(IPS) Nativos de 356 comunidades que participaron la semana pasada en protestas y choques contra fuerzas del gobierno de Perú, en esta provincia de la región norteña de Amazonas, priorizan ahora el registro de sus muertos y desaparecidos en medio del temor y la sospecha.
Varios indígenas aseguraron que un helicóptero policial recogió cadáveres de los caídos y luego los echó al río Marañón, pero la fiscalía no pudo encontrar más cuerpos en su tercera inspección en la zona, realizada el miércoles.
Los indígenas bloqueaban carreteras e instalaciones petroleras en reclamo de que se deroguen una serie de decretos legislativos que violan sus derechos al territorio, consagrados en la Constitución de este país y en pactos internacionales ratificados por Perú.
"Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes", dijo a IPS el nativo awajun Luis Padilla, de la comunidad Río Santiago, a tres días de viaje de Bagua en la región nororiental de Amazonas.
Padilla recordó, receloso frente a la cámara fotográfica, que el viernes 5 de junio, día del sangriento choque entre manifestantes y policías en la Curva del Diablo, fueron los uniformados los que atacaron primero, con disparos de bala, al promediar las seis de la mañana, y que en respuesta los indígenas usaron sus lanzas. "Nos defendimos", dijo.
Los policías "recogieron los cuerpos de los hermanos y luego los botaron al río Marañón", agregó Joel Tupicá, del distrito de Nieva, quien junto a Padilla y otros 24 nativos, entre ellos dos mujeres, regresaron a sus lugares de origen el miércoles, cinco días después de los enfrentamientos que han dejado más de 30 muertos, entre indígenas y policías.
Varios uniformados fueron degollados. Pero el número de muertos es también motivo de disputa entre el gobierno y los indígenas.
ENTRE EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE
Oswaldo Bautista, fiscal supremo y presidente de la junta de fiscales de Amazonas, dijo a IPS que unos 1.000 indígenas han regresado en los últimos días a sus pueblos, y que la mayoría se refugiaron en las parroquias por temor a que las fuerzas del orden tomaran represalias.
Sin embargo, abogados de la no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos que permanecen aquí informaron que aún se encuentran detenidos más de 50 nativos en cuatro zonas distintas.
Los últimos hechos de violencia han incrementado la desconfianza y el miedo de los indígenas, debido a que el ejército y la policía aún continúan desplegados en la zona y se mantiene vigente el toque de queda.
Varios "apus" (jefes de comunidades) prefieren no volver a la Curva del Diablo, pues podrían ser capturados tras las denuncias de las autoridades contra la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabezó las protestas. Su líder máximo, Alberto Pizango, se encuentra asilado en la sede de la embajada de Nicaragua en Lima.
"Quemaron sus cuerpos de varios, ahí los quemaron", insistió Padilla en su denuncia aunque no dio nombres de las víctimas, por la confusión que se generó el día del enfrentamiento entre nativos de más de 356 comunidades que pertenecen a cinco cuencas.
De los nueve indígenas que, según las autoridades, murieron aquí solo se ha identificado a uno: Felipe Savio César. Por ello, los dirigentes de Aidesep conformaron un comité en cada comunidad para que se elaboren listas de las personas que aún no regresan a sus pueblos para pedir cuenta al Estado sobre lo ocurrido con ellas.
"Queremos recuperar a nuestros cadáveres", dijo Edwin Montenegro, dirigente comunal del Río Kanus, en la provincia amazónica de Condorcanqui, uno de los protagonistas directos del choque con los policías aquel trágico viernes.
EN LA CURVA DE LA MUERTE
Unos 3.000 indígenas estaban apostados en la Curva del Diablo, bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry. "De aquí vivos o muertos se regresarán, nos dijeron", relató Montenegro sobre la advertencia que lanzaron las fuerzas estatales, pocos minutos antes de iniciar el desalojo violento.
El dirigente aseguró a IPS que en días previos, manifestantes y algunas autoridades locales tuvieron conversaciones con el general Víctor Uribe, a cargo del operativo, para llegar a un acuerdo pacífico.
Montenegro aseguró que el jueves se celebró una reunión con Uribe, que no llegó a buen término, pero se acordó continuar el diálogo el viernes a las 10 de la mañana, una cita que nunca se efectuó, pues cuatro horas antes se produjo el ataque.
