El 27 de febrero de 1989 dio comienzo en el municipio de Guarenas, a 30 kilómetros de Caracas, una revuelta popular que habría de ser el punto de partida de un cambio de ciclo político, económico y social en Venezuela y, por extensión, en buena parte de América Latina, que se extiende hasta hoy.
Febrero 1989
Tres semanas antes, el 4 de febrero de 1989, había tomado posesión de la Presidencia de la República de Venezuela Carlos Andrés Pérez (conocido por CAP), candidato del partido socialdemócrata Acción Democrática, miembro de la Internacional Socialista, de cuya organización CAP sería vicepresidente.
Después de un periodo presidencial anterior (1974-1979) marcado por políticas nacionalizadoras, de obras públicas y programas sociales, CAP contaba con una reputación política sólida de demócrata y tercermundista. Por otra parte, con una inflación anual del 29,5% en 1988 se esperaba un “paquete económico”, que el candidato había anunciado ya aunque de manera inconcreta, con el nombre de “Programa Nueva Venezuela”, basado en un préstamo condicionado del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 4.500 millones de dólares. Pérez se encargó de divulgar el razonamiento de que todo nuevo préstamo futuro del FMI dependía de la aceptación de las condiciones del primero. La “Venezuela saudita” de los felices setenta debía dar paso a una Venezuela endeudada, tutelada por las instituciones económicas del sistema capitalista mundial.
El programa detallado se conoció pronto, en su presentación por televisión ante la expectación popular: el préstamo estaba sujeto al abandono de las subvenciones al débil sector industrial, a la privatización de empresas públicas, una segunda devaluación del bolívar y una liberalización de los precios, en particular los de los combustibles. Se trataba pues de una rendición total del país ante las condiciones del FMI. Empobrecer a la mayoría para acceder a unos créditos que debería haber obtenido problemas dada su condición de gran exportador de petróleo. Debía acelerar su endeudamiento y un empobrecimiento de la población que se prolongaba desde hacía más de un decenio.
Además de la reducción automática del poder adquisitivo de los asalariados, el aumento de los precios del combustible repercutió inmediatamente en particular en los precios del transporte público: los autobuses no esperaron para aumentar sus tarifas ese mismo día en hasta un 200%. Se trataba del medio de transporte que utilizaba la inmensa mayoría de la población.
Era pues de un ajuste estructural puro y duro, como otros que se impondrían en la región a finales de los 80 y comienzos de los 90 del siglo XX. Que se producía además en un contexto de protestas y huelgas, entre otros, del personal de educación –230.000 personas en huelga permanente– y de fuertes movilizaciones estudiantiles.
El 27 de febrero la negativa masiva de los trabajadores a pagar el billete de autobús con las nuevas tarifas triplicadas dio la señal de partida de la revuelta de Guarenas, que al poco se difundió a la capital. Los enfrentamientos con la policía –que también presentaba sus propias reivindicaciones– comienzan ese mismo día, así como los ataques a los comercios cuyos propietarios habían duplicado y triplicado los precios de sus productos en paralelo al aumento del precio del transporte público.
En un país con ausencia casi total de redes de protección social, una tasa de pobreza en torno al 80% –58% de pobreza extrema–, y en el que los ingresos del petróleo era captado íntegramente por las élites económicas y sociales, las medidas propuestas atacaban directa e inmediatamente las condiciones de vida de la inmensa mayoría, deteriorando aún más su bajo nivel de vida.
El 28 de febrero fue “el Día que bajaron los cerros”, en expresión de Rafael Rivas-Vázquez: se paralizó la vida en la capital y la revuelta tomó unas proporciones nuevas. A pesar de los intentos de la mayoría de los medios de comunicación de presentar a los manifestantes como hordas de delincuentes, la actuación de éstos fue bastante selectiva: en general se respetaron las farmacias, los dispensarios y hospitales, las escuelas, etc., y los saqueos se centraron en los negocios de bienes de consumo que habían aumentado los precios, así como en los bancos y puestos de policía. Pero el tratamiento mediático, especialmente por parte de las grandes cadenas generalistas de televisión, estuvo orientado desde el primer momento a fomentar el miedo de la población, presentando la revuelta como una amenaza general para la paz y exigiendo una intervención de fuerza.
Marzo 1989
Ese mismo día 28, el gobierno de CAP lanzó el Plan Ávila, conjunto de medidas de emergencia cocinado en las últimas horas del 27 en el palacio de Miraflores entre el Gobierno, las autoridades militares y los partidos de oposición.
Para llevar a cabo la represión, el Gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales y la introducción de la ley marcial, carta blanca que hizo posible el uso de la fuerza militar contra la población civil y una represión particularmente dura, en especial en los cerros, barrios pobres de la periferia de la capital y de las ciudades donde se produjo el alzamiento (Maracay, La Guaira, Barquisimeto, Mérida, entre otras). La revuelta no pudo ser controlada que después de cuatro días de matanzas por parte del ejército. El Gobierno reconocería más tarde unas cifras oficiales de muertos de 276 persona pero estimaciones independientes posteriores apuntan a una cifra mucho mayor y creíble, en torno a 3.000 víctimas[1]. El número total nunca se sabrá, entre otras cosas porque el ejército se ocupó de desaparecer centenares de cadáveres en fosas comunes excavadas a toda prisa.
