Un artículo escrito por Mary Anastasia O’Grady y publicado por The Wall Street Journal el pasado diciembre ha generado la enfática reacción de organizaciones de derechos humanos y comunitarias. La noticia reproduce las acusaciones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia) vertidas por Daniel Sierra Martínez (alias “Samir”), un ex-comandante guerrillero desmovilizado en 2008.
Según O’Grady, Sierra Martínez manifestó durante una entrevista que “la Comunidad de Paz era un refugio para los rebeldes heridos o enfermos y para almacenar insumos médicos” y que “[la comunidad] ayudó a las FARC en sus esfuerzos por etiquetar a los militares colombianos como violadores de los derechos humanos.” O’Grady aparentemente acepta estas aseveraciones como ciertas e incluso sugiere que Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Amnistía Internacional y la organización local Justicia y Paz facilitaron actividades de apoyo a la guerrilla en el área.
En una carta al editor de The Wall Street Journal, el dirigente de Justicia y Paz Padre Javier Giraldo Moreno afirma que esas acusaciones son parte de una campaña difamatoria dirigida por el gobierno y los militares. Agrega que los presuntos vínculos entre la Comunidad de Paz y la guerrilla sólo buscan justificar los crímenes cometidos en la región por el Ejército Colombiano.
Por su parte, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) rechaza “la afirmación de que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó colabora con la organización guerrillera denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).” La organización internacional enfatiza en su declaración que tanto tribunales nacionales como internacionales han reconocido en varias ocasiones no sólo la legalidad y la legitimidad de la comunidad, sino también la necesidad de proteger a sus miembros.
Colombia Support Network también hizo público un comunicado sobre el controvertido artículo. Según esta organización comunitaria, “O’Grady presentó una descripción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la que abundan informaciones falsas y alusiones a supuestos hechos que no se basan en la realidad.” La réplica también señala que “más de 30 residentes de la Comunidad de Paz han sido asesinados desde 1997 […] debido a que […] la Comunidad no permite actores armados dentro de sus límites y no apoya a ninguno de ellos.”
En su artículo publicado por Upside Down World el 29 de diciembre y titulado “Mary O’Grady incita a la violencia en una Comunidad de Paz de Colombia”, Belén Fernández describe la noticia de The Wall Street Journal como una “iniciativa de relaciones públicas ad honorem en nombre de los regímenes de derecha en América Latina.” Además, afirma que Sierra Martínez “ahora es un cómplice fundamental del gobierno colombiano en sus esfuerzos por demostrar que los campesinos son terroristas.”
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue fundada en 1997 en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, como un intento de resistencia civil y no violenta frente al conflicto armado interno y para prevenir el desplazamiento forzado. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) ha acompañado física y políticamente a la Comunidad de Paz el inicio. Sin embargo, en sus casi doce años de existencia, más de 180 miembros de la comunidad han sido asesinados.