Un informe publicado por el Senado en octubre de 2011, en el que se insta al gobierno estadounidense a desarrollar el empleo de medios de comunicación sociales como parte de su política exterior en América Latina, es otro motivo de preocupación para aquellos activistas que idealizan la tecnología y los medios sociales como herramientas imprescindibles para los cambios sociales.
El año pasado, cuando surgieron las revueltas en varios lugares en el mundo, en Santiago, en el Parque Zuccotti y en la Plaza Tahrir, se reconoció a los medios sociales como armas de movilización de las masas. En su libro publicado este mes, Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions, un corresponsal de la BBC, Paul Mason, comunicó que esta nueva tecnología de comunicación era una causa “esencial” de las revoluciones actuales. En una conferencia realizada en el mes de julio, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y activista birmana de derechos humanos, señaló que esta “revolución comunicativa…no sólo permitió una mejor organización y coordinación de las actividades (en Túnez), sino que también captó la atención del mundo entero y lo mantuvo pendiente de los eventos”. Incluso se publicó un artículo en CNN que comparaba Facebook con la “democracia en acción”. El ejecutivo de Google Wael Ghonim, quien fue detenido en Egipto por haber creado una página en Facebook, contó a Wolf Blitzer que la revolución en el país “empezó en Facebook” y que algún día quería “conocer a Mark Zuckerberg para agradecerle en persona”.
Aunque las contribuciones positivas de la tecnología en los movimientos sociales y enfrentamientos han sido ampliamente reconocidas y hasta exageradas, urge prestar más atención a los peligros intrínsecos de compartir estas redes tecnológicas con varios gobiernos represivos, en particular con Washington.
En el número de enero/febrero de 2011 de la revista Foreign Affairs, el profesor de Nuevos Medios de la Universidad de Nueva York, Clay Shirkley, notificó que “el estado está desarrollando métodos cada vez más sofisticados para monitorear, prohibir y compartir estas herramientas”.
Los peligros de la diplomacia digital
El informe del Senado titulado “Los Gobiernos latinoamericanos necesitan ‘agregar como amigos’ a los medios sociales y la tecnología” se elaboró a pedido del Senador estadounidense Richard G. Lugar (Republicano -Indiana), con el fin de evaluar el uso de la diplomacia digital dentro del Departamento de Estado.
En la introducción del informe, Lugar escribió que “a pesar de los amplios avances en materias sociales y económicas en Latinoamérica, varios países de la región se enfrentan con obstáculos para ejercer democracia, parecidos a los que se vivieron recientemente en Medio Oriente”. Señaló que “los casos extremos son países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos líderes autoritarios restringen libertades civiles y políticas”.
El informe insta a mejorar la infraestructura del internet en la región, además de extender el uso de medios sociales como Facebook y Twitter, los cuales son fundamentales para potenciar los intereses de política exterior de Washington. Asimismo, fueron identificados como un método para reafirmar la influencia de EE.UU. en una parte del mundo en la que esta se ha visto disminuida tras la administración Bush y el ascenso subsecuente de los gobiernos de centro-izquierda en la región.
“Sobre todo, las características del uso de los medios sociales y de recursos comunicativos en Latinoamérica… demuestran que éstos se podrían aplicar para la creación de cambios positivos importantes, de una manera parecida en naturaleza, y quizás en proceso, a aquellos observados hace poco en el Medio Oriente”, afirma el informe.
La revista de derecha Americas Quartely alaba esta “idea inteligente” como “una estrategia innovadora para potenciar los objetivos de EE.UU.” Un objetivo necesario es “aumentar nuestra recolección de datos e investigaciones sobre la influencia que tienen los medios sociales y la tecnología en el fomento de la democracia en la región, sobre todo en Venezuela”.
Estos planes se incluyen bajo la llamada Política de Estado Siglo xxi – el proyecto de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton.
En un artículo del mes de julio del 2010, la revista New York Times explica que “los métodos tradicionales diplomáticos todavía dominan, pero la política del siglo xxi no es un simple reposicionamiento corporativo que intercambia tweets por emisiones. Representa tanto un cambio característico como estratégico: es una manera de ampliar los esfuerzos diplomáticos tradicionales, desarrollar soluciones de política basadas en tecnología y promover el ciberactivismo”.
En un evento descrito como “el matrimonio del Silicon Valley y el Departamento de Estado”, Washington ha recurrido a “ingenieros en informática, empresarios y CEOs en tecnología… para que encuentren maneras poco convencionales de respaldar la democracia y alentar el desarrollo” en el extranjero.
“Las tecnologías en sí no toman partido por nadie, pero Estados Unidos sí lo hace”, afirmó Clinton en un discurso sobre la libertad de expresión en internet, en enero de 2010.
Los descubrimientos del Instituto Lowy para la Política Internacional, que fueron publicados en el periódico Washington Post en agosto de 2011, demuestran que, actualmente, el Departamento de Estado de EE.UU. maneja 230 cuentas en Facebook, otras 80 en Twitter, 55 canales de Youtube y 40 páginas en Flickr.
Sin embargo, en marzo de 2011, la ex Subsecretaria de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Judith McHale, hizo una evaluación más honesta de los motivos que tiene el Departamento para impulsar la nueva iniciativa, sin el engañoso y elaborado lenguaje de la libertad y la democracia.
Según McHale: “Los nuevos medios y tecnologías de comunicación aumentan nuestra capacidad de escuchar… Las redes sociales nos mantienen alerta ante lo que ocurre en el mundo”. Agregó que “es obvio que no nos interesa desarrollar plataformas de medios sociales por el simple hecho de poseerlas. Lo que nos interesa es la aplicación de estos medios para promover nuestros objetivos estratégicos en las Américas”.
