Ecuador es el único país andino sin minas metálicas de gran escala (como las minas de oro o cobre). Este peculiar estado de gracia será puesto a prueba en las próximas semanas cuando el régimen de Correa firme acuerdos de explotación con los mineros transnacionales chinos y canadienses que buscan explotar las reservas de cobre y oro del país. Pero más importante aún es el hecho de que la legitimidad de la Constitución del país, que garantiza los derechos de la naturaleza, también será puesta a prueba.
No existe otra actividad económica en el mundo que viole tan claramente los derechos de la naturaleza como la minería a cielo abierto y a gran escala. Este tipo de minería, a diferencia de la explotación petrolera, crea pasivos ambientales que pueden durar por miles de años. Sus impactos son de una magnitud aún peor.
Bingham Canyon, una mina de cobre a cielo abierto que se encuentra activa en Utah, puede ser vista desde el espacio. Tiene más de un kilómetro de profundidad y cuatro kilómetros de ancho. Un hoyo similar en el desierto chileno de Atacama -la mina de cobre Chuquicamata- ha devorado una buena parte del pueblo (del mismo nombre) y también puede observarse desde el espacio. Por otro lado, la tristemente célebre mina de cobre y oro Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea ha devastado el ecosistema de todo un río, ocasionado un fuerte impacto en pesquerías. Cuando la mina sea clausurada, habrá destruido 3.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, al igual que los medios de sustento de 30.000 habitantes locales. La mina, que aún se encuentra abierta, a diario arroja cerca de 160.000 toneladas de y desechos rocosos (sobrecarga) y relaves a los ríos cercanos.
El agua es el recurso más afectado por estas minas. Muchas minas alrededor del mundo, incluyendo algunas en los EE.UU. y Canadá, están lixiviando metales pesados hacia ríos y hacia el océano hoy en día, y continuarán haciéndolo durante miles de años. Millones de galones de agua podrían ser usados, transportados y contaminados diariamente como parte de una operación normal de minería. Una gran cantidad de agua será mezclada con químicos tóxicos, tales como el cianuro, para extraer los pocos gramos de oro que típicamente se encuentran en una tonelada de mena aurífera. Mucha del agua drenada de las minas es tan ácida como el ácido de baterías para automóviles, pero es más tóxica.
En efecto, según la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), en ese país la minería es responsable por más de la mitad de todas las descargas tóxicas que van al medioambiente y producen una cantidad inimaginable de desechos sólidos: 8-9 veces mayor, en peso, a la de todos sus municipios juntos. Los costos de estabilizar y tratar algunos de estos impactos son espeluznantes. Un proyecto minero en Montana es el sitio al que se le ha asignado el más alto monto del Superfund de los Estados Unidos, con casi mil millones de dólares dedicados a tratar de limpiar el desastre tóxico descomunal dejado después de décadas de actividades mineras.1 Uno pensaría que tanta destrucción generaría enormes aportes a la economía del país. Sin embargo, en los EE.UU., la economía minera aporta con menos del 1% al Producto Interno Bruto.
Resulta claro, entonces, que no hay manera en que la minería a gran escala pueda evitar impactos ambientales serios, irreversibles y duraderos. Esto es ostensiblemente cierto en lugares como la Cordillera del Cóndor, en el sudeste del país, donde el primer proyecto de minería de cobre y oro a gran escala está supuesto a empezar. La Cordillera del Cóndor, al igual que la Cordillera del Toisán (al noroeste del país), donde la empresa chilena Codelco está buscando cobre, son áreas de una diversidad biológica excepcional y una enorme riqueza en recursos hídricos. También son extremadamente ricas en bosques húmedos primarios y secundarios, uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo. Ambas son hogar de docenas de especies de animales en peligro de extinción, incluyendo varias especies de monos, jaguares y osos de anteojos. La topografía empinada, las lluvias abundantes (3.000 milímetros al año) que generan copiosas fuentes de aguas subterráneas, y el subsuelo mineralizado mezclado con metales pesados, harán que los impactos de la minería en estas sitios sean especialmente destructivos. En otras palabras, cuentan con la combinación perfecta de elementos para garantizar una pesadilla ambiental de larga duración.
En resumidas cuentas, no existe manera alguna de que la minería a gran escala en el Ecuador pueda evitar violar burdamente los derechos de la naturaleza que han sido garantizados por la Constitución del país. La pregunta del siglo es ¿cómo justificará el gobierno de Correa la aprobación de estos proyectos, y cómo reaccionarán la sociedad civil, los gobiernos locales y los poderes judiciales y legislativos del Estado?
Existen indicaciones de los desenlaces probables. Para comprenderlos, es necesario darle un vistazo a la situación actual.
