(IPS) – Bajo el peligro de un ataque armado en su contra, una nueva caravana humanitaria intenta quebrar el bloqueo que padece la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, en el sureño estado mexicano de Oaxaca.
Compuesta por docenas de activistas, observadores de derechos humanos y algunos diputados y periodistas, la llamada “Caravana por la paz” transporta alimentos, agua y otros productos básicos para la población de 786 personas que habita esa localidad, que se declaró autónoma en enero de 2007.
El plan es poder ingresar a la comunidad triqui este martes 8, después de partir este lunes desde el Zocalo de la capital mexicana.
“Esperamos que la caravana ayude a cambiar algo de la situación de San Juan Copala”, declaró a IPS Jorge Albino, portavoz del municipio autónomo, a unos 600 kilómetros al sur de la ciudad de México.
La caravana es acompañada por observadores de la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuenta con escolta de la policía de Oaxaca, después que representantes del municipio pidieron protección a los gobiernos federal y estadual.
Otra caravana humanitaria fue atacada el 27 de abril, cuando intentaba quebrar el virtual estado de sitio que soporta desde enero San Juan Copala, con el saldo de dos muertos y varios heridos.
El bloqueo es impuesto por miembros de la paramilitar Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización ilegal armada que se vincula con el gobierno del estado.
“El riesgo es alto. Hay que exigir que se ofrezca garantías para que la caravana ingrese en el municipio”, pidió Jessica Sánchez, activista del no gubernamental Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca.
En la emboscada de Ubisort murieron la mexicana Beatriz Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y al finlandés Jyri Jaakkola, un observador de derechos humanos. En el convoy viajaban activistas de derechos humanos y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.
El 20 de mayo un comando armado asesinó al líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa Cleriberta Castro.
Ramírez fue uno de los precursores de la autonomía de esa localidad y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), una de las organizaciones promotoras de la iniciativa.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, siete diputados del Parlamento Europeo y dos diputados del parlamento alemán pidieron también a las autoridades la protección de la caravana y sus integrantes, para evitar nuevos ataques.
Se considera que el hecho de que la atención local y mundial esté puesta sobre la columna humanitaria, brinda protección adicional a los activistas, porque un nuevo ataque dañaría aún la imagen de los opositores a la autonomía, la administración de Oaxaca y el gobierno del conservador Felipe Calderón.
Calderón se ha comprometido a investigar a fondo los asesinatos de Cariño y Jaakkola, después que la Unión Europea condenó estas muertes y demandó “identificar, arrestar y juzgar” a los responsables.
Albino lamentó la actuación de las autoridades de Oaxaca, “que han dicho que no hay garantías para la caravana, pero que en San Juan Copala no pasa nada, y no es cierto”.
Oaxaca es uno de los estados más pobres y con mayor diversidad étnica de México y el 4 de julio elegirá al nuevo gobernador, a 570 alcaldes y a 42 diputados regionales, que pondrán fin al sexenio del mandato estadual de Ulises Ruíz, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha exigido la dimisión de Ruíz desde 2006, dentro de una conflictividad que prácticamente mantiene paralizado a Oaxaca, “sometida a la impunidad del silencio”, según aseguraron aquí el mes pasado en un encuentro internacional políticos y activistas europeos y latinoamericanos.
“En lugar de ser desmantelados, los grupos paramilitares mexicanos siguen funcionando como un mecanismo de contrainsurgencia permanente de carácter preventivo”, dijo el especialista en temas militares José Sierra, en un análisis en la edición actual de la revista Contralínea.
La Red de Medios Libres Abajo y a la Izquierda, integrada por radios alternativas, transmitirá este martes en vivo el desarrollo de la caravana de solidaridad.
La APPO, que aglutina a unas 300 organizaciones de Oaxaca, y sindicatos de magisterio protagonizaron en 2006 grandes movilizaciones contra Ruíz, al que acusan de representar lo más corrupto y autoritario del PRI, que hasta el año 2000 mantuvo hegemónicamente el poder en México por 60 años.
El conflicto acabó con la intervención de la policía federal enviada por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del Partido Acción Nacional al igual que Calderón. En la represión hubo más de 20 muertos, 370 heridos y unos 350 detenidos. En 2007 hubo otra breve ola de protestas en el estado.
Las comunidades triquis mantienen activa batalla por sus derechos como pueblo desde los años 70, con diferentes divisiones en sus organizaciones, una de las cuales dio lugar al Multi.
La paramilitar Ubisort, por su parte, critica a la gobernación de Oaxaca de no saber resolver la conflictividad en el estado, que desde 2007 ha generado una docena de muertos, entre ellas dos jóvenes locutoras de la comunitaria Radio Copola, en 2008.
Ubisort pretendería generar el clima para una intervención del gobierno central de la administración regional, según algunos analistas.