El alcalde provincial de Condorcanqui, Héctor Requejo, confirmó a IPS que el jueves de tarde se reunió con el general Uribe en el campamento de la refinería de Petroperú y que éste le aseguró que no podía tomar ninguna decisión, sino que debía acatar cualquier orden que viniera de Lima.
Montenegro aseguró que los policías disparaban a los cuerpos de los indígenas y que desde un helicóptero se lanzaron bombas lacrimógenas y se efectuaron disparos. En medio de los enfrentamientos, él logró rescatar a su cuñado, el conocido líder aguaruna Santiago Manuin, presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, quien se encuentra gravemente herido.
Tres jóvenes indígenas baleados, que permanecen internados en el Hospital Gustavo Lanatta, de Bagua, confirmaron que la policía inició el ataque sin dar tregua.
Los tres habían revistado en el ejército en el pasado. Uno de ellos, Paulo Bitap López, de 24 años y proveniente de la comunidad de Shusug, dijo a IPS que un grupo de jóvenes licenciados (así se conoce a los que formaron parte del ejército) tuvieron la iniciativa de juntarse antes del operativo de desalojo para disuadir a la policía, pero fueron interceptados por una ráfaga de balas.
Rosa Mondragón, de 54 años, quien vive a pocos metros del lugar del enfrentamiento en la zona denominada Primavera, corroboró que se lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero y mostró al fiscal Bautista los impactos de proyectiles en su vivienda, así como más de 20 mochilas y bolsas de utensilios de nativos que pernoctaron más de una semana en su casa y que salieron huyendo ante el ataque.
El fiscal visitó el miércoles las quebradas cercanas a la Curva del Diablo después de haber realizado dos diligencias similares en otras zonas el domingo y el lunes, en respuesta a las denuncias de pobladores sobre el ocultamiento de cadáveres. Bautista informó a IPS que en esta última inspección no se encontraron cuerpos, solo ropas y botellas de chicha (licor tradicional).
DISPAROS EN LA PLAZA
Entre los heridos que IPS entrevistó en el hospital estaba Daniel Torres Manay, un poblador de Bagua de 55 años a quien un disparo policial le perforó el estómago cuando estaba el viernes en los alrededores de la plaza de armas de la ciudad.
Torres y su esposa Amelia Delgado relataron que los uniformados empezaron a disparar ese día cerca de las 23.00 horas, debido a que un grupo de gente rodeaba la comisaría, situada en la plaza de armas, tras enterarse de que los nativos habían sido atacados.
"Esto es un crimen que ha hecho el presidente Alan García", increpó Torres, operado dos veces sin éxito para extraerle la bala, por lo que espera ser traslado a la ciudad norteña de Chiclayo para salvar su vida.
Según Montenegro, los disparos causaron allí cuatro muertes, entre ellas la del indígena Felipe Savio César.
"Después de reconocer a nuestros hermanos, vamos a retomar la concentración. El Estado piensa que nos hemos ‘cobardeado’ (que somos cobardes), nunca jamás. El pueblo awajun cuando ha visto la sangre de su propio hermano ha sido un incentivo. El Estado nos ha provocado. No queremos conversar ni con (el primer ministro) Yehude Simon ni con la (ministra del Interior, Mercedes) Cabanillas", agregó.
El miércoles el Congreso aprobó, con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención, la suspensión por tiempo indeterminado de la aplicación de los decretos legislativos 1.064 y 1.090, que afectan los derechos de los pueblos indígenas y que, según expertos y legisladores, violan la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esas normas –destinadas a promover la inversión extranjera en el marco del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos– originaron las movilizaciones indígenas de la Amazonia peruana, en reclamo de su derogación.
En esta región se multiplican los proyectos de extracción petrolera y gasífera.
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, rechazó la decisión del Congreso de suspender los decretos, pues la organización exige que sean derogados.
Este jueves, organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de protesta y solidaridad con los pueblos indígenas, mientras en varias zonas amazónicas del nororiente se emprenderá un paro de actividades por tiempo indefinido.
"La Amazonia representa nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestra vivienda, nuestra sobrevivencia, la defendemos para el bien de nuestros pueblos y la humanidad", explicó Montenegro.