“Estoy desplazado de mi comunidad, voy a completar cuatro años fuera de ella, desde cuando el crimen organizado llegó al campo de fútbol del Faro de Bucerías queriendo asesinarme. (…) Me han matados unos primos, tres tíos, amigos no se diga. No cabe decir como es posible que el Presidente Municipal [de Aquila] diga que en el Municipio se vive en paz, tranquilos, cuando la criminalidad está al orden del día. (…) Invito los amigos del Municipio de Aquila que no le tengan miedo al crimen, que aunque vamos a morir, hay que morir por una causa”.
Era principio de febrero de 2014 cuando un joven de 32 años pronunciaba estas firmes palabras. Invitaba a las autoridades federales y estatales a visitar su tierra sin escolta, si estaban tan seguros que “allí no pasaba nada”, e invitaba sobretodo a sus compañeros a dejar el miedo, levantar la cabeza, agarrar las armas y, recuperando la herencia de la Guardia Comunal indígena, enfrentarse a los Caballeros Templarios. Este joven se llama Cemeí Verdía Zepeda, y en unas semanas se habría vuelto en el comandante general de las autodefensas del municipio de Aquila, costa nahua del estado mexicano de Michoacán. Ahora, este mismo joven se encuentra preso en el penal conocido como Mil Cumbres, en la capital del estado Morelia, desde el 19 de julio del presente año, cuando fue detenido por las mismas fuerzas gubernamentales que desde meses intentaban cooptar su lucha. Este mismo día, tras la captura de Verdía Zepeda, una compañía del Ejército Mexicano disparó en contra de la población que, desarmada, protestaba por su arresto. El saldo fue de cuatro heridos y un niño muerto, Hidelberto Reyes García, de 12 años de edad, última víctima de una guerra que desde décadas golpea esta comunidad indígena. Para dimensionar la gravedad de los hechos, es necesario contar la historia de Ostula, la expropiación actuada en su contra y la recuperación territorial por parte de los comuneros, la experiencia del levantamiento armado de los últimos dos años y el posicionamiento de la comunidad frente a los acontecimientos más recientes, relacionados por un lado con el proyecto del Mando Unificado y por el otro con el reacomodo del crimen organizado en todo el estado de Michoacán.
El proyecto de Ostula entre conflictos socio-territoriales e intereses del capital
La comunidad indígena de Ostula está integrada por 49 encargaturas en un territorio de 19 mil hectáreas, reconocidas en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. En sus tierras se encuentran yacimientos de hierro, zinc, plata y oro; sus playas son hermosas y sus bosques ricos de maderas preciosas. Además, la comunidad está ubicada en un corredor estratégico, que articula toda la costa del Pacífico mexicano a través de la carretera federal número 200. Estas condiciones naturales y socio-territoriales, hacen de este territorio comunitario un botín demasiado cautivador para que la delincuencia organizada y el Estado mexicano acepten dejarlo en manos de sus dueños legítimos, los indígenas nahuas.
El conflicto territorial y social que afecta hoy en día la comunidad data de principios del siglo pasado, cuando la creación del municipio de Aquila en 1909 sentó las bases para la penetración de la relación de dominio de clase del Estado mexicano en la región. Poco después, en 1911, el fraccionamiento de la colindante comunidad de Maquilí, hoy ejido Salinas de la Placita, hizo que las tierras comunales fueran entregadas al fisco, con consecuente privatización y contratos de compra-venta entre particulares. Los errores técnicos de distancias y superficies, contenidos tanto en la resolución presidencial de 1964 como en el plan de ejecución del mismo año, contribuyeron para que diferentes actores pudieran manipular dichas distancias y el paraje de la Canaguancera, hoy Xayacalan, quedara fuera de la resolución, permitiendo su titulación a particulares desde esa fecha al presente. Después de años de despojo, el 29 de junio de 2009 alrededor de dos mil comuneros se reapropiaron de estos pocos más de mil hectáreas, también gracias a la ayuda de la recién formada Guardia Comunal, una antigua figura de protección que sobrevive en muchos de los municipios indígenas michoacanos. La recuperación coincidió de hecho con la reactivación de un proyecto social y político: la reconstitución de la asamblea general de comuneros y comuneras como máxima autoridad del pueblo y el rechazo de las políticas gubernamentales responsables del despojo y la explotación del territorio y sus habitantes.
