jefe de los Templarios negoció su arresto con representantes del Gobierno Federal: su presencia era un obstáculo para mostrar el restablecimiento de la seguridad en Michoacán y por eso pudo pactar su salida de la escena con un “trato de privilegio, unos años en la cárcel e impunidad para disfrutar de su dinero después de eso”.
A pesar de la presencia en la entidad de las Fuerzas Rurales, de las Policías Municipal, Estatal y Federal, del Ejército y la Marina, según el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 emitido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Michoacán ocupó en 2014 el segundo lugar en México por incidencia de homicidios con 2 mil 634, de los cuales mil 52 dolosos y mil 582 son culposos y sigue siendo uno de los 10 estados con los mayores registros de secuestro (121) y extorsión (275). Además, entre el 2014 y lo que va del 2015, 533 quejas fueron presentadas en contra de la Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán captadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y, de estas, al menos 128 se le adjudicaron a las Fuerzas Rurales con las acusaciones de detención y retención ilegal, abuso de autoridad, uso arbitrario de la fuerza, lesiones, amenazas y cateos, así como de negar o prestar un servicio inadecuado. Los autodefensas “legítimos” y algunos analistas de seguridad, como Alejandro Hope en entrevista con la CNN, coinciden en qué la detención de La Tuta no cambiará mucho en la situación del Estado.
El martes 24 de febrero de 2015 fue el segundo aniversario del levantamiento armado de las Autodefensas. No asombra que muchos michoacanos, interrogados a propósito, hayan afirmado no tener nada que celebrar.
Valentina Valle Baroz es una periodista independiente basada en México. Su correo electrónico es valentinavallebaroz(arroba)gmail.com