12 de julio del 2007
Los cargos de “Actos de Terrorismo” permanecerán contra 13 de los 14 acusados arrestados durante la manifestación del 2 de julio contra la privatización del agua en Suchitoto, dictaminó una jueza el sábado. La jueza Ana Lucila Fuentes del Tribunal Especial de San Salvador negó fianza a los acusados enviándolos a un mínimo de 90 días mientras los fiscales reúnen evidencia para el proceso judicial.
Fuentes de Paz retiró los cargos de “Desorden Público” y “Asociación Ilícita” contra todos los acusados, argumentando que los fiscales han fracasado en generar pruebas en los casos. Al 14avo acusado, Facundo García, le fueron retirados todos los cargos. La jueza Fuentes dijo que García solo ayudó a los arrestados y que ese acto no constituye un crimen. García permanece hospitalizado como resultado de los golpes sufridos en manos de la Policía Nacional Civil durante el arresto.
Los cargos permanecerán, sin embargo, contra Lorena Martínez y Rosa María Centeno, Presidenta y Vice presidenta de la muy conocida organización de desarrollo comunal CRIPDES-CORDES. Las dos fueron conducidas fuera del Tribunal Especial con Martínez atada por la muñeca derecha a la muñeca izquierda de Centeno mientras coreaban “¡Nosotras no somos terroristas, nosotras somos ciudadanas!” y eran empujadas dentro de los vehículos policiales.
“Cuando vemos el video vemos que no hay actos de terrorismo. Nosotros creemos que estas detenciones son arbitrarias”, dijo el abogado defensor Raúl Antonio López al periódico izquierdista Diario CoLatino. El periódico reportó que la abogada defensora Karla Albanés se sorprendió ante la decisión de la jueza en el caso. Albanés mostró la severa falta de evidencia presentada por los fiscales contra los acusados. Ambos miembros del equipo de la defensa prometieron apelar la decisión de la jueza.
Antes de la audiencia el sábado en la mañana, miles mostraron su apoyo con los presos marchando hacia el edificio donde los cargos fueron dados a conocer. La marcha se extendió por una media milla completa desde la Plaza El Salvador del Mundo hasta el lujoso mall Galerías ubicado en el bulevar Paseo Escalón hasta llegar a la plaza frente al Tribunal Especial. Los participantes llevaban carteles que decían “Libertad para los 14 presos políticos”. Organizados por el partido de oposición FMLN, los manifestantes argumentaron que los cargos por “Actos de Terrorismo” fueron dirigidos a silenciar la disensión pública hacia la controversial política de “descentralización” nacional del agua del Presidente Saca.
Muchos de los manifestantes expresaron su preocupación porque los 14 detenidos son los primeros presos políticos en El Salvador desde que los Acuerdos de Paz fueran firmados en 1992. La mayoría estuvo de acuerdo en que la aplicación maliciosa de la Ley Anti-Terrorismo contra los manifestantes puede significar una peligrosa regresión al pasado, cuando el Estado abiertamente atacó a la expresión de la oposición política. Ellos dijeron que la protesta del 2 de julio había sido pacífica hasta que la misma policía lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de hule mientras desalojaron violentamente a los manifestantes quienes habían bloqueado las calles.
Un comunicado del 4 de julio firmado conjuntamente por más de 60 organizaciones sociales salvadoreñas demandaron la libertad inmediata de todos los detenidos y que de no ser posible ésta, exhortaron a respetar la integridad física de los acusados por la policía y otras autoridades estatales. Las demandas fueron hechas en medio de alegaciones de que la policía había amenazado con lanzar a algunos de los arrestados desde los helicópteros cuando sobrevolaron el Lago Suchitoto el 2 de julio. Dichas amenazas resuenan hondamente aquí ya que recuerdan memorias de las atrocidades de la década de los 1980s. Un informe de la ONU de 1993 encontró que el Ejército y la Guardia Nacional eran responsables del 95 % de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo 1980-1992 del conflicto civil.
Mientras tanto, organizaciones de la solidaridad estadounidenses que trabajan con un amplia gama de grupos salvadoreños demandaron garantías por la integridad física de los arrestados y por su inmediata liberación. El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) se sumó al llamado a repeler la Ley Anti-Terrorismo.
“Si el gobierno de EUA apoyó públicamente la aprobación de la Ley Anti-Terrorismo, de la misma forma deberían denunciar cuando ésta es aplicada por motivos políticos”, dijo Krista Hanson, Directora de Programa de CISPES desde su base en Nueva York.
Representantes de la organización Ciudades Hermanas anunciaron que el esfuerzo de la campaña de cartas del tipo “Dear Colleague” ha logrado el patrocinio de dos congresistas. Los representantes dijeron que el texto final de la carta ya está terminado y que el grupo comenzará la búsqueda de congresistas colaterales en las semanas venideras.
Los grupos estadounidenses han lanzado una campaña conjunta de faxes para pedir por la liberación de los detenidos y para llamar la atención a lo que ellos argumentan es una aplicación políticamente motivada de la Ley Anti-Terrorismo. Los representantes de los grupos (incluyendo el autor de este reportaje) se reunieron con el embajador de EUA en El Salvador, Charles Glazer, el 11 de julio pasado. En la reunión pidieron al embajador un pronunciamiento público de la posición de la embajada en relación a la protesta del 2 de julio y los eventos posteriores.
Traducción: Reynaldo Contreras Valle
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