En México, la guerra contra el narcotráfico se está convirtiendo en otra “Guerra Sucia” a medida que resurge la táctica de desapariciones forzadas como hecho habitual.
“Las desapariciones forzadas en México han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad”, afirmó el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias durante una presentación realizada en el mes de marzo.
El Grupo de la ONU señaló que durante la primera “Guerra Sucia” del país, que se extendió desde finales de los años 60 hasta principios de los 80, las desapariciones forzadas constituyeron una práctica estatal sistemática utilizada contra estudiantes, pueblos indígenas, campesinos, activistas y cualquier presunto crítico u opositor del gobierno.
“Mientras que la Guerra Fría fue un pretexto para desaparecer a actores de movimientos sociales y opositores de los regímenes, la guerra contra el narcotráfico nuevamente ofrece pretextos para desaparecer a opositores del las políticas gubernamentales”, dijo Stuart Schussler, Coordinador de Solidaridad Internacional de la Red de Solidaridad con México. Y agregó: “Cuando se desaparecen personas se comete un delito contra toda la comunidad y una agresión a su entramado social. Como consecuencia, las personas comienzan a tener temor de decir lo que piensan y organizarse”.
Ahora que esta práctica ha resurgido durante el último conflicto en México, la ONU observa que los casos de desapariciones comparten los mismos patrones que en el pasado: impunidad generalizada, ocultamiento y falta de reparaciones y justicia para las víctimas.
“La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país”, afirmó Amnistía Internacional en respuesta a las conclusiones de la ONU.
Desde que el presidente Felipe Calderón desplegó el ejército para combatir el narcotráfico en diciembre de 2006, ha habido más de 50.000 asesinatos: más que el total de víctimas de la guerra de Afganistán en estos 11 años. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, entre el 2006 y abril de 2011, se ha informado que hubo 5.937 personas perdidas o desaparecidas, mientras que aún siguen sin identificarse los cuerpos de 8.898 personas asesinadas. Gran parte de esta violencia, ejercida por el Gobierno mexicano, el ejército y la policía, la han subsidiado los contribuyentes estadounidenses a través de la iniciativa Merida, una política anti narcóticos que sigue el modelo del Plan Colombia y provee a México 1.600 millones de dólares en concepto de ayuda, y que debería cumplir con requisitos en materia de derechos humanos.
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
El Grupo de la ONU observó que las mujeres, los trabajadores migrantes, los defensores de derechos humanos y los periodistas se encuentran entre los grupos más afectados. También señaló que, aunque los cárteles de la droga son responsables de estos actos, el Grupo recibió “documentación detallada” según la cual autoridades públicas y personal militar serían responsables de un gran número casos.
HRW publicó un informe en noviembre de 2011 que apoya esas acusaciones. En el informe se documentaron 39 casos de desapariciones en los que las pruebas “sugieren fuertemente” la participación del Gobierno, y en él se explica: “Los casos siguen un mismo patrón: las víctimas son detenidas arbitrariamente por soldados o policías, sus detenciones nunca se registran oficialmente y las personas no son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. En general, inmediatamente después de las detenciones, los familiares de las víctimas acuden a las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales para intentar obtener información sobre su paradero, y estas autoridades niegan que se encuentren bajo su custodia”.
La ONU ha mostrado gran preocupación por esta ilegalidad, y falta de investigación y juzgamiento de los delitos. Tanto es así que 24 estados de México ni siquiera han penalizado el delito, mientras que “menos del 25% de los delitos son denunciados y sólo el 2% resulta en una sentencia condenatoria”.
“Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación”, se afirma en el informe del Grupo de la ONU. “Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.
Vivanco, de HRW, agregó que esto deposita en las familias el peso de tener que buscar a sus seres queridos. La ONU también observó que el Gobierno ha desestimado continuamente los delitos al sugerir que las víctimas estaban involucradas en actividades ilegales; de modo similar, en la región se acusaba de comunistas a las víctimas del terrorismo de Estado durante la Guerra Fría.
Madres de distintas partes de México marcharon a la capital del país durante el pasado día de la Madre para pedir justicia en nombre de sus seres queridos que fueron desaparecidos.
“Han sido años para algunas, meses o días para otras, de caminar solas, de clamar en el desierto de los pasillos de autoridades indolentes e irresponsables, muchas de ellas responsables directas de su desaparición o coludidas con quienes se los llevaron”, afirmó el grupo de madres en un comunicado.
Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org.