A través del Manifiesto de Ostula, proclamado durante la XXV asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena (CNI) Región Centro-Pacífico, realizada el 14 de junio de 2009 en la costa nahua de Michoacán, la comunidad de Ostula denunció “la intromisión de los malos gobiernos y las empresas (…) a través de sus programas gubernamentales (…) en la costa de Michoacán en donde se impulsan el proyecto de desarrollo integral turístico y el proyecto carretero Coahuayana-Lázaro Cárdenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región”. Con el respaldo del CNI, institución integrada por pueblos originarios en resistencia e impulsada nada menos que por la comandancia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ostula dejó de ser una comunidad aislada y su voz se unió a la de todos los indígenas de México en lucha para la recuperación y defensa de su territorio. La sangrienta represión que siguió fue proporcional a la firmeza de los habitantes y los acontecimientos del 19 de julio no son ajenos a este contexto.
Este enésimo ataque del Estado contra la población civil llegó de hecho exactamente a dos meses del primer reparto agrario que se hizo en Xayacalan el pasado 23 de mayo, cuando los pobladores fueron dotados de parcelas para el cultivo de papaya, hoja de jamaica, ajonjolí, maíz y hortalizas. Donde antes hubo trasiego de droga o entrenamientos de sicarios, hoy se siembran alimentos para la reproducción de la vida, no de la muerte. En aquella ocasión, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ostula comentaba que el reparto se dio “en base a las disposiciones de la ley agraria en su capítulo 99, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los usos y costumbres, por los cuales las tierras comunales son inalienables, inembargables e imprescriptibles: siempre serán de la comunidad”. Una visión del territorio que choca con los proyectos que el gobierno federal tiene pensados para esta zona de “alto potencial de desarrollo”, como el presidente Peña Nieto definió, en el noviembre de 2014, a los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas.
Así, si por un lado es cierto que la detención del comandante Verdía Zepeda es atribuible a la estrategia gubernamental de desaparecer todos los líderes de las autodefensas que no se conformaron con su voluntad, por el otro es aún más cierto que la política de recuperación y redistribución de la tierra por parte de la comunidad nahua constituye una piedra en el zapato para los intereses del capital nacional e internacional, legal e ilegal. Y una piedra de remarcable tamaño, considerando que muchas de estas tierras ya han sido concesionadas a la empresa Ternium-Las Encinas S.A., segunda empresa minera por importancia a nivel estatal y cuyo volumen de extracción se acerca a las mil toneladas de hierro al día.
A dos años del levantamiento armado de las autodefensas, la guerra para la dominación de Michoacán sigue y el “desarrollo pacífico” supuestamente anhelado por el gobierno es un espejismo siempre más lejos. Además, el delicado equilibrio alcanzado en algunas zonas del estado, en específico la Costa, está ahora amenazado no sólo por la contraofensiva de los cárteles del narcotráfico sino también por la implementación del Mando Unificado, continuación del trabajo de “legalización de las autodefensas” de 2014, que resultó en el quiebre del movimiento y en la detención o muerte de sus líderes. Examinar el real significado de la iniciativa es fundamental para entender el tamaño del riesgo que esta conlleva y, consecuentemente, porque la población de la costa la está rechazando de una manera tan firme.
Las nuevas amenazas entre Mando Unificado y reacomodo de cárteles
El Mando Unificado es una reforma presentada formalmente por el ex-presidente Felipe Calderón Hijonosa el 4 de octubre de 2010 y retomada por el actual presidente Enrique Peña Nieto en 2013, que pretende acabar con los mil 800 departamentos de policía municipal del país y ponerlos bajo el directo control de la policía estatal de cada entidad. Una maniobra que, en Michoacán, se traduce en la eliminación de todo sistema de seguridad comunitario creado con el levantamiento armado de 2013. Este nombramiento de elementos foráneos es el núcleo de un problema que tiene raíz en la estrategia gubernamental aplicada el año pasado para resolver la “crisis michoacana”, cuando Alfredo Castillo, en aquel entonces Comisionado federal por la Paz y el Desarrollo de Michoacán, creó las Fuerzas Rural y Ciudadana, uniformando varios sujetos de dudosa procedencia en las filas de estos nuevos cuerpos policíacos y declarando ilegal la mayoría de los integrantes de un movimiento que en su principio fue realmente espontáneo y fruto del hartazgo de la gente común.
