Un año de la masacre de Bagua, nuevos actores frente a un Estado en crisis

Fuente: Programa de las Americas

“La selva no se vende”, fue uno de los lemas más coreados en las marchas que conmemoraron en todo el Perú el primer aniversario de la masacre de Bagua, en la que murieron 34 personas y 200 fueron heridas cuando el gobierno de Alan García decidió despejar a los indígenas awajun que cortaban las carreteras amazónicas contra la explotación indiscriminada de la selva. Miles de awajun que llevaban dos meses de movilizaciones, estaban a punto de abandonar la llamada Curva del Diablo, pero antes de hacerlo fueron atacados con fusiles por tierra y aire.

En la Curva del Diablo fueron muertos diez indígenas. Luego los nativos dieron muerte a 23 policías, estando uno de ellos desaparecido, el mayor Felipe Bazán Caballero. Todo indica que fue la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, la que dio la orden de disparar. Un año después no hay culpables de la tragedia. Poco después de la represión, fueron revocados cuatro decretos legislativos que habían provocado las movilizaciones y el 19 de mayo el parlamento aprobó la Ley de Consulta que establece que los pueblos originarios deben ser consultados antes de aprobar emprendimientos para explotar los bienes comunes. Dos resonantes victorias del movimiento.

Pero los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a unas 1.500 comunidades, obtuvieron además de éxitos legales el reconocimiento de la sociedad peruana como un nuevo y decisivo actor en la vida política del país. Un hecho simbólico lo representa: el padre del mayor desaparecido, Felipe Bazán, acudió el 5 de junio a la Curva del Diablo, cerca de Bagua, mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, y se dio un abrazo con los indígenas cuando realizaban el acto recordatorio en el que bautizaron el lugar como Curva de la Esperanza.

Días antes del aniversario regresó al país el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, al que el gobierno había tildado de “terrorista”, luego de un año de exilio en Nicaragua. Apenas llegar al aeropuerto de Lima fue conducido ante la justicia que lo puso en libertad en pocos minutos, aunque no puede abandonar el país. La quinta victoria indígena fue inesperada. El congresista Guido Lombardi Elías, del partido Unidad Nacional y uno de los periodistas más prestigiosos del país, quien presidió la Comisión Investigadora del parlamento sobre los sucesos de Bagua, dio razón a los indígenas.

Pese a pertenecer al partido más conservador del Perú, identificado con la derecha, Lombardi dijo el viernes 4 en Canal N de televisión: “El motivo de la represión fue escarmentar a los indígenas antes que se retiren de la Curva del Diablo”[1]. En su opinión es la única explicación razonable de los hechos, a la cual llegó el principal encargado de la investigación. Por supuesto, sus palabras provocaron escándalo en el gobierno, pero se suma a las muchas voces que avalan la posición de los indígenas. Esas voces conforman un amplio abanico que va desde la Defensoría del Pueblo hasta el diario derechista El Comercio pasando por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Este organismo lamentó que aún no haya consenso ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento para identificar a los responsables de la masacre de Bagua, que ha mostrado “los profundos desencuentros entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos, cuyos derechos son ignorados y vulnerados de manera permanente por un sistema político que no los comprende ni los incluye de manera justa y adecuada”[2]. Quizá por saberse victorioso, Pizango llegó a Bagua el 5 de junio con un discurso de paz y reconciliación, mientras el presidente Alan García, mostrando su insensibilidad, decretó esa fecha como el “Día del Ron”.

Un nuevo país

Las actividades en recuerdo de las víctimas de Bagua fueron importantes en Lima y en la propia selva. Pero más allá de la cantidad de manifestantes, llama la atención la diversidad de actores sociales involucrados: jóvenes, mujeres, sindicalistas, trabajadores de la cultura y el arte, campesinos e indígenas, gentes de la ciudad y el campo, pero también gays, lesbianas y transexuales.

En Bagua hubo un foro sobre la criminalización de la protesta social, un encuentro en el caserío El Reposo, desde donde se partió en romería hacia la Curva del Diablo donde cientos de personas durmieron en vigilia hasta el acto conmemorativo del día siguiente. En su intervención, Pizango saludó al padre del mayor Bazán que estaba en la tribuna y se comprometió a buscar la verdad. Recordó que la lucha indígena se inició luego de la firma del TLC con Estados Unidos y reafirmó la defensa de la Amazonia ante el extractivismo. Hizo un llamado a la unidad andino-costeña-amazónica, o sea entre los quechuas, los afroamericanos y los pueblos amazónicos.

