(IPS) – El juicio por la coordinación que establecieron las dictaduras de América del Sur en las décadas de los 70 y 80 para perseguir y aniquilar opositores comenzó este martes 5 en Buenos Aires con el exdictador argentino Jorge Rafael Videla en el banquillo, junto a otros 24 represores.
El proceso se centra en la estrategia coordinada de los regímenes autoritarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ideada para secuestrar, trasladar, torturar y asesinar a cualquiera que fuera percibido como opositor.
Ello incluía a guerrilleros y militantes políticos, activistas sindicales, estudiantiles y religiosos, periodistas o incluso familiares que reclamaban por sus seres queridos.
“Es la primera vez en América Latina que hay juicio por el Plan Cóndor, para discutir y perseguir penalmente a los responsables, más allá de los procesos que hubo en algún país por casos específicos”, dijo a IPS la abogada Luz Palmas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos (ex Liga Argentina por los Derechos del Hombre).
El proceso tiene 25 acusados, entre ellos Videla y otros exgenerales, como Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez. También fue extraditado desde Brasil para este juicio el coronel retirado uruguayo Manuel Cordero, al que la justicia argentina requería asimismo por su actuación en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires.
Para tres acusados con problemas de salud se dictó la suspensión del proceso, mientras otros 15 originalmente imputados ya fallecieron.
“Orletti fue una base operacional de Cóndor. Los secuestrados extranjeros iban allí, por eso se decidió elevar a juicio oral las dos causas juntas”, explicó Palmas, que representa a sobrevivientes de ese centro de detención y también a desaparecidos en el marco del plan represivo transnacional.
El proceso, que podría extenderse por dos años, juzga la privación ilegal de la libertad de 106 personas secuestradas y desaparecidas. La mayoría son uruguayas (48), pero también hay argentinas, bolivianas, chilenas, paraguayas y una peruana.
El caso se inició en 1999, cuando todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina, que frenaron la actuación judicial sobre crímenes de la última dictadura (1976-1983). La querella utilizó entonces la figura de la desaparición forzada que, como delito permanente, no podía ser amnistiado.
Así prosperó la causa hasta que en 2005 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales esas dos leyes, al igual que los indultos a los excomandantes.
Entonces la investigación sumó imputados y víctimas y se aceleró. El proceso también busca acreditar si hubo asociación ilícita.
En el caso Orletti, los delitos son “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Las víctimas son 65, y de ellas hay varias sobrevivientes. Algunas, como la uruguaya Ana Inés Quadros, ya declararon en un primer tramo de este proceso, efectuado en 2010, contra cuatro represores que pertenecían a servicios de inteligencia argentinos.
Quadros relató entonces que la habían secuestrado en Buenos Aires en julio de 1976 y llevado a Orletti, donde Cordero la torturó y la violó. Luego la trasladaron a un centro ilegal de detención en Uruguay, y más tarde fue liberada.
Sin embargo, Cordero solo puede ser juzgado por privación ilegal de la libertad en el marco del Cóndor, y no por los delitos que habría cometido en Orletti, pues la justicia brasileña no concedió la extradición para esta segunda causa.
Para Lorena Balardini, coordinadora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), este “es el proceso más grande que se hizo hasta ahora en la región por el Plan Cóndor y puede servir de impulso para otros países que están demorados o tuvieron retrocesos”.
En Uruguay, por ejemplo, hubo “un retroceso”, dijo Balardini a IPS en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que declaró el 22 de febrero inconstitucional una norma que establecía el carácter de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los delitos cometidos durante la represión dictatorial (1973-1985).
“Este juicio es una manera de visibilizar estos hechos y juzgarlos desde la óptica de la coordinación entre dictaduras”, remarcó. Para ello, el CELS, representante legal de varias víctimas, centró su estrategia en casos paradigmáticos en los que se prueba esa articulación.
Por ejemplo, el argentino Marcelo Gelman –hijo del poeta Juan Gelman– y su esposa, María Claudia García Irureta Goyena, secuestrados en Buenos Aires en 1976 cuando él tenía 20 años, ella 19 y estaba embarazada de siete meses.
Marcelo Gelman fue asesinado, y su cuerpo se halló en 1989, pero a María Claudia García la trasladaron de Orletti a Uruguay, donde dio a luz a Macarena Gelman, quien recuperó su identidad en 2000 cuando tenía 23 años. La madre sigue desaparecida.
También el CELS reclamará por los argentinos Horacio Campiglia y Susana Pinus, secuestrados en 1980 en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, y presuntamente trasladados a Argentina donde desaparecieron.
En el marco del Plan Cóndor hubo otros casos resonantes que fueron investigados en causas específicas, como los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cometidos en mayo de 1976, y el del expresidente boliviano Juan José Torres, cometido días después.
Según explicó a IPS la abogada Carolina Varsky, directora de litigio del CELS, estos crímenes no habían sido integrados a la causa Cóndor, que se instruyó procurando eludir las restricciones impuestas por las normas de amnistía y, por eso, solo recogió delitos permanentes como la desaparición forzada.
Acerca del papel central que jugó en el Plan Cóndor la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), Varsky lamentó que no se haya podido avanzar en el enjuiciamiento de los autores intermedios o directos de la represión.
Para progresar en la investigación, resultó relevante que el abogado y activista paraguayo Martín Almada hallara en 1992 los Archivos del Terror en una dependencia policial de Asunción, con constancias de los movimientos de víctimas del Cóndor en los siete países.
Otra importante prueba fueron los documentos desclasificados del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, en particular uno fechado en 1976 en que un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) describía las acciones coordinadas de las dictaduras sudamericanas, que podían llegar “hasta el asesinato”.