El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyaron el genocidio de Guatemala y deberían pagar una compensación por ello, según un informe reciente de Jubilee International.
Esta acusación, basada en documentos fehacientes, se produce en el momento en el que el país centroamericano se convierte en el primero de toda América en juzgar a un antiguo presidente por genocidio y crímenes contra la humanidad en un tribunal interno. Pero los juicios a criminales de guerra y las acusaciones contra las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) apenas han logrado proteger a las comunidades vulnerables de la expansión de la industria petrolera, la minería y de otros intereses económicos que invaden sus territorios y vulneran los derechos humanos.
En su informe “El origen del terror”, publicado en diciembre, Jubilee Debt Campaign examina cómo las ayudas internacionales y las deudas de Instituciones Financieras Internacionales tales como el Banco Mundial y el BID contribuyeron a legimitizar los regímenes genocidas de Guatemala a finales de los años 70 y principios de los 80 y, básicamente, subvencionaron sus campañas de terror.
“Los créditos obtenidos de Estados y bancos occidentales y de los bancos multilaterales que ellos controlan (especialmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo) fueron un elemento que contribuyó de manera importante a sostener los regímenes militares durante ese largo período que siguió al golpe de Estado contra el presidente Arbenz en 1954”, declara el informe. “Sin embargo, lo que es particularmente preocupante es el muy marcado aumento del crédito a Guatemala en los momentos más álgidos de la ola de terror que alcanzó proporciones de genocidio a finales de la década de 1970 y a comienzos de la década de 1980”.
El informe utiliza la Planta Hidroeléctrica Chixoy como caso de estudio.
“Las comunidades amenazadas por proyectos similares no deberían permitir que sus derechos fueran vulnerados, porque estos proyectos suponen la destrucción de la estructura social o incluso la muerte”, afirma Juan de Dios, guatemalteco de etnia maya que desde 2005 dirige, junto con más gente y en representación de todas las comunidades afectadas, el proceso formal de negociación con el gobierno de Guatemala para la obtención de compensaciones por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
El Banco Mundial y el BID acordaron en un principio financiar el proyecto junto con el régimen sanguinario de Fernando Romeo Lucas García, en 1978. Entre 1978 y 1989, el banco prestó 400 millones de dólares para el proyecto. Entre marzo de 1980 y septiembre de 1982, se produjeron una serie de masacres planificadas contra los habitantes mayas achíes de Río Negro, en la zona de Guatemala en la que se estaba realizando el proyecto, que acabaron con la vida de 440 hombres, mujeres y niños.
Estas masacres “reubicaron” la localidad de Río Negro de forma eficaz para dejar paso a la nueva cuenca de la Planta Chixoy y fueron parte de la campaña de contrainsurgencia “tierra quemada”, con la población indígena como objetivo. Según Naciones Unidas, esto dio lugar a un genocido que culminó en más de 200.000 muertes, más de 45.000 personas “desaparecidas” y otros crímenes como tortura y violación.
Representantes del Banco Mundial y del BID no respondieron a las llamadas de teléfono y a los correos electrónicos previos a la publicación de este artículo.
“Las instituciones que financian y obtienen beneficio del desarrollo internacional son responsables de sus acciones, y organizaciones tales como el Banco Mundial, en cuanto que institución dependiente de Naciones Unidas, tienen la obligación de actuar de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma la antropóloga medioambiental Barbara Rose Johnston, investigadora principal en el Centro para la Ecología Política, con sede en California, y autora del informe “Estudio de los elementos del legado de la represa Chixoy”. “La conclusión principal de este informe es que el desarrollo de la energía hidroeléctrica se produjo a costa de eliminar tierras, vidas y sustento, violando leyes nacionales e internacionales y obteniendo beneficios considerables”.
El informe de Jubilee Debt Campagin destaca que 33 comunidades se vieron afectadas por la construcción de la represa, más de 3.500 miembros de la comunidad maya fueron desplazados y, en consecuencia, muchas de las familias que sobrevivieron fueron sentenciadas a vivir en la pobreza más extrema.
“Por lo que respecta al modo de vida y sustento de los antiguos habitantes de la cuenca del río Chixoy, los beneficios obtenidos con la construcción de la represa se han logrado a su costa, y el desarrollo hidroeléctrico en absoluto ha mejorado su calidad de vida”, afirma Johnston. “Muchos de los que sobrevivieron a las masacres fueron privados de su capacidad para vivir de un modo sostenible debido a los desplazamientos forzados”.
