Debieron haberlo sabido.
Cuando contrataron a la Policía Nacional del Perú y a la compañía de seguridad Securitas para actuar esencialmente como fuerza paramilitar privada y aplastar la oposición social contra una resistida mina de oro, los ejecutivos de Newmont Mining Corporation debieron haber sabido que se cometerían abusos a los derechos humanos y que ello costaría vidas humanas.
¿Por qué la empresa con sede en Colorado debió haberlo sabido?
Por la existencia de rastros bien documentados de violencia y abusos contra manifestantes a lo largo del país y, específicamente, en la región de Cajamarca, donde se ubica el Proyecto Conga, valuado en USD 4 800 millones.
Podrían haber detenido la violencia y el hostigamiento continuos, pero eligieron no hacerlo.
Ahora, Máxima Acuña de Chaupe, la campesina indígena de 48 años cuya familia fue objeto de abusos físicos y sicológicos durante años por parte de la seguridad de Newmont, y a quienes la empresa pretendió expulsar violentamente de sus tierras, busca justicia en los tribunales estadounidenses para poner fin a tanta violencia e impunidad.
“Buscamos justicia contra Newmont en Estados Unidos para terminar con los abusos y obtener el reconocimiento de los daños que hemos padecido”.
“Además de los ataques físicos, hemos sufrido emocional y sicológicamente. Nuestra dignidad y buen nombre también han sufrido”, dijo Acuña. Representada por EarthRights International, la campesina interpuso una demanda contra Newmont y tres de sus subsidiarias en un tribunal federal de Delaware el pasado 15 de septiembre.
La ganadora del Premio Ambiental Goldman 2016 agregó: “Buscamos justicia contra Newmont en Estados Unidos para terminar con los abusos y obtener el reconocimiento de los daños que hemos padecido”.
En una declaración enviada por correo electrónico a MINING.com en respuesta al anuncio sobre la demanda, Newmont afirmó: “Seguimos siendo respetuosos de los Chaupe mientras protegemos legítimamente nuestros derechos de propiedad, evitamos la confrontación y respetamos los derechos humanos”.
Según la demanda, lo que la empresa dice no es cierto.
“Este caso es contra Newmont Mining Corporation y varias de sus subsidiarias por instruir, autorizar, favorecer, conspirar en o aprobar una violenta campaña de acoso” contra la familia Acuña, sostiene la demanda. Otros miembros de la comunidad que se oponen al proyecto minero también quedaron atrapados en la línea de fuego.
Otra verdad inconveniente para la multinacional es que el informe “ independiente” que ellos mismos encargaron determinó que Newmont “no cumplió con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
En agosto de 2011, efectivos de seguridad armados irrumpieron en la vivienda de Acuña e intentaron desalojar a la familia por la fuerza; por negarse a dejar sus tierras, los agentes golpearon a la campesina y a una de sus hijas y destruyeron la casa. En noviembre de 2011 y julio de 2012, la Policía Nacional del Perú, contratada por Newmont, reprimió a un grupo de manifestantes que se oponían al proyecto minero de la empresa; cinco personas perdieron la vida, y varias más resultaron heridas. Acuña fue sucesivamente atacada por guardias de seguridad de Minera Yanacocha en febrero de 2014 y septiembre de 2016.
Según la querella, “funcionarios de la parte demandada firmaron y renovaron contratos de seguridad con dichas fuerzas, incluso sabiendo que habían estado implicadas en ataques contra comunidades campesinas y manifestantes en Cajamarca”.
Si bien la empresa abandonó el proyecto en diciembre de 2015 debido a la oposición comunitaria, que la había obligado a suspender su construcción cuatro años antes, tras once días consecutivos de protestas masivas que conmovieron a la región de Cajamarca, Newmont no ha dejado de utilizar el sistema judicial peruano para acosar a Acuña e intentar despojarla de sus tierras. Sin embargo, en mayo la Corte Suprema del Perú rechazó una apelación presentada por la compañía contra el fallo de un litigio iniciado en 2011 que determinó que las acusaciones de Newmont contra Acuña por la “usurpación” de sus tierras eran infundadas. La demanda de EarthRights refiere a dicho juicio como parte de una “serie de acciones falsas” que configuraron una amplia campaña de hostigamiento judicial.
Al comentar sobre el fallo emitido en mayo, Erika Guevara-Rosas, directora para América de la organización Amnistía Internacional, señaló: “Muchas defensoras ambientales han sido criminalizadas en el Perú mediante procesos sin fundamento que intentan impedir el desarrollo de su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos, buscando agotar su fortaleza física y emocional, y sus limitados recursos, además de presentarlas públicamente como delincuentes”.
“América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para el activismo por los derechos humanos y el medioambiente, y la represión contra quienes actúan es desenfrenada”.
Maryum Jordan, abogada de EarthRights, dijo a Upside Down World que la campaña contra la familia Acuña llevada a cabo por Newmont y su subsidiaria peruana Minera Yanacocha muestra cómo las empresas “harán cualquier cosa por desplazar a quienes se interpongan en su camino”.
Además de llevar consuelo y justicia a su familia y la comunidad de Cajamarca, una posible resolución favorable podría tener implicancias más amplias para una región calificada como “la más peligrosa para quienes defienden los ríos, los bosques, las montañas y los océanos”.
“América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para el activismo por los derechos humanos y el medioambiente, y la represión contra quienes actúan es desenfrenada”, dijo Jordan. Y agregó: “Muchas veces, estos incidentes están vinculados a fuerzas de seguridad de corporaciones multinacionales, y pienso que un resultado favorable en este caso podría ayudar a detener arbitrariedades similares en el futuro”.
Si la demanda llega a juicio, podrían pasar meses antes de que se llegue a un veredicto. En una región donde se cometieron 60 asesinatos de defensores ambientales solo el último año, el tiempo no parece estar del lado de Acuña.
Traducido por Luis Manuel Claps. Editado por Nancy Viviana Piñeiro.
Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org. Su cuenta de Twitter es @cmychalejko
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