¿Están dispuestos los estadounidenses a pagar los crecientes costos de las nuevas medidas severas en contra de los inmigrantes?
El gobierno del Presidente George W. Bush y el Congreso están apoyando una serie de políticas severas para inmigrantes, con fondos federales aparentemente ilimitados. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que en 2003 se convirtió en sede de la Policía Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Naturalización, está pidiendo un aumento del 19% para aseguramiento y control fronterizo en 2009.
Los 12 mil millones de dólares requeridos serán utilizados para financiar las crecientes operaciones en materia de inmigración de las agencias de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) e Inmigración y Aseguramiento de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que son las principales agencias del DHS para hacer cumplir las leyes migratorias.
Con su presupuesto de cinco mil millones de dólares, el ICE se encarga de "proteger a los ciudadanos estadounidenses de la entrada ilegal de bienes, así como de la entrada de terroristas y otros criminales que intenten cruzar las fronteras nacionales."
Gran parte del presupuesto del ICE está dedicado a hacer cumplir las leyes migratorias, a través de investigaciones, redadas en el interior del país, detenciones y deportación de inmigrantes ilegales. Otros programas dentro del ICE, como el Servicio Federal de Protección (que protege edificios federales), tienen poco o nada que ver con asuntos de migración.
Al igual que el ICE, CBP también establece su misión en términos de la "guerra anti-terrorismo" del Presidente. Con un presupuesto actual de 9.3 mil millones de dólares, el CBP conforma la "fuerza al frente de la protección del público estadounidense en contra de los terroristas y los instrumentos del terrorismo."
A partir de 2002, los presupuestos para operaciones de estas dos agencias del DHS se han incrementado estratosféricamente. El presupuesto de CBP incrementó de cinco mil mdd en 2002 a 9.3 mil mdd en 2008, mientras que el de ICE creció de 2.4 mil mdd en 2002 a cinco mil mdd en 2008.
El impulso para deportar a los inmigrantes o detenerlos en la frontera se ha vuelto uno de los principales bastiones del enfoque gubernamental hacia la seguridad nacional, posterior al 9/11. El presupuesto global de DHS ha crecido poco a poco desde su creación en 2003—elevándose de 35 mil a 47 mil millones de dólares en 2008. Sin embargo, los fondos dedicados a control de migración y seguridad fronteriza han aumentado de manera desproporcionada, duplicándose mientras que el presupuesto total del DHS sólo aumentó en una tercera parte.
A manera de comparación: los presupuestos combinados de CBP e ICE en 2008 fueron 80% más grandes que el presupuesto anual de la Agencia de Protección al Ambiente, y casi cuatro mil millones más grandes que el presupuesto del Departamento de Estado.
Más botas y camas
Los presupuestos multimillonarios para migración y control de fronteras, han detonado el empleo y la construcción a lo largo de la frontera Sur, pues el gobierno se apresura a contratar miles de nuevos agentes de la Policía Fronteriza, extender la malla en la frontera, pagar para la construcción de nuevas instalaciones para la detención de inmigrantes ilegales, así como la modernización de los puntos de entrada.
En 2001, había nueve mil agentes de la Policía Fronteriza estacionados a lo largo de la frontera; el día de hoy hay alrededor de 18,000. Además, un incremento de 500 millones de dólares en el presupuesto, añadirá 2,200 agentes más en 2009.
La iniciativa para "Asegurar a Estados Unidos a través de la Verificación y el Cumplimiento" (SAVE Act), con 160 votantes en la Casa de Representantes, autorizaría 8,000 camas extra en los centros de detención de inmigrantes, así como 5,000 agentes más. Un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que el SAVE Act traería altos costos a la nación. De ser implementado, los ingresos federales se verán minimizados en 17.3 mil millones de dólares, de 2009 a 2018, por efecto de la salida de los inmigrantes del sistema de impuestos, además de incrementar el gasto discrecional en 10.3 mil millones de dólares.
El ICE está haciendo grandes esfuerzos para encontrar las instalaciones que les permitan alojar a todos los migrantes que son capturados por la Policía Fronteriza y los agentes del ICE. Desde 2001 se han añadido 13,000 camas en instalaciones nuevas para detención, y el presupuesto de 2009 financiará 1,000 camas extra, haciendo que el número total de camas para detenidos sea mayor de 32,000. Como las cárceles locales y los centros federales de detención están llenos de migrantes que esperan ser deportados o ser procesados ante una corte, el ICE está mandando a miles de migrantes a centros de detención privados, que son manejados por compañías como "Corrections Corporation of America."