Relató cómo la selva está siendo privatizada. “El proceso de privatización y concesiones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y forestales, se ha ido profundizando con los últimos tres gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15% de la amazonía lotizada y concesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a privatizar el 72% del territorio amazónico, en lotes concesionados y entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a las reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario”, dijo Pizango en Bagua el mismo 5 de junio.

Uno de los momentos más importantes de su discurso fue cuando citó al célebre historiador Jorge Basadre: “La independencia del Perú no fue una revolución social, un proceso de cambios, sino un relevo de actores. Los criollos tomaron el poder pero el sistema de dominación colonial quedó intacto”[3]. Lo que más llama la atención, y es una síntoma de los cambios que están habiendo en Perú, es que el vocero más importante de la derecha hace una lectura muy similar al más importante dirigente social del momento.

El editorial del 4 de junio, vísperas del primer aniversario de los hechos de Bagua, del conservador El Comercio, el diario que apoyó la candidatura de Alan García frente al nacionalista Ollanta Humala, tal vez sea el mejor termómetro de la situación peruana. “¿Qué hicieron el gobierno, el congreso y la clase política para evitar esta tragedia y para sancionar a los responsables, hasta ahora impunes?”, se pregunta el matutino. Pero va mucho más lejos al denunciar “una enervante incapacidad de los poderes del Estado para afrontar, antes y después, esta crisis social y política”[4].

“Es innegable que los sucesos de Bagua nos hicieron redescubrir un mundo aparte, el de las comunidades de la selva, que habían sido históricamente postergadas. Nos percatamos, así, de que somos una nación en proceso de construcción, con una identidad que dista mucho de ser englobante y unificadora”, dice El Comercio. Luego señala que el Estado peruano debe ser refundado incluyendo “los derechos ancestrales de los peruanos originarios”. Pero no se queda ahí. “Somos una nación multicultural pero también centralista, que debe trabajar mucho para descentralizarse e integrar a todos los peruanos, con una visión de respeto a las comunidades rurales y ancestrales”.

Es una pieza de alto valor político, ya que proviene de la derecha que siempre estuvo cerca del poder, que ahora olfatea un nuevo clima político y advierte que si no se integra a los indígenas el Estado va a colapsar. El presidente García dijo en su momento que los indígenas estaban financiados por Venezuela y Bolivia, lo que es un error además de una falsedad. El Comercio va más lejos: “Tenemos que mirar aquí el desarrollo de otros estados con situaciones similares, en lo que pueda servirnos y aplicar a nuestra peculiar realidad”. Sin duda se refiere a los procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia.

Indígenas y mujeres

La crisis del Estado peruano es provocada por la emergencia de nuevos actores sociales y políticos, que se expresan en una creciente conflictividad. El reporte 64 de la Defensoría del Pueblo asegura que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales y el 71% de ellos con la actividad minera[5]. Respecto del año 2008 los conflictos se duplicaron, lo que revela que las comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños a la salud de la población.

El crecimiento del conflicto social lleva a algunos analistas a señalar la existencia de una “generación de Bagua”, como modo de graficar la impronta de esos hechos en una nueva camada de activistas. Alberto Pizango es de algún modo un emergente del nuevo tipo de dirigentes: tiene poco más de 40 años, es profesor y trabaja como maestro bilingüe en las comunidades nativas, conoce las dos culturas y se mueve con facilidad en las ciudades. Mario Palacios, presidente de Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, que agrupa a 1.600 comunidades, es quechua hablante licenciado en Educación.

Tienen un discurso diferente para nuevas formas de organización que postulan “una nueva forma de democracia, que es comunitaria y se expresa en el concepto del ‘mandar obedeciendo’”, como dijo Palacios el año pasado en el Seminario Internacional “Luchas por el Territorio: Minería, Amazonia y Ecologismo Popular”[6]. Son dirigentes sociales que tienen fluidas relaciones con intelectuales, que participan en debates con otros dirigentes pero también con políticos y medios de comunicación.

El antropólogo Rodrigo Montoya, muy cercano a los movimientos indios, sostiene que los pueblos amazónicos nunca fueron derrotados y que en esta rebelión, la segunda en su historia, “han cuajado un liderazgo suficientemente capaz como para presentar una alternativa que no es sólo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad peruana en su conjunto. Y no exagero en lo absoluto al decirles que este movimiento amazónico al igual que el movimiento indígena en Bolivia, Ecuador, Chiapas o Guatemala, es un movimiento plural y diverso, es el que está ofreciéndole al mundo un horizonte, una ilusión, una perspectiva, otros valores, ideas y sueños”[7].

