Seis mujeres indígenas dirigentas y la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), además de otros 17 principales dirigentes, diputados y defensores de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial por el delito de “tentativa de homicidio y lesiones graves y leves” al canciller David Choquehuanca, en una denuncia presentada por los ministerios de Justicia y Gobierno de Bolivia.
Entre agosto y octubre de 2011 cientos de hombres, mujeres y niños indígenas de las tierras bajas y tierras altas de Bolivia marcharon durante 65 días como medida de protesta, contra el proyecto carretero que a lo largo de 300 kms. buscaba atravesar el núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. Los pueblos indígenas Yuracaré, Moxeño y Chimán propietarios de este territorio selvático denunciaron que la doble protección del TIPNIS como parque y como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) protege al área de megaproyectos; también apelaron a su derecho constitucional e internacional de consulta previa para aprobar o rechazar el proyecto carretero, promovido por el Gobierno de Bolivia, financiado por el Gobierno de Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS por un costo de 415 millones de dólares.
Amedrentamiento al movimiento indígena
“Nosotros hemos recibido la noticia como un amedrentación a los pueblos indígenas”, pronunció el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, refiriéndose a las citaciones a 26 personas para dar sus declaraciones por delitos de contra la humanidad del Canciller.
De la misma manera varias organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM – B) denunciaron el control, influencia y parcialización del órgano judicial por parte del poder ejecutivo para amedrentar y perseguir políticamente a dirigentes y dirigentas y personas que apoyaron la marcha indígena y que defienden el TIPNIS. También ha sostenido que la acusación y denuncia es falsa y forzada y que el mismo Canciller debía aclarar públicamente los hechos ocurridos.
Las organizaciones indígenas sostienen que de esta forma el Gobierno busca paralizar las nuevas acciones que se ejecutarían contra la Ley 222 de Consulta Previa que el Gobierno promulgó en febrero para invalidar la Ley 180 de protección al TIPNIS, logro de la VIII marcha. Con esta Ley de consulta exclusiva para el TIPNIS, los indígenas han denunciado que se quiere abrir nuevamente la posibilidad de imponer la carretera a través de un proceso malintencionado.
La supuesta tentativa de homicidio
En septiembre de 2011, en un intento por evitar que la movilización prosiga hasta la sede de Gobierno, campesinos colonizadores y un fuerte contingente de policías frenó la marcha en Beni, en San Miguel de Chaparina, durante dos semanas aproximadamente, cercándola y privándola de ayuda humanitaria, de agua, medicamentos y alimentos, como denunciaron los mismos marchistas, instituciones de derechos humanos y ONG.
En estas circunstancias el 24 de septiembre llegó el Canciller hasta el lugar sin una respuesta positiva para las demandas de la marcha, sino para afirmar la posición presidencial de llevar a cabo el proyecto. Frente a esto las aproximadamente 400 mujeres marchistas reaccionaron ante la incierta situación, que incluso comprometía la salud de los 250 niños y niñas que acompañaban a sus familias en la caminata, y rodearon al Canciller incitándolo a que acompañe la marcha y se atraviese el cerco policial. El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, relató que en el proceso de diálogo, “el Canciller dijo que estén los colonizadores y nosotros dijimos que no, porque el Estado tiene que atender las demandas de los marchistas; luego dijo que iba a comunicar para que se desbloqueen en el puente de San Lorenzo. Respondimos que ya son más de 40 días de marcha y que íbamos a continuar, en ese momento él indicó muy bien, entonces acompañaré la marcha”, declaró.
El ex ministro Sacha Llorenti y la ex ministra Nilda Copa hicieron una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto “secuestro” del Canciller; mientras el Canciller declaró a medios internacionales y nacionales: “las mujeres me han rodeado y luego ya ha habido problemas. Ha habido algunos amagos y me han forzado, me han obligado a caminar”. Declaraciones que en ningún momento mencionaron que hubo un “secuestro” ni “rehenes,” como las otras fuentes gubernamentales afirmaron.
La violenta represión a las y los indígenas
Sin previo aviso y mientras los marchistas descansaban, un día después la tarde del 25 de septiembre comenzó el operativo de represión y dispersión de la marcha. Un contingente de aproximadamente 600 policías cercó a los indígenas, gasificó el campo que ocupaban y violentamente los redujeron y obligaron a abordar una caravana de buses y camionetas, el resto huyó internándose en el monte, en un caos de asfixia y golpes contra hombres y mujeres, muchos fueron enmanillados y amordazados con cintas adhesivas, sobre todo los y las dirigentas indígenas que impotentes no pudieron oponer resistencia.
Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB, denunció que el día de la represión se registraron al menos 54 personas con heridas graves, de ellos tres hombres tenían “los pies destrozados por los golpes, además de heridas en las costillas y la cabeza”. Nazareth Flores, vicepresidenta Central de los Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), testimonió: “Al final me maniataron y me tiraron en una camioneta, luego me bajaron y me subieron a un bus. En la flota vi a varios compañeros amarrados. Pero toda esa acción de la Policía no nos derrumbó”.
Mientras Yoriko Yasukawa, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia declaró al respecto: “Recordar a las autoridades, a todos los niveles, que tienen la responsabilidad primero de que se pare esta violencia y que se respeten los derechos de las personas, la dignidad de las personas indígenas marchistas”. Pese a que se iniciaron procesos judiciales e investigaciones para esclarecer esta violación de derechos humanos y este acto de secuestro, tortura, agresión física y verbal a las y los marchistas, las pesquisas no han prosperado y el Gobierno se empecina de librar de culpa a las autoridades de ese entonces, aludiendo a que la orden de represión no salió del palacio presidencial.