El temor a que produzcan masivas manifestaciones durante el Mundial de Fútbol, como sucedió durante la Copa de las Confederaciones en junio pasado, está llevando al gobierno a militarizar las protestas con increíbles despliegues represivos. La mitad de la población rechaza el Mundial.
Fuente: Programa de las Américas
“En los últimos meses vivimos una escalada de represión que intenta callar todas las voces que discrepan con los de arriba y sus poderes: el Estado, la policía, los medios”, dice un comunicado del Movimiento Pase Libre (MPL), de São Paulo, el principal referente de las movilizaciones de junio. “Durante 2013 las acciones ilegales de la Policía Militar y la selectividad de la justicia en las periferias de las ciudades para hacer frente a las luchas sociales, no pueden ser ocultadas ni siquiera por los grandes medios”.
En un comunicado del 5 de marzo, el MPL denuncia la multiplicación de detenciones arbitrarias porque el detenido tenía “cara de manifestante” o llevaba vinagre en la mochila (para neutralizar los gases policiales) o, muy común, “porque tenían la intención de realizar una acción black bloc”. No sólo los militantes de esta organización, sino también organismos de derechos humanos, se quejan del accionar policial que están actuando contra los manifestantes del mismo modo “como lo hacen diariamente en las áreas pobres de la ciudad”.
Existe un inocultable nerviosismo en el gobierno de Dilma Rousseff de cara al Mundial, cuando los focos de los medios se posarán en Brasil. La imagen del país está en juego, argumentan desde las alturas. “Se Não Tiver Direitos, Não Vai Ter Copa”, responden los movimientos.
Lo cierto es que el clima se está volviendo espeso. “En la historia del carnaval nunca fue tan grande la cantidad de policías en las calles”, señala Le Monde (4 de marzo de 2014). Rio de Janeiro fue patrullada durante la fiesta por 17 mil policías, cifra que se elevará a 50 mil durante el Mundial, más otros 100 mil en las demás ciudades, reforzados por 57 mil soldados. Una alucinante cifra de 200 mil uniformados armados para controlar el orden.
Rechazo al despilfarro
Será, con mucho, el Mundial más caro de la historia. El costo total del campeonato oscilará en los 14 mil millones de dólares, más del doble de lo proyectado inicialmente (Le Monde, 4 de marzo de 2014). Casi el 90 por ciento de esa cifra sale de las arcas del Estado que, en opinión de los críticos, haría mejor en volcarlas hacia la educación, la salud y las infraestructuras.
Esa es una de las principales razones que llevan a la mitad de los brasileños a cuestionar la realización del Mundial en su país. El Instituto Datafolha segura que el apoyo al campeonato cayó del 79 por ciento en noviembre al 52 por ciento en las últimas semanas. Incluso los sectores más apasionados con el fútbol están sintiendo esta ola de rechazo. “Como si el Mundial se hubiera convertido en una cámara de ecos de todos los males del país”, señala Le Monde.
El 75 por ciento de los brasileños, según la misma encuesta, no aprueban las inversiones realizadas. Los proyectos para mejorar la movilidad urbana se fueron reduciendo, el presupuesto para la infraestructura de transporte público cayó en un tercio, mientras cinco de los doce estadios aún no se han terminado. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se quejó de que Brasil fue el país que más tiempo tuvo para preparar el Mundial, siete años, pero que es el más atrasado en los 40 años que lleva en el organismo.
Según la encuesta de CNT, el 50,7 por ciento no volverían a postular al país para el Mundial mientras sólo el 26,1 por ciento lo haría. La secuencia histórica parece sólida: en 2008 el 79 por ciento apoyaba el campeonato, en 2013 cuando comenzaron las protestas cayó al 65 por ciento. Ahora es de apenas la mitad, y puede seguir cayendo. Además asegura que ocho de cada diez creen que hubiera sido mejor gastar el dinero destinado a los estadios a “áreas más importantes”, ya que algunos como el de Brasilia, que no tiene equipo en primera división, recibirán muy pocos aficionados luego del Mundial.
“¿A quién le interesa tener un estadio en Manaus?”, se pregunta Orlando dos Santos Júnior, de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. “Corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco” (Deutsche Welle, 4 de marzo de 2014). Los últimos datos de esta organización apuntan que sólo en Rio fueron desalojados más de cien mil personas para las obras del Mundial y los Juegos Olímpicos de 2016.
