Fuente: Toward Freedom
El 4 de diciembre de 1982, el expresidente estadounidense Ronald Reagan hizo unas declaraciones en Honduras tras reunirse con Efraín Ríos Montt, el pastor evangélico y general del ejército que había tomado el poder en Guatemala tras un golpe de estado apenas ocho meses antes.
“Sé que el presidente Ríos Montt es un gran hombre, íntegro y comprometido”, afirmó Reagan. “Sé que quiere mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y promover la justicia social. Mi Gobierno hará todo lo posible para apoyar sus esfuerzos progresistas”.
Dos días más tarde, el régimen, que según Reagan estaba siendo víctima de calumnias, envió al departamento de Petén una tropa de Kabiles, las tristemente célebres fuerzas especiales de Guatemala. Llegaron a Dos Erres, donde torturaron a los hombres, violaron a las mujeres, golpearon a los niños con martillos, y acabaron asesinando a un total de 250 personas. Después redujeron el pueblo a cenizas como parte de la campaña de “tierra arrasada” que implementóRíos Montt para acabar con la población maya del país.
Treinta años después, parece que Ríos Montt se enfrentará por fin a la justicia. El 28 de enero de 2013, un juez guatemalteco decretó que un tribunal nacional juzgará por genocidio al ex jefe de estado, acusado de ser responsable de “1.771 muertes, 1.400 violaciones de los derechos humanos y el desplazamiento de 29.000 indígenas guatemaltecos”.. Diversas ONG internacionales y activistas por los derechos humanos aplaudieron esta decisión sin precedentes.
“Hasta hace poco, la idea de juzgar a un general guatemalteco por estos crímenes inhumanos parecía completamente imposible”, declaraba José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El hecho de que se vaya a juzgar a un exjefe de Estado es un gran avance en un país en el que la norma ha sido la impunidad ante las atrocidades del pasado”.
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto el día de la decisión, en el que se destaca la importancia del juicio.
“Este acontecimiento representa el camino recorrido por miles de víctimas del genocidio. Permite seguir recorriendo el camino de la memoria, la verdad y la justicia, y otorga una base sólida para la construcción de un país más justo”, rezaba el comunicado. “Esperamos que este caso siga el curso marcado por las leyes, y que pronto haya un veredicto contra todos los que ordenaron el genocidio en Guatemala”.
Sin embargo, para que la justicia reine por encima de la impunidad en Guatemala, falta un componente internacional.
La estrecha relación entre Ríos Montt y la administración Reagan debe ser desenterrada del cementerio histórico en el que se haya, como los cadáveres que se siguen desenterrando de las fosas comunes por toda Guatemala.
Los medios de comunicación de los Estados Unidos deberían aprovechar este caso para actuar como los antropólogos forenses guatemaltecos e indagar entre los cadáveres de Washington y así averiguar más sobre la historia de su política exterior aplicada en Guatemala. Se podría lograr fácilmente revisando documentos desclasificados, artículos de prensa antiguos y otros informes. De este modo sería posible contar detalladamente la historia moderna de las relaciones entre los Estados Unidos y Guatemala, y conocer el papel de Washington como colaborador y cómplice de lo que Naciones Unidas calificó de genocidio; un genocidio en el que se asesinó a más de 200.000 personas, en su mayoría ciudadanos de origen maya, y decenas de miles desaparecieron, acabaron desplazadas, torturadas y violadas.
Aunque el debate y la recuperación de la memoria histórica nacional resultan cruciales para lograr justicia y paz duraderas en países devastados por la guerra como Guatemala, los ciudadanos estadounidenses deben reflexionar sobre la historia de su propio país como promotor de violencia sistémica en Guatemala si se quiere lograr una mejora en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a ese país.
Mientras tanto, debería citarse a exmiembros del gobierno estadounidense como testigos en el juicio contra Ríos Montt. Elliott Abrams, principal asesor de Reagan en el Departamento de Estado para las relaciones exteriores con América Latina, ya había sido citado en otro caso en Argentina en enero de 2012.
Abrams testificó por videoconferencia y declaró que el Gobierno deReagan sabía que el régimen militar en Argentina robaba bebés de las presas políticas y los entregaba a familias de militares o de tendencia derechista. Tras averiguar la existencia de esos delitos, el Gobierno Reagan proporcionó protección política al régimen argentino al declarar que se había producido una “mejora” en su historial de derechos humanos.
En el caso de Guatemala, la complicidad en los crímenes de guerra no se limita a los Estados Unidos, sino que hay más actores internacionales con las manos manchadas de sangre.
En diciembre de 2012, la organización para la abolición de la deuda externa Jubilee Debt Campaign emitió un informe, El origen del terror, en el que se argumentaba que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuyeron a legitimar y financiar los regímenes genocidas de Guatemala de finales de los años setenta y principios de los ochenta. El informe toma como ejemplo el caso de la planta hidroeléctrica Chixoy. El Banco Mundial y el BID financiaron este proyecto, cuya construcción desembocó en una serie de masacres que se cobraron la vida de 400 personas. Tras las masacres, a pesar de estar éstas documentadas, las mismas instituciones internacionales financieras volvieron a destinar fondos para el mismo proyecto, siete años después.
Guatemala también recurrió a países como Israel, Suiza, Francia y Bélgica durante la guerra civil en busca de ayuda, equipamiento e instrucción.
Sin justicia no puede haber paz en Guatemala. Para que la justicia prevalezca, los crímenes de guerra y la impunidad en el país deben tomarse como un asunto de carácter internacional, no solo como un problema local. En un momento en el que el gobierno guatemalteco, nuevamente con ayuda de Washington, está remilitarizando el país, y los cadáveres continúan amontonándose, la necesidad de asumir responsabilidades es mayor que nunca. La vida del pueblo depende de ello.
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Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org, sitio web especializado en política y activismo en América Latina.