Municipalidades del suroeste del departamento de Antioquia, Colombia.
10 de enero, 2014.
En febrero del 2011, un artículo en el diario Canadiense Business Financial Post declaró: “Colombia, cuyas reservas de oro fueran fuente de poder para el Imperio Español, está nuevamente de moda… Casi de la noche a la mañana, su adormecida industria minera de oro ha despertado con furor, y el país es ahora una meca para las compañías mineras junior buscando la nueva gran reserva para explotar.” (1)
Hoy, aproximadamente el 90% del territorio del departamento de Antioquia ha sido cedido a licencias mineras, principalmente para exploración de algún metal precioso. A pesar del vigente proceso de paz que busca concluir la brutal guerra interna que ha azotado al país por más de 50 años, la nueva fiebre de oro simultáneamente fractura peligrosas divisiones sociales en un entorno frágil. (2)
Las municipalidades en el suroeste de Antioquia se han sustentado por generaciones principalmente gracias a la producción de café y la ganadería.
En el poblado de Jericó, declarado un Pueblo Patrimonio de Colombia en julio del 2013, la división social es obvia: un sinfín de casas y negocios exponen orgullosamente banderolas blancas que leen: “No a la Minería”. Gran parte de la población activamente rechaza la licencia de exploración minera otorgada a la Minera Quebradonda, subsidiaria local de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti, que cubre alrededor de 50,000 hectáreas de Jericó y municipalidades vecinas.
Nirvana Valencia, dueña de un restaurante en Jericó, declara: “¡Mas que nada nos sentimos atacados porque nadie nos preguntó si queríamos o no la minería!”
Mónica Marín, 32, peluquera, comenta: “Muchos de mis clientes son trabajadores de la mina. Claro, ahora me beneficia. A ellos que tienen un trabajo actual en la mina también. Pero, ¿y el medio ambiente? ¿Cómo vamos a quedar el día de mañana? ¿Romper todo para qué? La situación está muy tensa ya que mucha gente se está pasando al ‘no’. Pero los que están a favor de la mina son muy cerrados.”
Padre Nabor Suárez, presidente del Centro de Historia de Jericó, expone: “Aquí seguimos la posición de Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, Obispo de Jericó: nos oponemos a la minería porque aquí hay una tradición ecológica en el suroeste de Antioquia. Aunque somos pobres, esta tierra siempre nos ha dado de comer.”
Con una población urbana de 7,200 personas, el pueblo de Jericó contiene aproximadamente la mitad de los 15,000 habitantes del municipio.
Marta Cecilia Espinoza, 50, concejal municipal, opina: “yo siento que la conservación del agua y el medio ambiente es lo primordial. Sinceramente no creo que hay minería 100% limpia. Este es un pueblo agrícola donde vivimos del café, cardamomo, plátano. Tenemos una cultura tranquila, un orden social. Y tememos que se desate la violencia, prostitución, como se ha demostrado en otros municipios donde hay minería. Jericó es un pueblo patrimonio, por lo que la conservación de este no es compatible con la minería. Además, se sabe que la minería no garantiza un empleo estable y seguro. Hoy en día tenemos un municipio muy dividido. Este ya es el primer serio problema que se ha dado aún antes de que comience a operar la compañía.”
La pésima reputación que tiene AngloGold Ashanti como compañía ha fomentado la resistencia al proyecto industrial. En el 2011, Greenpeace le adjudicó el premio “Public Eye Award” como peor compañía ambiental a nivel mundial “por la contaminación de la tierra y el envenenamiento de las personas como consecuencia de la extracción minera de oro en Ghana… Además, se informó que los habitantes locales fueron en ocasiones torturados por guardias de la empresa; algunos casos resultaron en muertes.” (3)
Las primeras fricciones entre pobladores y la compañía minera se han dado recientemente. El 20 de septiembre, 2013, comunitarios del Corregimiento Palo Cabildo bloquearon la entrada a vehículos de AngoGold Ashanti a la Finca Aurora. Decenas de pobladores de Jericó y municipios vecinos se levantaron para impedir que la compañía continuara operaciones en el área donde se encuentran los nacimientos de agua de toda la región. La protesta pacífica se dispersó en poco tiempo, sin embargo este evento ha marcado un parteaguas entre las relaciones de la compañía con las comunidades locales.
Hernando García, 63, residente de Palo Cabildo, comenta: “El cambio desde que entró la compañía minera es notable, y pasó demasiado rápido. La gente ya no quiere trabajar en el café si no es por el mismo sueldo que les paga la mina para hacer construcción. Esto ha dañado la cosecha. Recorrimos todas las instancias legales, y como ningún oficial o medio de comunicación nos hacía caso, hicimos el bloqueo el viernes 20 de septiembre.”
Porfirio Garcés, 74, caficultor y residente de Palo Cabildo, declara: “Nos engañaron. Hay fuerte división social ahora por la minería. Nos dicen que la tierra quedará en mejor estado, pero eso es mentira. Esto es un problema mortal. No queremos hacer un cambio de nuestra cultura cafetalera, donde hay honestidad, a una cultura minera de destrucción.”
