Este artículo fue originalmente publicado en inglés el 3 febrero 2018.
Ismael Hernández, de 40 años, es la víctima más reciente de la violencia policial y militar en Honduras. Fue asesinado el 5 de febrero en el municipio de Choloma, a 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Según indican testigos y organizaciones de derechos humanos del país, las fuerzas de seguridad hondureñas tiraron gases lacrimógenos y dispararon balas cargadas a quienes se manifestaban en rechazo de la muy cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
El mismo día, cientos de hondureñas/os resultaron heridas/os cuando la policía tomó medidas severas contra el movimiento estudiantil de la universidad que se manifestaba al comenzar el ciclo lectivo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la capital.
Los incidentes de violencia de Estado en Tegucigalpa y Choloma están lejos de ser hechos aislados. Durante la Delegación Internacional Religiosa de Emergencia en Honduras en la que participé días antes de la investidura de Hernández el 26 de enero, pude notar la impunidad y brutalidad policial y militar en contra de la población hondureña. La represión no sólo la viven quienes denuncian en las calles el fraude electoral. Otras/os hondureñas/os han sido víctimas de ataques con gases lacrimógenos en sus propias casas, incluso a las 6 de la mañana mientras dormían. Un hondureño bromeó con tristeza, “En Honduras, ni siquiera hay que salir de la cama para sufrir violencia de la policía.”
En menos de una semana de estar acompañando a Radio Progreso, medio de comunicación crítico alternativo, presencié tres detenciones ilegales, a la policía valiéndose del contexto político de temor e intimidación para saquear posesiones de valor, y el uso de fuerza excesiva. En un caso, más de 200 elementos militares y policiales tiraron más de 50 bombas de gas lacrimógeno para dispersar un grupo de menos de 40 manifestantes que no llevaban armas. Estuve con un ex-diputado a quien elementos uniformados de la policía le registraron la casa y cuyos familiares fueron amenazadas/os apuntándoseles con revólveres. Escuché el testimonio de una madre de 35 años con cinco hijos, viuda desde hacía dos días cuando elementos uniformados de la policía y el ejército se llevaron arrastrando de la cama a su esposo, Geovany Días, en medio de la noche, y le dieron 40 disparos. La gente de la zona acusa a los agentes de Estado de formar parte de un escuadrón de la muerte que está causando devastación y asesinando a los campesinos organizados en las cercanías. Días no había participado en las manifestaciones contra Hernández, pero el mensaje de las fuerzas de seguridad del Estado que lo dejaron muerto en la calle a la vista de todas/os era claro: cualquiera podría ser la próxima víctima.
El terrorismo de Estado acosa a Honduras, y el mismo cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá. El 22 de diciembre de 2017, tarde, la Embajada de Canadá demostró su respaldo a Hernández, reconociendo con un tuit su elección altamente reñida. El presidente hondureño, que se postuló para un segundo mandato en los comicios del 26 de noviembre de 2017 a pesar de la prohibición constitucional contra la reelección, resultó triunfante luego de tres semanas de recuento de votos a puerta cerrada y denuncias de fraude generalizadas que llevaron a que cientos de miles de personas tomaron las calles. En su mensaje, la Embajada de Canadá instaba al gobierno de Honduras, que para ese entonces ya había decretado el toque de queda por un plazo de 10 días y seguía reprimiendo con violencia a manifestantes de la oposición, a respetar los derechos humanos y a garantizar que los responsables de las violaciones rindieran cuentas.
Ya han pasado siete semanas, y la población de Honduras continúa siendo la más afectada por la represión altamente militarizada del gobierno que cuenta con el apoyo tácito de fondos de contribuyentes canadienses. El programa canadiense de desarrollo bilateral más importante en América Central se ubica en Honduras, y Ottawa contribuye de manera considerable al fortalecimiento de las instituciones de seguridad en el país a pesar de la cuestionable trayectoria en materia de derechos humanos de este último. Desde las elecciones, ha habido más de 35 homicidios, mayormente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, y se ha detenido a cientos más. Mientras tanto, empresas canadienses mayormente en la industria textil y minera se han visto muy beneficiadas en Honduras desde el golpe de Estado del 2009 que contó con el respaldo de EE.UU. y Canadá, en parte gracias a un tratado de libre comercio que se ratificó en el 2014 y al apoyo político entre bastidores para garantizar cambios favorables a la Ley de Minería de Honduras en el 2012.
