Fuente: Ecoportal
Ocho millones de hectáreas, la mitad de la superficie continental de Uruguay, es el área que el gobierno de Fernando Lugo se plantea investigar por considerarlas tierras “mal habidas”, cuyos títulos de propiedad podrían ser fraguados o falsos o simplemente usurpados en tiempos de la dictadura de Stroessner. Los terratenientes que han inundado Paraguay de soja transgénica resisten la auditoría, en alianza con un parlamento donde Lugo es franca minoría, al punto de amenazar -ruido de botas incluido- con un quiebre institucional.
Magui Balbuena, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras Rurales e Indígenas, brinda desde Asunción su testimonio para Brecha sobre un conflicto que tiene como epicentro el departamento de Alto Paraná, en la frontera con Brasil.
-¿Cuál es la situación que se vive en Alto Paraná, y qué intereses están en pugna?
-La lucha de los sin tierra en esta zona es de larga data. Recientemente el gobierno de Lugo ha buscado legislar sobre las tierras de frontera que venían siendo arrasadas por las multinacionales, principalmente brasileñas. Fue entonces que el gobierno mandó militares a la frontera para hacer amojonamientos y un control de esas tierras. Hay muchas dudas sobre cómo, en muy poco tiempo -unos diez años-, esas tierras de frontera han pasado a manos de extranjeros ¡y son las mejores tierras! Esas extensiones están dedicadas al cultivo de soja transgénica, el monocultivo de exportación. Han arrasado montes, han secado arroyos, esterales, han envenenado ríos con el uso indiscriminado de agrotóxicos. Son situaciones muy graves que ocurren en todo el país, pero más aun en la zona fronteriza, donde además surge una especie de espíritu patriótico porque la población ve que en esas zonas ya no es Paraguay. Los campesinos se sienten dueños de la tierra y reaccionan. Cuando los militares fueron a hacer los amojonamientos y a chequear los títulos de esos campos reaccionaron los “carperos”.
-¿En qué consiste ese movimiento de “carperos”?
-Se trata de gente de diversos departamentos que están en esa zona de conflicto cuestionando fundamentalmente a un terrateniente brasileño llamado Tranquilino Favero. Él tiene tierras en tres o cuatro departamentos, de las mejores tierras de frontera. Tiene estancias y sojales interminables que en total superan el millón de hectáreas. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha comenzado a investigar y verificar el origen de los títulos de este empresario, muchos de los cuales son falsos y fraguados. Pero también hay una verdadera mafia dentro del Indert que durante años ha vendido y revendido tierras del Estado. Esto es lo que generó la crisis en Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná. Allí se está cuestionando un predio de 162 mil hectáreas de tierra de frontera que hoy controla Favero y que los campesinos sin tierra reclaman que se distribuya entre ellos por parte del Estado.
-¿Cómo reaccionaron los distintos actores?
-La situación es muy candente desde que el Ejército llegó a mediados de enero para hacer el amojonamiento. Los grandes sojeros se unieron a favor de Favero, defendiéndolo. Es el caso de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Coordinadora de Productores de Soja y las cooperativas. El hecho de que el Ejército esté en el lugar ha evitado que los terratenientes accionen contra los campesinos que reclaman su tierra. Incluso hay una orden del Ministerio del Interior para que la Policía no los reprima. Pero los terratenientes han resistido el amojonamiento. ¿Por qué se niegan a que se revisen los documentos por parte del Estado? La Fiscalía y el Congreso completo están a favor de los sojeros y han apañado este problema de las “tierras mal habidas”.
La única forma de que esa tierra siga bajo soberanía de nuestro país es que se le brinde tierra a los miles y miles de campesinos que la reclaman.
-¿Hubo enfrentamientos directos por parte de los terratenientes?