Hay datos que estremecen por la improvisación. Las obras de pavimentación y urbanización del entorno del Beira-Rio, en Porto Alegre, aún están en la fase de licitación. Una parte de las obras de infraestructura, como el aeropuerto Tom Jobim (ex Galeão) de Rio, estarán finalizadas recién después del Mundial. El aeropuerto internacional de Fortaleza tendrá un terminal provisorio, mientras que algunas obras ya inauguradas en Curitiba presentan fallas y deberán ser reformadas (Deutsche Welle, 4 de marzo de 2014).
Ante este panorama algunas ciudades decidieron reducir los gastos en festejos ligados al campeonato. La ciudad de Recife anunció que no participará de la FIFA Fan Fest, enormes espectáculos con trasmisión de los partidos en pantallas gigantes que se pusieron de moda desde el Mundial de Alemania. En ese campeonato y en el siguiente, en Sudáfrica, las fiestas FIFA juntaron a 24 millones de personas al aire libre que consumieron religiosamente los productos autorizados por los organizadores. Brasilia decidió hacerla pero lejos del centro y Porto Alegre también la suspendió. La decisión de Rio aún está pendiente. El temor a las protestas y la necesidad de distanciarse de la multinacional del fútbol está llamando a la prudencia a los gobernantes.
Uno de los ídolos futbolísticos del país, Romário, ex jugador de la selección nacional y actual diputado, llamó al campeonato como “el mayor robo en la historia de Brasil”. En 2013, en medio de las protestas, dijo: “El verdadero presidente del país hoy se llama FIFA. Ella llega aquí y monta un Estado dentro de otro Estado”, dijo en relación a que durante el campeonato regirán las “leyes” que imponen los organizadores. Pelé milita en las filas de los que defienden el Mundial. “El fútbol sólo trae divisas y beneficios para el país”, dijo en junio pasado, enseñando que en todo el país, incluso entre sus estrellas deportivas, las opiniones están divididas.
Karatecas en acción
El sábado 22 de febrero diversos colectivos convocaron una manifestación en São Paulo a la que acudieron alrededor de 1.500 personas. Por vez primera la policía realizó un despliegue de nuevo tipo para neutralizar las manifestaciones. En vez de aplicar la táctica tradicional de dispersar a los manifestantes, que vuelven a agruparse en pequeños grupos, la policía realizó un despliegue masivo con más uniformados que manifestantes (2.300 frente a 1.500), con helicópteros y una amplia estructura de apoyo logístico.
Una vez que comenzó la marcha, la policía procedió a dividir la en dos y cercar a los que consideró más “peligrosos”, a cargo del llamado “pelotón ninja” o “tropa do brazo”, unos 200 efectivos militares entrenados en karate. Los manifestante no sólo fueron rodeados sino forzados a sentarse en el suelo y a quienes se resistían se les aplicaba el “mata-león”, un llave marcial que paraliza al contrincante por estrangulamiento temporal, apretando el cuello con una mano o rodeándolo por la espalda (Defesanet, 23 de febrero de 2014).
Los que quedaron dentro del cerco policial fueron cacheados y aquellos que la policía consideró “peligrosos” fueron “arrastrados uno por uno hasta la vereda por los policías militares karatecas” (Folha de São Paulo, 23 de febrero de 2014). Fueron detenidos 262 manifestantes, que fueron liberados casi inmediatamente porque no se les presentaron cargos. En realidad, cuando fueron abordados por los “polikaratecas” no habían cometido ninguna falta. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI, por sus siglas en portugués), aseguró que varios fotógrafos fueron impedidos de trabajar y algunos resultaron golpeados. “Es un abuso y una afrenta al derecho del periodista de relatar un hecho que está sucediendo. No es la primera vez. Tampoco habrá castigo” (Rede Brasil Atual, 24 de febrero de 2014).
En un comunicado posterior, la ABRAJI precisó que fueron 19 los fotógrafos y periodistas agredidos o detenidos el sábado 22. “Desde junio de 2013, fueron registrados 68 casos de agresiones a periodistas en la cobertura de manifestaciones en la capital paulista. De ellos, 62 casos fueron deliberados, ya que ocurrieron a pesar de que el profesional estaba identificado como prensa. En todo el país desde junio pasado registramos 138 casos de agresiones, hostilidad o detención de periodistas que cubrían protestas” (Abraji, 26 de febrero de 2014).
