Fuente: Juárez Dialoga
Desde el 3 de febrero del 2010 comenzó la pesadilla de Israel Arzate Meléndez. ¿Qué hizo? Tener la mala fortuna de toparse con una célula militar a unos días del escándalo internacional de la masacre de Villas de Salvárcar (donde se asesinaron a 16 jóvenes) en Ciudad Juárez. Había que encontrar a los culpables o fabricarlos para bajar la presión al gobierno mexicano y eso fue lo que se hizo: encontrar chivos expiatorios en los barrios pobres de la ciudad.
El caso de Arzate es paradigmático por que refleja la precariedad del Estado mexicano en todas sus formas: desde las criticadas prácticas de confesión bajo tortura, la parcialidad de los jueces en complicidad con los diferentes niveles de gobierno; hasta el desamparo que brinda la incapacidad gubernamental de impartir justicia y protección a una sociedad temerosa e ignorante de sus derechos. La historia de México esta repleta de casos de injusticias y Ciudad Juárez continúa la tradición en el siglo XXI con sus feminicidios y juvenicidios en un sistema político que es cómplice junto con el sistema económico, de la depreciación de la vida humana (que ahora es desechable) y del trato a sus ciudadanos como delincuentes dependiendo de la clase social (a los criminales de cuello blanco no se les toca).
Esta circunstancia, de entrada grave, permite precisamente una orientación fascistoide del Estado, cuyas ventajas se pueden medir en cuanto a limpieza social, echando mano de la población, sobre todo en aquellos sectores vulnerables donde es más fácil engañar o abusar de la sociedad. En una ciudad como Juárez, donde la policía te ve como sospechoso, el desamparo social se pronuncia ahí donde hay más ignorancia y miseria. La pobreza no sólo es útil en tiempos electorales, cuando se pueden comprar votos; también se aplica en esos momentos críticos cuando hay que “solucionar” problemas (aunque en realidad los compliquen más) echando mano de tanto pobre indefenso que hay y del que se puede abusar. Esas complicaciones no son otra cosa que las contradicciones del Estado por ocultar su naturaleza violenta intentando una imagen de eficacia.
Regresando al caso de Arzate, lo primero que salta a la vista es la irregularidad de su detención, aunque es una práctica típica de las policías mexicanas, muy común también en los militares; la debilidad de los cargos que se le implican, siendo el más grave, el de su participación como sicario en la masacre antes citada; y la inexplicable actitud berrinchuda de las autoridades por mantenerlo recluido bajo cualquier escusa antes que declarar que todo lo han hecho mal y están negándole un juicio justo a Arzate y una investigación profesional, ÉTICA, a la sociedad y sobre todo, a los familiares de las víctimas. La soberbia de los gobernantes no tiene límite y el Estado mexicano es incapaz de reconocer sus errores. Se juega con las personas como monedas de cambio en las intrigas políticas, para acallar a la sociedad, mantener el orden y sobre todo, el puesto a salvo.
La masacre de Villas de Salvárcar es un asunto ya muy politizado, muy manoseado, donde la justicia brilla por su ausencia y buena parte de los vecinos afectados han sido comprados con regalos y dinero del gobierno (municipal , estatal y federal) o incluso, por consejo de ONG´s, han optado por aceptar lo que diga la versión oficial, antes que llegar a la verdad de los hechos. El engaño de atrapar culpables que luego resultan ser inocentes, es una película muy vista en Juaritos, por eso no es posible creer en las “autoridades” cuando presumen que han “atrapado” a alguien. El caso de Arzate Meléndez, como el de muchos otros, entra desafortunadamente en esta categoría.
Convertirse en enemigo del gobierno de la noche a la mañana, sin aviso previo y con toda la ignorancia que la despolitización social y el egoísmo individualista permite, es una violación táctica que el Estado hace con aquellas personas escogidas al azar o selectivamente para vaciar al Estado de culpas y someter al desdichado(a) con toda la fuerza del poder, donde no sólo participan las diferentes instancias de gobierno, sino también aliados y grupos de interés. Uno de los cómplices del poder son los medios informativos, que juegan una doble moral al, por un lado, alinearse o negociar noticias con los gobiernos y grupos de poder, y por el otro, generar o desviar la atención sobre algún tema en particular. En el caso Arzate, sobresale el tratamiento que le dan algunos medios masivos, que lo juzgan culpable antes que las autoridades, fungiendo como aliados del Estado e influyendo así con su opinión en las masas.
¿Por qué el afán del Estado contra Israel Arzate? Tal vez su delito más grave ha sido tener la suficiente valentía para denunciar los abusos y torturas que ha sufrido con la “justicia” mexicana, llamando la atención de organismos de Derechos Humanos nacionales y de medios de comunicación serios e independientes. El Estado no sabe reconocer que sigue fracasando en impartir justicia; que proyectos sociales como el “Todos somos Juárez” no funcionan; que la violencia ha bajado pero sigue habiendo homicidios, feminicidios, asaltos y que el sistema de justicia (jueces y policías) no es confiable.
El Estado mexicano sigue teniendo una gran deuda pendiente en materia de calidad de vida para las y los juarenses. Más penoso todavía, su legitimidad sigue en descenso, con la consiguiente antipatía social más allá de las urnas. El Estado, el PRI, los partidos, podrán comprar a buena parte de la sociedad, pero no a toda la sociedad.
JuárezDialoga ha invitado a Carlos Murillo para colaborar por su trayectoria como académico en Ciudad Juárez y por su compromiso con la Sociedad Civil Organizada. Como activista se define adherente de la Otra Campaña. Ha publicado el libro La Sociedad Anónima y diversos artículos en diferentes medios de comunicación. Cómo investigador trabajó para el COLECH en esta ciudad.