Fuente: Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2326 de la revista ‘Caretas’.
En 1984 Barbara Tuchman publicó un extraordinario libro “The March of Folly”. ‘Folly’ suele traducirse como ‘locura’, pero creo que aquí le corresponde mejor la palabra ‘insensatez’.
“Un fenómeno destacable a lo largo de la Historia, al margen de lugar o de período” escribió Tuchman “es la prosecución por diversos gobiernos de políticas contrarias a sus propios intereses. La humanidad, parece, tiene un peor desempeño en las tareas de gobierno que en casi cualquier otra actividad humana […] ¿Por qué quienes detentan el poder actúan con tal frecuencia en forma contraria a lo que apunta la razón y sugiere la conveniencia? ¿Por qué deja tantas veces de funcionar un inteligente proceso mental?”.
La conveniencia se define en ese contexto, explicó Tuchman, como “todo aquello que conduzca al bienestar o ventaja de la nación que se gobierna; ‘folly’ (insensatez), es la política que bajo esos términos resulta contraproducente”.
Desde la guerra de Troya hasta la de Vietnam, Tuchman examinó varios de los episodios de trascendente insensatez que cambiaron la historia, con resultados muchas veces desastrosos y hasta catastróficos para las naciones que tuvieron la mala fortuna de depender de las decisiones de insensatos o cretinos.
Aquí en el Perú corremos el peligro de sufrir otro caso de insensatez política.
¿Cuál? El de la erradicación forzada de cocales en el VRAE.
Una declaración reciente del viceministro de Defensa Iván Vega disipó cualquier duda residual sobre este asunto.
“El tema de la erradicación (en el Vraem) es un tema ya dispuesto por el Presidente, se va a llevar a cabo” dijo Vega a Inforegión, “pero siempre teniendo en cuenta a la población vulnerable”.
Vega, que conoce bien el VRAE y puede suponer las consecuencias de la disposición presidencial, se apresuró en apilar eufemismos para disminuir el impacto de la declaración. “La intención del gobierno peruano” dijo “no es entrar y arrasar con los cultivos, simplemente es llegar a un consenso con ellos…”.
Vega y, lo que es más importante, el presidente Humala, saben que la erradicación forzada ha sido y es, precisamente, “entrar y arrasar con los cultivos”. Y saben que esa es la intención de Devida y el planeamiento del Corah (la autoridad encargada de ejecutar la erradicación).
Saben, además, que la erradicación se ejecutará desde el inicio con una concentración masiva de erradicadores y de la fuerza militar y policial encargada de protegerlos. Y que arrancará en las zonas del VRAE donde los pobladores se levantaron en los 80 contra la tiranía senderista y donde iniciaron una sangrienta guerra campesina, en la que murió, según fuentes diversas, uno de cada diez habitantes del VRAE, hasta lograr eventualmente barrer a Sendero y empujarlo hasta Vizcatán.
Esos guerreros campesinos fueron los DECAS. No pelearon, como en otros lados, bajo las órdenes de la Fuerza Armada, sino esencialmente solos, sobre todo al principio, cuando se creía que iban a ser barridos por Sendero. Eventualmente la relación y coordinación con las FFAA mejoró, pero los DECAS mantuvieron siempre su independencia organizativa.
En Pichiwillca y Palmapampa –donde es probable que empiece la erradicación– estuvo el corazón de la revuelta contra Sendero y su inicio en firme, en 1984. En ningún sitio enfrentó Sendero enemigos tan decididos como allí. Y cuando, varios años después, el nuevo Sendero de los Quispe Palomino se acercó a los campesinos pidiendo perdón por lo que, afirmaron una y otra vez, Feliciano y Abimael Guzmán (a quienes repudiaban ahora con vehemencia) les obligaron a hacer, ni Pichiwillca ni su zona de influencia los escucharon.
Ahora, luego que el Gobierno lograra éxitos operativos puntuales (sobre todo las acciones que terminaron con la muerte de ‘Guillermo’ y luego las de ‘Alipio’ y ‘Gabriel’); cuando se hacía indispensable afirmar una relación más estrecha con la población, para erosionar la base política de Sendero, ese mismo Gobierno se prepara para atacar, mediante la erradicación forzada de sus cocales, a los mejores y más decididos aliados en la lucha histórica (y también presente) contra Sendero.