El resultado, a dos años de distancia, es una guerra intestina que está desangrando la entidad, una guerra no reconocida por las autoridades y que deja huella sólo en las redes sociales y, a veces, en la prensa local. Las cifras que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son de 5.5 homicidios diarios, entre enero y octubre de 2015. Después de varias declaraciones en qué negaba la situación de violencia descontrolada, el pasado miércoles 11 de noviembre el secretario de gobierno del estado, Adrián López Solís, tuvo que reconocer públicamente que “hay grupos armados que no están identificados, muchos de ellos agrupados en la Fuerza Rural”. Aseguró que nadie tiene un pacto con el gobierno pero la presencia en reuniones con funcionarios estatales –desmentida por fuentes oficiales pero confirmada por fotografías circulantes en las redes- de personajes como Juan José Farías Álvarez, alias “el Abuelo”, nativo de Tepalcatepec y vinculado por la inteligencia federal con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), deja la población en un estado de desconcierto y preocupación.
Cabe recordar, de hecho, que la lucha entre quienes se quedaron del lado del crimen, fingiendo de combatirlo y obteniendo el beneplácito del estado, y quienes militaron en las autodefensas legítimas, se da en un contexto de reacomodo de cárteles, después de la debilitación de los Caballeros Templarios, el crecimiento del CJNG y la reorganización del cártel de Sinaloa, tras la fuga de su líder Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera. Michoacán tiene demasiada importancia en el ajedrez nacional e internacional del crimen organizado para pensar que la imposición del Mando Unificado, y el consiguiente desmantelamiento de lo que queda de las autodefensas, sea una mera reforma de seguridad.
En particular, con referencia a Ostula, este territorio es una pieza fundamental en el ajedrez geopolítico del crimen organizado, por ser el acceso al mar de todo lo que se produce y comercia en la Tierra Caliente -además de pasaje obligado rumbo a los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima- y por su posición colindante con el estado de Guerrero, cuya producción de amapola ha llevado México al segundo lugar en la producción mundial de opio.
En el desolante panorama michoacano, el triangulo formado por los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila es el único caso donde el trabajo conjunto de las autodefensas originarias y la Fuerza Rural no ha permitido la reinfiltración criminal o el surgimiento de nuevos grupos delictivos. El trabajo de la comunidad de Ostula, con su proyecto de vida contrapuesto a los demás proyectos de muerte, ha sido determinante para reactivar un sentido comunitario que, el pasado 6 de noviembre, ha llevado estas tres localidades a rechazar rotundamente el Mando Unificado, y a presentar, el día 23 del mismo mes, una versión del acuerdo elaborada por las mismas comunidades.
Las condiciones de los tres municipios previenen la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los líderes comunitarios que en el julio pasado fueron involucrados en una acción defensiva en respuesta al ataque de una célula de los Caballeros Templarios; la libertad de los 300 autodefensas entre los cuales José Manuel Mireles Valverde, Cemeí Verdía Zepeda y Agustín Villanueva Ramírez, considerados por el movimiento presos políticos; y el respeto del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que cada municipio sea responsable de su seguridad, puesto que consideran que el Mando Unificado violaría su soberanía. El siguiente paso le correspondería al gobierno pero, hasta la fecha, nada se ha cumplido de estos acuerdos y, con la determinación de los habitantes de esta región a defender su seguridad, es fácil imaginar que si no recibirán un verdadero apoyo la guerra para el control de la costa será implacable y sangrienta. Por esta razón, el pasado 1 de diciembre la comunidad indígena bloqueó la carretera costera 200 a través del cierre en el punto respectivo a la encargatura de Xayacalan y, el día siguiente, decenas de manifestantes se colocaron al frente de la Casa de Gobierno en la capital del estado Morelia, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, la inmediata liberación del comandante Verdía Zepeda y el castigo a los responsables del asesinato del niño Hidelberto.
La situación de México empeora incesantemente. Asesinatos, secuestros, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, abusos y desvíos de poder, feminicidios, expropiación violenta de tierras, son noticias de todos los día. La política de encubrimiento de las reales condiciones del país, finalizada a restituir una imagen de los estados que cumpla con los requisitos de turistas e inversionistas, se está revelando un arma de doble filo y en cada entidad la falta de acompañamiento a las denuncias de la población es una constante violación de los derechos humanos. Michoacán no es excepción, y la escasa atención mediática y política que se está dando a la evolución de la situación en al entidad no sólo es peligrosa sino profundamente irresponsable.
Autora: Valentina Valle Baroz es una periodista independiente basada en México. La puede contactar através del correo electrónico: valentinavallebaroz(arroba)gmail.com
Author: Valentina Valle Baroz is an independent journalist based in México. You can contact her at valentinavallebaroz(arroba)gmail.com