Las reacciones de los organismos de derechos humanos llegaron de inmediato. El Ombudsman de la Policía de São Paulo, Julio César Fernandes Neves, un prestigioso abogado en la defensa de los derechos humanos nombrado por el gobernador Geraldo Alckmin, señaló que la nueva táctica policial es “inadmisible e inaceptable” porque en realidad se trata de “un cerco al derecho de manifestación” (Rede Brasil Atual, 24 de febrero de 2014).
Para el ombudsman es grave la detención de personas sin que hayan cometido delitos o faltas. “La policía sólo puede actuar a partir del momento en que sucede un delito, no porque imagina que sucederá”, dijo el ombudsman. Sin embargo, lo que más lo indigna es la impunidad, porque aunque presente las denuncias y pruebas es la propia institución policial la que se encarga de dictaminar. Asegura que entre 2000 y 2013 no hubo policías sancionados por abusos durante manifestaciones y, de modo particular, no hubo puniciones pese a las constatadas agresiones a manifestantes pacíficos en junio de 2013.
“El peligro de que no haya castigo es que se quiebra la legalidad, una sombra del fin de la democracia”, dijo Fernandes Neves. A continuación relató que los policías golpearon a los manifestantes cercados, los pusieron en el suelo y algunos de rodillas, y luego fueron sometidos a revisiones humillantes.
Triunfo simbólico
En Brasil se vive un recrudecimiento de la violencia social, además de la policial. En Rio de Janeiro, donde se han instalado Unidades de Policía Pacificadora en 30 favelas, registró un importante aumento de los homicidios en 2013 luego de tres años consecutivos de descenso. En las fiestas de fin de año las muertes violentas crecieron un 33 por ciento en Rio y un diez por ciento en todo el país (Le Monde, 4 de marzo de 2014).
El 12 de febrero se difundió un Manifiesto contra la criminalización de abogadas y abogados que actúan en defensa de manifestantes, firmado por 90 organismos y cientos de abogados, encabezado por el Instituto de Defensores de los Derechos Humanos. En el texto se denuncia a la policía por el sostenido aumento, desde las manifestaciones de junio, de la violencia que sufren los abogados quienes suelen ser “amenazados, ofendidos y hasta agredidos físicamente” cuando se interesan por los detenidos (http://ddh.org.br 12 de febrero de 2014).
Entienden que la actitud policial forma parte de “una constante acción estatal para suprimir los derechos y garantías individuales de los manifestantes a través del cercenamiento de su defensa”. Como tantos otros colectivos, demandan la “desmilitarización de las policías y el fin del exterminio contra la juventud pobre y negra en las favelas y las periferias”.
La organización Justiça Global, uno de los más importantes organismos de derechos humanos de Brasil, denunció al gobierno ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El 28 de marzo se realizará una audiencia pública en Washington donde por primera vez el gobierno se sentará frente a la sociedad para responder por la violencia policial, la criminalización de los manifestantes, las leyes de excepción y la represión a periodistas y abogados.
Un conjunto de organizaciones sociales presentaron 200 casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas de junio. El abogado Eduardo Baker, de Justiça Global, dijo que “el Estado viene utilizando reiteradamente el sistema penal como única respuesta a las demandas populares. Esta es la primera oportunidad de la sociedad civil” (http://global.org.br, 10 de marzo de 2014).
En este panorama poco esperanzador, llegó una buena noticia. Blatter y Rousseff no harán los tradicionales discursos de apertura del Mundial para evitar que se repitan los abucheos que sufrieron en la Copa de las Confederaciones. Aunque dijo estar “convencido de que la situación se tranquilizó”, Blatter añadió que “vamos a hacer una ceremonia de tal manera que no haya discursos” (Folha de São Paulo, 11 de marzo de 2014).
El 12 de junio en el Itaquerão, mientras los jugadores de Croacia y Brasil se formen para escuchar los respectivos himnos nacionales y las autoridades mascullen su impotencia, no pocos brasileños esbozarán una sonrisa socarrona.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el Informe Zibechi cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).