No obstante, ya se sabe por experiencia que, muchas veces, los intereses estratégicos de Washington van en contra de la libertad y los derechos humanos. Sería ingenuo creer que su Departamento de Estado maneja esta iniciativa de diplomacia “con una postura imparcial y basada en principios”, aunque así lo manifiestan apologistas intelectuales como Anne-Marie Slaughter. Además, no cabe duda de que los países latinoamericanos del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) están en la mira de Washington.
En la audiencia del Senado “El estado de la democracia en las Américas”, del 30 de junio de 2011, el Senador Lugar pidió que Roberta Jacobson, Subsecretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en ese momento, nombrara los programas específicamente dirigidos a los países del ALBA. En su respuesta, Jacobson apuntó que “la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo tiene programas para desarrollar medios de comunicación en Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Estos programas se dedican al uso e impacto de los medios sociales, además de temas tradicionales como el periodismo independiente y de investigación y la superación de la autocensura”.
Los gobiernos de estos países fueron todos elegidos democráticamente y están luchando contra sus distintas dificultades para construir y fortalecer sus instituciones democráticas y para transformar la retórica democrática en políticas concretas. Por lo tanto, la intromisión de Washington en los asuntos internos por medio de la Política de Estado Siglo xxi es un peligro para movimientos sociales y activistas democráticos.
Las redes sociales y la contrainsurgencia
El 3 de febrero de 2011, el Senado inició una audiencia para examinar por qué, supuestamente, la agencia de inteligencia estadounidenseno había anticipado las revueltas en Egipto. Tras la audiencia, la presidenta del Comité de Inteligencia, la Senadora Dianne Feinstein (Demócrata-California), comunicó que “le preocupaba mucho el hecho de que la CIA y otras agencias habían ignorado información de dominio público sobre las protestas, una referencia a publicaciones en Facebook, entre otros sitios de internet de libre acceso que ocupaban los organizadores de las protestas en contra del gobierno de Mubarak” (Washington Post). La CIA posee un Centro de fuentes abiertas en el cual analistas, ubicados en una sede oculta en Virginia, trabajan en conjunto con otros analistas de las embajadas de EE.UU. en distintas partes del mundo “para acercarse más a sus súbditos”. Trabajan para observar hasta millones de publicaciones por día en Twitter, Facebook y otros sitios mediáticos de dominio público.
En julio la Revista Wired informó que la DARPA – la agencia de investigación del Departamento de Defensa de EE.UU – reveló su programa SMISC (medios de comunicación sociales en comunicación estratégica). Adam Rawnsley, de ‘Wired’, indicó que:
“Es una tentativa de mejorar la detección y manejo de campañas de propaganda dentro de los medios sociales. El programa SMISC tiene dos objetivos. Primero, el programa necesita otorgar, a las fuerzas militares, un mejor conocimiento de la actualidad en los medios sociales– sobre todo en lugares en donde hay tropas desplegadas. En segundo lugar, la DARPA quiere que SMISC ayude a los militares a entrar ellos mismos en el juego de propaganda de los medios sociales… SMISC debería identificar rumores y nuevos temas en medios sociales con rapidez, para luego investigar qué y quién está detrás de éstos”.
Asimismo, las fuerzas militares solicitaron contratos para desarrollar software para crear personas falsas en Facebook que estén “completas con respaldo, historia, detalles de apoyo y presencias en internet que son consistentes desde puntos de vista tecnológico, cultural y geográfico”, publicó la Raw Story en febrero. El año pasado, ThinkProgress ya denunció a la empresa de seguridad privada ‘HB Gary’ por haber hecho algo parecido, a pedido de la Cámara de Comercio de EE.UU., como método de “infiltración en grupos de izquierda” en el país. El descubrimiento se llevó a cabo gracias a la entrega de 75.000 correos de la compañía privada, que realizó el grupo activista de hackers ‘Anonymous’.
Dado el siguiente extracto del informe del Senador Lugar, se hace evidente la naturaleza cínica de estas estrategias:
“Hace poco tiempo colaboradores del Presidente Hugo Chávez en Venezuela hackearon las cuentas de Twitter de activistas de la oposición. El personal cree que este ejemplo nos recuerda que las políticas deben tener en cuenta hasta qué punto llegarán los gobiernos opresores en el uso de esta tecnología para silenciar las voces democráticas.”
Parece que los expertos se están preguntando: ¿qué nos importa lo que ocurre en este país? No es importante que el Departamento de Seguridad Nacional esté controlando “redes sociales, blogs y foros de todo el mundo”. Y si bien las corporaciones de EE.UU. están vendiendo sistemas de monitoreo a regímenes opresores, solo se tratade la economía de la oferta y la demanda en el libre mercado.
Tampoco es importante que “lo que transformó el activismo [Occupy Wall Street] en un movimiento nacional fue el uso sofisticado y amplio de los medios sociales”, como escribió el mes pasado Betty Yu, una organizadora del Centro de Justicia para los Medios. No es importante, ya que estas mismas herramientas se pueden ocupar, y se están ocupando, para socavar y apropiarse de estos movimientos y otros similares.
Entonces, si Washington viene a Latinoamérica con propuestas de ayuda en infraestructura y formación de internet, los ciudadanos y gobiernos del continente deberían mirarlo como un caballo de Troya muy potente.
Cyril Mychalejko es editor para www.UpsideDownWorld.org.