(IPS) – Horas después de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dijera que el periodista Alfredo Villatoro, secuestrado el 9 de mayo, se encontraba vivo y lo había visto en videos enviados por sus captores, el comunicador apareció muerto en una zona residencial de Tegucigalpa.
Este hecho conmocionó Honduras, uno de los países más violentos del mundo y que tiene en los trabajadores de la prensa a sus víctimas habituales.
Villatoro, coordinador de noticias de la radioemisora HRN, la más influyente del país, recibió dos balazos en la cabeza. Su cuerpo fue hallado a la orilla de una calzada de la colonia Las Uvas, en el sur de la capital.
Vestía un uniforme moteado del cuerpo policial de elite Cobras, con calcetines y un pañuelo en la cabeza de color rojo. Los primeros informes forenses indican que su ejecución se habría perpetrado horas después de revelarse que estaba vivo.
A mediodía del martes 15, el presidente Lobo reveló en la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital, que Villatoro “está vivo; hemos visto unos videos enviados por sus captores a la familia”.
“Esperemos que lo liberen pronto, pero él está vivo”, insistió Lobo. Horas después, su ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, confirmó al noticiero TN5 que Villatoro estaba muerto.
En comunicación telefónica con TN5, el mandatario lamentó entonces la muerte y dijo que había dado la noticia de que se encontraba vivo en horas del mediodía “para dar esperanzas. Desde el sábado teníamos esa información, pero lamentablemente hubo ese desenlace fatal. Mis condolencias para la familia y para todo el gremio de periodistas”.
“No puedo decir si es un mensaje a mi gobierno o a la prensa, yo jamás daría a conocer algo que pueda dañar a una persona. No creo que lo dicho por mi persona tenga que ver con el desenlace, solo les puedo decir que no debemos dejarnos intimidar, espero dar respuestas a esta investigación muy pronto”, agregó.
Este miércoles 16, en un escueto mensaje, el mandatario ofreció 150.000 dólares de recompensa a quien ayude a encontrar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, y reiteró una vez más que “dará seguridad” a los hondureños.
Con esta muerte, suman 20 los periodistas asesinados en los últimos dos años y 27 en la última década, según el último reporte del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El martes 15 por la noche, se agolparon en la morgue judicial periodistas todavía incrédulos, dirigentes sociales y políticos y activistas humanitarios, en una vigilia que duró hasta bien entrada la madrugada de este miércoles.
La reportera de HRN, Lucía Alvarado, dijo que “hace una semana que vivimos esta angustia, creímos que iba a regresar. Fue mi jefe por 20 años y todos los días, en su silla de la cabina de la radio, yo imaginaba que le diría ‘¡qué tal, jefe!’… pero lo mataron”, agregó en medio del llanto.
El portavoz policial Héctor Iván Mejía aseveró que “se hizo lo humanamente posible por rescatarlo a salvo, pero no dimos con ellos (los captores)”.
Según se informó, las autoridades desplegaron grupos de elite para buscar a Villatoro, y se contó inclusive con colaboración de efectivos de Colombia.
La socióloga Mirna Flores, analista en seguridad, dijo a IPS que Honduras se encuentra ante “una violencia imparable. Esta muerte es un mal mensaje, pero sobre todo es un golpe a todas las instituciones al develar su incapacidad para resolver las cosas”.
“Por las características y patrón de la muerte, este es un mensaje del crimen organizado. Es un mensaje terrible”, agregó.
La sospecha de Flores cobra fuerza ante la afirmación del ministro Bonilla de que “puede ser” una acción de las mafias, en respuesta a los golpes recibidos y a la aprobación de la extradición de ciudadanos hondureños requeridos en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El gobierno convocó para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Ramón Mairena, constató que “nos quieren callar. Tocaron a un periodista influyente de un gran medio de prensa, pero no nos debemos intimidar”.
“Esperamos que esta muerte no quede impune como otras”, añadió. Pedimos “al presidente Lobo que este crimen” no engrose apenas “una estadística de las muchas que adornan su gobierno”, dijo Mairena a IPS.
Honduras, un país centroamericano de ocho millones de habitantes, soporta desde hace siete años un promedio de 18 asesinatos por día, de acuerdo con datos oficiales.
Esta situación se agudizó con las denuncias de corrupción y penetración del crimen organizado en la policía, cuya imagen pública se encuentra en el peor momento.
Implicada en asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, tráfico de armas y otros delitos, la policía hondureña se apresta a abrir un proceso de reforma para el cual se ha solicitado asistencia a Chile y Canadá.
Entidades de derechos humanos estatales y no gubernamentales insisten al gobierno en que debe depurar la cúpula policial, señalada en abundancia como impulsora de los “carteles del crimen” que operan desde la misma estructura de la fuerza de seguridad.
Pero las autoridades no toman las decisiones necesarias, pese a las pruebas presentadas, confiaron a IPS fuentes de esos grupos.
En cuanto a los periodistas, su indefensión y las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión han sido motivo de denuncias y duros reclamos de organizaciones mundiales defensoras de la prensa.
Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), asevera que los asesinatos de periodistas obedecen a “fallas del gobierno”, que intenta minimizar la mayoría de los casos.
El martes 15, representantes de la Unión Europea en Honduras expresaron preocupación por la situación de los derechos humanos y las amenazas e intimidaciones contra defensores humanitarios, periodistas y la comunidad de gays y lesbianas.
Precisamente, el crimen contra Villatoro se cometió nueve días después del asesinato del también periodista Erick Martínez Ávila, portavoz de la asociación Kukulcán –defensora de los derechos de las minorías sexuales–, opositor del golpe de Estado de 2009 y miembro del recién creado partido Libertad y Refundación, que encabeza el derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
Martínez Ávila fue estrangulado, y las autoridades siguen sin pistas sobre los culpables. La impunidad es una característica común de los asesinatos de periodistas en este país.