(IPS) – Ante la muralla de una amnistía que impide juzgar crímenes cometidos por el régimen militar de Brasil, cobra fuerza un movimiento de jóvenes abogados del Ministerio Público para atravesarla con recursos jurídicos de derechos humanos inéditos en este país.
El grupo Justicia de Transición, integrado por procuradores del Ministerio Público (fiscales) de varios estados brasileños, trabaja bajo la tesis de que los secuestros y desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura (1964-1985) son crímenes que se siguen cometiendo hoy.
La ley de amnistía de 1979 impidió hasta ahora procesar penalmente denuncias de torturas, secuestros y asesinatos cometidos en ese entonces, tanto por agentes del Estado como por organizaciones guerrilleras de izquierda.
“El argumento es que no son delitos del pasado, sino que se siguen cometiendo hasta hoy”, explicó a IPS el representante de la sección del sureño estado de Río de Janeiro de la Orden de Abogados de Brasil (OAB-RJ), Ronaldo Cramer, al referirse a la tesis de los “crímenes permanentes”.
Estos delitos son el secuestro continuado y el ocultamiento del cadáver.
Si la víctima no aparece, viva o muerta, el secuestro se sigue cometiendo. De la misma forma, si los responsables de la desaparición se niegan a informar del paradero de los cuerpos, continúan practicando el crimen de ocultación de cadáver, según explicó a la prensa el procurador Ivan Cláudio Marx, del sureño estado de Rio Grande do Sul.
Con ello “conseguimos traspasar la ley de amnistía, pues esta se refiere a crímenes cometidos” hasta el 15 de agosto de 1979, explicó Cramer.
“Esto no es revisar la ley ni darle otra interpretación”, agregó el abogado de la OAB –RJ, una de las principales impulsoras de la Campaña por la Memoria y la Verdad, que ayudó a concebir la estrategia de los crímenes permanentes.
El grupo pasó de la teoría a la práctica este miércoles 14, cuando denunció ante la justicia de Marabá, en el norteño estado de Pará, al coronel de reserva del ejército Sebastião Curió Rodrigues de Moura, por el supuesto “secuestro calificado” de cinco personas en esa zona durante 1974.
Los desaparecidos, integrantes de Guerrilla de Araguaia –brazo armado del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) que luchó contra la dictadura– fueron detenidos en operaciones militares encabezadas por Curió.
Según el grupo de siete fiscales que presentaron la denuncia, se desconoce hasta hoy el paradero de esas víctimas, si bien existen testimonios de que fueron torturadas y vistas por última vez bajo custodia militar.
La decisión de “presentar denuncia contra un coronel de reserva por graves abusos cometidos en la década de los 70 es un paso histórico para la responsabilización de estos actos en Brasil”, sostuvo en un comunicado la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
Bajo el régimen militar, más de 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por razones políticas, según informes oficiales. Asimismo unas 50.000 fueron encarceladas y más de 20.000 torturadas.
“Es una gran noticia para las familias que perdieron a sus seres queridos en la violenta ola de represión que siguió al golpe de 1964”, declaró en el comunicado José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.
Ahora, un juez federal debe determinar si el caso irá a juicio. Sería la primera vez que un militar vinculado a la dictadura se siente en el banquillo de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora lo impedía la mencionada amnistía.
Según los denunciantes, la medida tampoco contraría la decisión de ratificar dicha ley, adoptada por el Supremo Tribunal Federal (corte suprema) en 2010, porque “los cinco secuestros continúan ocurriendo”, explicó el fiscal del sureño estado de São Paulo, Sérgio Suyama.
El grupo de fiscales se formó con el objetivo de dar una respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en noviembre de 2010, condenó a Brasil por sostener una ley de amnistía “incompatible” con los tratados internacionales de derechos humanos firmados por este país.
El dictamen inapelable del tribunal continental sentenció que esa norma no puede seguir representando “un obstáculo al castigo de los responsables”.
En 2011, el Congreso legislativo aprobó la creación de una Comisión de la Verdad, que comenzará a funcionar este año para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1964, pero que no responsabilizará criminalmente a sus autores.
Frente a “retrocesos” como esa comisión y la ley de amnistía, “esta acción del Ministerio Público es fundamental, no porque se trate de una acción criminal o penal”, dijo a IPS la presidenta del Grupo Tortura Nunca Más, Cecilia Coimbra.
“Lo más importante es que esa gente que continúa en las sombras, como Curió, muestre su cara y diga qué ocurrió”, dijo Coimbra, una exmilitante del PCdoB, que fue presa y torturada por el ejército en agosto de 1970.
Para la ahora activista humanitaria, lo importante es que esas historias del pasado se ventilen, y “no hasta cierto punto” como pretende la Comisión de la Verdad, y que salgan a la luz documentos públicos hasta hoy “en manos de represores como Curió”.
“Esperamos que la acción de la fiscalía sea la primera de muchas”, destacó.
Bajo el paraguas de los crímenes permanentes existen otros 55 casos que el grupo de fiscales podría denunciar a la justicia.
El representante Cramer subrayó que la Orden de Abogados de Brasil ve “con muy buenos ojos” la iniciativa. Muchos estaban a favor de revisar la ley de amnistía, pero al Ministerio Público “le faltaba moverse más”, dijo.
“Esperemos que el Ministerio Público se convenza de esto, y acciones como esta dejen de ser aisladas para convertirse en una actitud de la corporación”, agregó Cramer. Solo así la justicia puede comenzar a confirmar que los crímenes permanentes “están excluidos de la ley de amnistía”.
En su opinión, se empezaría así a saldar la deuda de una Comisión de la Verdad, que es un primer paso “mínimo” y “necesario”, pero no suficiente.
“Mientras la verdad no aparezca, esta historia siempre será un fantasma, una llaga abierta”, opinó Cramer.
Uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se burló de la tesis de los delitos permanentes aplicable a ciertos crímenes de la dictadura.
“Vamos a esperar que esta cuestión llegue al Supremo”, dijo a la prensa. Mientras tanto, “dejemos que la gente discuta y se divierta con este debate”.