“Vega y, lo que es más importante, el presidente Humala, saben que la erradicación forzada es precisamente “entrar y arrasar con los cultivos”.
Y así, si persiste la locura de erradicar, es muy probable que haya choques entre campesinos con policías y militares en el mismo lugar, Pichiwillca, donde hace menos de un año y medio dos generales (Manuel Gómez de la Torre y César Díaz Peche) acompañaron el féretro de Antonio Cárdenas en homenaje final a quien fue el talentoso y joven líder de la lucha contra Sendero. Y es obvio que si estuviera vivo, Cárdenas hubiera dirigido las acciones de resistencia contra la erradicación forzada.
¿Quién ha ofrecido ayuda incondicional a los campesinos cocaleros para resistir la erradicación?
Sendero, por supuesto.
De manera que, al decidir la erradicación en el VRAE, el Gobierno lograría sabotearse en dos aspectos simultáneos. De un lado, ayudar a Sendero a recuperarse de su contraste dándole una causa popular que defender: la de los cocaleros.
Del otro –y sobre todo si se excede en la represión– el Gobierno podría lograr la consumación de un autosabotaje superlativo: reconciliar a los DECAS con Sendero, en el empeño de defender sus cocales.
Ante ese costo probable, tan nocivo para la seguridad nacional, uno no puede dejar de preguntarse qué razón lleva al presidente de la República a tomar una decisión así.
¿Se trata de una medida dolorosa, debilitante pero inevitable? ¿Es que resulta indispensable en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado?
La respuesta a ambas preguntas es, inequívocamente, no. La erradicación de cocales no ayuda en la lucha contra el narcotráfico. Solo ayuda a mantener tranquilos a algunos fanáticos que han renunciado a la razón. Toda la experiencia de más de treinta años de erradicaciones aquí y en Colombia demuestra su futilidad en la lucha contra el narcotráfico. En Colombia, donde se han suspendido las fumigaciones de cocales con herbicidas, las propias autoridades antidrogas han reconocido que es un método oneroso donde no se hace mella en el narcotraficante y solo se perjudica al campesino.
Resulta grotesco que, sabiendo cómo está el narcotráfico en el VRAE, se piense en atacarlo erradicando cocales. El VRAE está lleno de pistas de aterrizaje clandestinas, donde cada día aterrizan y despegan más avionetas, ante la pasividad del Gobierno.
Hace poco se dinamitó varias pistas clandestinas. Fueron ejercicios de relaciones públicas, sin ninguna utilidad operativa. De hecho, los lugareños se sienten felices cuando se dinamita narcopistas, porque eso asegura que tendrán trabajo en los cuatro o cinco días que tome rehabilitarlas.
Arrancar cocales de campesinos pobres, condenándolos a la miseria, mientras no se hace nada frente a la autopista aérea por donde exporta y lucra el narcotráfico, ¿tiene eso sentido o es parte de la Marcha de la insensatez?
Yo podría entender -nunca justificar– un error de esa dimensión en alguno de los políticos o comentaristas que ignoran cómo opera el narcotráfico.
Pero el Presidente sabe cómo funciona y conoce la diferencia entre el campesino cocalero y el narcotraficante. Hay una serie de discursos suyos donde lo expresa con toda claridad.
Entonces, ¿qué cálculo insensato lo puede llevar a sabotear sus propios logros en la lucha contra Sendero y atacar a los campesinos que antaño derrotaron a la subversión?
“La insensatez” escribió Tuchman, “es hija del poder […] el poder de impartir órdenes con frecuencia avería la capacidad de pensar”.
Pero el buen estadista no se puede permitir esa avería. Gobierna bien quien piensa bien. Y hay decisiones que requieren claridad intelectual, entereza y son además indispensables.
Parar la proyectada erradicación en el VRAE y reemplazarla por una eficaz acción contra el narcotráfico es ahora una de las más importantes.