Correa está corto de dinero. China tiene dinero y necesita cobre (y petróleo), y ha estado haciendo fuertes préstamos al gobierno de Correa. Por tanto, el gobierno hará hasta lo imposible para tratar de proveer a China de esta materia prima para que China le agregue valor y se lo reenvíe al Ecuador en forma de productos terminados. En fin, no mucho ha cambiado desde la dorada época colonial. La diferencia principal es que la Constitución le obliga al gobierno a obtener más dinero de la extracción de los recursos mineros del país. Los detalles están siendo tratados al momento, caso por caso, mediante acuerdos de explotación negociados individualmente con cada compañía. Existe un cierto margen de negociación, pero si la ley fuese respetada aún mínimamente, las compañías mineras tendrán que pagar mucho más por los minerales en Ecuador que en cualquier otro lugar de Latinoamérica y, posiblemente, del mundo. Esto significa un verdadero incentivo económico para que el gobierno de Correa le dé luz verde a la minería. Sin embargo, si dicho respeto por la ley se mantiene -en especial en lo referente a los derechos Constitucionales- no existe manera de que la minería metálica a gran escala tenga cabida en esta nación andina.
Ya sabemos lo que intentará hacer el Ejecutivo. El Legislativo a mostrado tener tanta firmeza como la plastilina para hacerle frente a las demandas del Ejecutivo y se ha convertido en un lugar para poner el sello de “APROBADO” a cualquier cosa que venga del Ejecutivo. El sistema judicial del país, incluyendo a la Corte Constitucional, casi nunca ha sido imparcial. Y lo es menos aún ahora que un reciente referéndum populista le otorgó al ejecutivo cuestionables capacidades de intervenir en su composición.
Los No-Tan-Comodines
Nos quedan tan solo los gobiernos locales y la sociedad civil. En Ecuador, los gobiernos locales son autónomos. Me refiero a los gobiernos provinciales, las municipalidades y las juntas parroquiales (equivalentes a municipalidades pequeñas). Algunos de estos ya han dicho abiertamente que no permitirán la minería a gran escala en sus territorios. Las provincias en las cuales el referéndum perdió con grandes márgenes y en donde se encuentran ubicados los proyectos mineros más grandes (como es el caso de Zamora Chinchipe), serán particularmente problemáticas para el Ejecutivo. En estos casos, el ejecutivo intentará imponer los derechos del gobierno nacional a los de los gobiernos locales. No será fácil, aún con las cortes cooptadas. La Constitución garantiza también los derechos a estos gobiernos, y ellos lucharán arduamente por evitar que el gobierno nacional los usurpe.
La Sociedad Civil
Parece ser que podemos contar con que el Ejecutivo dé su aprobación, el Legislativo y el Judicial estén de acuerdo y sigan la corriente, y los gobiernos locales intenten defender sus derechos. Pero la sociedad civil luchará.
No importará si los gobiernos locales tienen éxito al reclamar sus derechos o si se doblegan ante el Ejecutivo, o si las cortes intentan reinar bajo el poder de las transnacionales, o no: la sociedad civil luchará por sus derechos, con la Constitución en mano, porque, además de darle derechos a la naturaleza, la Constitución del Ecuador confiere a su gente el derecho de resistirse a las actividades o procesos que amenacen los derechos constitucionales. Dos de ellos son: el derecho a un ambiente seguro y el derecho al bienestar, o buen vivir, Sumak Kawsay. En las mentes de la mayoría de los campesinos e indígenas, el que haya paz en las comunidades y un ambiente sano es parte integral de esa visión. Y, al juzgar por el pasado, las comunidades y los grupos de la sociedad civil se valdrán del derecho constitucional para resistir e impedir que la minería genere conflictos sociales en sus comunidades y contamine su medio ambiente.
Los activistas rurales no estarán solos. Una coalición de activistas urbanos y académicos, apoyados por un puñado de asambleístas anti Correa –todos de izquierda– también se resistirán a los planes extractivistas del gobierno, que buscan mantener la economía del Ecuador atada a la exportación de productos primarios, como ha estado por décadas. En un país excepcionalmente diverso, tanto biológicamente como culturalmente, los argumentos sostienen que el modelo extractivo no sólo que ya no tiene ningún sentido, sino que amenaza el potencial de desarrollar una economía verdaderamente sustentable en el Ecuador. Los enfrentamientos sociales, los impactos ambientales y la devastación de la cultura, sumados al conocido auge y caída de la economía que trae la dependencia de recursos propia del modelo extractivista, no tienen justificación y son simplemente innecesarios en países como el Ecuador.