Johnston documentó en el informe que todas las partes implicadas eran conocedoras de la violencia que se aplicaba. Muestra de ello es la queja formal enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la masacre inicial en la localidad de Río Negro, en marzo de 1980, así como las investigaciones sobre el terreno del Banco Mundial y las comunicaciones internas, artículos e informes sobre derechos humanos emitidos por diversas ONG y por Naciones Unidas. Pero, incluso antes de que se produjeran las masacres, ya había artículos e informes sobre derechos humanos en la década de los setenta que revelaban el uso de violencia, tortura y represión por parte del gobierno y el ejército guatemaltecos. No obstante, esto no disuadió a las IFI de conceder préstamos a los gobiernos de Guatemala, los cuales no respetaban en absoluto los derechos humanos o las leyes internacionales.
“Cuando incluso el gobierno estadounidense había sido presionado para disminuir su apoyo a los regímenes en Guatemala, estas instituciones continuaron apoyando a dichos regímenes sin tener que rendir cuentas a los parlamentos de los países de Occidente y mucho menos al pueblo de Guatemala”, reza el informe “El Origen del Terror”. “Sin embargo, el impacto general de apoyo a estos regíemenes de terror implica que la deuda acumulada en este período debería considerarse ‘odiosa’—préstamos a gobiernos ilegítimos que no rendían cuentas a sus ciudadanos, perjudiciales para el pueblo de Guatemala, con el pleno conocimiento de quienes otorgaron esos créditos. Los gobiernos que sucedieron a esos regímenes de terror no deberían pagar estas deudas odiosas, más bien tendrían que ser compensados por cualesquier pagos que hayan realizado a cuenta de esa deuda”.
Grahame Russell, codirector de la asociación canadiense Rights Action, ha colaborado durante los últimos 19 años con las comunidades afectadas por la construcción de la represa y se ha unido a ellas en su búsqueda de justicia y compensaciones. Russell habla de una cierta mentalidad propia de la guerra fría para comprender las acciones de estas dos IFI en Guatemala. El país centroamericano no era más que uno de tantos campos de batalla de los países en desarrollo donde se estaba librando esta “guerra”, y en Occidente se aceptaba de modo general la legitimidad de dicha guerra.
“Sabían que invertían en situaciones complicadas o incluso represivas, pero el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo pensaron que estaban del ‘lado correcto’. Se trataba de gobiernos y regímenes con el apoyo de Occidente con los que Estados Unidos y, en menor medida, Canadá, estaban aliados bajo la bandera de la llamada ‘guerra contra el comunismo’”, afirma Russell.
La antropóloga sociocultural Kathleen Dill viajó por primera vez a Guatemala en 1994 para trabajar como voluntaria en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y ayudar en la exhumación de los restos de las víctimas de las masacres enterrados en tumbas clandestinas en la localidad de Plan de Sánchez. La masacre de Plan de Sánchez se saldó con 256 miembros de la comunidad asesinados, muchos de los cuales también fueron violados y torturados. Dill regresó durante tres veranos a mediados de los noventa antes de mudarse y trabajar en la localidad de Rabinal durante dos años entre 1999 y 2000. Cuando vivía en Rabinal, Dill trabajó junto con organizaciones locales que reclamaban justicia y responsabilidades por este proyecto para el desarollo.
“No podían saber que estaban ante la oportunidad del gobierno guatemalteco de recibir excelentes recompensas del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo. Aunque la electricidad que se suponía que debía generar la presa, y que nunca llegó, se presentó como algo fundamental, creo que la presa en sí no era más que una pequeña parte de un proyecto mayor”, declara Dill. “La presa era una invitación del sector más desarrollista de los empresarios neoliberales de la economía global para que Guatemala se subiera a su carro.”
La deuda se fue acumulando debido a este préstamo, en el que se incluían más de 100 millones de dólares en intereses. Finalmente se produjo el efecto económico deseado y Guatemala se “subió al carro”. En 1992, el FMI concedió un préstamo adicional de 50 millones de dólares para ayudar a Guatemala con el pago de su deuda al Banco Mundial. Más tarde el Banco Mundial acudió al rescate financiero prestando a Guatemala 120 millones de dólares mediante diferentes préstamos concedidos entre 1992 y 1996, con la condición de que el gobierno guatemalteco liberalizase y desregulase la economía. En la actualidad, Guatemala es el segundo país más pobre de toda Latinoamérica, únicamente por delante de Haití, y ocupa el puesto 131 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2011. Además, según el Libro Mundial de Datos de la CIA, “más de la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza y el 13% vive en condiciones de pobreza extrema. La pobreza en las comunidades indígenas, que suponen un 38% de la población total, alcanza una media del 73% y la pobreza extrema se eleva hasta el 28%”.
