Un analísis de los primeros dos años del gobierno de Mauricio Funes en materia ambiental.
En el último año, El Salvador ha sido citado en por lo menos tres informes redactados por instituciones internacionales que gozan de credibilidad entre los funcionarios públicos, políticos y empresarios del país. Sin embargo, dado que a pesar de su gravedad han pasado desapercibidos, hasta se pudieran señalar como exagerados o decir que han sido escritos para desprestigiarlo. A saber: Según la CEPAL ya padecemos stress hídrico; es decir, la disponibilidad de agua para consumo humano tiende a estar por debajo de 1750 mts3 por persona al año. En el Informe 2010 del Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recuperación, nuestro país encabeza la lista de países de mayor riesgo en el mundo: un 88.7% del territorio se considera zona de riesgo y allí se ubica el 95.4% de su población. Al mismo tiempo, la organización Germanwatch ubicó a El Salvador en el primer lugar de su Índice de Riesgo Climático Mundial 2009.
También en materia ambiental hay informes recientes bastante desfavorables elaborados en el país, incluso desde organismos gubernamentales. En materia de calidad de las aguas, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente público en marzo de este año que ninguna de las muestras de agua que examinaron durante el año pasado resultó en el nivel de excelente, solo un 2% resultó buena y el resto resultó regular, mala o pésima. Del total de muestras de aguas superficiales examinadas un 90% no puede potabilizarse por métodos convencionales y un 88% de las correspondientes al río Lempa, incluyendo tres ríos altamente contaminados (Acelhuate, Sucio y Suquiapa) mostraron que el agua ni siquiera es apta para el riego.
Similares o peores resultados se obtienen cuando se evalúa la situación de los ecosistemas continentales y costero marinos, la biodiversidad agrícola y la creciente inseguridad alimentaria y nutricional, la calidad ambiental de las ciudades; incluyendo la contaminación por desechos sólidos y vertidos, junto a la sónica, electromagnética y visual, entre otras. En este marco, debido a la vulnerabilidad social, política y económica acumulada por décadas en El Salvador y su interacción de la degradación ambiental, el riesgo climático y otras amenazas como los terremotos y epidemias, ponen en una situación de enorme riesgo de desastres a la gran mayoría de la población, especialmente la más empobrecida y vulnerable.
No obstante esta difícil situación, en sus primeros dos años de gestión presidencial, publicitada como el gobierno del cambio, Mauricio Funes ha evidenciado una asombrosa insensibilidad e injustificada desestimación de su administración a la grave crisis ambiental que el país padece, y acelera la marcha rumbo a la insustentabilidad socio ambiental que heredo que las administraciones anteriores. No es casualidad que en su discurso anual a la Nación del 1 de junio recién pasado, en la Asamblea Legislativa, no abordara, ni por asomo, ningún elemento central de esta problemática.
Por si eso fuera poco, los demás órganos del gobierno, es decir, la Asamblea Legislativa y el Poder judicial, también le acompañan en esta infortunada caminata. La falta de instalación de los tribunales ambientales y el reciente fallo judicial favorable a los empresarios en el caso de la contaminación plúmbica en Sitio El Niño, delatan a este órgano; y la aprobación a principios de este año de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que beneficia a la especulación inmobiliaria e ignora la vocación ambiental de los territorios y ecosistemas del país, tipifica la negligencia de la gestión legislativa. Es evidente que la problemática ambiental no es prioridad para ninguna institución pública del país.
En contradicción con la sustentabilidad y calidad de vida de la población, esta Administración sigue promoviendo proyectos con severos daños socioambientales en materia de infraestructuras, energía, agricultura, inversiones, comercio, turismo, urbanizaciones, entre otras. Además, se siguen fortaleciendo y buscando nuevos tratados de libre comercio, entre ellos con la Unión Europea y Canadá que han exigido su paridad con el CAFTA. Mientras, la gran empresa, con predominio creciente de las transnacionales, sigue contando con incentivos, permisividad e impunidad en su práctica destructiva; a la vez que vuelve a los ecosistemas y recursos naturales que aún quedan, un botín que hay que continuar explotando a manos llenas.
Al igual que años anteriores, este 5 de junio de 2011, tampoco hay algo que celebrar. En estos dos años del gobierno del cambio, más allá de la propaganda, no hay nuevas políticas públicas encaminadas a frenar la destrucción ambiental y enrumbar nuestro país por la senda de la sustentabilidad social y ambiental.
En buenas cuentas, llegamos a 22 años de políticas públicas de orientación neoliberal que privatizan y mercantilizan la vida y los bienes comunes naturales.
(*) Ambientalista y Presidente de Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES: www.unes.org.sv