-La presión es muy grande, toda la prensa está a favor de los sojeros, y existe el riesgo real de que ellos actúen como saben hacerlo: con violencia hacia los campesinos sin tierra. Los terratenientes ya han organizado grupos armados y amenazado con actuar por cuenta propia. En estos momentos estamos en un tire y afloje y va tomando cuerpo un problema político, porque los sojeros han amenazado que, de continuarse con este intento del gobierno, peligrarían las elecciones de 2013. Incluso ha habido reuniones de militares retirados. Sus aliados son muy fuertes aquí en Paraguay. Recordemos que, según algunas estimaciones, las tierras “mal habidas” ocupan una superficie de 8 millones de hectáreas y están en manos de funcionarios, militares, empresas, colaboradores de la dictadura de Alfredo Stroessner.
-¿Hablamos entonces de un peligro de quiebre institucional?
-Así es. El principal problema de Paraguay es el agrario, el de la tierra. Hay una contradicción profunda entre las 400 mil familias sin tierra y por otro lado colonos brasileños (“brasiguayos”) ocupando ya no solamente las tierras de frontera sino adentrándose en el propio Chaco. Esta es una zona boscosa, natural, es un verdadero pulmón que a todos nos debe interesar. No hay control sobre eso y está siendo depredado, arrasado para el cultivo de la soja transgénica. La derecha desde el parlamento apoya a estos invasores y es muy difícil hacer algo para recuperar la soberanía. Se trata de un atropello, de un verdadero saqueo de nuestra tierra. Hace décadas que se viene implementando este modelo y en él las mujeres y los niños somos quienes más sufrimos las consecuencias: enfermedades, malformaciones, abortos y empobrecimiento extremo de nuestras comunidades y familias.
Efectivamente creemos que existen actores que están tramando el plan desestabilizador, buscando incluso generar hechos de sangre que agudicen el conflicto.
Brasiguayos
Más de medio millón de brasileños viven en Paraguay desde hace varias décadas. Hay de todo entre ellos, pero los que son centro de conflictividad son los terratenientes que se han instalado en las zonas de frontera del este del país, en particular en el Alto Paraná. La mayoría de estos últimos poseen enormes extensiones de tierra que han dedicado desde hace años al súper rentable cultivo de soja, y defienden sus tierras a punta de pistola. La dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) los tuvo como grandes aliados y los dejó actuar a sus anchas en territorios que fueron extendiendo sin control alguno. Del millón y medio de hectáreas plantadas con soja en el oriente del país, 1,2 millones son de brasileños. De “brasiguayos” y de otros de implantación más reciente, que las adquieren a precio de bicoca: la tierra que en su país vale 7 mil, 8 mil dólares la hectárea, en Paraguay la compran por mil, a lo sumo por 4 mil las más fértiles, sobre todo las que hasta tiempos cercanos eran dedicadas a la ganadería. De hecho, en el este sojero del país no se aplica la ley (aprobada en 2005) que prohíbe la compra o usufructo de tierras situadas a menos de 50 quilómetros de la frontera a extranjeros de países limítrofes. Menos que menos las normas ambientales.
La súper tecnificada producción sojera (los brasileños han “modernizado” el sector agrícola paraguayo) expulsó de esas zonas del territorio a buena parte de los pequeños productores. “No hay ningún tipo de beneficio para la zona: la gente es expulsada de sus trabajos y hasta del territorio, los caminos están totalmente degradados por los camiones sojeros, los empresarios no viven allí, no pagan impuestos ni retenciones, y nada de lo que ganan queda en las comunidades”, dijo a la BBC de Londres Claudia Ricca, de la ONG Amigos de la Tierra, que trabaja en la zona.
Tranquilino Favero, un septuagenario que desembarcó en Paraguay a inicios de los sesenta, simboliza como pocos a este núcleo de “brasiguayos”. Cruzó la frontera tentando suerte, apenas instalada la dictadura, y hoy es uno de los mayores empresarios del país. Se le llama el “rey de la soja” y está al frente de un imperio que cuenta con su propio ejército de sicarios. Sus conexiones con el Ejército son notorias, y Favero ha llamado repetidas veces a “resistir el avance del comunismo”, que él ve simbolizado en Fernando Lugo, por los antiguos vínculos del presidente con los movimientos campesinos y los sin tierra. Las muertes de campesinos en el oriente de Paraguay por “desconocidos” probablemente pagos por los terratenientes de la zona se cuentan por decenas.