"Bien venidos a Ascendant Copper, una compañía con responsabilidad social," afirma la página web de la Compañía minera. Ascendant también se jacta de ser miembro de la UN Global Compact. Irónicamente fue oficialmente aceptada en el grupo el 12 de Julio, el mismo día en que varios de los residentes de Intag marcharon en Quito como protesta ante el proyecto minero de la compañía.
El Global Compact (Pacto Global) es una iniciativa voluntaria desarrollada por las N.U para hacer más eficiente la agenda de los derechos humanos en las prácticas diarias de las corporaciones globalizadas. No hay monitoreo o refuerzo de los estándares declarados, que relegan el pacto a nada más que una herramienta de relaciones públicas para las corporaciones, ayudando a poner un rostro humano en prácticas negocios que a menudo son inhumanas, como las llevadas a cabo por Ascendant.
Ahora, bienvenidos a Intag, Ecuador, hogar del Proyecto de Junín de Ascendant, donde un cartel (entre muchos), ubicado en un camino local reza: "Las Comunidades de Junín, Cerro Pelado, Barcelona, El Triunfo y Villaflora no permiten la minería." La compañía está a la espera de la confirmación por parte del Gobierno ecuatoriano para empezar la fase de exploración para una mina abierta de cobre en estas zonas.
De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos y abogados que representan a muchos de los habitantes de la región, las actividades mineras de la compañía en el área son todo menos socialmente responsables, e incluso suman la complicidad en el abuso de los derechos humanos con el Gobierno ecuatoriano.
El último boletín de prensa de la compañía publicado el 19 de septiembre, se describe a los opositores de este proyecto como "eco-terroristas" y "radicales". Esta acusación es la reacción ante un conflicto en el cual empleados de la compañía, uno armado con una pistola, entraron sin autorización a la Reserva de la Comunidad de Junín para llevar a cabo pruebas que la compañía alega eran para apoyar su Estudio de Impacto Medioambiental (EIM), el cual está terminado y a la espera de la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la aprobación puede ser dada únicamente si una corte locar fallara en contra de las comunidades locales (se espera la decisión para el día viernes) las cuales presentaron una demanda en la que se alega que la compañía no siguió la ley ecuatoriana al crear su EIM.
Dos de los empleados de la compañía fueron detenidos por habitantes de la zona luego de que fueran descubiertos ingresando sin permiso. Dichos empleados fueron alimentados y bien tratados – así lo testificaron ante la policía. Posteriormente, sin evidencia como garantía, la policía arrestó a dos individuos bajo los cargos de secuestro. Los campesinos locales arrestados no estaban presentes al momento en que los dos empleados de la compañía fueran detenidos. Los hombres pasaron ocho días en la cárcel local antes de ser liberados el pasado jueves. El juez los liberó sin solicitar el pago de una fianza, lo cual sugiere una falta de evidencia para su arresto.
"El arresto fue totalmente ilícito," dijo Isabella Figueroa, una abogada de derechos humanos que representa a los habitantes de la región afectados por las actividades de la compañía.
Ascendant, sin embargo, indicó en su boletín de prensa que "dos de los secuestradores han sido arrestados, procesados, y están en prisión esperando su sentencia." El presidente de la compañía, Gary E. Davis, aparentemente no está al tanto de que, así como en los Estados Unidos (donde la oficina principal de su compañía está ubicada), los acusados son inocentes hasta que su culpabilidad sea probada en una corte legal. Al establecer que estos individuos no son solamente secuestradores sino terroristas, está potencialmente violando la ley ecuatoriana que protege a los ciudadanos de la calumnia. La ley, llamada Injuria Calumniosa, protege a los ciudadanos de acusaciones calumniosas, como el de ser declarados culpables por haber cometido un crimen antes de ser condenados por un juez o un jurado.
Según David Cordero Heredia de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), los comentarios de Davis podrían ponerlo frente a un juez, aunque sea extranjero y no haya hecho la declaración aquí. "Las consecuencias de las palabras de Davis están presentes aquí en Ecuador," dijo Heredia. " Aquellos cuya reputación ha sido injuriada están aquí."
Además, el boletín de prensa de la compañía viola en Artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos de las N.N.U.U. Éste establece que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. "Además, la policía violó el Artículo 9 que prohíbe arrestos arbitrarios y detención.