Aún cuando la oposición de los gobiernos locales y los terratenientes ha demorado el progreso del muro fronterizo de 700 millas, DHS está anticipando sus planes para crear un muro virtual. A través del uso de vigilancia y tecnología de comunicación desarrollada por Boeing, el proyecto denominado "SBInet project" (que es parte de la "Iniciativa para una Frontera Segura") tiene por objetivo crear una barrera virtual a lo largo de algunas secciones de las fronteras Sur y Norte de Estados Unidos. Una serie de torres a lo largo de la frontera, que trabajan en red con un sistema operativo creado por Boeing, trabajan con radares, sensores y cámaras que alertan a la Policía Fronteriza de posibles cruces de la frontera.
Las fallas y retrasos en el proyecto piloto de esta iniciativa en las 28 millas de frontera entre Arizona y Sonora han hecho que surjan dudas y preocupaciones acerca del costo y la utilidad del proyecto de muro virtual. Sin embargo, pese al fracaso del proyecto piloto, DHS sigue trabajando con Boeing para diseñar un sistema operativo para SBInet. Boeing actualmente está trabajando en rediseñar un sistema operativo que fue desarrollado originalmente para el programa de modernización del Ejército de Estados Unidos, para que éste cumpla las expectativas de la Policía Fronteriza. El presupuesto original contemplado para este proyecto era de ocho mil millones de dólares. Sin embargo, el Inspector General de Seguridad Interna alertó que el precio final del muro virtual probablemente triplique el presupuesto estimado inicialmente.
Justicia y defensa se unen
Los presupuestos de los Departamentos de Justicia y Defensa también han sido incrementados por los costos de la política estricta con respecto a migración. De acuerdo al informe del Departamento de Justicia "Drugs and Border Security" (Drogas y Seguridad Fronteriza), el presupuesto del Presidente para 2008 "apoya el trabajo del Departamento para la protección de nuestras fronteras y la aplicación de medidas severas respecto a migración. Estos recursos se necesitan para poder atender la creciente aparición de incidentes relacionados con migración, que se generaron como resultado del incremento en medidas legales y el cumplimiento riguroso de los estatutos de inmigración."
No existe un desglose del presupuesto del Departamento de Justicia, que indique cuánto se gasta en el reforzamiento de las medidas de migración, pero el trabajo relacionado con migración se encuentra en su mayor parte asignado a la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EIOR por sus siglas en inglés). De 2001, el presupuesto de EIOR se incrementó en 57%, a 249.2 millones de dólares en 2008. Las nuevas iniciativas le permitirán al Departamento de Justicia contratar a 40 mariscales federales y a casi 200 abogados y jueces para que se encarguen de la gran cantidad de casos de migración que surgirán cuando DHS aplique sus medidas severas para prevenir la inmigración.
En 2009 el Departamento de Justicia lanzará su "Iniciativa para Asegurar la Frontera Suroeste" (Southwest Border Enforcement Initiative), cuyo "objetivo estratégico" es "prevenir el crimen, reforzar las leyes federales y representar los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses." Mientras que la iniciativa se centrará principalmente en el tráfico ilegal de drogas, el Departamento de Justicia resalta que "la frontera Suroeste también representa grandes retos relacionados con inmigración ilegal y armas ilícitas." Como parte de esta iniciativa, que costará 100 millones de dólares, el Departamento de Justicia está pidiendo incrementos en los presupuestos de EIOR (10 millones de dólares), U.S. Attorneys (8.4 millones de dólares) y U.S. Marshals (12.7 millones de dólares). De acuerdo con el Departamento de Justicia, "se necesitan abogados como respuesta a las actividades criminales relacionadas con el cruce de la frontera, así como para atender el incremento en los casos de inmigrantes resultantes del aumento en el número de agentes de la Policía Fronteriza y el esfuerzo en general del gobierno de Estados Unidos para ganar el control operacional de la frontera."
Con todas sus divisiones, el Departamento de Justicia está listo para gastar alrededor de 43 millones de dólares en medidas en detrimento de la inmigración en 2008.
El Departamento de Defensa también juega un papel en la lucha contra la migración. Aún cuando la milicia, por ley no puede realizar labores de cumplimiento de la ley civil, el Pentágono juega un papel de apoyo en los esfuerzos antidrogas y de control de migración.