El Plan Ávila representó la militarización de la respuesta a la crisis, y contó con el visto bueno de los hombres fuertes de las instituciones capitalistas internacionales presentes en el Gobierno, entre ellos Moisés Naím, conocido columnista de El País, ministro de Fomento del gabinete de CAP en esos momentos y ex director ejecutivo del Banco Mundial, miembro del Foro Económico Mundial, asesor de agencias de Estados Unidos, como el National Endowment for Democracy, etc. En la actualidad sus incesantes oficios de divulgación de la buena nueva neoliberal, le han valido a este gran gurú de la derecha neocon hispanoamericana un lugar destacado en los principales medios de la galaxia propagandística del sistema, en particular los relacionados con el grupo Prysa, Globovisión, NTN24, etc. Para ello, su sitio web[2] borra oportunamente alguna de sus huellas en la matanza venezolana y lo “libera” de su presencia en el Gobierno en febrero de 1989. Pero otras fuentes confirman que fue miembro del gabinete de CAP desde el 2 de febrero, es decir desde la toma de posesión de éste, y partícipe directo en la implantación de las medidas de ajuste neoliberal, nada menos que desde su puesto de ministro de Fomento, y su responsabilidad en la represión posterior como miembro del Gobierno.
Los anteriores presidentes venezolanos (Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi) habían implementado ya algunas medidas de recorte de los gastos sociales y devaluación. Pero es CAP quien opta, a instancias del FMI, por introducir un ajuste puro y duro, fiado de su propio prestigio personal y del apoyo de las instituciones internacionales. Además, lo hará introduciendo todas las medidas –recortes presupuestarios, privatizaciones, aumento de precios, reducción salarial– de una sola vez, en lugar de escalonar la imposición de unas medidas claramente impopulares como le recomendaban algunos miembros de su Gabinete, por ejemplo Teodoro Petkoff, ex guerrillero convertido al neoliberalismo y hombre fuerte en materia económica con varios gobiernos de la época, que abogaba por un “programa gradual, equilibrado y equitativo”.
Febrero 1992
Al lanzar las fuerzas militares contra la población y con la errática imposición posterior de las medidas de su programa quedaría de manifiesto la debilidad institucional no sólo del propio presidente sino también del régimen político predominante en el país desde 1958, surgido del acuerdo conocido como “Pacto de Punto Fijo”[3] –la Cuarta República– que fijaba un reparto del poder entre dos partidos mayoritarios: Acción Democrática (los adecos, socialdemócratas) y Copei (copeyanos, demócrata-cristianos).
El Estado venezolano creado en 1958 –la Cuarta República– era el ámbito arbitral de distribución de la renta petrolera entre las clases y grupos dominantes. Ese era su objeto principal y su razón de ser. En los años de alza de los precios petroleros, el modelo funcionó, pero los acontecimientos de 1989 (“caracazo”, descontento e indignación popular) y las exigencias de los organismos internacionales, el FMI en particular, agotaron en poco tiempo el régimen “puntofijista”. El epílogo vendría con la imputación de Pérez acusado de corrupción a gran escala, quien escaparía del país y moriría en el exilio perseguido por la justicia venezolana.
Por otra parte, el 4 de febrero de 1992, el coronel Hugo Chávez Frías y otros oficiales realizaron un intento de expulsar al presidente Pérez y tomar el poder por la fuerza, con un levantamiento militar que fracasó en Caracas. Sin embargo, la divulgación de un video de un minuto de duración[4] en el que Hugo Chávez asumía la responsabilidad de los hechos dio a conocer la existencia de un movimiento militar “bolivariano” en sintonía con la sensibilidad y las demandas de las mayorías populares venezolanas que gozaba de gran popularidad.
Tras dos años de prisión, Hugo Chávez organizó un movimiento dirigido a llegar al poder y crear un régimen de nuevo cuño calificado de “bolivariano”. El instrumento político para conseguirlo fue el MVR (Movimiento Quinta República). En 1998 las elecciones expulsaron de la primera línea de la escena política a los dos partidos cuyo turno en el poder había dominado los últimos cuatro decenios. Con la elección de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, y sobre todo con la posterior Constitución Bolivariana, se puso fin al régimen instaurado en 1958 a la caída del dictador Marcos Pérez Giménez, y se dio inicio a un proceso socioeconómico de nuevo cuño.
Junto a procesos paralelos posteriores en Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina, los cambios radicales iniciados desde principios de los 90 por el régimen bolivariano de Venezuela han supuesto un giro drástico en la orientación política del subcontinente: mayor representatividad y participación de las clases populares; mayor independencia de los Estados frente a las potencias económicas y políticas dominantes; creación de instituciones internacionales independientes (Unasur, CELAC, etc.)[5] mayor justicia social en el interior de sus países: reducción drástica de la pobreza y la pobreza extrema, acceso a la salud, la vivienda, la educación; mejoras en todos los indicadores de bienestar y equidad social (índices educativos, índice Gini, esperanza de vida, etc.)[6]
[1] http://www.youtube.com/watch?v=t9YLnP8rqJI
[2] “Antes de dedicarse al análisis y el periodismo, Naím trabajó en el sector público y la docencia: fue ministro de Industria y Comercio de Venezuela a comienzos de los años noventa, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial.” http://www.moisesnaim.com/es/about_moises_naim
[3] http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/punto_fijo.asp
[4] http://www.youtube.com/watch?v=VBUo-pYeVfQ
[5] http://rebelion.org/noticia.php?id=163137
[6] Ignacio Ramonet: “Desde 1999, 80 millones de personas han salido de la pobreza en América Latina” http://www.aporrea.org/internacionales/n205138.html