Veinte kilómetros al oeste, en el municipio de Ciudad Bolívar, pobladores han llevado a cabo marchas y pintado murales en protesta a la minería. Diego Tobón, presidente de la Corporación Ambiental Amigos de la Arboleda (COAMAR), declara durante una marcha en Mayo del 2013 que la cultura de Ciudad Bolívar es de un municipio agropecuario y “nos quieren meter a la brava una cultura minera que nadie quiere”. (4)
Una de las principales preocupaciones de los pobladores en Ciudad Bolívar y sus alrededores es que se otorgó una licencia minera en el área protegida de Farallones del Citará, un frágil ecosistema de páramo y principal fuente de agua en la región. Adicionalmente, una comunidad indígena Emberá Chamí ubicada dentro del área de los Farallones del Citará también ha sido incluida, sin consulta previa, en el polígono de la licencia. Esta última representa una violación directa al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acuerdo ratificado por Colombia que especifica la necesidad de consultar previamente a comunidades indígenas y afrodescendientes antes de otorgar licencias industriales en sus territorios.
Pedro Manuel González Tamaníz, 36, Emberá-Chamí del Resguardo indígena Hermenegildo Chakiama en la vereda de Farallones del Citará, declara: “En nuestra cultura, el desarrollo no significa dinero, sino un plan de vida. Este plan incluye un patrimonio para nuestras generaciones futuras, lo que les dejamos. Aquí hay muchas plantas medicinales que nuestros jaibaná (guías espirituales) no pueden encontrar en ningún otro lugar. Y queremos que nuestros hijos se beneficien de estos también. Si viene la minería, aquí solo quedará desolación y tristeza.” Las cascadas son sagradas en la cultura Emberá ya que se cree que en ellas viven los espíritus positivos y negativos que crean un balance en el mundo habitado por los seres humanos.
Unos veinte kilómetros al sur de Jericó y Ciudad Bolívar se encuentra el resguardo indígena Cristianía-Karmata Rua, dentro del municipio de Jardín. Desde el 26 de septiembre, 2012, la comunidad se ha mantenido en alerta debido a que varios geólogos del ya desaparecido Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) incursaron dentro del resguardo sin permiso para realizar mediciones geológicas.
El geólogo de INGEOMINAS Daniel Prieto fue capturado y retenido tres días por la guardia indígena de Karmata Rua, fuerza de seguridad legal y reconocida por el gobierno colombiano. Las autoridades del resguardo indígena indicaron que el ingeniero fue detenido hasta que “se les diera una explicación sobre su presencia en ese lugar que es un territorio ancestral indígena ya que tienen el temor que sus tierras estén en un proyecto para construir una hidroeléctrica o dedicada a la explotación minera.” (5)
Gilberto Tascón, 52, lleva a cabo un programa cultural en la emisora local Chamí Estéreo. Gilberto, quien fundó la estación radial en 1997, fue gobernador de Karmata Rua, y secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de 1982 a 1986, comenta: “La organización de la comunidad a fin de los 70s no solo se dio por la tierra, sino por educación, salud, grupos de mujeres, cultura – la defensa de la lengua materna. La minería atenta contra todos estos. Por eso, no a la minería, sí a la defensa del territorio.”
Gladys Yagarí, maestra de educación primaria, toca la guitarra y canta durante un evento cultural en la escuela comunitaria.
La caficultora Alicia Tamanís, 60, mezcla su cosecha mientras se seca al sol. La ciudad de Andes se puede apreciar en el valle detrás.
María Olga Panchí, 58, antigua gobernadora de Karmata Rua de 1986 a 1987 y primer mujer indígena gobernadora del suroeste de Antioquia, declara: “Así como nos unimos para recuperar las tierras en los años 70, ahora hay que unirnos otra vez. Si permitimos que vengan los mineros, ¿donde vamos a sembrar nuestra comida? ¿Donde vamos a vivir? Hay prostitución y drogas en comunidades donde hay minería. Es un cambio de vida. Tenemos que defender a uña y dientes, y no permitir que exploten la mina. No podemos permitir que nos sigan robando. Esta tierra nos ha costado sangre.”
María Ofelia Carubia, 87, esparce en una mesa joyería y artesanías que ella produce.
Rosa Yagarí, 65, recoge su cosecha de café. Con respecto a las licencias mineras otorgadas por el gobierno colombiano a empresas extranjeras sin consulta previa, Rosa opina: “Esto no es una selva, es un resguardo indígena. Tenemos que luchar por nuestro territorio o nuestros hijos se quedarán sin tierra. El extranjero que venga va a tener problema. No atropellamos a terratenientes, así que se nos respete. Ojala que no entren y que el estado respete nuestra soberanía.”
Argemio Baquiaza, 60, jaibaná comunitario, trata a Consuelo Rodríguez. Los jaibaná de la cultura Emberá son guías y sanadores espirituales que controlan el flujo de los espíritus.
Amanda González Yagarí, 46, caficultora y actual gobernadora del Resguardo Indígena de Karmata Rua Cristianía, explica: “Estamos en contra de la minería porque ya hemos visto la deterioración en otras comunidades que trae esta industria. Tenemos que proteger el territorio como resguardo para mantener nuestra unidad y cultura. No queremos descomposición social ni familiar, que solo traen más desventajas que ventajas.”