En el contexto de esta lamentable crisis, el 19 de enero la policía de Honduras detuvo a Edwin Espinal, llevándolo a una cárcel causi-militar de máxima seguridad la noche previa a un paro nacional de una semana. Se le imputan cargos vinculados a incendio agravado, daño agravado, y uso de material explosivo de fabricación casera. Según el blog dedicado a su liberación, también se está investigando su supuesta participación en actos de terrorismo y asociación ilícita en relación con daños que sufrió el Hotel Marriott el 12 de enero durante una manifestación en Tegucigalpa. Espinal es un reconocido activista de derechos humanos y de la resistencia que ha participado en movimientos a favor de la democracia desde el golpe de Estado del 2009.
Desde que fue encarcelado, más allá de una breve reunión con sus abogados, se le ha privado a Espinal de todo contacto con su familia, periodistas, y organizaciones internacionales de derechos humanos. Se desconocen las condiciones de su detención – al igual que las condiciones de decenas de personas detenidas ilegalmente por cargos falsos. La pareja de Espinal, una experta y activista en derechos humanos de nacionalidad canadiense que pasó la mayor parte de la última década trabajando en Honduras, al igual que otras/os, han instado al gobierno canadiense a que se pronuncie sobre el caso. A pesar de promocionar sus estrechos vínculos políticos y diplomáticos con Honduras, Canadá no ha reaccionado ante este caso – ni ante los casos de otras/os en situaciones como la de Espinal – al no condenar la crisis de derechos humanos sistémica y continua en Honduras.
El día de la encarcelación de Espinal, el Gobierno de Canadá emitió una alerta para canadienses instando a “Ejercer un alto grado de precaución en Honduras debido a demostraciones violentas”. En un país en que el ejército y la policía están armados hasta la coronilla – en parte gracias al financiamiento del gobierno de Canadá – y han demostrado ser poco moderados en sus ataques contra la población en nombre de la protección de los intereses económicos y políticos de la élite, es hora que Canadá condene a los verdaderos autores de la violencia. Es hora de exigir la liberación de todas y todos los prisioneros políticos, como Edwin Espinal, detenidos sin razones justificadas por el gobierno de Honduras. Es hora de dejar de apoyar discretamente un gobierno fraudulento mediante apoyo económico, entrenamiento militar, e inversiones privadas que le permiten al Estado hondureño entrenar escuadrones de la muerte para volverse en contra de su propio pueblo.
La respuesta de Ottawa a las elecciones del 2017 en Honduras fue inquietantemente parecida a su respuesta ante el golpe militar del 2009, cuando Peter Kent, Ministro de Estado en ese momento, hizo un llamado para la resolución pacífica de la “crisis política”. El portavoz del partido liberal sobre relaciones exteriores, que en ese entonces era Bob Rae, indicó que Canadá debería suspender la ayuda militar y el entrenamiento de soldados hondureños. Tras las elecciones del 26 de noviembre, Canadá volvió a hacer un llamado al diálogo, pero no condenó las graves violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas del Estado de Honduras, manteniendo su apoyo tácito a un gobierno represivo.
Es hora de que Canadá rectifique su peligrosa diplomacia hacia Honduras y esta vez, no mediante un tuit, sino mediante una acción real que pueda permitir una verdadera democracia y libertad de expresión en Honduras.
*Desde la redacción de este artículo, la pareja y abogados de Edwin Espinal han obtenido un acceso limitado para verlo. Sin embargo, continúa viviendo en una situación deplorable sin acceso a atención médica. El 19 de marzo se celebró un día de acción global para las y los Presos Políticos en Honduras.
Jackie McVicar ha acompañado a defensoras/es de derechos humanos y de la tierra y sobrevivientes del genocidio en Guatemala durante los últimos 14 años. Recientemente participó en una delegación religiosa internacional de emergencia en Honduras. En la actualidad, trabaja con la organización Unidos Para la Justicia Minera y es miembro de la Red de Solidaridad de la Región Atlántica de Canadá.
Copyright, Upside Down World. May not be reprinted without permission.