Montoya es quechuahablante nacido en un pueblo de Ayacucho y conoce los movimientos indígenas desde dentro. Sostiene que el movimiento amazónico se ha venido preparando durante mucho tiempo y tiene en los miles de profesores bilingües un punto de apoyo decisivo. Otro quechua, Hugo Blanco, luchador por la reforma agraria y ex guerrillero, agrega que la rebeldía de los pueblos amazónicos representa la irrupción de “los menos domesticados por la modernidad”, que están llamados a cambiarle la cara al país[8].

El otro actor que irrumpió con fuerza son las mujeres indígenas. La realidad de las mujeres del campo es terrible: el 22% de los hogares rurales están a cargo de las mujeres, pero el 50% de las mujeres que viven en el campo no tienen documentos de identidad y sólo el 4,7% tienen título de propiedad a su nombre. Una nueva generación de mujeres crearon en 2006 la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), al comprobar que en las organizaciones mixtas no tienen espacios.

Lourdes Huanca es la presidenta de la organización. Vivió en Moquegua donde su familia fue desalojada por una transnacional minera. Fue testigo de Jehová donde aprendió a estudiar, abandonó la religión, participó en el Club de Madres del barrio siendo la única dirigente mujer entre doce hombres, en el Frente de Defensa de su región. Fue dirigente de la Confederación Campesina del Perú donde comprendió la necesidad de generar un espacio para las mujeres. Luego conoció a la Via Campesina que le dio el impulso para crear FEMUCARINAP.

“Para mí, ser mujer supone cuidar mi territorio, mi cuerpo, mi familia. Y mi familia no solo es mi esposo y mis dos hijos, sino, los centenares de mujeres con las cuales luchamos cada día para defender nuestras tierras, agua y semillas”, dice Lourdes. “Las mujeres rurales, producimos en promedio más de la mitad de todo el alimento que se cultiva en el mundo, sin embargo, nosotras y nuestros hijos e hijas presentamos los más altos índices de desnutrición”[9].

La creación de la organización fue un parto duro. Todas las fundadoras participaban en cargos de dirección en diferentes organizaciones sociales mixtas. En el folleto que distribuye Lourdes en el “Encuentro de Saberes y Movimientos”, en Lima, puede leerse: “El primer año fue muy duro, por lo mismo que las organizaciones mixtas no comprendían y nos maltrataban sicológicamente, verbalmente nos decían que éramos traidoras que estamos traicionando y dividiendo, todo ello nos daba mas fuerza de enfrentar y conformamos el comité consultivo donde están las amigas de las diferentes instituciones mencionadas y amigas feministas”.

Se trata de una nueva generación de mujeres activistas, que dominan el castellano y una o varias lenguas originarias, que leen, escriben y manejan internet. No sólo tienen un vínculo estrecho con la tierra sino que son portadoras de la espiritualidad andino-amazónica que está presente en todas las actividades que realizan. Lourdes no es una excepción sino la primera generación de mujeres populares, que ya está siendo relevada por activistas más jóvenes. La irrupción de estas mujeres, tanto en las luchas sociales como en los movimientos, ha creado una nueva situación que se puede palpar cuando se trabaja al interior de las organizaciones.

“La educación, en general, y bilingüe e intercultural, en particular, ha sido y es un factor decisivo en la formación de dirigentes indígenas y, sobre todo, en la aparición de intelectuales indígenas”, sostiene Montoya[10]. Esto vale tanto para las organizaciones amazónicas como para las nuevas organizaciones de mujeres, aunque en este caso ha sido la dura experiencia en el seno del movimiento lo que las llevó a crear grupos femeninos. Se trata de dos emergencias que suceden en los mismos espacios aunque en tiempos y modalidades diferentes. Pero tienen repercusiones similares.

Estamos ante el fin de un modelo de nación, asegura el historiador Manuel Burga: “Hay una emergencia de las periferias, que buscan una nación más inclusiva, en la cual no solo se incorporen las nacionalidades excluidas, sino que se las respete”[11]. También estamos ante el fin de un tipo de organización popular. La forma como esa “nación emergente” consiga acoplarse en la sociedad peruana, determinará los rumbos de los movimientos en los próximos años. Con una particularidad: no es “una” nación la que emerge, sino múltiples actores que, como demuestran las mujeres, pondrán en tensión tanto al Estado-nación como a los movimientos populares.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

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