En 2006, el Presidente Bush desplegó 6,000 miembros de la Guardia Nacional en la Operación "Jump Start" para que apoyaran a la Policía Fronteriza en las operaciones de vigilancia. La misión de la Guardia Nacional ha sido financiada con partidas del Departamento de Defensa (708 millones de dólares en 2006, 415 millones de dólares en 2007 y 247 millones de dólares en 2008), cantidades que han sido autorizadas por el Congreso.
Acciones locales en contra de la inmigración
En los últimos años, muchos gobiernos locales y estatales se han unido a la corriente anti-inmigrantes, utilizando a sus fuerzas policíacas y otros empleados gubernamentales para reducir la inmigración ilegal, dañando de esta manera los presupuestos públicos a través del país.
En los primeros meses de 2008, se han introducido más de 1,100 iniciativas relacionadas con migración. La mayoría de éstas tiene por objetivo hacer más difícil que los inmigrantes vivan y trabajen en sus estados. Quienes proponen las medidas anti-inmigrantes aseguran que las iniciativas para negar a los inmigrantes ilegales una vivienda, educación, licencias de conducir y trabajo, ayudarán a mejorar los estándares económicos de los residentes legales y los ciudadanos estadounidenses. Pero existe una creciente crítica en contra de las medidas anti-inmigrantes, de los que dicen que estas iniciativas no solamente causas disputas y dividen comunidades, sino que además vienen acompañadas de un elevado precio. En el condado de Prince William, en Virginia, en donde los policías fueron encomendados por el ICE para que supervisaran el cumplimiento de las regulaciones migratorias, el gobierno local está enfrentando una crisis presupuestaria debido a los costos adicionales de alojamiento de inmigrantes ilegales en las cárceles, que están llenas.
El ICE incentiva a la policía estatal y local a que cooperen con las autoridades federales para el cumplimiento de las regulaciones migratorias, a través de los "Acuerdos de Cooperación en Comunidades para Fortalecer la Seguridad" (ICE ACESS por sus siglas en inglés), que proveen fondos federales, así como entrenamiento a los policías. Pero los gobiernos locales se quejan de que el gobierno federal no alcanza a cubrir todos los costos adicionales. En Gastona, Carolina del Norte, la comisión del condado recibe pagos a través del programa ACESS, pero actualmente enfrenta un déficit de 175,000 dólares, debido a que los pagos del ICE no cubren completamente los gastos de contratación y entrenamiento de nuevos agentes.
El precio de la seguridad
El precio de nuestra política migratoria es muy elevado. No porque más de 12 mil millones de dólares sea demasiado para pagarle a Seguridad Interna por nuestra "seguridad", sino porque nuestra actual política migratoria está mal direccionada y moralmente en bancarrota.
Los programas en contra de la inmigración y de aseguramiento de las fronteras de los Departamentos de Seguridad Interna, Justicia y Defensa, son simplemente marginales en cuanto a asegurar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Nuestra política migratoria sigue siendo el resultado de las fuerzas del miedo y odio desatadas por la administración de Bush, a través de su malévola guerra anti-terrorismo.
Miles de millas de nuevo muro fronterizo y miles de nuevos agentes de la Policía Fronteriza son un mal sustituto para una política migratoria que esté bien dirigida a mejorar la forma de vida de millones de inmigrantes que han establecido sus hogares en nuestras comunidades. Cientos de nuevos abogados en el Departamento de Justicia para procesar casos de inmigrantes y miles de camas extra en los centros de detención no son un sustituto para una política migratoria forjada a través de un análisis realista de la necesidad del país de tener una fuerza laboral inmigrante.
De la misma forma en que estamos malgastando miles de millones en el extranjero en la guerra de Irak, también estamos desperdiciando miles de millones de dólares en casa, en lo que se ha convertido en una guerra en contra de los inmigrantes. Los costos colaterales de esta política severa anti-inmigrantes—incluyendo la falta de fuerza laboral, familias separadas por deportaciones, cárceles y centros de detención a su máxima capacidad, muertes en la frontera, cortes llenas de casos de inmigrantes, y comunidades divididas—son también inmensos.
Juntos, los costos financieros y sociales de la política anti-inmigrantes de esta administración son demasiado altos de aguantar.
Tom Barry es analista del Centro de Política Internacional para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org). Comentarios a cualquier artículo se pueden dirigir a americas(a)ciponline.org.