Las comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy comenzaron a organizarse en demanda de compensaciones en 1995, poco después de la primera exhumación de fosas comunes en Río Negro, entre 1993 y 1994. En 2004, las comunidades afectadas ocuparon la represa pacíficamente y protestaron a lo largo de dos días. Era su manera de decir al gobierno de Guatemala y a las dos IFI que ya tenían bastante. El año siguiente se emprendieron negociaciones formales entre el gobierno y dichas comunidades. Sin embargo, el Banco Mundial y el BID rechazaron sentarse en la mesa de negociaciones como financiadores y copartícipes del proyecto; en lugar de eso, decidieron participar como meros observadores.
“No les ha atribuido responsabiliad política o legal alguna”, afirma Russell. “Continúan sin reconocer su responsabilidad porque marcarían un precedente”.
A finales de 2009, las comunidades afectadas y el gobierno del antiguo presidente Álvaro Colom llegaron a un acuerdo mediante el “Informe de Daños”, un informe exhaustivo que determina todas las pérdidas de las 33 comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico. El gobierno de Colom aceptó el veredicto del informe y lo firmó de manera oficial. El año siguiente, el gobierno y las comunidades afectadas llegaron a un acuerdo de compensaciones por valor de 150 millones de dólares, aunque el Banco Mundial y el BID continuaron exentos de toda responsabilidad. A partir de 2013, el gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez Molina, antiguo general y jefe de los servicios de inteligencia del Ejército y que continúa negando el genocidio sucedido en Guatemala, todavía no ha cumplido con su obligación de entregar 150 millones de dólares en compensación por los daños causados por la Hidroeléctrica Chixoy.
“El hecho de que firmaran el Informe (de Daños) y admitieran la identificación y verificación de daños y pérdidas por parte de las comunidades afectadas como resultado de la Hidroeléctrica Chixoy significa que adimitieron públicamente su responsabilidad frente a severas vulneraciones de los derechos humanos durante la construcción de la represa”, afirma Juan de Dios, director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA). “Sin embargo, aceptar responsabilidades y luego no pagar por los daños causados a las comunidades es actuar de forma imprudente y con mala fe”.
Otro de los hallazgos importantes reflejados en el informe de Jubilee Debt Campaign es que, a pesar de haber transcurrido varios años, instituciones como el Banco Mundial no han aprendido nada o bien no quieren cambiar sus peligrosas actividades prestamistas. Muestra de ello es que el Banco Mundial fiananciase en 2004 la construción de la Mina Marlin, una mina de oro a cielo abierto en el departamento de San Marcos, donde, al igual que sucedió en Río Grande, la mayoría de los afectados por el proyecto son indígenas. La institución dependiente del Banco Mundial encargada de la concesión de préstamos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), otorgó un préstamo de 45 millones de dólares para la compañía minera canadiense Glamis Gold (en la actualidad propiedad de Goldcorp) para su sonado proyecto para el desarrollo. Inmediatamente se organizaron grupos de resistencia frente al proyecto y, en enero de 2005, el gobierno guatemalteco envió al Ejército para “proteger a los inversores”, romper el bloqueo de una carretera, asesinar a una persona y herir a otras tantas. En agosto de 2005, “el Financial Times recibió una copia de la respuesta de la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de observancia del Banco Mundial a la querella presentada por la ONG guatemalteca Madre Selva en referencia al proyecto minero. El Financial Times informó de que el Ombudsman ‘considera que el banco no evaluó adecuadamente el impacto medioambiental y humanitario del proyecto minero ni consultó lo suficiente a la comunidad local’”.
Recientemente, el 8 de febrero de 2013, Inter Press Service (IPS) informó sobre la filtración de una investigación interna del Banco Mundial sobre los préstamos de la CFI , declarando que “el informe advierte que los mecanismos de vigilancia de la institución no tienen competencia para determinar si los préstamos (que comprenden al menos el 40% de la cartera de la CFI, valorada en unos 20.000 millones de dólares) ayudan o dañan a las comunidades locales y a los indicadores de desarrollo en general”.
El artículo de Inter Press Service también destaca que “quizás resulte más concluyente que cerca del 60% de los ‘subclientes’ fracasaron en el aumento de prácticas sociales y medoambientales tras la inversión de la CFI…”
Estos hallazgos ilustran lo importante que resulta exigir responsabilidades y la urgente necesidad de que tanto el gobierno guatemalteco como las IFI paguen las compensaciones, no sólo por las comunidades que sufrieron las consecuencias de la represa Chixoy, sino por las comunidades que se enfrenten en el futuro a los llamados proyectos internacionales para el desarrollo.
“Reconocer que en este caso las Instituciones Financieras Internacionales tienen la obligación de reparar los daños y de contribuir a que se reconozca el derecho a la obtención de compensaciones podría servir de inspiración para que alzaran la voz otras comunidades afectadas por proyectos de desarrollo que puedan demostrar que sus derechos sobre la tierra, sobre el sustento y sobre la vida fueron vulnerados como consecuencia de un proyecto financiado por un banco”, declara Johnston.