Opositores de la mina creen que la compañía está utilizando esta retórica para persuadir al gobierno para que tome medidas duras con cualquier opositor de la mina, a través del uso de fuerza potencialmente letal y arrestos masivos.
Eventos subsiguientes tomaron un mal aspecto cuando la compañía envió varios camiones de trabajadores para bloquear el camino a Junín, para de esta manera prevenir el ingreso de camiones de comida a la comunidad. Los residentes de toda la región caminaron o condujeron hacia Junín para apoyar a la comunidad en esta lucha contra la compañía, alcanzando cifras de casi 200 personas. Los habitantes de Junín estaban preocupados por el hecho de ser capaces de poder alimentarse y alimentar a los que les apoyaban. La policía no fue de ayuda en cuanto a calmar la situación, y permitiendo en cambio que los trabajadores de la compañía (algunos con sus familiares) continuaran con el bloqueo del camino. Por otro lado, dos camiones de empleados de Ascendant entraron en la comunidad de Junín – en donde no son bien recibidos – y empezaron una pelea con los miembros de la comunidad. No se han reportado heridos de gravedad.
El fracaso de la policía en responder apropiadamente ha creado la percepción entre muchos habitantes del sector de que la policía está trabajando con la compañía.
Derechos Humanos Descartados
La declaración de los Derechos Humanos por las N.N.U.U abarca los principios del Pacto Global de las N.N.U.U que la compañía afirma seguir. El Pacto también utiliza otros tratados internacionales de derechos humanos como guía para las compañías en cuanto a cómo debería comportarse en su papel de "ciudadanos corporativos" globales.
Según una demanda legal realizada en la Octava Corte Civil de Imbabura, la compañía está violando el Protocolo de San Salvador, el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, la Carta Democrática de Inter-American y la Ratificación de la Convención no 177 de la Organización de Trabajo Internacional. Ecuador es signatario de estos tratados y la constitución del país garantiza que estas leyes internacionales serán reconocidas y aplicadas. Además, todos estos problemas concernientes a la compañía y al Gobierno ecuatoriano sólo se refieren a la forma en que Ascendant llevó a cabo su estudio medioambiental.
En junio la Red de Solidaridad de Intag (ISN, por sus siglas en inglés) presentó un documento de denuncia de 12 páginas sobre las actividades de la compañía en la región a la Embajada del Canadá en Quito. El ISN es una organización de base que mantiene un observador de los derechos humanos internacionales en la región bajo pedido de la comunidad de Junín. Es un programa de los derechos humanos reconocido y aprobado por Alexis Ponce, director de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, así como por Pablo de la Vega, director del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J."
ISN denunció actividades de la compañía que incluyen:
· El uso de amenazas de muerte contra los opositores a la mina.
· Uso de guardias armados que no llevan una identificación visible o uniformes cuando operan es lugares públicos.
· La presentación irreal de las actividades y realidades locales en Intag a través de declaraciones y boletines de prensa erróneos.
· El uso de niños en su propaganda y campaña de "socialización".
· Ingreso sin permiso a la propiedad de la comunidad (como Junín), a pesar de la presencia de carteles que establecen explícitamente que los mineros no son bienvenidos.
· La negativa a hacer honor a las demandas de las comunidades locales pidiendo que la compañía se retire del lugar.
De haber actuado, la Embajada Canadiense, y el Gobierno ecuatoriano, ante el reporte de la ISN, los eventos más recientes en Intag podrían haber sido evitados.
Además, la compañía es un antiguo empleador de César Villacís Rueda, un ex general del ejército con estrechos lazos con la inteligencia militar, quien también estudió en la "Universidad de las Américas." El ex general es conocido por haber dicho que cree que la gente que trabaja por los derechos humanos, derechos indígenas y derechos laborales es parte de un "triángulo de subversión." La compañía envió así mismo una empleada, Betty Sevilla, a Junín, quien se hizo pasar como "periodista independiente," para reunir información sobre los opositores a la mina.
De acuerdo con Heredia, de CEDHU, los inversionistas, si tienen moralidad, deberían preocuparse pues es su dinero el que está permitiendo y alentando el abuso contra las comunidades de Intag y la amenaza contra el medioambiente prístino de la región.
"Si quieren tener una conciencia limpia, no invertirán es esta compañía," añadió.
Cyril Mychalejko es el asistente editor de www.UpsideDownWorld.org y actualmente se encuentra en Ecuador. Fue recientemente interrogado por la policía y advertido de mantenerse fuera de la política del país.