Por tanto, podemos estar absolutamente seguros de que la agenda extractivista impuesta por el Ejecutivo va a provocar vastas protestas sociales. Entre otras cosas, los conflictos pondrán a prueba la popularidad de un gobierno que ya se encuentra debilitado y en constante tensión por los graves desacuerdos internos y la caída de su prestigio. La situación también traerá un aumento de la criminalización de las protestas sociales y violaciones a los derechos humanos. Al fin y al cabo, estamos hablando de un presidente que, en el año 2007, dijo públicamente que cualquiera que se opusiera al desarrollo es un terrorista, y cuyo gobierno señala como terrorismo el cierre de las vías: una de las formas de protesta pública más utilizadas en el país. Y si, a pesar de todo el caos social y legal, se permite la apertura de las minas, y dadas las claras violaciones constitucionales que esa acción implicaría, ello indudablemente conduciría a que haya serios cuestionamientos en el campo de derechos humanos y de justicia ambiental, lo cual probablemente terminará resolviéndose en tribunales internacionales, poniendo en riesgo miles de millones de dólares de inversión minera.
Una de las consecuencias más graves de insistir en la agenda minera sería el letal debilitamiento de la fe en sistema legal del país y, de manera especial, de la importancia que tienen los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y la prevalencia de la ley en la concepción colectiva . Estos son principios esenciales con los que no se puede jugar. Los ecuatorianos ya no tienen una opinión muy elevada de su sistema judicial, y no puede soportar más deterioro.
Si la sociedad civil logra detener la agenda minera de Correa, la primera y contundente prueba de su intención de llevar a cabo este propósito habrá venido de la reunión regional que tuvo lugar en Cuenca, Ecuador, en junio de 2011. Allí, los representantes de los gobiernos locales, los indígenas, las ONGs y las comunidades afectadas por la minería en todo el Ecuador y América Latina, se reunieron por tres días para discutir los problemas de la minería y el modelo de desarrollo profundamente defectuoso que ofrece. Los resultados pusieron en evidencia la creciente y feroz resistencia que está afianzándose en todo el continente en contra del modelo de desarrollo extractivista. “Los costos no merecen la pena”, “las consecuencias son tremendas”, y “la gente ya ha tenido suficiente”, son algunos de los mensajes que surgieron del evento. Y, tal vez, el mensaje más importante es que SE RESISTIRÁN a la imposición de ese modelo.
La exitosa resistencia de las bases sociales contra dos proyectos mineros cupríferos de gran escala en 1990, en el área de Íntag, al noroeste del Ecuador, ha demostrado al resto del país que el resistirse no sólo es posible, sino que puede conducir al logro de avances positivos. Parte del éxito de la lucha de Íntag se debió al apoyo que las comunidades recibieron de los gobiernos locales, pero no cabe duda de que la tenacidad de la gente y las comunidades y su habilidad de organizarse fueron cruciales.
Gracias a esta unión de fuerzas, las comunidades y organizaciones de Intag lograron no solo detener el proyecto minero cuprífero a gran escala en dos ocasiones, sino también desarrollar sus propias alternativas a la minería; desde una exitosa cooperativa de café cultivado bajo sombra y un esquema de turismo ecológico comunitario, hasta la creación de docenas de reservas de bosque comunitario y de cuencas hidrográficas; y ahora están proponiendo proyectos de producción hidroeléctrica de pequeña escala, por mencionar tan solo algunas de las alternativas. Todas estas opciones no solo benefician y fortalecen a las comunidades y a las economías locales, sino que ayudan a mantener la paz social y a conservar los bosques nublados de Íntag, su amenazada fauna y sus recursos hídricos. Lo que este modelo sustentable no hace, es violar derechos Constitucionales.
El ejemplo de Íntag es un verdadero esfuerzo de lograr sustentabilidad social, económica y ambiental. Irónicamente, lograr esa sustentabilidad es una responsabilidad primordial que la Constitución exige de sus ciudadanos y sus gobiernos. Con la insistencia de abrir este país megadiverso a la minería a gran escala, tanto el gobierno, como el medioambiente y la mayoría de la gente en Ecuador tienen las de perder. Y de perder en grande. Los ganadores, como siempre, serán las corporaciones transnacionales, la élite de Ecuador, y los ciudadanos de los países ricos que son quienes consumen la mayoría de los recursos del mundo. Atrás solo quedarán tierras profanadas, aguas contaminadas, violaciones de los derechos humanos y constituciones violentadas.
Fuentes:
1. Breaking New Ground; The Mining, Minerals and Sustainable Development Project (MMSD) Project, publicado por Earthscan paraRED AND WBCSD . 2002
Derechos de la Naturaleza en la Constitución:
El derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
2. El derecho a la restauración.
3. La responsabilidad del Estado de:
Incentivar a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promover el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, establecer los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Para mayor información acerca de los impactos casi perpetuos de la minería:
http://www.earthworksaction.org/amd.cfm
Para mayor información acerca de los impactos de la mina OK Tedi:
http://www.oktedi.com/community-and-environment/the-environment/impacts-of-mining
Mis agradecimientos a Diana Amores y Ana Cristina Cruz por la traducción del artículo.